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Clausura de La Planta y cárcel de Coro agudiza el hacinamiento en penales

Retén de La Planta | Antonio Rodríguez

Retén de La Planta | Antonio Rodríguez

En 5 meses eliminaron 2.500 plazas para detenidos en el país. La decisión de la ministra Iris Varela fomenta el retardo procesal para los reos que fueron llevados a otros centros de reclusión

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En mayo fue el Centro de Reeducación Artesanal de El Paraíso, mejor conocido como la cárcel de La Planta, y esta semana le correspondió el turno a la cárcel de Coro. Los reclusos fueron sacados y las puertas cerradas después de 40 años de historias de violencia, pero la realidad es que con la clausura de esos 2 centros de reclusión, sólo se agrava la situación de hacinamiento en las otras 32 cárceles que quedan en el país.

Así lo señaló el abogado penalista Luis Izquiel, quien agregó que aunque esos penales inicialmente fueron creados para albergar a 700 internos, afrontaban una condición de hacinamiento y tenían en realidad 2.500 reclusos (2.000 en La Planta y 500 en Coro).

“Las cárceles del país tienen capacidad para 14.500 reclusos, pero la realidad es que tenemos casi 50.000, según cifras del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Con la clausura de La Planta y ahora de la cárcel de Coro se pierden 700 plazas, pero, además, fueron enviados esos 2.500 reos a otros penales que están igualmente saturados, por lo que lógicamente se agravarán sus condiciones de reclusión, además de propiciarse un mayor retardo procesal”, expresó.

Déficit

De acuerdo con los cálculos realizados por los asesores del ex candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, entre quienes estaba Izquiel, en Venezuela hay un déficit de 30.000 plazas para reclusos, por lo que sería necesario construir por lo menos 25 centros penitenciarios.

“Ese era precisamente el número que se planteaba en el Plan de Humanización Penitenciaria, que comenzó en 2008 con la gestión del ex ministro Tareck El Aissami, pero a lo largo de este Gobierno sólo se han edificado dos centros de reclusión, que son la Ciudad Penitenciaria de Coro y la cárcel de Yare III”, explicó Izquiel.

Extraoficialmente se supo que entre los planes que manejaba el despacho de El Aissami, la meta era construir por lo menos 15 penales en un lapso de 5 años, para lo que fueron aprobados inicialmente 605 millones de bolívares.

Sin embargo, de ese monto, 348 millones serían invertidos en reparaciones de estructuras existentes y otros 200 millones para levantar las estructuras en Carabobo y Lara, según información de la Memoria y Cuenta del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias. Esas construcciones quedaron a medio hacer.

El decreto de emergencia publicado en Gaceta Oficial 40031 –en la cual se establece un lapso de tres meses, prorrogables por tiempo indefinido, para atender la situación– señala que el despacho a cargo de la ministra Iris Varela debe “llevar a cabo los procesos de contratación de las obras, bienes y servicios necesarios, de conformidad con el contenido de la Ley de Contrataciones Públicas en virtud de la emergencia”.

Izquiel asegura que el Decreto Presidencial lo único que hace es facilitar al Ministerio de Servicios Penitenciarios el trámite burocrático de las licitaciones para asignar las obras de construcción o reparación de los penales, pero que no soluciona la crisis penitenciaria en si.

“Quisiera pensar que se tiene la voluntad, pero es muy difícil darles un voto de confianza porque ahí tenemos también la Misión A Toda Vida Venezuela, lanzada en junio, que tiene planificada la construcción de ocho cárceles y aún no se ha anunciado ni siquiera los lugares donde estarán ubicadas”, dijo el abogado.