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Los sin techo de la OLP

En los últimos 3 meses se han realizado más de 80 incursiones de la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo en barrios y comunidades de todos los estados del país. Durante estos operativos más de 2.357 familias han sido despojadas de sus viviendas. Es una orden que no obedece a la Constitución, sino a un mandato del presidente Nicolás Maduro de quitar apartamentos a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela que presuntamente estén involucrados en delitos. Pero los desalojos no solo se practican en urbanismos construidos por el gobierno. En Brisas del Hipódromo, en el sur de Valencia, fueron destruidas casi todas las casas, algunas construidas hace 10 años. Especialistas advierten que, además de violar los derechos humanos, con estos operativos se está criminalizando la pobreza 

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Brisas del Hipódromo es un pueblo de desterrados. En este barrio del sur de Valencia solo quedan escombros, columnas fracturadas y algunas familias que se refugian entre cartones, tablillas y trozos de zinc. RP, una mujer de 26 años de edad, duerme en el día debajo de dos láminas metálicas que eventualmente se tambalean debido a los ventarrones. “Descanso antes de que oscurezca porque en la noche tenemos que cuidarnos de los militares, algún choro y de las picaduras de los insectos”, expresa. Su rutina es seguida por el resto de los pobladores que no pudieron hallar otra morada después de que la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) llegó a la zona y destruyó sus viviendas.

El desastre sobrevino entre el 17 y el 20 de agosto,  y desde ese momento los habitantes de Brisas del Hipódromo son nómadas. La operación militar despojó de sus casas, sin orden de allanamiento, a 436 familias, 103 de las cuales fueron albergadas en el Centro por la Paz y la Vida de la parroquia Miguel Peña (Valencia), a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular de la Gobernación de Carabobo, con la promesa de reubicarlas en apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y las demás  acudieron a hogares de parientes o permanecieron entre las ruinas del barrio. Según Francisco Ameliach, gobernador del estado, en el procedimiento fue muerto un presunto delincuente, Edinson Joel Piña, deportados 31 colombianos y desalojada una invasión: Brisas del Hipódromo. Pero las declaraciones oficiales son negadas por un vocero de la localidad: “Fuimos censados cinco veces por la Misión Vivienda para adjudicarnos apartamentos en el complejo habitacional Ciudad Chávez. Además, contamos con el Consejo Comunal Manuela Sáenz debidamente registrado. Si fuéramos invasores, pues no hubiésemos podido crearlo”.

Pese a que la OLP fue anunciada el 13 de julio por el presidente Nicolás Maduro para supuestamente desmantelar bandas de paramilitares en el país, sus objetivos se han diversificado y se ha aplicado contra el desabastecimiento –que implicó cerrar la frontera con Colombia–, la inseguridad ciudadana y la “recuperación de viviendas”. Desde que se implementaron estas operaciones hace 3 meses se han practicado más de 13.000 allanamientos sin orden judicial, demolido 936 viviendas y “recuperado” más de 1.420 otorgadas inicialmente por el gobierno a familias damnificadas, según datos de Provea.  Es una acción que cuenta con simpatizantes y detractores. De acuerdo con una encuesta de Hinterlaces a 1.100 personas entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, 78% de los consultados apoyaría esas operaciones militares, mientras que un sondeo de Venebarómetro entre 1.200 ciudadanos del 5 al 15 de septiembre señala que 57,5% de los interrogados considera que esos procedimientos irrespetan los derechos humanos.

En Brisas del Hipódromo califican la operación militar de represalia por denuncias contra el gobierno. “Estos terrenos estaban en la mira de la Gobernación de Carabobo y Pequiven desde el año pasado, pues en varias ocasiones fuimos visitados por funcionarios de esas instituciones con el fin de indicarnos que necesitaban estas tierras para construcciones. Incluso en una ocasión nos quitaron la luz e intentaron intimidarnos. La OLP fue solo una excusa para terminar de desalojarnos”, afirma un dirigente del consejo comunal, que muestra las cartas entregadas en varias fechas al Despacho de la Presidencia de la República, el Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos gubernamentales, para informar sobre la situación.

Ahora ha vuelto a acudir a instancias del Estado. “Hemos recorrido muchos ministerios y organismos para denunciar todo lo que nos hicieron en la OLP. Pero nadie nos protege, ni siquiera la Defensoría del Pueblo, donde colocamos la denuncia en agosto”, explicó uno de los vecinos. 

Aunque ninguno de los habitantes de Brisas del Hipódromo se atreve a identificarse por miedo a otras represalias, ofrecieron sus testimonios a la prensa y a Provea. Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG, considera que lo ocurrido en esa comunidad fue una violación de los derechos humanos: “No debían ser objeto de desalojos forzosos. El Estado no ofreció reubicarlos, pese a que muchas viviendas tenían entre 10 y 5 años de construidas. Los desalojos de familias se hicieron a las 4:00 am, en la madrugada, violando la Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas. Este es un patrón que se observa en casi todas estas operaciones militares”, señaló.

No solo las viviendas fueron derribadas en ese barrio. Las iglesias evangélicas, un taller mecánico, las bodegas y los puestos de comida también se convirtieron en escombros. En las paredes rotas fueron escritos los artículos 47, 51, 82 y 115 de la Constitución como recordatorio de los derechos al hogar doméstico y su inviolabilidad sin orden de allanamiento, la petición de información pública, la vivienda y la propiedad, que olvidaron los militares que ejecutaron la OLP. Los vecinos hacen hincapié en el último de esos derechos para señalar que “se prefirió acabar con el barrio” antes que expropiar y reubicar en otras casas a los afectados. Pero este apunte escrito con spray poco intimida a los militares, que todavía circulan por los predios de Brisas del Hipódromo.

Esa es solo una de las comunidades arrasadas por las OLP. Los barrios El Bolivariano, El Cují, Bosque Verde y La Ensenada –fundadas hace más de 25 años en el kilómetro 3 de la carretera Panamericana, estado Miranda– también presenciaron la caída de más de 200 casas durante una de las operaciones militares el 24 de julio. 

 

Sin documentos de propiedad. “Aquí estamos, viviendo prestados. Nos dan las casas y nos las quitan cuando les provoca”, dice PR, una mujer que durante una OLP fue despojada de su apartamento de la Misión Vivienda en el urbanismo Argelia Laya, en la parroquia San Pedro de Caracas. 

La decisión de despojar de las viviendas otorgadas por el programa social es del presidente Nicolás Maduro. “Aquel que utilice su casa de la Misión Vivienda para atracar, para bachaquear o para narcotráfico ya se las voy a quitar como se las estoy quitando y se la voy a entregar a una familia que quiera trabajar, prosperar y vivir en paz, y además van a ir presos, o la paz o la paz, no tenemos alternativa”, dijo en referencia a la OLP el 27 de julio. Pero ya en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Vivienda y Hábitat de 2014 se evidencia que hubo un chequeo de los propietarios de los apartamentos otorgados por el gobierno. El año pasado se estableció el “proceso de verificación de las familias beneficiadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela”, supuestamente para monitorear la presencia de las familias y para alertar “al poder popular sobre los actos delictivos con la vivienda”.

En ese proceso fueron revisadas 15.659 viviendas en urbanismos de Miranda y Distrito Capital. De esa cantidad, 93% presentó “regularidad” en cuanto a la permanencia de las familias en sus apartamentos, según datos oficiales.

La orden del jefe del Estado se cumple sin miramientos durante los operativos y deja sin hogar a familias completas, sin discriminar entre culpables e inocentes. El 30 de septiembre María Hernández se quedó en la calle.  Guardias nacionales fueron a su apartamento, el 307-A, para desalojarla. “Revolvieron mi casa sin orden de allanamiento. No encontraron nada, pero igual nos sacaron a todos. Dijeron que iríamos presos si volvíamos a entrar, pues nos acusarían de invasores”, afirma.

Hernández, su nuera, su sobrino y uno de sus nietos duermen ahora en el patio de la torre A del urbanismo José Félix Ribas de la GMVV en la avenida Nueva Granada de Caracas. Comparten el espacio con otras tres familias que también fueron desalojadas de manera forzosa de sus apartamentos durante la OLP. Aunque tienen las llaves de los apartamentos adjudicados no poseen los documentos de propiedad, como ocurre con todos los beneficiarios del programa social bandera del gobierno. “Volví a perder todo. La primera vez que me quedé en la calle fue cuando se cayó mi casa, en Artigas, durante las lluvias de 2010. Antes de que el gobierno me diera un apartamento pasé tres años en el refugio del Ministerio de Cultura, y ahora me lo quitan sin motivo alguno”, agrega.

En el operativo practicado en el urbanismo José Félix Ribas desmantelaron la banda Los Toyoteros, liderada por alias Satanás y dedicada al tráfico de drogas, según información publicada por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como por medios de comunicación. “Se llevaron detenidos a todos los hombres, a las 7:30 de la mañana, y los soltaron a las 9:00 de la noche. No hubo fuerza que se opusiera a los guardias nacionales, solo éramos mujeres y niños. Mi esposo, Celso Villegas, y mis dos hijos, Jhonny Villegas y Anthony Villegas, aún permanecen detenidos”, dijo Hernández. La comunidad recoge firmas para indicar que los detenidos no estaban involucrados en delitos.

Lo mismo ocurrió en los edificios de la GMVV en Montalbán III, en Caracas. El 27 de julio el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que un grupo de 854 militares acudió a 3 torres del complejo urbanístico y detuvo a 212 personas (26 de ellas colombianas), incautó droga, recuperó 31 motocicletas robadas y desalojó 21 viviendas que aún se encuentran desocupadas. 

 Yahir Muñoz, viceministro de Política Interior y Seguridad del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, afirmó que esas viviendas serán “reasignadas a ciudadanos de bien”, pues supuestamente eran utilizadas para cometer delitos. “Habían sido ocupadas para realizar actividades ilícitas, y el presidente nos ha pedido que las regresemos al pueblo”, declaró el 2 de septiembre en rueda de prensa. En San Pedro y Montalbán aún no han sido reasignados los apartamentos desalojados. El Nacional solicitó información sobre las más de 80 OLP que se han realizado en los últimos tres meses y una entrevista al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, pero no ha obtenido respuesta. 

 

Alejados de la pacificación. La Cota 905, en Caracas, no ha podido librarse de disparos, asesinatos y robos. Ni siquiera después de la aplicación de 2 OLP, además de otras 13 incursiones policiales efectuadas desde el 13 de julio, cuando en ese barrio se inauguró la operación militar. “Contabilizamos 25 muertes producto de acciones policiales y 90 viviendas allanadas de forma ilegal”, indica Rodríguez.

RO, habitante del barrio, siente miedo de hablar sobre esas operaciones. La comunidad se ha replegado en sus casas: “Tenemos más terror de las OLP que de los malandros. La policía nos amenazó, hubo rumores de que nos desaparecerían si nos poníamos en su contra. Los últimos dos meses han sido de silencio, solo se escuchan tiros cuando vienen al barrio y eso lo suelen hacer por sorpresa”.

Los delitos tampoco han cesado desde la intervención policial. El 24 de agosto fue hallado el cadáver de un escolta de los propietarios de Delicatesses Rey David. El cuerpo tenía 70 tiros y estaba quemado; y casi un mes después, el 21 de septiembre, murió en el barrio Josan Gerbasi, de 8 años de edad, debido a una bala perdida.

Las únicas viviendas destruidas después del inicio de la operación militar corresponden al sector El Plan. El 30 de septiembre 10 casas se incendiaron en esa zona. Según informe de Provea, RR, uno de los propietarios de las estructuras afectadas, indicó a la ONG que el siniestro fue provocado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas: “Fui víctima de las malas actuaciones policiales. Perdí mi casa totalmente... Fui avisado por mi esposa, a las 11:30 de la mañana, de que estaban incendiando unas casas… La vecina a la que le quemaron la primera casa denunció a los policías en la Fiscalía y directamente al Cicpc. Los funcionarios eran del Cicpc identificados. La casa de alimentación también fue afectada por el incendio y en la primera OLP, que fue el 13 de julio, fue saqueada por funcionarios”. Las denuncias reposan además en la Defensoría del Pueblo, y se investigan las causas del incendio. Mientras tanto, sus antiguos habitantes no tienen un techo donde salvaguardarse.