• Caracas (Venezuela)

Siete Días

Al instante

“Uno vive aquí como alquilado”

Gran Misión Vivienda Venezuela

Gran Misión Vivienda Venezuela

Cuando a un beneficiario de la GMVV se le consulta su opinión sobre la ley que se discute en la Asamblea Nacional entran en disyuntiva. Coinciden en que sí quieren ser propietarios, pero insisten en que el beneficio se los entregue el gobierno

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

“¿Qué haremos si los escuálidos vienen a quitarnos los apartamentos o a ponerlos más caros?”, se pregunta una de las beneficiarias del Urbanismo Santa Rosa, ubicado en Colegio de Ingenieros. Los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela son cautos al referirse al proyecto de ley que busca otorgarles la titularidad de las unidades habitacionales.

La mujer, que prefirió guardar su identidad, no tiene ningún documento que acredite que ha vivido allí por dos años. Solo posee una “constancia” que indica que cambió su casa en el barrio Santa Rosa por un apartamento. Pese a ello, afirma: “No quiero saber nada de la oposición. Una vez que aprueben esa ley pondrán los apartamentos más caros y el día que no pagues, te lo quitan”. Cuando se mudó le dijeron que tendría que aportar cuotas de 300 bolívares al cabo de un año; pero no ha sabido más nada.

Dice conocer el contenido de la ley porque “gente del gobierno” ha ido al urbanismo a explicárselos. Eso la lleva a desear que la propiedad la otorgue el “gobierno por su cuenta”.

En diciembre de 2012, el coordinador del Órgano Superior de Vivienda y Hábitat, Rafael Ramírez, aseguró que la GMVV cumplió ese año el 100% de la meta prevista, con la construcción de 200.080 inmuebles. A ese número se llegó con la entrega de 144 apartamentos en el Urbanismo OPPE 12, ubicado en Bellas Artes.

En la puerta de entrada del edificio ahora abundan los avisos de beneficiarios de la misión en Guarenas, La Guaira, o Valles del Tuy solicitando cambio de apartamentos. Para hacerlo hay que acudir al Ministerio de Vivienda y Hábitat donde se indican los requisitos, que incluyen carta explicativa sobre las razones del cambio, una carta de trabajo en caso de que sea por razones de trabajo, o un informe médico si es por causas de salud, acta de matrimonio o carta de soltería, entre otros. “No hay que pagar nada si se consigue con quien cambiar. Es legal porque el ministerio hace el papeleo”, aseguró una mujer que busca cambiar su casa en Valles del Tuy por una en Caracas.

Édgar Pérez vivió dos años y medio en un refugio antes de que su familia fuese adjudicada en la OPPE 12: “En ese momento la prioridad era salir del refugio, no que nos dieran ningún papel. La inmediatez en la entrega y la ejecución no lo permitió; pero nosotros aparecemos en la data. Mi mamá como la titular y mi hermana y yo como beneficiarios; si ella llegara a faltar hay un registro de que nosotros también fuimos asignados aquí”.

Pérez y su familia no saben cuándo ni cuánto tendrán que comenzar a pagar: “Se habla mucho pero nada concreto. Queremos nuestro título de propiedad; pero creo que de ambos lados han tergiversado el tema. El gobierno queda mal al no acceder. Con el título la gente vería qué hace, si alquila, vende o se queda”.

Hay casos de intercambio que sí pueden ser irregulares, en la Memoria y Cuenta de Vivienda de 2014 se indica que hubo un proceso de verificación de los beneficiarios de la misión, para monitorear la presencia de las familias y alertar “al poder popular sobre los actos delictivos con la vivienda”. Después de auditar 15.659 inmuebles en Distrito Capital y Miranda se encontró que en 7% hubo irregularidades por cambio de viviendas, fallecimiento del jefe de familia, separación conyugal y, en menor número, viviendas cedidas, “ocupación inestable”, venta o alquiler. Cambios en el estado civil o la muerte de los adjudicados que pudieran dejar herencia abren un limbo ante la falta de papeles.

Una de las habitantes de la OPPPE 12 sostiene que con los títulos de propiedad se evitarían los problemas de convivencia y los vecinos serían más colaboradores: “Uno vive aquí como alquilado. No hay sentido de pertenecía”. Otro agrega: “La propiedad la debe dar el gobierno. Tiene que haber una garantía de que esto pueda pasar a nuestros hijos”.


Título en mano. En la entrada del edificio El Gigante de la Patria, ubicado en Bellas Artes, hay una pintura del rostro de Hugo Chávez y al lado una inscripción: “Solo en socialismo se pueden garantizar viviendas dignas para el pueblo”. Ese urbanismo está repartido entre damnificados y quienes se inscribieron en la misión a través del 0800 MiHogar.

Jhony Jiménez enseña un contrato suscrito entre él, como comprador, y la Inmobiliaria Nacional. Forma parte del Comité Multifamiliar del edificio –que hace las veces de una junta de condominio–. “Esa ley es un engaño. Una burla a la nación. La Misión Vivienda fue una idea del comandante. Yo tengo mi título de propiedad”. Explica que  en su caso se mudaron al edificio a través de una llamada al 0800 MiHogar y por ello poseen un documento de propiedad. Quienes llegaron ahí desde refugios están en proceso de regularizar su situación.

El programa 0800 MiHogar busca atender la necesidad de vivienda de los ciudadanos de clase media. Las veces que El Nacional llamó al número telefónico, la línea repicó, pero no hubo respuesta de un operador. Aunque no responden las llamadas, el 0800MiHogar ofrece financiamiento de hasta 30 años para pagar la vivienda en una tasa de interés máximo de 11,42% a quienes ganen entre 3 y 20 salarios mínimo, un rango que fue ampliado esta semana con la Resolución Nº 43 del ministerio.

Hay familias que pagan una cuota mensual al Estado por sus inmuebles. Liby Mendoza, que vive desde hace dos años en el Desarrollo Habitacional OPPPE 19, en la avenida Libertador, es una de las beneficiarias que pagan. Explica que unos cancelan 518 bolívares, otros 800 y otros 1.200. “Soy aseadora en una escuela y gano sueldo mínimo. ¿Qué hago si me ponen la mensualidad en 5.000 bolívares y yo pago lo mínimo? Voy a perder la casa”, dice Mendoza

De sancionarse la ley, el Ejecutivo sería el responsable de ponerla en funcionamiento y entregar los títulos. El mensaje de la MUD es que se respetarán los acuerdos originales entre los beneficiarios y el Ministerio de Vivienda, sin embargo, el discurso oficial ha tenido más fuerza entre los adjudicados, para quienes esta ley es un “arma de doble filo” que a la larga en vez de darles la propiedad les hará perder sus viviendas.



El chantaje sobre la propiedad

El proyecto de ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela ha generado diversidad de interpretaciones, sobre todo entre quienes se supone se beneficiarán de la norma. Para Oscar Olinto Camacho, experto en planificación urbana y ex presidente del Consejo Nacional de la Vivienda, “el gobierno mantiene un chantaje sobre los supuestos propietarios de la GMVV”. Los califica como “posesionarios”, porque no pueden disfrutar de esa propiedad. “No es un bien con valor de cambio. Solo aceptan el valor de uso”.

La consecuencia de la falta de titularidad es más pobreza. “Hay una gran farsa en torno a la propiedad. No hay una concepción ideológica pura de principios socialistas que solo reconocen la propiedad estatal. La dirigencia sí acepta que sus bienes entren al mercado, pero no acepta que los pobres lo hagan”.

El 24 de febrero el Ministerio de Vivienda informó que 152 beneficiarios del programa 0800 MiHogar firmaron un documento de propiedad multifamiliar en Ciudad Tiuna, ubicado en la base militar de Fuerte Tiuna. De acuerdo con la nota de prensa emitida por la institución el documento “establece el derecho sobre el terreno, inmuebles, y las áreas de uso y disfrute común a las familias que habitan en el urbanismo”.

Olinto opina que este tipo de propiedad no funciona: “Llevan a la gente a la propiedad mixta, pero tú no tienes la propiedad de lo tuyo. Entonces quien decide sigue siendo el Estado. La gente sigue amarrada al no tener propiedad individual, con la que se pueden buscar otras formas de organización”.

Por ejemplo, en el caso de las 1.790 viviendas “recuperadas” durante las OLP, Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea, señala que en caso de que se identifique que uno de los beneficiarios cometió un delito la responsabilidad es individual y se debe respetar el debido proceso, el derecho a la defensa, a un juicio justo. “No se puede criminalizar a todo el grupo familiar”.

Olinto subraya que sobre la misión no hubo ningún tipo de contraloría lo que causó un mal sobre la ciudad desde el punto de vista urbanístico. “Para Chávez había que hacer viviendas donde sea y como sea. No importó la planificación urbana o los servicios, sino que se notaran y se pudieran contar. No querían saldar la deuda de la cuarta república. Era una convicción electoral”.

El ex presidente del Conavi indica que ninguna sociedad progresa cuando los bienes se regalan. Sugiere que el Estado establezca cuotas de acuerdo con los ingresos de cada familia. “No puedes tener en un edificio 20 supuestos propietarios que no pagan y 17 que sí pagan porque eso creará grandes conflictos internos en la comunidad. La idea es canalizar un programa lo más racional, lógico y justo posible para que el que está pagando siga pagando, de acuerdo con sus posibilidades, y quien no tenga, que comience a pagar en función de sus ingresos. El Estado, además, tiene que reconocer que no van a cobrarle a la gente los terrenos”.

Clic aquí para ampliar imagen

La cifra

322.084 viviendas construyó el Estado en 2015, según el ministro Manuel Quevedo. Cuando comenzó la misión, se fabricaron 146.718 viviendas, en 2012 construyeron 200.080; en 2013 se culminaron 200.370, y en 2014 fueron 126.525. El año pasado, cuando se acentuó la escasez de materiales de construcción, sería el de mayor entrega de viviendas. El gobierno asegura que ha entregado 1 millón de inmuebles, una cifra no auditada, que sectores como la Cámara Inmobiliaria ven con escepticismo. En 2011, cuando comenzó el programa el déficit de viviendas rondaba los 3 millones.