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Las zonas rojas de la "pacificación"

Nicolás Maduro / CORTESIA PRENSA MIRAFLORES

Nicolás Maduro / CORTESIA PRENSA MIRAFLORES

Mientras Venezuela ensaya su propia fórmula para frenar el crimen, otras experiencias revelan que es indispensable desmantelar la impunidad para recuperar la seguridad ciudadana. Brasil apostó por arrebatarle el control territorial de las favelas al narcotráfico con fuerzas especiales. El gobierno de El Salvador negoció con las maras, al tiempo que un pacto entre bandas criminales contiene hoy la violencia en Medellín

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Negociación con bandas delictivas, instalación de "zonas de paz", patrullaje inteligente por cuadrantes, una ley desarme a la espera de reglamento, la ampliación de las comunas, y la intervención del Estado en la programación de los medios, son las estrategias que hasta el momento el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha adelantado como lineamientos del plan de pacificación que ofreció presentar ante el país el sábado 8 de febrero, apurado por el escándalo que desató el asesinato de la ex Miss Venezuela, Mónica Spear, y su marido Thomas Berry, el 6 de enero en la noche.

El año pasado Maduro hizo un cambio sustancial en las políticas de seguridad ciudadana de Hugo Chávez: incorporó a los militares a la persecución de la delincuencia en el Plan Patria Segura. Este año convoca a los alcaldes de la oposición para legitimar la estrategia gubernamental, y define la respuesta del Ejecutivo como "pacificación", un término ajeno al derecho internacional humanitario pero que tiene un antecedente inmediato en Brasil, donde se despliegan fuerzas especiales en las favelas para desplazar al narco y retomar el control territorial del Estado con intervenciones cuestionadas por tolerar violaciones de derechos humanos cometidas por policías y militares.

A diferencia del caso brasileño, en Venezuela el Gobierno no ha identificado a un enemigo compacto y jerarquizado como el narco, sino una amenaza a la seguridad ciudadana atomizada.


Análisis de prioridades


Luis Cedeño, director de la organización Paz Activa, se pregunta si las "zonas de paz" servirán como espacios para hacer actividades de prevención del delito o más bien para militarizar pueblos y ciudades, al tiempo que cuestiona que el gobierno no revele qué prebendas ofrece a las bandas delictivas a cambio de entregar las armas y desmovilizarse. "Si estos acuerdos no son transparentes, será muy difícil convencer a la ciudadanía de que se beneficiará de una nueva política de seguridad".

El criminólogo Freddy Crespo duda que el desarme ayude a disminuir la violencia dado que el año pasado aumentó la criminalidad a pesar de que se incautaron 400.000 armas.

"Debería plantearse el debate de legalizar las armas, porque el problema no radica en la posesión sino en el uso que se hace de ellas y en las dificultades que tienen las autoridades para rastrear su actividad".

Advierte que es fundamental que los colectivos se plieguen al desarme como una muestra de que el monopolio sobre el uso de las armas permanece bajo el control de la policía y las fuerzas militares.

Crespo considera que la estrategia de dividir a la Gran Caracas y a los altos mirandinos en 158 cuadrantes, y habilitar números locales para que policías y militares atiendan las denuncias en el menor tiempo posible, no será exitosa sin la participación de la ciudadanía.

"Este modelo fue aplicado en Colombia y permitió bajar los índices de delitos porque las comunidades se apropiaron de los espacios públicos".

En el discurso de memoria y cuenta que presentó ante la Asamblea Nacional el 15 de enero, Maduro ató la seguridad a la consolidación del Estado comunal. "En la medida en que las comunidades logren un verdadero control territorial, haremos retroceder la violencia criminal", indicó.

Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, alerta que delegar las funciones de seguridad en las comunidades implica "privatizar" la protección de un derecho que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos sin importar su afinidad política.

Frente a la prioritaria necesidad de derrumbar la tasa de homicidios, los expertos aseguran que la revisión de los contenidos divulgados por los medios de comunicación aportará poco al control de la criminalidad si no se garantiza el desmantelamiento de incentivos que promueven la impunidad como la corrupción en los cuerpos de seguridad del Estado y las cárceles, o la incapacidad de los tribunales para investigar y procesar a los sospechosos de haber cometido delitos en los plazos que establece la ley.

"Cuando Maduro identifica a los medios o a las familias como corresponsables de la seguridad, juega a desdibujar la atribución primaria que tiene el Estado como el principal garante de la integridad de las personas", exclamó Briceño.

Los especialistas cuestionan que el resarcimiento a las víctimas no figure en el discurso oficial sobre pacificación.

Paz Activa y otras ONG entregaron a la AN el año pasado un proyecto de ley de reparación a víctimas de homicidios y secuestros que no ha sido discutida, así como una ley de segunda oportunidad para jóvenes en riesgo de delincuencia, que busca revisar las condiciones familiares del adolescente que ha cometido uno o dos delitos menores, y delegar su custodia al Estado si ello sirve para impedir que se convierta en un criminal.

Brasil
Una reconquista que militariza

La elección de Brasil como sede del Mundial de Fútbol este año y de las Olimpíadas en 2016, le puso fecha de entrega a una tarea aplazada por los gobiernos estadales brasileños desde la década de los ochenta: rescatar a los habitantes de las favelas del yugo impuesto por el narcotráfico. Se trata de bandas armadas y organizadas que controlan calles y esquinas para dominar la distribución y venta de drogas, el tráfico de armas y personas, y la extorsión a los vecinos de estas comunidades.

En 2008, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro diseñó una estrategia inédita para recobrar el control territorial sobre las favelas: primero, avisar a los narcotraficantes con una semana de antelación que se avecinaba una intervención policial. Segundo, desplegar fuerzas especiales con equipamiento militar para "limpiar" las favelas de la presencia de grandes capos de la droga y sus jerarquías menores, para luego instalar permanentemente Unidades de Policía Pacificadora, con formación para interactuar con las comunidades y facilitar mejoras en servicios sociales como la construcción de infraestructura sanitaria, escuelas y medios de transporte.

Esta estrategia fue cuestionada en sus inicios por permitir la huida de los narcotraficantes hacia otras favelas más intrincadas y lejanas de las urbanizaciones de clase media y alta de Río de Janeiro, y de las instalaciones deportivas por donde circularán los turistas que asistan al Mundial y a las Olimpíadas. En 5 años las autoridades han instalado 34 UPP y esperan cerrar 2014 con 40 comandos pacificadores asentados en las favelas.

El especialista brasileño en seguridad, Ignacio Cano, asegura que las UPP nacieron por la necesidad de emprender una reforma policial más amplia, que lograra desterrar la corrupción y el abuso en el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad en Río de Janeiro. "Se intentó transformar el paradigma de guerra contra el crimen por el de la seguridad al servicio a la población, basado en la prevención, la preservación de la vida y la resolución pacífica de conflictos. Sin embargo, las prioridades de las comunidades no son las de la policía, por lo cual la interlocución entre ambos casi no existe y su presencia genera gran resistencia entre los ciudadanos", explica.

Las ONG que trabajan en las favelas han denunciado que si bien se registran menos homicidios, otros delitos como las desapariciones o las detenciones de inocentes por errores policiales han aumentado. En una entrevista con la revista especializada en derechos humanos Sur, el psicólogo social Rafael Dias apunta que la presencia permanente de la policía ha militarizado el día a día de los vecinos. "Si no se puede admitir el poder que ejercen grupos armados como los narcos o las milicias, se espera que el Estado no utilice la misma lógica de ocupación armada del espacio urbano", señala.

Cano y Dias coinciden en que el término "pacificación" refuerza la interpretación militar de la seguridad ciudadana, en lugar de plantearla como el resultado de un cumplimiento exitoso de políticas sociales que permitan mitigar otras causas estructurales de la violencia urbana como la pobreza y la desigualdad.

El Salvador
Un pacto tras bastidores

El 14 de marzo de 2012, el diario salvadoreño El Faro sorprendió a sus lectores con la noticia de que el gobierno de Mauricio Funes negoció clandestinamente una tregua con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, las 2 pandillas más sanguinarias del país, para disminuir la tasa de 14 homicidios diarios que se registró en el primer trimestre del año, una semana antes de que se celebraran las elecciones municipales y legislativas del domingo 11 de marzo.

La coyuntura electoral fabricó una oportunidad que las pandillas no dejaron pasar: detener los asesinatos a cambio de que 30 de sus líderes fueran trasladados desde cárceles de máxima seguridad a penales donde podían recibir visitas de sus familiares y tener contacto físico con personas del exterior. "Aquella concesión permitió a las maras reorganizarse. Los jefes pandilleros que habían perdido el control sobre las calles porque estaban aislados, recuperaron el manejo sobre las fuentes de financiamiento de las economías criminales como la extorsión y el tráfico de drogas", señala José Miguel Cruz, investigador especializado en la violencia centroamericana en la Universidad Internacional de Florida.

Descubierto frente a la opinión pública, el gobierno primero insistió en que la caída en los delitos se debía al aumento de la actividad policial por el resguardo de los centros de votación. Después alegó que se trataba de un triunfo de los cuerpos de inteligencia en su estrategia para desmantelar el crimen organizado. Al recibir elogios de la comunidad internacional por poner freno a la violencia, el Ejecutivo salvadoreño argumentó que las pandillas acordaron un cese al fuego gracias a la intermediación de monseñor Fabio Colindres. Seis meses después de los comicios, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública reconoció haber negociado con las maras a espaldas de la sociedad civil.

Aunque celebra que el pacto haya generado la mayor disminución en los índices de asesinatos desde el fin del conflicto armado en 1992, Cruz cuestiona que la tregua no haya sido aprovechada hasta ahora para negociar la desmovilización de las maras a largo plazo, con una estrategia de desarme nacional y una política de incentivos laborales y educativos para alentar la reinserción socio-económica de los pandilleros.

Sostiene, además, que la incorporación de militares a ciertos operativos para perseguir a las maras ha ocasionado roces innecesarios con las comunidades. "El Salvador cuenta con la policía mejor preparada de Centroamérica gracias a la cooperación internaciona l que recibió después del fin del conflicto armado. Los cuerpos civiles de seguridad solo requieren del respaldo político de las autoridades para afrontar a las pandillas".

Los detractores del acuerdo entre el gobierno y las maras alegan que otros crímenes como las desapariciones forzadas han aumentado durante la tregua, mientras que delitos como la extorsión de pequeños y medianos comerciantes o conductores de taxis y autobuses sigue siendo una práctica común entre las pandillas para financiarse.

Colombia
La paz de los combos

Respetar el control ter r itor ia l de cada banda sobre sus respectivos barrios, detener las confrontaciones armadas, levantar las fronteras imaginarias que impedían el libre tránsito de ciudadanos por las comunas de Medellín, y aplicar la pena de muerte a quien rompiera la tregua, fueron las cuatro cláusulas de un pacto de convivencia que negociaron los Urabeños y la Oficina de Envigado, dos "combos" o bandas criminales que actúan en la capital de Antioquia, y que disminuyó las estadísticas de homicidios 26,5% el año pasado.

Las autoridades atribuyen este logro de forma directa a la desarticulación de 4 bandas y la captura de 1.232 de sus integrantes, y de manera indirecta a la inversión en escuelas, hospitales, parques, bibliotecas y otros espacios públicos, un sector que solo en 2013 contó con un presupuesto de 3,9 billones de dólares.

El sociólogo Luis Guillermo Pardo, quien fue asesor de paz y convivencia del gobierno de Antioquia desde 1998 hasta 2000, advierte que la proliferación de grupos armados cada vez más sofisticados y conscientes de la necesidad de consolidar su control territorial, dificulta a las autoridades la intervención en los llamados "pactos de fusil" entre las bandas. "Medellín está controlado por las Convivir (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada), los narcotraficantes, las autodefensas y las bandas criminales que viven de la vacuna a los comerciantes y la ciudadanía. Si los combos abren la oportunidad de defender la vida entre ellos, el Estado tiene que reconocer ese pacto y promover la participación de la sociedad civil y las autoridades electas por voto popular como interlocutores de un diálogo encaminado hacia el cese de la violencia. Si no lo hace, vuelve a quedarse al margen de la gestión de la violencia", opina Pardo.

El especialista dice estar convencido de que la corrupción dentro de la policía y los cuerpos militares los convierte en actores activos en el mapa de la delincuencia organizada. "Así como la alcaldía invierte millones de dólares en infraestructura, es indispensable que se refuerce la formación de los efectivos y su capacidad para vivir dignamente sin tener que garantizarse una cuota de los beneficios que generan las rentas ilegales".

Pardo celebra el pacto entre los Urabeños y la Oficina de Envigado por dos razones: En primer lugar, la reducción de los delitos demuestra que el Estado no tiene el control sobre el territorio ni el monopolio sobre el uso de las armas en Medellín y lo obliga a buscar alternativas para comunicarse con los grupos ilegales. En segundo término, revela que la crueldad de las bandas acaba por socavar la aceptación que puedan tener en las comunidades, especialmente entre los varones de 18 a 28 años de edad, soldados y principales víctimas del crimen organizado.

"Este pacto de fusil puede convertirse en un acuerdo de paz si se diseña un plan sostenible de reinserción social, que ofrezca oportunidades reales de estudio y empleo a los muchachos que buscan poder y dinero fácil a costa de sus propias vidas", concluyó Pardo.

En julio de 2012, los "combos" o bandas criminales conocidos como Los Urabeños y la Oficina de Envigado negociaron un pacto de convivencia tras enfrascarse en una guerra por el control del tráfico de drogas y extorsiones en las comunas de Medellín.

Solo en el primer mes del acuerdo se redujeron los homicidios en 25%.