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Las ventanas que abre el cambio parlamentario

Asamblea Nacional | Foto archivo

Asamblea Nacional | Foto archivo

La oferta de cambio que viene con las elecciones legislativas del próximo domingo gana músculo ante las posibilidades de poner contrapeso al poder. En los últimos 15 años el oficialismo ha anulado progresivamente todo lo que la Constitución establece en materia de descentralización. ONG como Un Estado de Derecho y Monitor Legislativo consideran que devolver competencias a gobernaciones y alcaldías y resolver los problemas de concurrencia de funciones son una tarea fundamental del próximo Parlamento. La derogatoria de ciertos artículos de leyes y la creación de nuevas normas, aseguran, contribuirá a que las actuaciones gubernamentales sobre problemas cotidianos como la inseguridad y la mala calidad de los servicios públicos tengan mejores resultados

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“Es cierto que un diputado no hace carreteras, pero la diferencia con la derecha es que un diputado de la revolución toca las puertas del gobierno nacional, de un ministro, de un gobernador o de un alcalde y se hace la carretera. Aquí no hay ventajismo, lo que tenemos es ventajas”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a los integrantes del comando de campaña del Gran Polo Patriótico en Carabobo, el 10 de octubre.

No parece ser una ocurrencia puntual de Cabello, sino más bien un lineamiento expreso para conseguir votos. Esta semana, el 24 de noviembre, como parte de su campaña para mantener una curul, Cabello encabezó un acto de entrega de viviendas en Maturín. Alguien le reclamó públicamente las fallas del servicio eléctrico: “Aquí uno está diciendo que no hay luz. Voy a hablar con (Luis) Motta Domínguez para que revise lo que tenga que revisar en Santa Inés VI. Eso sólo es posible porque es un solo gobierno, pero ¿puede venir aquí un candidato de la oposición a decir: ‘Mañana veo como hago para poner la luz’? ¡Coba pura!”.

Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la AN y también candidato a diputado por el PSUV, cumple la la misma estrategia de campaña: “Estamos dando respuestas al pueblo de Cagua y especialmente a la comunidad de La Segundera, quienes habían padecido por la falta del servicio de agua. Hace tres días nos solicitaron este apoyo y hoy, gracias a la gestión de su diputado Elvis Amoroso, en coordinación con el alcalde Eusebio Agüero, hemos logrado devolverle el agua potable”, dijo Amoroso, sin modestia alguna, en un acto proselitista el 7 de noviembre.

Si no tuvieran que ver con una transacción electoral, los discursos de Cabello y Amoroso corresponderían a la posibilidad de que la AN contribuya a resolver los problemas de la gente. Pero, en la víspera de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, evidencian un ejercicio pragmático del poder por parte del oficialismo que confirma el esfuerzo sostenido del chavismo para anular progresivamente todo lo que la Constitución establece en materia de descentralización.

El 15 de diciembre de 2009, en la celebración del décimo aniversario de la Constitución, el dirigente del PSUV Aristóbulo Istúriz lo expresó sin eufemismos, al proclamar la instauración de un Estado comunal: “Los mejores gobernadores serán los primeros que desbaraten las gobernaciones; los mejores alcaldes serán los primeros que desbaraten las alcaldías”. El desmantelamiento de estas instituciones tuvo como centro de operaciones el Parlamento.

En diciembre de 2010, la primera vez que se vio amenazado de perder su hegemonía en el Poder Legislativo por la vía de los votos, el chavismo se apresuró a dictar las llamadas leyes del poder popular. Desde la academia y el movimiento asociativo independiente, se argumenta que estas normas tienen un propósito contrario a su denominación: quitarle poder al pueblo en el diseño, ejecución y seguimiento de la acción del Estado y en el abordaje de los asuntos comunitario.

La devolución de competencias y recursos a los municipios es un asunto poco visible en la agenda de la mayoría de los candidatos. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales advierten que es una tarea prioritaria de la legislatura que se elegirá el 6 de diciembre. Es una de las ventanas que abre el cambio parlamentario.

La ONG Un Estado de Derecho elaboró un informe que propone la aplicación del artículo 165 de la Constitución como principio fundamental para revisar y modificar las normas impuestas por la mayoría oficialista que desvirtúan el federalismo consagrado en la carta magna.

“Las materias objeto de competencias concurrentes serán reguladas mediante leyes de bases dictadas por el Poder Nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados. Esta legislación estará orientada por los principios de la interdependencia, coordinación, corresponsabilidad y subsidiariedad”, indica el artículo 165.


Participación con autonomía. En el documento elaborado por los abogados Luis Alfonso Herrera, Giuseppe Graterol y Mayerlin Matheus, con la coordinación de Antonio Canova y Rosa Rodríguez, se insiste en la finalidad y en los beneficios: “1) profundizar la descentralización y la autonomía política municipal como medio para hacer más eficiente y eficaz la prestación de servicios y actividades, y 2) facilitar la participación directa de los asuntos públicos municipales, no solo vía elecciones y consultas públicas, sino también mediante la gestión de servicios”.

Herrera dice estar consciente de la necesidad de que los cambios en la legislación para reivindicar la descentralización cuenten con el aval de los ciudadanos y, en ese sentido, sería necesario afrontar los temores infundados que propala el oficialismo sobre la supuesta pérdida de conquistas populares si la oposición logra la mayoría en la Asamblea Nacional. En ese sentido, de los consejos comunales rescata el estímulo a la participación y organización de la gente para resolver sus problemas. Sin embargo, considera que tal propósito queda aplastado por una legislación  que los subordina funcional y presupuestariamente al gobierno nacional y niega su interlocución natural con los gobiernos locales. “En la práctica, lo prioritario para el gobierno es la instrumentalización ideológica y electoral de los consejos comunales, de modo que las aspiraciones de la gente quedan en un segundo plano, a merced de una burocracia que tiene su asiento en Caracas y que, en definitiva, aleja las soluciones”, afirma el abogado.


Más allá de las leyes. En un documento denominado “Rescatemos la federación y el federalismo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los estados y municipios de Venezuela”, difundido por la plataforma Parlamentemos.org, el experto en descentralización Carlos Mascareño, identifica los principales mecanismos de reconcentración del poder entre 1999 y 2015 y sus consecuencias: “Durante este período se revirtieron las competencias fundamentales de los estados: vialidad, puertos, aeropuertos, salud, deporte, educación, seguridad, vivienda, protección al menor y programas sociales. Por otro lado, se arremetió contra los municipios y se aniquiló institucionalmente la Alcaldía Metropolitana. Crearon un gobierno paralelo, con una jefatura designada por la Presidencia, que no resolvió los problemas de la capital. La precaria situación de los servicios públicos ha estado acompañada de la asfixia financiera de los estados y municipios, a pesar de los altos precios petroleros. El situado y el Fondo de Compensación Interterritorial han sido manejados discrecionalmente, favoreciendo a gobernadores y alcaldes del partido de gobierno. De esta manera, el ingreso de los estados y los municipios terminó siendo apenas 9,6% de los ingresos públicos del país, muy lejano al 29% que se había logrado en 1998. En definitiva, sustrajeron los recursos de la población y los concentraron en fondos nacionales manejados por el poder central de manera discrecional”.

Mascareño sostiene que durante los tres últimos lustros las relaciones intergubernamentales se controlan desde Miraflores y la participación ciudadana degeneró en un proceso tutelado por el PSUV. Recuerda que en 2010 la AN aprobó la ley del Consejo Federal de Gobierno: “Se esperaba que sirviera para coordinar las relaciones entre los tres niveles de gobierno. Por el contrario, se promovió un organismo para desmontar el federalismo y la descentralización. El vaciamiento de competencias y recursos y municipios se ha realizado a través de leyes que son inconstitucionales”.

Y con las leyes del poder popular, agrega el investigador del Cendes, se instauró una relación de la población con un poder presidencial autocrático y personalista: “Se tiende a la eliminación del voto directo, universal y secreto, como sucedió con las juntas parroquiales, y se busca sustituir la propiedad privada por la comunal”.

Ambos expertos identifican tres grandes urgencias legislativas para devolverle competencias y recursos a los estados y municipios. En ese sentido, se debe despartidizar y desideologizar al Consejo Federal de Gobierno. En segundo lugar, se debe saldar la mora de 16 años en la sanción y promulgación de la Ley de Hacienda Pública Estadal. “Sin recursos en la provincia es imposible desarrollar un gobierno cercano a los ciudadanos que les resuelva los problemas”, acota Mascareño.  Y, por último, es necesario fortalecer la autonomía municipal a través de la reforma de las leyes del Régimen del Poder Municipal y de los Consejos Locales de Planificación Pública.  

Mascareño identifica un desafío adicional que implica una perspectiva a largo plazo: “No basta que una nueva Asamblea Nacional recupere las bases jurídicas de la descentralización. En 2016 habrá elecciones de gobernadores y en 2017 de alcaldes. Es necesario que los nuevos mandatarios regionales y locales, junto con la gente, tengan la suficiente voluntad política para defender las leyes saneadas para elevar la calidad de vida de todos los venezolanos, sin sectarismos”. Esta es una ventana dentro de otra ventana.