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Allan Brewer pide a CorteIDH condenar a Estado venezolano por persecución

El abogado venezolano Allan Brewer / Archivo

El abogado venezolano Allan Brewer / Archivo

Allan Brewer fue acusado en 2005 y se le dictó una orden de captura, y aseguró que a pesar de que sus abogados interpusieron un recurso de nulidad del proceso, este nunca fue resuelto por un juez

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El abogado venezolano Allan Brewer pidió hoy "justicia" a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y que condene al Estado venezolano por perseguirle injustificadamente por su presunta participación en el golpe al entonces presidente Hugo Chávez de abril de 2002.

"Espero de esta Corte la justicia que se me ha negado sistemáticamente en mi país. Soy abogado y sé que mis defensores ejercieron todos los recursos judiciales disponibles y ha sido imposible obtener justicia con jueces que no son imparciales y son dependientes del poder común", expresó Brewer en su declaración ante el tribunal hemisférico.

En una audiencia de dos días que comenzó hoy en la sede de la CorteIDH en Costa Rica, Brewer explicó por qué decidió demandar al Estado por presuntas violaciones a sus garantías judiciales ocurridas en un proceso seguido en su contra por el delito de conspiración para cambiar violentamente la Constitución

Brewer fue acusado en 2005 y se le dictó una orden de captura, y aseguró que a pesar de que sus abogados interpusieron un recurso de nulidad del proceso, este nunca fue resuelto por un juez.

Además, dijo que es la única persona a la que no se le aplicó una amnistía decretada por Chávez en 2007 y que toda la situación lo ha obligado a vivir en el exilio en Estados Unidos desde 2005, lejos de su familia, amigos y de su carrera como abogado y profesor.

"Se trata de una persecución política contra un disidente conocido, por un Estado que me ha declarado como enemigo interno de forma implacable, persiguiéndome con todo el aparato del Estado por ocho años, negándome el derecho más preciado del hombre: la justicia", expresó Brewer en su declaración.

Al abogado se le acusó en Venezuela en 2005 de ser el autor material e intelectual e instruir la redacción del decreto mediante el cual se abolieron los poderes constituidos de Venezuela durante el golpe de Estado contra Chávez, y por el que asumió el poder temporalmente el empresario Pedro Carmona.

Brewer negó hoy esa acusación y dijo que Carmona le solicitó una opinión jurídica sobre ese decreto y que tras leerlo le expresó su oposición porque significaba una ruptura del orden constitucional y era contrario a sus convicciones democráticas.

El abogado aseguró que declaró esto a la Fiscalía varias veces y que sin embargo fue acusado y se ordenó su captura y que durante los últimos ocho años ha sido perseguido por el Estado en diversos países del mundo.

La acusación contra el Estado, interpuesta ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indica que se violaron los derechos a las garantías y a la protección judiciales de Brewer.

Además, la CIDH consideró que se vieron afectadas las garantías de independencia e imparcialidad del juzgador y que a Brewer se le negó el acceso a la totalidad del expediente.

El representante de la CIDH, Felipe González, dijo hoy en la introducción del caso ante los jueces que este caso es una "persecución penal sin las garantías más básicas del debido proceso", sin autoridades imparciales ni derecho a la defensa en un contexto de ausencia de garantías del Poder Judicial.

Además, dijo que en el proceso interno venezolano ha existido falta de estabilidad en el cargo de la mayoría de los jueces y fiscales, quienes ejercen por "temporalidad", lo que "pone en tela de juicio su independencia".

"Además de obtención de justicia, la comisión considera que es la primera oportunidad para que la CorteIDH se pronuncie sobre los efectos concretos de la provisionalidad de los jueces en Venezuela en cuanto a persona procesada", afirmó González.

La audiencia continuará mañana con la declaración de dos peritos y los alegatos finales de las partes, y en un periodo de unos tres meses la Corte podría redactar un fallo.