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La tortura: una marca que no se borra

La tortura: una marca que no se borra

La tortura: una marca que no se borra

Internacionalmente es uno de los delitos más graves. En Venezuela, las organizaciones de derechos humanos la consideran una práctica institucionalizada en cuerpos policiales y militares. La impunidad ha protegido  a los torturadores y el Estado está en mora con el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas. Expertos advierten que la complicidad y el encubrimiento son castigados penalmente

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" El miércoles 5 de marzo, a las 8:00 de la mañana, salgo en autobús de mi casa en Los Teques para mi trabajo en el local mexicano de la feria de comida de La Cascada. Cuando llego veo que hay guardias nacionales en la pasarela de Carrizal y ya se escuchaban detonaciones.

Había una protesta un poco agresiva, de parte y parte, tanto de los manifestantes como de la guardia. Como a las 2:30 de la tarde nos dicen que nos vayamos porque la cosa se está poniendo intensa, pero ya las puertas para ir a la calle están cerradas y varios empleados nos quedamos atrapados en el estacionamiento. No han pasado ni 20 minutos cuando motorizados de la guardia con parrilleros pasan por la avenida disparando perdigones hacia La Cascada. Mucha gente sale corriendo y yo me lanzo al piso. Cuando me estoy levantando una moto entra al estacionamiento. Disparan contra los empleados y también contra mí, pero no me dan. Salgo corriendo y llegan otras dos.

`Ahí, ahí, dispárale’, se decían los guardias entre ellos. El tercero logra darme en el brazo y en la nalga. Sigo corriendo. El dolor se puede soportar y me deja alejarme, pero me tropiezo y caigo. En el suelo levanto la mirada y veo que me rodean los guardias que se habían bajado de la moto. Me golpean en las costillas con los puños y cuando ya me tienen detenido me llevan ante otro de ellos que se pone a 50 centímetros de mí, o menos, y sin decir nada hace una detonación a quemarropa en mi ingle derecha.

"Buscan una moto, me montan entre dos y me apuntan a la cabeza con un arma de fuego. No iba esposado. Intentan salir, pero el vigilante les dice que no puede abrir, y es cuando me sacan caminando. Me tienen rodeado entre ocho o nueve guardias; ya me costaba caminar. Ellos se reúnen afuera para ver qué van a hacer conmigo, pero no podía escucharlos. Alrededor tengo un grupo de motorizados que parecen de colectivos y que empiezan a gritar que me dejarán ahí para que me muera desangrado, que ellos me iban a matar a coñazos y a dar con las motos.

"Los guardias deciden ponerme las esposas y transportarme en una camioneta doble cabina hasta el hospital Victorino Santaella. Ahí me roban el dinero en efectivo que llevaba, una cadena de plata y me quitan dos celulares que me devolvieron después. En el camino se van burlando de mí, diciendo con risitas que no iba a tener familia y que nunca iba a poder tener hijos porque pensaban que el disparo me había dado en mis partes íntimas. También me decían que si me moría desangrado me iban a dejar tirado porque no querían muertos dentro del carro.

"Me bajan en el Victorino y no dejan que los camilleros de la emergencia vengan a buscarme, sino que me obligan a ir trotando hasta la camilla.

Ya tenía el pantalón todo ensangrentado y el zapato enchumbado de sangre. Me dolía mucho y cada paso que daba dejaba una huella roja. Los guardias se rehúsan a quitarme las esposas porque pretendían que me medio suturaran para llevarme con ellos, pero los médicos y enfermeros exigen que me las quiten. Ya no sé decir qué más pasó porque me llevaron a quirófano".

Moisés Guánchez, de 19 años de edad, habla por teléfono desde su casa. Está de reposo, toma tres tipos de antibiótico y tiene una vena de la pierna derecha severamente comprometida. Por la gravedad de su caso, la audiencia se hizo en el propio hospital: juez, fiscal y abogados se trasladaron a la habitación 826 del Victorino Santaella el viernes 7 de marzo. En el informe policial lo imputaban del robo de 2 motocicletas Empire ­una roja y una naranja­ y de llevar 19 bombas molotov, 2 miguelitos, 30 mechas de alambre de púa y una máscara de gas en su morral.

Ese mismo día retiraron todos los cargos y quedó con libertad plena.

"Mi decisión es llegar hasta el final y que guardias nacionales paguen. El delito calificaba como tortura, me explicó mi abogado", dice el muchacho. "Hicimos la denuncia en la propia audiencia. Le pedimos a Moisés que diera su testimonio y a la juez que oficiara al Ministerio Público y así lo acordó. Aún no consta en el oficio que se haya informado a la Fiscalía, pero el fiscal estaba presente.

Eso dura unos días porque se hizo a mano en un hospital, pero como estos son delitos de acción pública no requieren una denuncia por escrito en la Fiscalía. Con que sean conocidos por cualquier medio tienen la obligación de investigarlo de oficio", señala el abogado del caso, Nizar el Fakih.

Complicidad

A Guánchez nunca le pidieron confesión alguna, pero no por ello dejó de sentir que fue torturado. Lo asisten legalmente voluntarios del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y están convencidos de que eso fue exactamente lo que le hicieron al joven.

La Ley Especial para Prevenir Torturas y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada en julio de 2013 por la Asamblea Nacional, no deja lugar a dudas: se puede calificar de torturadores a los funcionarios que perpetran actos brutales contra terceros para extraerles información, para forzarlos a responsabilizarse de delitos no cometidos, para castigarlos, intimidarlos, coaccionarlos o para lograr cualquier otro propósito como aterrorizar a un grupo específico.

El debate sobre las denuncias ­más de 40, según el Foro Penal­ llegó a un clímax el sábado pasado, cuando Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, dio una definición de tortura que solo abarcaba a quienes usaban la fuerza de manera inhumana para obtener confesiones. Más tarde, a través de su cuenta en Twitter, fue más enfática: "Para quienes creen todo lo que leen, ¡la tortura es el acto más abominable en el que puede incurrir un uniformado! Venezuela castiga a los torturadores con penas de 25 a 30 años. Es vital distinguir tortura de tratos crueles para imponer penas justas".

Sin embargo, la explicación incompleta de la funcionaria encargada de velar por los derechos humanos ­cuyo período de funciones vence este año­ reavivó el debate sobre las deudas pendientes de las instituciones del Estado para erradicar la tortura como práctica de los cuerpos militares y policiales, eliminar la impunidad, adoptar las recomendaciones internacionales y evitar los mensajes de las autoridades que los agentes del orden puedan interpretar siquiera como guiños de complacencia.

Las instancias del Estado no divulgan estadísticas específicas sobre ese tipo de delito ni siquiera en los informes que remiten a la Relatoría de Torturas de la ONU. Organizaciones como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, sin embargo, consideran la tortura como un "patrón de acción recurrente e institucionalizado". Un dato basta para ilustrar el punto: solo esa ONG recibió entre 2003 y 2013 un promedio de casi 30 denuncias anuales por ese tipo de delito y por tratos crueles ­una categoría que se diferencia por una línea muy sutil que para muchos expertos depende del grado de indefensión de la víctima y de la envergadura del daño­. Ninguno de los torturadores o maltratadotes de las personas a las que los activistas de la red brindaron asesoría legal y psicológica recibió castigo del sistema de justicia.

"No hubo ni una sola condena", confirma Diana González, miembro de la red. La mayoría de los involucrados eran funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de la GNB y de la extinta Policía Metropolitana y las víctimas eran jóvenes de los sectores populares.

Los abogados del Foro Penal advierten una diferencia con los casos que ellos han manejado: aunque los afectados también son jóvenes, han sido detenidos en protestas políticas, lo cual consideran grave. Tampoco es la primera vez que sus representados son víctimas de la impunidad. "Ayudamos a 187 personas que fueron aprehendidas el año pasado en protestas después de las elecciones presidenciales de abril.

Muchos denunciaron torturas semejantes y las investigaciones ni siquiera comenzaron", dice Gonzalo Himiob, directivo de la organización, y añade: "El problema es que, como se trata de funcionarios, sus acciones comprometen la responsabilidad del Estado. La fiscal y la defensora están protegiendo al Estado, no al ciudadano. Junto con el asesinato con fines políticos y el genocidio, la tortura es uno de los delitos más graves internacionalmente".

El caso de José Alejandro Márquez es uno de los más delicados sucedidos en las últimas cinco semanas. El ingeniero fue detenido el 19 de febrero en Candelaria por la GNB. Le quisieron quitar el celular en el que grabó una operación represiva en la zona y al huir cayó en el piso de frente.

Pudo incorporarse, según testigos, pero los militares que lo aprehendieron, sin embargo, lo llevaron al hospital Vargas con una fractura en la parte posterior de cráneo, por lo que su familia presume que pudo ser víctima de una golpiza que terminó matándolo. "En el acta del caso de Márquez están los nombres de todos los guardias nacionales acusados de haberlo golpeado y ninguno de ellos ha sido citado a declarar", confirma Himiob, quien representa a los parientes de Márquez.

Las denuncias han sido cuestionadas por voceros como Miguel Rodríguez Torres, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que las ha calificado de "show político". La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó, por ejemplo, dudas con respecto a que la punta de un fusil hubiese sido introducida en el ano de Juan Carrasco, estudiante hispano venezolano detenido en Valencia por la GNB el 13 de febrero. La funcionaria y la defensora Ramírez insistieron durante casi un mes en que no habían recibido denuncias en sus despachos y solo fue los días 6 y 7 de marzo cuando finalmente concretaron reuniones con el Foro Penal para pedir la información.

Juan Méndez, relator especial de la ONU para la tortura, no lo hizo así: una semana antes de esas reuniones anunció que había recibido denuncias procedentes de Venezuela y que daría al Estado un plazo de 60 días para contestarlas. Esta semana en Ginebra adelantó información sobre el caso venezolano. La defensora Ramírez aseguró que el relator había dicho que solo dos o tres denuncias habían sido presentadas, pero Delphine Patetif, activista de una organización francesa de derechos humanos, precisó que Méndez dijo que había tres posibles casos de tortura y que aún le restaba analizar los demás expedientes.

Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace una consideración que no se puede perder de vista: "La tortura es un delito con jurisdicción universal. Las personas que están manejando el asunto en Venezuela lo deben ver con mucho cuidado, porque no adoptar las medidas para investigar, sancionar y evitar la repetición de los hechos puede comportar responsabilidad penal por complicidad o encubrimiento.

Cualquier Estado puede reclamar la jurisdicción para conocer de los hechos, así le pasó a Augusto Pinochet en el Reino Unido". Al ex presidente chileno lo juzgaron por dos casos de tortura.

Mora e invisibilización

El Estado venezolano tiene 10 años de mora con el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. En 2004 debía rendir cuentas sobre lo que ha hecho para cumplir con los compromisos que contrajo en 1991, al firmar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes. El 11 de septiembre de 2012 presentó un informe correspondiente al lapso entre 2002 y 2011, el cual será evaluado en el 52º período de sesiones del Comité, que se llevará a cabo del 28 abril al 23 mayo en Ginebra.

El avance más concreto reportado por el Estado hasta ese informe fue la tipificación de la tortura como delito específico en la legislación venezolana, sancionado con prisión de tres a seis años, mediante la reforma del Código Penal en 2005, así como un nuevo tipo penal denominado quebrantamiento de pactos internacionales, sancionado con arresto de uno a cuatro años.

Se supone que con esa reforma ­previa a la aprobación de la ley especial de 2013­ los fiscales y jueces podían actuar con más contundencia. Sin embargo, en el informe estatal no se precisa cuántas personas han sido efectivamente sancionadas por incurrir en torturas.

Sólo se refieren estadísticas genéricas de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público que indican que, entre 2000 y 2011, 636 funcionarios fueron condenados "por delitos que a su vez constituyen violaciones de los derechos humanos como lesiones, tortura, desaparición forzada, privación ilegitima de libertad y homicidio".

En el informe alternativo que elaboró el Foro por la Vida ­coalición de 15 organizaciones de derechos humanos fundada en 1997­ ,y que consignó ante la ONU en febrero, se denuncia que al no presentar registros detallados de casos de tortura "el Estado no ha cumplido con la recomendación hecha por el Comité en 2002, ni con la solicitud expresa de agosto de 2010, hecha en la lista de cuestiones a abordar, permaneciendo una situación de invisibilización de los casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de sus presuntos perpetradores, de las sanciones impuestas y del perfil de las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos".

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz no ha presentado ante el Comité el informe alternativo más reciente, aunque ya está elaborado; sin embargo, en el de 2007 advertía sobre problemas que aún persisten como la existencia de "un amplio subregistro" relacionado con la voluntad de las víctimas a denunciar. La organización reconoce que el Estado ha hecho un gran avance con el cambio del modelo policial, que ha implicado la instauración de normas sobre uso progresivo y proporcional de la fuerza para todas las policías.

No obstante, temen que el uso de militares no entrenados en labores de orden público y seguridad ciudadana dé al traste con los progresos.

Para el período de nueve años que evaluará la ONU, el Estado refirió en su informe solo dos sentencias condenatorias por el delito de tortura y ocultó la identidad de los seis funcionarios responsables, al referirse a ellos con las iniciales de su primer nombre y su primer apellido. En el primer caso se indica que tres funcionarios pertenecían a la policía estadal de Aragua y en el segundo no se precisa la adscripción.

El Foro por la Vida considera que la invisibilización de la tortura en las estadísticas del Ministerio Público constituye un mecanismo de impunidad. A modo de ejemplo, señalan que "la palabra tortura no se menciona ni una sola vez en los informes de 2012 y 2013, excepto para referirse a la comisión para conocer los homicidios, torturas y desapariciones forzadas de venezolanas y venezolanos durante las décadas de los sesesenta, setenta, ochenta y noventa, creada por la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958-1998.

La Defensoría del Pueblo también presentó un informe que tampoco tiene dato alguno sobre los victimarios y las víctimas de tortura. El documento tiene 13 páginas y la mitad está dedicada a destacar la sanción y promulgación de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, vigente desde el 22 de julio de 2013.

Sobre el nuevo instrumento legal, el Foro por la Vida observa que "resulta imposible determinar hasta qué punto la normativa existente es consistente con políticas y prácticas que garanticen la investigación y sanción de los responsables de delitos relacionados con los asuntos de interés para el Comité, tal como se deriva del artículo 4 de la Convención" La misma Defensoría del Pueblo da sustento a las dudas de la coalición de ONG defensoras de derechos humanos en Venezuela al señalar que "solo 18% de las víctimas de delito manifestó haber recibido apoyo institucional después de haberse cometido el delito y no más de 15% del total de la población mencionó como apropiado el apoyo recibido, todo ello a pesar de la existencia de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales".

Siempre en forma genérica, el despacho dirigido por Gabriela Ramírez admite que "aún persisten técnicas de investigación y modelos de actuación, aprendidas a lo largo de una tradición de servicio, que se alejan de los postulados constitucionales y legales, así como de la orientación de la política del Estado, favoreciendo la ocurrencia de episodios de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes".

El Foro por la Vida es más preciso en la denuncia de las fallas de la institución encargada de velar por el efectivo ejercicio de los derechos humanos: "La Defensoría del Pueblo no ha intervenido judicialmente en un solo caso sobre derechos humanos ni ha estimulado la ratificación de instrumentos regionales e internacionales de protección de derechos humanos. Su acción se ha centrado en servicios públicos, principalmente prestados por particulares, no por el Estado. En sus informes, los análisis y recomendaciones no toman en cuenta los estándares internacionales aplicables".

Los que esperan

El miércoles 1° de marzo de 2000 José Francisco Matheus estaba en su casa en Maracaibo cuando una comisión de 10 funcionarios de la Policía del Zulia se lo llevó.

No tenían orden de detención ni de allanamiento. Tampoco le dijeron por qué lo aprehendían. Solo cuando un vecino preguntó le informaron que era por el secuestro de la doctora Maritza Serizawa.

A Matheus lo ruletearon por varios lugares hasta que lo llevaron a la División de Investigaciones Penales de la Policía Regional. Allí lo torturaron: quemaduras en la piel, descargas eléctricas, vendaje de los ojos, colocación de bolsas plásticas en la cabeza, simulacro de ejecución. Todo para que confesara dónde estaba Serizawa, una mujer que jamás en su vida había visto. Lo recluyeron en el Retén El Marite sin orden judicial ni audiencia. Allí estuvo 11 días encerrado en una celda oscura, incomunicado. El entonces prefecto, Giancarlo Di Martino, ordenó su libertad.

Ninguna investigación relacionó a Matheus con el secuestro de la doctora. El 14 de marzo de ese año él interpuso una denuncia en la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para pedir una investigación por las violaciones de derechos humanos en su contra. Han pasado 14 años y 2 días desde que Matheus solicitó justicia al Estado venezolano y su juicio ha sido diferido más de 50 veces.

Sin embargo, el proceso continúa porque el Tribunal Supremo de Justicia, al pronunciarse sobre uno de los expedientes del Caracazo, determinó que las violaciones de derechos humanos no prescriben.

Matheus está haciendo un diplomado en Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo. A veces, cuando va a recibir clases, trata de conversar con algunos defensores y les narra esa historia que sabe de memoria: de nuevo los golpes, el olor de la celda, el retraso y las omisiones del Estado.

"Una vez le contaba mi caso a una defensora y bostezó. Le llamé la atención. Estaba muy desanimada y yo lo consideré una falta de respeto", dice Matheus. "Hasta ahorita no hemos tenido respuesta de la Defensoría ni de la Fiscalía. Ha sido una mamadera de gallo, difieren el juicio, cambian al juez. He sido doblemente victimizado: por el Estado y por los funcionarios policiales", señala.

De los 10 policías acusados por lesiones intencionales gravísimas y abuso de autoridad ­aún no estaba tipificada la tortura en la legislación venezolana­, solo quedan 3 activos. Los demás están retirados, muertos o presos, precisa la víctima.

En este proceso agotador, Matheus ha sido acompañado por la Red de Apoyo, que lo ha ayudado psicológica, social y jurídicamente. Ellos, ante la falta de respuesta de las instancias venezolanas, llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 25 de noviembre de 2009. El 8 de diciembre del mismo año recibieron acuse de recibo.

Sobre las denuncias de tortura de este mes de protestas, Matheus no tiene mucha información. Solo sabe lo que lee en los diarios regionales y prefiere ser prudente. "Yo soy Ni-Ni, como muchos venezolanos. Pero, disculpe la expresión, la Defensoría es muy poco diligente. Dicen que la de Caracas funciona mejor. En 2001 le hicieron seguimiento a mi caso, pero desde 2006 o 2007 no volví a saber más de ellos".

El 24 de este mes tiene fijada ­otra vez­ la audiencia para un juicio que a casi 15 años es una marca que no se borra.

Tortura: son actos por los cuales se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

Ley Especial para Prevenir Torturas y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea Nacional en 2013: "La tortura es un delito con jurisdicción universal. Las personas que están manejando el asunto en Venezuela lo deben ver con mucho cuidado, porque no adoptar las medidas para investigar, sancionar y evitar la repetición de los hechos puede comportar responsabilidad penal por complicidad o encubrimiento"

Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

" Para quienes creen todo lo que leen, ¡la tortura es el acto más abominable en el que puede incurrir un uniformado!"

Gabriela Ramírez, defensora del pueblo

" La Defensoría del Pueblo no ha intervenido judicialmente en un solo caso sobre derechos humanos ni ha estimulado la ratificación de instrumentos regionales e internacionales de protección de derechos humanos"

Foro por la Vida, informe consignado ante  la ONU en febrero

Cifras

23 años de presidio es la pena máxima que puede recibir un funcionario que incurra en el delito de tortura. La condena mínima es de 13 años de cárcel

12 años de cárcel puede ser la condena más prolongada que cumpla un servidor del Estado que encubra los delitos de tortura u obstaculice las investigaciones

Fuente: Observatorio venezolano de Conflictividad Social


Las voces oficiales

Nicolás Maduro, Presidente de la República

21 de febrero

"En Venezuela no se tortura ni se violan derechos y si algún funcionario se descubriera investigamos al funcionario y se lo entregamos a la Fiscalía.

Aquí se respetan los derechos humanos".


Miguel Rodríguez Torres, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz

10 de marzo

"No hay justificación para torturar a nadie. La tortura no se justifica bajo ningún criterio y menos de un gobierno revolucionario. Somos bastante

estrictos con los funcionarios"


Gabriela Ramírez, Defensora del pueblo

8 de marzo

"Fíjense, la tortura tiene un sentido, por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos, la tortura se emplea para obtenerse

le inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión, y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza"


Luisa Ortega, Fiscal general de la República

24 de febrero

"¿Ustedes creen que una persona que haya sido violada, o sea, que le hayan introducido por el ano la punta de un fusil, pueda sentarse en la audiencia

presentación? Qué desagradable hablar de esto, pero hay que hacerlo"


Carmen Meléndez, Ministra de la Defensa

7 de marzo

"Han usado hasta ballestas en contra de nuestros guardias nacionales. La Guardia Nacional lo ha hecho muy bien, cumpliendo las instrucciones de

nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro"


El mandato de la celeridad

La cita corresponde al párrafo 79 del Protocolo de Estambul, un minucioso manual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: "Los Estados velarán porque se investiguen con prontitud las quejas o denuncias de tortura o maltrato. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de eventuales torturas o maltratos". El exhorto es explícito y para muchos activistas contrasta con las declaraciones que durante tres semanas dieron Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, y Gabriela

Ramírez, defensora del pueblo, acerca de que en sus despachos no se habían presentado denuncias concretas.

El silencio no fue lo que marcó el período. Tan pronto como el pasado 14 de febrero el Foro Penal reportó que en los dos días previos habían sido detenidas 125 personas, muchas de las cuales denunciaron que fueron torturadas, por ejemplo, con golpes y descargas eléctricas, organizaciones de derechos humanos como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Provea y Cofavic emitieron comunicados en los que solicitaron averiguaciones. Las propias víctimas acudieron a medios de comunicación para acusar en público a sus agresores, y abogados del Foro Penal insistieron en que tenían casos documentados que harían llegar a instancias como Naciones Unidas. Los detenidos  ­según los abogados que los han asistido­ dieron sus versiones en las audiencias de presentación y hubo jueces que pidieron averiguaciones.

La Defensoría del Pueblo presentó el 8 de marzo un informe sobre sus actuaciones en febrero en el que señala que el personal de la institución tuvo conocimiento de 44 casos, cuyas averiguaciones encuadran supuestamente en la categoría de tratos crueles, degradantes e inhumanos, pero ninguno

como tortura. Los datos fueron recogidos en las inspecciones en centros de detención. Solo fue el 25 y 26 de febrero cuando defensores delegados hicieron las primeras visitas a las organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Foro Penal, con cuyos representantes Ramírez se reunió finalmente a principios de marzo. En el documento se urge al Ministerio Público a priorizar las averiguaciones sobre torturas y se señala que las investigaciones de oficio no pueden comenzar sobre la base de comentarios anónimos de redes sociales.

En el informe se cuestiona que las víctimas asistidas por esa ONG se hubiesen realizado exámenes con médicos privados y les insta a acudir al Ministerio Público para que se les ordenen pruebas por especialistas del Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, que tendrían valor en tribunales. La respuesta ha sido la misma de los voceros de la organización: las pruebas no fueron ordenadas oportunamente por las autoridades que

conocieron los casos en las audiencias respectivas o no fueron exhaustivas cuando se realizaron. El Comité de Torturas de la ONU reconoce que los exámenes privados como segunda opinión son un derecho que asiste a los afectados.  Ortega Díaz declaró el 25 de febrero que había constituido un equipo para la atención inmediata de denuncias de torturas y ha insistido en que el organismo se esforzará por castigar a violadores de derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello publicó esta semana un informe basado en entrevistas a denunciantes entre los que se encuentra un joven detenido el 28 de febrero en los Altos Mirandinos por la Guardia Nacional Bolivariana: "Cuando fue aprehendido lo atropellaron con la moto y llegaron varios a golpearlo con los rolos en la cabeza y espalda, por lo que perdió el conocimiento. Fue despertado con descargas eléctricas mientras estaba en la calle. Lo llevaron al autobús en una moto y ahí lo golpearon con los cascos en el recorrido hacia el Destacamento de la GNB".

Víctimas como ese joven hicieron parte de una campaña, que tomó años enteros a activistas de derechos humanos, para lograr la aprobación de una ley especial. Jean Mijares, que fue torturado por funcionarios de la extinta Policía Metropolitana en 2006, superó el horror y puso su rostro en las iniciativas de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz a favor de exigir al Estado medidas para erradicar esa práctica. Los hechos de febrero y marzo constituyen una oportunidad para aplicar la legislación y superar la impunidad.