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Bombas lacrimógenas podrían causar cáncer de pulmón y piel

Bombas lacrimógenas lanzadas durante una manifestación de María Corina Machado / Cortesía VP

Bombas lacrimógenas lanzadas durante una manifestación de María Corina Machado / Cortesía VP

El químico es un compuesto que se almacena en el organismo y que su contacto periódico puede causar daños irreversible al hígado, los riñones, destruye los glóbulos rojos, causa anemia, produce nauseas, vómitos sobre todo cuando se ingiere en su forma de gas

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En los últimos días, la represión a las protestas que lideran los estudiantes venezolanos se han ido intensificando. Además de balas, perdigones y brutales golpizas, la Guardia Nacional Bolivariana ha optado por usar armas químicas contra de los manifestantes, siendo el arsénico el principal tóxico que contienen las bombas lacrimógenas utilizadas por los cuerpos de seguridad del Estado.


Hablan los especialistas

El médico gastroenterólogo y consultor de políticas públicas de salud y seguridad social de Voluntad Popular, Guillermo Seijas, explica que el arsénico se presenta de dos formas: la inorgánica (metal) y la orgánica (gas); en su forma inorgánica, puede llegar al organismo por verduras, frutas y agua contaminada, “que a muy bajas dosis usualmente no tiene problema, o al menos no hay ningún estudio que confirme un daño a largo plazo en el organismo”.

Seijas afirma que definitivamente el químico es un compuesto que se almacena en el organismo y que su contacto periódico puede causar daños irreversible al hígado, los riñones, destruye los glóbulos rojos, causa anemia, produce nauseas, vómitos sobre todo cuando se ingiere en su forma de gas.

Por su parte, el biólogo especialista en genética, biología celular y responsable de formación y contenido del movimiento de Ecología con Voluntad, José Manuel Liñares Tablante, explicó que, desde el año 1879, se ha relacionado el arsénico orgánico como un causante del cáncer de pulmón y piel.

 

Afirmó que el arsénico inorgánico se deposita principalmente en la vejiga, el pulmón y el hígado, “pero lo más alarmante es que hasta ahora no existe ningún tratamiento para el envenenamiento con arsénico” recalcó el especialista. 

 

Ante estos efectos nocivos para la salud y el ambiente, Seijas denunció la violación de los derechos humanos “porque esto que usan los funcionarios de seguridad para dispersar manifestaciones son armas químicas prohibidas para reprimir”, dijo.

 

Los estudiantes

 

El joven y estudiante de politología de la Universidad Central de Venezuela, Magdiel Uribe, comentó que en diversas protestas se evidencia el ataque con bombas lacrimógenas y de arsénico, estas últimas con un color verdoso y con un olor mucho más fuerte de lo normal, “al momento de olerlo automáticamente te mareas o vomitas”, afirmó Uribe. Además, repudió el ataque por parte de funcionarios policiales a los estudiantes dentro de la UCV con bombas de gas que causaron un incendio en el Jardín Botánico y que contaminó gravemente a este patrimonio mundial.

 

Por su parte, Nataly Bonilla, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y activista del movimiento de ecología de Voluntad Popular, hizo un llamado a que no sigan reprimiendo las protestas pacíficas lideradas por los estudiantes, “y mucho menos con armas químicas, que no solo le hacen daño a los manifestantes, sino a las personas que se encuentren cerca del sitio de la protesta que están en sus oficinas, apartamentos, casas, con sus niños o abuelos y  que contaminan el ambiente”.

 

Movimiento Ecológico

 

Celia Fernández, coordinadora del Movimiento Ecología de Voluntad Popular, aseguró que el Gobierno ha sido el principal responsable de la destrucción y contaminación ambiental generada por el uso indebido y desproporcional de armas tóxicas.

 

En ese sentido, informó que todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. Mencionó que el artículo 129 de la Constitución expresa que el Estado debe impedir la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas, mandato que a su juicio no se cumple.

 

La líder progresista mencionó que Venezuela ha suscrito diversos e importantes convenios internacionales de preservación y cooperación ambiental, donde el Gobierno ha asumido compromisos con la conservación de la flora, fauna, y especies amenazadas, lo que a su juicio resulta un doble discurso.

 

“Hemos visto como este Gobierno utiliza el tema de la conservación  ambiental como parte de un discurso, pero en acciones no la práctica, no son coherentes con el verbo. Tenemos un Ministerio del Ambiente de adorno, totalmente ineficaz que no ha sido capaz de evaluar la gran contaminación que generan las bombas lacrimógenas, poniendo en riesgo la salud, no solo de los manifestantes sino de la comunidad entera”, dijo.

 

Por último, a propósito del  Día Mundial de la Tierra, el Movimiento Ecología con Voluntad hizo un llamado a la reflexión ante la poca responsabilidad que ha tenido el Ejecutivo para desarrollar cultura ecológica como sucede en otros países comprometidos con el medio ambiente. Fernández invitó al pueblo a  convertirse en contralores ambientales en diversos sectores. Subrayó la responsabilidad que tienen los ciudadanos en la defensa y protección del ambiente, así como el derecho a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo expresa el artículo 127 de la Carta Magna.

 

En el marco legal y político

 

El abogado y responsable nacional del movimiento de gremios de Voluntad Popular, Rafael Velóz, expresó que la Constitución en su artículo 68, prohíbe la utilización de armas de fuego y de sustancias tóxicas para controlar manifestaciones pacíficas, “estás acciones también están prohibidas por la Organización de Naciones Unidas ONU”, recordó Velóz.

 

Sobre la utilización de estas sustancias, Velóz indicó que “los sistemas interamericanos de protección, como la OEA, también cuentan con una serie de tratados internacionales que los gobernantes de cada país están obligados a cumplir, en materia ambiental y de derechos humanos”.

 

Por su parte, Darío Ramírez, concejal del municipio Sucre por Voluntad Popular, recordó que, “la represión con gases tóxicos por parte del Gobierno empezó en el año 2007 contra los estudiantes que desde ese entonces protestábamos para tener una verdadera democracia”.

 

Ramírez asegura que los funcionarios de seguridad del Estado no deben actuar con desproporcionalidad como el caso que se vivió en la UCV donde utilizaron más de mil bombas lacrimógenas para dispersar una manifestación pacífica. Informó que durante la jornada de protestas se han visto casquillos de bombas que tienen hasta 15 años vencidas, “en definitiva este es un Gobierno que no le importa la gente, el ambiente ni los medios que tenga que utilizar con tal de impedir que el pueblo ejerza su derecho a la protesta” expresó.