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La venta de medios: un asunto off the record

Sala de redacción de Globovisión / AP

Sala de redacción de Globovisión / AP

Las transacciones de la Cadena Capriles y de Globovisión colocan otra vez en el tapete el ingreso de personajes de la banca y seguros en el sector mediático, como ocurrió en los años noventa. Las negociaciones están marcadas por la poca transparencia en la información 

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El jueves 20 de mayo, a las 10:26 de la mañana, una noticia escrita desde Bogotá recalentó las redes sociales en Venezuela: la Cadena Capriles, el grupo editorial fundado hace 71 años y propietario de tres periódicos –uno de ellos de gran lectura nacional–, había sido vendido por 140 millones de dólares. En la alta gerencia se preguntaron sobre la veracidad de la información, pero las dudas fueron desestimadas de inmediato por algunos de los empleados de mayor jerarquía y hasta se planteó redactar un desmentido: tal era la confianza que generó Miguel Ángel Capriles López entre sus empleados, tras 30 años en el negocio.


Sin haber superado todavía la resaca que causó la venta de Globovisión a un grupo empresarial del sector seguros –anunciada el 11 de marzo–, empleados de la compañía, periodistas de otros medios y la opinión pública venezolana pasaron el fin de semana en guardia. En horas, la situación cambiaría. Una reunión en el penthouse del edificio sede de la Cadena Capriles, en La Urbina, intentó aclararlo todo.

Capriles, heredero de una de las empresas comunicacionales más sólidas del país, anunció el lunes en la mañana a sus 12 gerentes que la transacción se había realizado el viernes y que el comprador era el banquero Víctor Vargas, dijeron fuentes internas. Fue una reunión emotiva, el joven presidente de 50 años de edad, visiblemente afectado, indicó que la decisión había sido tomada por la mayoría de los accionistas –sus 6 hermanas mayores y él– luego de diferencias sobre la venta. “Yo no quise vender. Pero no pude convencer a mis hermanas de lo contrario. Ustedes saben todo lo que le he apostado a este periódico, es la niña de mis ojos. He pasado más de 30 años de mi vida viniendo a la empresa, hasta el punto de que en las mañanas al montarme en mi carro ningún chofer me pregunta para dónde voy: saben que vengo para acá”, les dijo, con voz entrecortada.

Aunque para los reunidos el anuncio fue una sorpresa, hubo indicios de que se preparaba una venta. Desde la muerte de Carmen Cecilia López Lugo, madre del clan, en noviembre de 2012 en España, Capriles estuvo viajando con frecuencia al exterior, donde viven sus hermanas –desde hace décadas– y sus hijos –desde hace meses–. Luego, en abril, la sede de la Cadena en La Urbina recibió la visita de Vargas. El propio Capriles lo guió en un recorrido por las instalaciones, refieren algunos trabajadores. También recibieron al ex ministro de Comunicación e Información Andrés Izarra. Hace tres semanas, las vicepresidencias se eliminaron para transformarlas en gerencias generales.

Después de la reunión, como resortes de un delicado sistema de protección, se hicieron dos anuncios. A las 12:54 pm, el Banco Occidental de Descuento, propiedad del banquero señalado, publicó un tweet: “No es cierta la compra de la Cadena Capriles por parte de BOD-Corp Banca ni Víctor Vargas. No es de nuestro interés ni lo permite la Ley de Bancos”. Casi dos horas más tarde, la empresa editorial emitió un comunicado a sus trabajadores, en el que se obvia la identidad del comprador: “En fecha reciente la familia Capriles, accionista de la Cadena Capriles, recibió una oferta para la compra de toda la organización por parte de un conocido grupo inversor venezolano.  Luego de las consultas de rigor, se decidió en forma mayoritaria la venta, que fue acordada el día viernes 31 de mayo”. La entrega de la empresa se hará efectiva el 3 de agosto, se añade. En el ínterin, el Gobierno se unió a la confirmación. El Sistema Bolivariano de Comunicación e Información colocó en la red social: “Confirmada la venta de la Cadena Capriles”.

En la institución financiera también circuló una comunicación a los empleados en la que se señalaba lo siguiente: “El Banco Occidental de Descuento y su presidente, Víctor J. Vargas Irausquín, desmienten categóricamente los rumores de la supuesta adquisición de la Cadena Capriles por parte de la institución financiera. La actual Ley de Bancos limita la compra y manejo de medios de comunicación por parte de grupos financiero, por lo cual no es de nuestro interés estar inmersos en este tipo de actividades”. Vargas, actual directivo de la Asociación Bancaria de Venezuela, tiene una larga trayectoria en la banca venezolana y extranjera. En Estados Unidos fue accionista de un banco y en el país fue dueño del Grupo Cordillera, que luego vendió al Banco Latino, entidad que sucumbió en la crisis financiera de 1993. En 2008 intentó comprar el Banco de Venezuela al grupo español Santander, pero el presidente Hugo Chávez se le adelantó.

Lunes negro.
Las dos ventas de medios revelan al menos que existe opacidad informativa sobre la identidad de los compradores y los detalles de las transacciones financieras. De manera extraoficial se ha informado que la compra de la Cadena Capriles se realizó por un monto que se encuentra entre 140 y 185 millones de dólares. Asimismo, medios electrónicos indican que la televisora de La Florida se vendió por 68 millones de dólares a Raúl Gorrín, Juan Domingo Cordero y Gustavo Perdomo, dueños de la aseguradora La Vitalicia, que ya han dado declaraciones sobre sus nuevas políticas con el canal. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Dónde se efectuaron las compras? ¿Por qué en dólares, habiendo un control de cambio en el país que penaliza las transacciones en esa moneda? En el caso de Globovisión, los nombres revelan a dos generaciones unidas por un tema en común: su relación con los negocios del mercado cambiario, una en 1994 y la otra en 2008. Otros nombres se asoman. El mismo día del anuncio de la venta de la editorial Capriles, Alberto Federico Ravell, director del portal La Patilla y ex directivo de Globovisión, dijo que Samark López Bello, economista que tiene contratos con el Gobierno, también estaba interesado en la compra de medios. El periodista Leocenis García –director del diario 6to Poder– lo vincula directamente con la venta de la Cadena Capriles en su diario El Comercio, en la edición del jueves.

Otras dudas que se deben despejar son el apego de los procesos a la Ley de Instituciones del Sector Bancario, debido a que ésta prohíbe ser “organizadores de las instituciones bancarias” a quienes sean accionistas, directores o administradores de empresas de comunicación e información (artículo 19). Al menos es la interpretación que ha hecho García, quien solicitó a la Superintendencia de Bancos una investigación en el caso de Globovisión, pues considera que el sector de seguros, al que pertenecen Gorrín, Cordero y Romero, es parte del sistema bancario. Otros abogados no lo consideran así: señalan que la Ley de Seguros no prohíbe la posesión de medios a quienes se desempeñen en el ramo.

Andrés Cañizalez, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, considera que la negociación de Globovisión implica un cambio en la estructura de propiedad de los medios en Venezuela. “Esto es el retorno de los empresarios del sector financiero al tema mediático, que era muy marcado antes de la crisis de 1994. La situación cambió por la crisis y porque en 2010, durante el gobierno de Hugo Chávez, se emitió la Ley de Bancos, que excluyó esa posibilidad. Ahora se compra un medio de comunicación porque produce dinero y porque se quiere incidir en la opinión pública”.

Considera que la salida de la familia Capriles de la Cadena es un cambio de envergadura, porque permaneció en la escena informativa del país durante 70 años. “No deja de ser llamativo que la transacción se dé luego de posicionar esa tendencia de inversiones, comprar una nueva sede y modernizar la forma de hacer información”.
Al cierre de esta edición, la solicitud de entrevista con Capriles no había sido respondida.

Nuevo nombre. Samark López Bello, empresario de 38 años de edad, es el presidente de Profit Corporation, una compañía que desde 2010 –año en que compró 80% de las acciones– tiene como principales clientes  a Pdvsa, la filial Pdvsa Gas y el Ministerio de Relaciones Interiores. En la página web de la firma se detallan algunos de sus proyectos: instalación de transformadores eléctricos para el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería en Delta Amacuro y Portuguesa; y construcción de obras civiles y electromecánicas para la planta de gas San Joaquín en Anzoátegui. Saltó a los titulares de prensa cuando en 2010, en medio del escándalo por la comida vencida de Pdval, se conoció que una de sus compañías era dueña de depósitos donde se encontraron toneladas de alimentos descompuestos, según consta en la denuncia que hiciera ante la Fiscalía la entonces diputada al Consejo Legislativo de Carabobo Aura Montero. Sus negocios se expanden a Miami, donde posee cinco empresas, de acuerdo con el registro comercial del estado de Florida.
 
En La Florida es la cosa. El conocimiento sobre los detalles de la transacción de Globovisión –así como de cualquier empresa– está garantizado por la Ley de Registro Público (artículo 9): “La información contenida en los asientos de los registros es pública y puede ser consultada por cualquier persona”.  Sin embargo, según fuentes de la televisora, desde hace al menos año y medio sus abogados no tienen acceso al expediente porque las autoridades del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, se los ha negado.
Esta negativa –que no aparece de manera explícita en documento alguno sino materializada en “silencio administrativo” en cada visita al registro– les impidió a los anteriores dueños –Ravell, Guillermo Zuloaga, Nelson Mezerhane y la sucesión de Luis Teófilo Núñez– anexar actas de asambleas y consignar documentos sobre la empresa.  A  pesar de denunciar la situación ante el Saren y el ministerio, la empresa no tuvo respuesta. Al carecer de una negativa expresa del registrador, explican, la anterior administración de Globovisión tampoco pudo ejercer un recurso ante la justicia exigiendo el acceso al expediente. De esa manera no se pueden conocer detalles de la nueva composición accionaria, la directiva, el monto de la compra y los permisos otorgados por el Estado para funcionar, entre ellos el de Conatel.
En este punto la Ley de Telecomunicaciones indica que la concesión es personalísima y no puede ser transferida. Sin embargo, fuentes legales señalan que la ley también permite a Conatel aprobar la continuación de la concesión porque ésta recae en la misma empresa (Corpomedios), que ahora tiene una nueva composición accionaria. Al tomar posesión del canal, Cordero, Gorrín y Perdomo debieron recibir el permiso de Conatel. Pero se conoció que la consultoría jurídica de Globovisión no ha recibido el documento del ente regulador, que tampoco ha informado oficialmente del asunto. Otro elemento sobre el cual ninguna autoridad ha declarado es la legalidad de la compra a la luz de la Ley de Bancos.
Para Marcelino Bisbal, director del posgrado en Comunicaciones de la UCAB, queda claro que los compradores tienen nexos con el sistema financiero y el Gobierno. “Si no es así, ¿cómo se explica que se salten las leyes?”.