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Tachirenses cuestionan cierre de la frontera seis meses después

Puente Internacional Simón Bolívar / Archivo

Puente Internacional Simón Bolívar | Archivo

Medio año tiene la medida anunciada por el Ejecutivo Nacional en los municipios fronterizos del estado Táchira, donde sus habitantes hoy analizan los efectos de una decisión que se tomó para acabar con el contrabando, el paramilitarismo, la corrupción y los supuestos ataques al bolívar desde las casas de cambio colombianas

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Este viernes 19 de febrero se cumplieron seis meses del estado de excepción declarado en cinco municipios de Táchira luego de un ataque que sufrieron miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). A medio año de la medida anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, los habitantes de los municipios fronterizos Ureña y Bolívar cuestionan los métodos que hoy mantienen la frontera colombo-venezolana parcialmente cerrada.

Kleiver Casanova, exportador de chimó residenciado en San Antonio (municipio Bolívar), asegura que la medida del Ejecutivo Nacional es “perjudicial en todos los sentidos” porque “los que hacen plata solo son los guardias, la policía y el Ejército, por los caminos verdes”, mientras que los comerciantes, quienes “hacen todo legalito”, se enfrentan a las dificultades de tener el paso restringido por el Puente Internacional Simón Bolívar, principal vía terrestre entre Colombia y Venezuela.

“Estos seis meses he estado paralizado. Tenía una mercancía con todos sus permisos y no pude pasarla. Entonces me toca llevarla hasta Cartagena de Indias (Colombia) y de allí hasta Puerto Cabello (Venezuela) y el trayecto es más largo. ¿Sí me entiende?”, explicó este hombre encargado de traer el desperdicio de tabaco para distribuirlo a las principales ventas de chimó del estado Mérida.

Para Casanova, el cierre que empezó en la entidad andina y se extendió a Zulia, Apure y Amazonas para la construcción de “una nueva frontera de paz”, como alegó Maduro, es tan arbitrario como la autoridad que se ha instalado en el puente que está sobre el Río Táchira. “El paso de personas es público y notorio. Si usted quiere y después de dos horas lo puedo llamar desde Cúcuta”, confesó durante un contacto telefónico con El Nacional Web.

“Sinceramente el problema no es la frontera; es la Fuerza Armada, porque ellos no hacen lo que tienen que hacer sino que salen a perseguir y promueven la corrupción tan hijoemadre que existe”, expresó sobre las restricciones que se establecieron en la denominada Zona de seguridad 1 (municipios Ureña, Bolívar, Junín, Libertad, Independencia y Rafael Urdaneta)

A seis meses del cierre de la frontera, Casanova no cree que la situación mejore: “Puede que abran la frontera o puede que no. Nosotros no vemos esperanza de que haya un cambio”.

Emprendimiento amenazado

Consuelo Lípez, quien es vendedora de empanadas y pasteles, cree que la reapertura del paso para Colombia es fundamental para la vida económica porque “San Antonio siempre se ha caracterizado por ser un pueblo de ir y venir”.

La medida de limitar la entrada a Cúcuta (departamento colombiano de Santander) y de enviar a más de 500 militares con la Operación Liberación del Pueblo (OLP) en la zona limítrofe prácticamente “ha matado al pueblo”.

Lípez ha vivido las consecuencias del cierre en su bolsillo. “Yo me estaba vendiendo semanalmente 1.000 o 1.500 pasteles y ahora solo vendo 500”, informó la venezolana que tiene más de 30 años viviendo en San Antonio, donde forma parte de una microempresa familiar. “Hay muchos comerciantes que prácticamente cerraron. Yo porque vendo comida y tiene mucha salida,  ¿pero quienes venden ropa y zapatos?”, expuso sobre los efectos negativos del cierre.

Aunque Maduro ha insistido en que la medida tomada el pasado 20 de agosto  busca enfrentar el paramilitarismo, el contrabando y la corrupción en la frontera, Lípez aseguró que su ciudad ya era una zona de paz: “San Antonio siempre ha sido un pueblo muy tranquilo. Aquí en este pueblo tú puedes salir a las 12 de la noche y no te pasa nada”.

Esta vendedora explica que la diferencia cambiaria entre el bolívar y el peso colombiano ha afectado progresivamente a los venezolanos: “Aquí la gente tiene que sacar la cuenta en pesos y tienden a vender más caro por lo barato que está nuestra moneda”. La desaparición de las casas de cambio en Cúcuta, que según el gobierno nacional inciden en la devaluación venezolana, ha sido una de las peticiones de Maduro a Colombia para suspender el cierre fronterizo.

Contrabando derrotado

El  concejal de Ureña, Carlos Cortez, también reconoce este contraste económico con la nación vecina: “Lamentablemente no nos favorece el diferencial cambiario”. Sin embargo, alega que “es evidente” que el contrabando se ha reducido pese a que no posee cifras concretas de los resultados. “Esto es una evaluación que hemos tenido sobre este tema”, aseguró.

“Los que están en contra son aquellas personas que viven del contrabando, pero los que somos de Ureña, la zona de frontera, estamos contentos porque se ha reducido”, sostuvo Cortez.

Por esta razón, la autoridad municipal se niega a suspender el cierre fronterizo. “Considerando que estamos golpeados con la economía por el precio del petróleo, la gasolina se la van a llevar por la frontera y eso sería un golpe duro”, explicó sobre la extracción ilegal que suele llevar el combustible venezolano a Colombia para revenderlo.

El concejal entiende que hay otros intereses por los que se plantea reabrir la frontera, pero insiste en que debe mantenerse un control: “Por un lado, podríamos descongestionar de un peso al gobierno nacional. Pero la reapertura sería solo en horario diurno y que la gente pase solo a pie”. Sin embargo, él preferiría mantener las cosas como están: “Si por mí fuera, que se mantenga la frontera cerrada por 120 años más”.

San Cristóbal no ve los cambios

Desde la capital, los efectos positivos que destaca Cortez están lejos de la realidad. Al menos eso asegura Sonia Zambrano, profesora jubilada del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, en San Cristóbal.

Denunció que sigue el denominado “bachaqueo” y que las colas en los supermercados se mantienen por el desabastecimiento, especialmente de medicinas, que existe en la región.  “Usted va a comprar un atamel o acetaminofen y no consigue nada de eso. Usted recorre ocho, nueve o diez farmacias y nada. No se consigue absolutamente nada”. Hace seis meses el gobierno nacional aseguró que esta situación era resultado del contrabando en la frontera, que hoy aseguran haber derrotado.

La reventa de los productos por parte de comerciantes informales (bachaqueros) sigue siendo la norma en su ciudad: “En estos días estaban vendiendo por internet un paquete de papel toalet en siete mil bolívares. ¡Por Dios!”.

Para Zambrano, los seis meses del cierre de la frontera solo han dejado algo positivo: las bombas de gasolina se mantienen vacías y no repletas de carros, como solían estar antes de la medida.

Familia a medias

La novedad en las estaciones de servicio también la destaca Rubi Estella, colombiana residenciada en Ureña. “Realmente lo único que sí cambió fueron las colas que se hacían para poner combustible”, expresó la madre de Gabrielita, una niña de 8 años que estudia en Cúcuta.

Desde el cierre de la frontera, la rutina de ella y su hija cambió. Ahora se levantan a las 4:30 de la mañana para presentar su documentación (cédula de identidad y carnet del ministerio de Educación) en el puente Internacional Francisco de Paula Santander y cruzar al lado colombiano. “A los menores de doce años los autorizan a pasar con sus representantes”, explicó.

Estella dice que en Cúcuta les dan la posibilidad de tener un transporte que las deja muy cerca del Instituto Nacional de Comercio, donde estudia Gabrielita. Allá permanece hasta que terminan las clases. “Me da pánico que pase algo y que la niña quede de aquel lado y yo de este”, confesó.

La suspensión del tránsito normal hacia Cúcuta mantiene a Gabrielita lejos de su actividad favorita: el patinaje. La pequeña colombiana es campeona regional en su categoría. Ahora no puede competir porque sus prácticas eran de lunes a viernes entre 6:00 y 8:00 pm y desde agosto de 2015 tiene permitido cruzar la frontera únicamente para estudiar. Solo estudiantes y "médicos especiales" pueden ir y venir actualmente por el segundo puente sobre el Río Táchira.

Estella cree que “Ureña es un pueblo bendecido por Dios”, que siempre ha estado alejado de la “incertidumbre” y  el peligro que el Ejecutivo Nacional aseguró que existía en San Antonio, en el municipio vecino. Aunque agradece al Ejército venezolano porque ha hecho que su hija al menos termine el año escolar, cree que seis meses fueron suficientes para tomar medidas por parte de las autoridades. Por eso, su petición de reapertura es clara: “Es justo que las familias se vuelvan a reunir y volvamos a tener nuestra vida normal. Soy colombiana de nacimiento, amo a Venezuela y la respeto mucho. Quiero que este vuelva a ser el país del cual yo vivía enamorada y por el que me vine a vivir para acá”.