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Ampliación de un paseo amenaza con dejar a 80 familias sin casa

La extensión del Paseo de la Juventud fue decidida por el gobernador Tareck el Aissami, a quien los  habitantes del urbanismo reclaman que está derrumbando “años de lucha y  esperanza” 

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En la entrada de La Victoria, cerca del antiguo peaje, en el estado Aragua, está ubicada la comunidad de Indio Urquía,  constituida por 80 familias que desde hace 2 meses ven amenazados 9 años de lucha para contar con vivienda propia. El gobierno regional ya comenzó el proceso de desalojo, con presión policial y eventual derribo de casas, en lo que fue el primer proyecto piloto de la Misión Vivienda para extender a esos terrenos el Paseo de la Juventud, similar a Los Próceres, que cuenta con caminerías y canchas deportivas.

En enero de 2012 se inició la construcción de la primera etapa de las casas y a finales de ese año fueron entregadas las primeras 88 viviendas. El terreno es propio.

En 2013 el gobierno nacional construyó al lado el Paseo de la Juventud, que fue inaugurado el 12 de febrero del mismo año, y en 2014 lo declaró monumento nacional. El gobernador Tareck el Aissami se basa en esta decisión para ordenar la ampliación del  espacio recreativo.

Quienes habitan en la comunidad Indio Urquía consideran una contradicción la medida del mandatario regional, por cuanto fue el presidente Hugo Chávez, en el desfile del Día de la Juventud el 12 de febrero de 2012, quien manifestó su deseo de que fueran construidas las casas. Los vecinos recuerdan que jamás mencionó el paseo.

“El gobernador El Aissami, con esa ampliación del corredor del paseo, derrumba no solo las casas, sino también los sueños, los años de lucha y  la esperanza de las familias que hoy habitan en ellas”, expresó Zuli Quintana, residente de la comunidad.

 

 

Zozobra

“Estamos siendo golpeado por la revolución, por los hijos de Chávez”, denuncia Yelitza Orozco, otra residente de la comunidad.

Señala que los vecinos viven en zozobra debido al amedrentamiento, acoso psicológico y presión de funcionarios del gobierno regional,  que los visitan y exigen que desocupen las casas para poder cumplir “con el legado de Chávez”.  Los intimidan, afirman, enviándoles la GNB y a policías.

Quintana, fundadora de Indio Urquía, recuerda que ese plan habitacional, encaminado por mujeres, fue el proyecto piloto de la Misión Vivienda en Aragua. Añade que ahora afrontan “la más grande incertidumbre” sobre el destino de sus viviendas y la inversión para acondicionarlas.

El Aissami les ofreció una indemnización para que desocupen las casas. Solo a cuatro familias que resolvieron irse del urbanismo  les entregaron viviendas en un desarrollo en el centro de La Victoria, cerca de la hacienda El Recreo. Otras cuatro familias desocuparon bajo presión, pero la gobernación no les resarció la inversión. Sus casas ya fueron demolidas.

Muchas personas invirtieron los ahorros y las prestaciones sociales para hacer mejoras en sus viviendas, pues se las entregaron en obra gris.

Aunque los afectados han acudido a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y Miraflores para presentar el caso, en estas instituciones no han logrado apoyo. Los funcionarios que los han atendido les han dicho que “es decisión del gobernador de Aragua” y  que “deben respetar el legado de Chávez”.

“Lo que está ocurriendo es una injusticia, no están tomando en cuenta nuestro años de lucha, nuestro derecho a una vivienda digna; nuestra esperanza fue sembrada en estas casas, que logramos con sacrifico”, dice Quintana.

Una representación de la comunidad acudió a la Asamblea Nacional para exponer la situación. En los próximos días diputados de las comisiones de Vivienda, Contraloría y Familia visitarán el urbanismo.

La comunidad no está en contra de la obra, pero exige que se respeten sus derechos.