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Ciudad Tiuna, una zona roja dentro de un fuerte militar

Ciudad Tiuna | Raúl Romero

Ciudad Tiuna | Raúl Romero

La Policía Militar no resguarda a vecinos del complejo habitacional. Hay una Oficina de Gran Misión a toda Vida dentro del complejo habitacional, pero no funciona. Con un juez de paz intentan resolver problemas de convivencia 

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Fuerte Tiuna ya no es una fortaleza de seguridad. Militares conviven con vecinos de los barrios La Vega, La Silsa, Casalta, San Agustín del Sur y Las Mayas, pero su único contacto con estas 1.200 familias y quienes lo visitan se reduce a un saludo en la alcabala 3 de la instalación militar. Del resto, cada quien se mueve en su zona y custodia su territorio.

Fuerte Tiuna es un complejo militar grande: es la sede del Ministerio de la Defensa, la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional, la Comandancia General del Ejército, las Academias Militares del Ejército, la Guardia Nacional Bolivariana, pero la Policía Militar patrulla únicamente en las manzanas de las residencias militares. Los ocho edificios construidos, de los 52 que están programados en el complejo habitacional Ciudad Tiuna, tienen un año sin recibir el patrullaje de los oficiales. Cuando acudían eran recibidos con bloques y piedras que les lanzaban desde las ventanas, recuerda una vecina.

Nora (nombre ficticio para resguardar su seguridad) se mudó hace dos años a su apartamento. Después de ser damnificada y refugiada podía tener un apartamento de tres habitaciones y dos baños para ella y sus cuatro hijos. Supo que esas paredes serían su casa y su guarida cuando el mismo día que se mudó escuchó unos tiros que anunciaban que los habitantes estaban ya imponiéndose en esos espacios para ejercer su autoridad. “El hermano de una vecina que era damnificada de La Vega vino a ayudarla a cargar la nevera, tropezó con otro en el pasillo y le cayeron a tiros”, relata la mujer.

Otra vecina, que tampoco quiso ser identificada por temor, manifestó que fue recibida por un militar que le preguntó en la alcabala 3 para donde se dirigía. Ella respondió que se mudaba al edificio 35 y el funcionario le dijo: “A eso le llamamos El Rodeo”. Las dos edificios contiguos son conocidos entre los militares como la PGV y Tocorón, a manera de chiste o de alerta.

Un cuartel sin autoridad. Todos pueden entrar a Ciudad Tiuna; el único requisito tácito es ingresar con los vidrios bajos si se transita en un carro para que la comunidad vea la cara de los ocupantes. “El 16 de diciembre a las 8:00 de la noche una camioneta venía a una fiesta y como tenía los vidrios arriba y todo se veía negro la cosieron a tiros”, cuenta el esposo de Nora. No hubo muertos.

Un comité de vecinos ha acudido a una de las garitas que tiene la Policía Militar para custodiar las manzanas de los militares para pedirles patrullaje, pero la respuesta fue tajante: “No podemos accionar la fuerza contra civiles como ustedes y por eso no vamos para allá”.

El criminólogo Javier Gorriño explica: “La Policía Militar sí tiene competencia en el resguardo del cuartel, pero no está preparada para mediar en conflictos vecinales, actuar de manera preventiva o investigar crímenes”. Agregó que la violencia dentro del cuartel se da porque no hay selecciones previas para adjudicar las viviendas por lo que los vecinos, que vienen de diferentes zonas violentas, les cuesta sociabilizar entre sí.

Otros líderes comunales comentaron que el 14 de julio de 2014 hubo un “madrugonazo”: Allanaron siete edificios a las 5:00 am. La propietaria recuerda que sacaron a todos los hombres de sus apartamentos y a algunos se los llevaron presos. Al día siguiente todos volvieron a sus casas y nadie comentó cómo salieron. Unos dicen que el Cicpc estaba revisando las viviendas porque venía la visita de funcionarios para inaugurar el octavo edificio; otros dicen que alguien denunció tráfico de drogas. Fue la penúltima vez que vieron policías en el lugar.

La última visita de funcionarios de seguridad a Ciudad Tiuna fue el 8 de diciembre. El Cicpc y la Policía Militar acudieron al complejo urbanístico porque a Anthony Rodríguez y a Wilfred Monzón, de 17 y 18 años de edad, respectivamente, les dispararon en la cabeza y en otras partes del cuerpo por una pareja de delincuentes que los atacó cuando circulaban frente al bloque 33. Los jóvenes salieron esa noche de sus apartamentos en el bloque 21 y se dirigían a una venta informal de licores que opera en el edificio de donde les dispararon.

El edificio 33, donde mataron a los dos jóvenes, tiene locales comerciales en la planta baja para que funcionaran los comercios socioproductivos que completan la oferta de la ciudad socialista, pero ahora solo quedan los marcos de las vidrieras que partieron con piedras y tiros.

Hace unos meses en el bloque 18, en las escaleras, mataron a otro individuo que se dirigía a comprar comida en otro de los apartamentos que funciona como comercio informal y lo quemaron. Todos saben quién es el asesino: un menor de edad que no tiene apartamento adjudicado, pero duerme en cualquier casa donde lo agarre la noche. Todos saben que está armado y los muertos que lleva encima, pero nadie se atreve a acusarlo. A otro visitante lo hirieron en la parada de autobús. Solo lo llamaron por su nombre y le dispararon. La bala le rozó la cara y nadie denunció.

Muchos saben quién está armado, pero aseguran que no hay bandas dentro del fuerte militar. Los edificios tienen carteles de ventas ilegales de comida, chuchería o productos de limpieza. También hay venta de licores dentro de los apartamentos. Sobre la droga nadie se atreve a emitir opinión, solo dicen: “A veces huele a marihuana”.

Misión a toda Vida tiene una oficina

El 14 de mayo de 2014 Manuel Suárez Hidalgo, viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, inauguró unas oficinas bajo el nombre de Centro Comunal Integral de Mediación y Convivencia Solidaria de la Gran Misión a toda Vida que responde al tercer vértice del proyecto de seguridad: “Transformación del sistema de justicia penal y creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos”.

El centro prometía tener sede de la Defensoría del Pueblo, la del Niño, Niña y Adolescentes, la Defensoría de la Mujer y un Juez de Paz, pero las oficinas, con la pintura aún intacta y los escritorios y computadoras, aún esperan por ser estrenados.

Solo una jueza de Paz, que es una vecina de la comunidad y fue nombrada por el ministerio, escucha las quejas, pero responde que “no está blindada” para atacar problemas de delincuencia. No se atreve a llamar a la policía cuando escucha disparos, por lo que sus funciones solo se limitan a brindar asesoría en convivencia vecinal.

Aunque los vecinos aseguran que quienes asesinan no son de la zona sino visitantes, los propietarios están colocando rejas en varios pisos para cerrar pasillos completos y así evitar que ingresen aquellos que no residen en esos apartamentos.

Ciudad Tiuna también tiene como promesas incumplidas la construcción de un CDI, un Pdval, carnicería, una farmacia y dos maternales. Solo hay un colegio recién inaugurado. El transporte en las mañanas no puede ingresar porque las alcabalas de los militares lo impiden y los niños deben bajar caminando para salir del complejo militar. “Nos lanzaron aquí y se olvidaron de nosotros”, dice una vecina que es damnificada de San Agustín del Sur.

No se salva nadie

Javier Ignacio Mayorca

Una ola de criminalidad afecta tanto a los militares como a las personas que residen en los urbanismos construidos en Fuerte Tiuna. Solo algunos delitos son denunciados a las autoridades. Aún así, estos datos sirven para formarse una idea de lo que ocurre “alcabalas adentro”. Este recuento solamente toma en cuenta algunos casos reportados en 2014.

*10 de abril: Una poblada atacó a pedradas y palos un vehículo del Cicpc en el que llevaban detenido a un comerciante de drogas en la torre 50. Tuvieron que dejarlo en libertad.

*14 de julio: allanamientos a siete apartamentos de las torres 18 y 21 en las que vendían drogas.

*26 de agosto: Unos hombres armados robaron una moto en la vía principal de Ciudad Tiuna, a las 10:00 am.

*1 de diciembre 2014: Denunciaron el hurto de una pistola Sig Sauer y de dos cajas de municiones calibre 9 mm en la Dirección de Logística del Ejército.

*6 de diciembre: Unos delincuentes se llevaron una camioneta Toyota Samuray, modelo 1982, estacionada frente al patio de la Academia Militar. Este mismo día, una banda armada atacó y golpeó a un transeúnte en la calle principal de Ciudad Tiuna. A las 1:00 pm ocurrieron los homicidios de Anthony Rodríguez y Wilfred Monzón frente al bloque 33. Los atacantes supuestamente dispararon para robar la moto que usaban las víctimas.

*10 de diciembre: Reportan la desaparición de un teléfono guardado en la oficina de la Delegación Bielorrusa, que participa en la construcción de los desarrollos habitacionales. En julio ocurrió algo similar.

*17 de diciembre: Dos computadoras portátiles y un celular se llevaron de la oficina de la Delegación China.

*18 de diciembre: Hurtaron una camioneta Chery X1, de color dorado, estacionada frente a las residencias Villanueva, asignadas a personal militar.