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La soya perdida del Abreu e Lima

Un botadero de semillas de soya importadas desde Brasil fue localizado en un terreno baldío de Caico Seco, en el municipio Aragua / Raúl Romero

Un botadero de semillas de soya importadas desde Brasil fue localizado en un terreno baldío de Caico Seco, en el municipio Aragua / Raúl Romero

El complejo  agroindustrial José Abreu e Lima, en Anzoátegui, es uno de los más importantes  proyectos de cooperación binacional entre Venezuela y Brasil. La propaganda  oficial contrasta con los documentos que reflejan pérdida en las cosechas,  compra de maquinarias inadecuadas y retraso en la ejecuciónde las  obras

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Las semillas podridas de soya se encuentran tiradas en un terreno baldío de Caico Seco. Las moscas revolotean alrededor de los sacos, que despiden un hedor penetrante en  esa población del municipio Aragua de Anzoátegui. Nadie aparece por el  botadero para explicar por qué se dañó el material importado de Brasil, el cual  se descompone al lado de decenas de sacos de fertilizante también en mal estado. El Gobierno prometió impulsar con insumos semejantes y con cooperación brasileña un gran proyecto en esa jurisdicción de la mesa de Guanipa: el complejo agroindustrial José Inácio de Abreu e Lima. El  objetivo de la empresa socialista es sembrar 35.000 hectáreas de soya  -rubro estratégico por su alto contenido de proteínas vegetales-  y poner en  funcionamiento un conjunto de plantas destinadas a fabricar alimentos para  animales y productos para consumo humano, como aceite, bebidas saborizadas y  derivados como “carne de soya”. La imagen del vertedero solitario puede reflejar el desempeño de la compañía pública, la cual no ha cumplido sus objetivos, como  lo confirman documentos internos a los que tuvo acceso El Nacional, registros del Ministerio de  Agricultura y Tierras e informes que productores locales han remitido a las  autoridades para llamar la atención sobre el caso.

Un futuro promisorio se  anticipaba cuando Hugo Chávez y Luis Inácio Lula Da Silva recorrieron las sabanas de la mesa de Guanipa, en octubre de 2009. Los presidentes de Venezuela y Brasil  se abrazaron y se fotografiaron sonrientes 8 meses después de la aprobación de  la primera etapa de una obra consentida de la relación binacional, que fue  bautizada con el nombre de un general de Recife que combatió junto con el Libertador Simón Bolívar. La compañía localizada en las proximidades de  la Faja  Petrolífera del Orinoco -la mayor reserva del mundo- buscaba no  sólo consolidar la soberanía alimentaria, sino cambiar el destino de una región  que depende del hidrocarburo. La propaganda oficial ha creado un velo alrededor  de la verdadera situación de la empresa después de 5 años, una inversión de más  de 645 millones de dólares y las gestiones de 3 ministros (Elías Jaua, Juan Carlos Loyo e Yván Gil), 4 presidentes del Instituto de Desarrollo Rural al que está adscrita la compañía (Américo Mata, Denixce Aponte, Javier Ramos y Alí Peña) y 1 presidente de la empresa, que fue formalmente constituida  en 2012 después de tener el estatus de proyecto (Alfredo Herrera).

La documentación sobre el complejo refleja no sólo el retraso en la construcción de las plantas procesadoras  de materia prima, que todavía no están en funcionamiento, sino los malos  resultados de los planes de siembra, que se han traducido en pérdidas  millonarias de soya y en una productividad por debajo de los niveles aceptables  en un país como Venezuela. Los informes revelan además que se ha comprado  maquinaria que no se adaptaba a las necesidades del complejo y que el retardo en  la incorporación de equipos clave ha afectado negativamente el rendimiento de  los cultivos. La comercialización de las cosechas -que por ahora sólo se  distribuyen a otras plantas estatales- no ha sido suficiente para garantizar la  sustentabilidad de la empresa, que depende de los auxilios financieros de la  banca pública. La soya, alimento milenario, rubro con bondades nutritivas, base  de derivados para consumo masivo, se ha convertido en un dolor de cabeza para el  Gobierno en un contexto en el que el desabastecimiento, la  inflación y la falta de divisas para importar lo mucho que no se fabrica en el  país son invitados incómodos a la hora de la comida.

Cosecha improductiva

La  carretera El Tigre-Pariaguán que conduce al complejo está rodeada por campos de soya. Las sabanas están forradas de plantas, pero esa imagen dirá poco. En un informe interno elaborado en mayo pasado por  la  Presidencia de la compañía se reconoce que la productividad fue  negativa en 2012 y que no se esperaba una mejora en 2013: “Se obtuvieron rendimientos bajos de producción en el rubro de soya en grano, debido a factores  de calidad de la semilla, suministro oportuno de insumos y déficit de equipos”.  El documento indica que en las 14.100 hectáreas que han  logrado cultivarse no se obtendrían más de 17,5 toneladas de materia prima (6 más que el año pasado). Es necesario hacer un cálculo simple para comprender el dato: en los campos asociados al complejo se obtiene un máximo de 1,25 toneladas por hectárea, pero debería producirse aproximadamente el doble. Los expertos coinciden en que el rendimiento en siembras  comerciales debe ser de 2,5 toneladas por hectárea. Así, por ejemplo, lo indica  Pedro Solórzano, investigador y consultor especializado en el rubro, quien elaboró un estudio titulado

“Análisis productivo del cultivo de la soya en  Venezuela durante los últimos diez años”, que está a punto de ser publicado por la Universidad  Central de Venezuela. Una precisión se incluye en el texto:  históricamente ha habido cosechas en la mesa de Guanipa que han podido superar  los rendimientos de 3 toneladas por hectárea, mucho más que el promedio logrado hoy.

La Memoria y Cuenta del  Ministerio de Agricultura y Tierras presentada en marzo pasado fue redactada con  términos que valdría la pena releer con la lupa de la lucha anticorrupción a la  que ha llamado el presidente Nicolás Maduro. Se señala, por ejemplo, que la  compañía registró “pérdidas innecesarias de producción”. También se habla de la  “desviación” de 44% de los recursos debido a que se presupuestaron costos fijos  para sembrar 30.000  hectáreas, aunque se abarcó aproximadamente la mitad. El  ejercicio económico dejó igualmente pérdidas operativas por más de 23 millones de  bolívares, según el documento oficial. La situación de la empresa obligó a la junta directiva a solicitar al Banco de Venezuela un préstamo de 132,5 millones de bolívares. El monto, para inversiones y capital de trabajo, se aprobó y se empezó a ejecutar en  junio de 2012.

Peores cálculos

El MAT  admitió en la  Memoria y Cuenta de 2012 que las “pérdidas innecesarias” de  soya ocurrieron en 7% del área cultivada, lo que equivale a aproximadamente  1.000  hectáreas. La evidencia recogida por agricultores, sin  embargo, retrata una realidad peor de la que admite el discurso gubernamental.  Julio Evans, dirigente de la Red Socialista de Productores,  Campesinos y Pueblos Indígenas del estado Anzoátegui, la cual agrupa  a 23.000 personas, hace cálculos según los cuales desde 2009 el Gobierno ha  perdido o dejado de percibir un total de 77 millones de dólares. “Debieron ser  cosechadas 72.000 toneladas, pero solo se han producido 12.000. El plan de  siembra hasta ahora ha funcionado muy mal”, dice, y señala que informes con esos  datos fueron remitidos a una comisión designada por Nicolás Maduro Guerra, hijo del Presidente, que se reunió con Evans y otros agricultores. Aún no se ha informado públicamente de medidas con respecto al complejo.

El representante de los productores muestra las estadísticas mientras se toma un guayoyo en un cafetín del centro de El Tigre. Se convierte en portavoz de lo que  otros agricultores y vecinos afirman: que hay grupos interesados en que el país  no sea capaz de incrementar la producción, porque encuentran más lucrativas las  importaciones de semillas, granos y productos terminados. “Existe una agromafia  que atenta contra la soberanía alimentaria”. Se calcula que Venezuela adquiere  en el exterior un aproximado de 1,2 millones de toneladas de soya y derivados y  que deberían sembrarse 700.000 hectáreas para que  el país se haga autónomo en sus requerimientos. El año pasado sólo se produjeron  48.000 toneladas en 42.000 hectáreas. En los años  de gobierno del presidente Chávez el área sembrada y las cosechas dieron saltos significativos -en 2001 se producía un aproximado de 4.437 toneladas en 1.610  hectáreas- pero los bajos rendimientos y las pérdidas constantes se han  convertido en ecuaciones sin solución para la burocracia agrícola venezolana.  

Equipos inapropiados

Dentro  del Abreu e Lima hay un patio de maquinarias con aparatos destartalados y  oxidados. Allí se encuentran piezas y repuestos esparcidos por el suelo como si  se tratara de un pequeño cementerio. También hay máquinas en mejor estado como  tractores de origen bielorruso. En el informe interno sobre el  complejo se afirma que funcionarios del Inder hicieron una adquisición inadecuada de aparatos sin consultar a Herrera y a sus colaboradores. “Fuimos dotados de equipos de siembra, abonadoras y encaladoras, que muy bien son factibles de usar en pequeñas extensiones de siembre, pero que no se ajustan a las  necesidades propias de la empresa, porque no rinden el trabajo requerido para  grandes extensiones de tierra, tal cual son las exigencias y objeto de la empresa José  Inácio de Abreu e Lima”, se indica en el texto. Dos de los proveedores -las firmas Distribuidor Ferretero El Vigía y Punto Agro- tienen Registros de  Información Fiscal que pueden ser verificados en la base de datos del Seniat  -J297990607 y J313668460-, pero no en la del Registro Nacional de Contratistas.  El detalle no es menor: ningún ente del Estado, de acuerdo con la ley, puede hacer negocios con compañías que no estén en esa lista de proveedores, salvo excepciones.

Las compras  -también con los recursos del Banco de Venezuela- dejaron secuelas. El informe  del complejo indica que al Distribuidor Ferretero El Vigía se le pagaron 40,5  millones bolívares por 45 cosechadoras cuyo envío no se hizo efectivo en 2012 y  aún estaba retrasado en el primer semestre de 2013. Se atribuyó la situación a  la lentitud en la emisión de los certificados de no producción nacional por  parte del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, requisito para importar  bienes que no se fabrican en el país. La Memoria y Cuenta del MAT se refiere  al caso, aunque sin identificar al vendedor y con la mención de una cifra  diferente de aparatos: “La empresa adquirió 46 cosechadoras (…) pero no llegaron  al país. Ante esta contingencia se trabajó con cosechadoras de la empresa  socialista Pedro Camejo, Pdvsa Agrícola y además se contrató el servicio de  consejos comunales y cooperativas, sin embargo esto no fue suficiente para  evitar pérdidas de cosecha”. Un ejecutivo de la compañía, al ser consultado por  El Nacional, confirmó la venta, pero señaló que los portavoces autorizados se encontraban fuera del país y que  no podían aportar detalles sin autorización del  comprador.

El informe indica que Punto Agro vendió en julio de 2012 un total de 40 sembradoras, 17 encaladoras y 16 abonadoras por un monto de 9,1 millones de  bolívares y que el año pasado finalizó sin que se completara la entrega de 5  encaladoras y 2 abonadoras. Se señala en el texto que otras máquinas presentaron  desperfectos de fábrica. José Rivera, vocero de  la compañía, confirmó la transacción, pero afirmó que vendieron 40 sembradoras y  28 abonadoras, menos máquinas que las mencionadas en el documento. Atribuyó las  fallas en algunas de ellas al uso y mantenimiento inadecuado por parte del comprador.  “Hicimos un análisis de lo que estaba pasando antes de completar la entrega de  la maquinaria pendiente para buscar soluciones. Se hicieron adaptaciones en  piezas para aumentar su tolerancia”, dice el portavoz, quien admitió que su  compañía no está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas: “Nunca se nos  exigió ese requisito”.

El Inder se  reservó un total de 30,5 millones de bolívares para la compra de 30 tractores,  indica el informe. En el texto no se aclara cuál fue el vendedor. Se señala que  las máquinas fueron entregadas en marzo pasado y que los funcionarios del  complejo no habían recibido hasta entonces las facturas de la adquisición. Los  problemas con Agropatria, cadena creada después de la expropiación de Agroisleña  hace tres años, también se mencionan en la cuenta anual del ministerio, en la  que se aclara que la maquinaria vendida por esa empresa no cuenta con servicio  posventa. “Esto implica retraso en las actividades de campo”.  

Déficit de insumos

A Agropatria se le  atribuyeron retrasos en la distribución de insumos. Los funcionarios del Abreu e  Lima argumentan que se vieron obligados a utilizar los recursos del préstamo del  Banco de Venezuela para comprar insecticidas, fertilizantes y aceites foliares,  adherentes y herbicidas a otros proveedores: “Nos encontramos con precios de  venta superior a los previstos originalmente en virtud del déficit de insumos  del principal proveedor de agroquímicos (Agropatria)”. El informe anual del MAT  agrega lo siguiente: “La entrega inoportuna de los agroinsumos ocasionó impacto  en los bajos rendimientos del cultivo”. La situación no deja de ser paradójica  para muchos productores. “Tenemos entendido que 90% de los materiales de  Agropatria se dirigen al Abreu de Lima”, dice Evans. Los testimonios de los  pobladores agregan que insumos son  habitualmente desechados por gandolas en lugares solitarios   como el de Caico Seco.

Estructura retrasada

La meta  para poner en funcionamiento las primeras plantas procesadoras en el complejo  estaba fijada para el año pasado. Basta recordar una escena: una transmisión  televisiva de finales de 2011 en la que apareció Hugo Chávez reunido con Dilma  Rousseff, sucesora de Lula Da Silva en la Presidencia de Brasil. Se hizo un enlace vía satélite con Danixce Aponte, viceministro de Desarrollo Rural  Integral del MAT, quien habló desde las obras y ofreció su activación en  2012. Las promesas de entonces contrastan con  la información de la más reciente Memoria y Cuenta del MAT, de acuerdo con la  cual el complejo tiene 64% de avance físico, no así las plantas de leche y carne  de soya y alimentos de animales -ninguna adelantada más allá de 30%- y las de  extracción y refinación de aceite -que juntas alcanzan un progreso de 55%-. En  suma todas podrán fabricar 140 toneladas de productos por hora.

La nueva meta oficial es  culminar el proyecto en 2015. El ministro Yván Gil se ha mostrado confiado  inclusive en lograr resultados antes: “Estamos muy contentos y seguros de que  los programas se están cumpliendo. Podemos anunciar que la etapa de extracción y  refinación de aceite estará lista para mediados de 2014, para producir las  primeras botellas”. Un recorrido en las obras deja otra sensación. Los obreros  trabajan, pero solo la estructura de una de las plantas empieza a tomar forma.  Las demás le parecerían a cualquiera esqueletos sin carne ni músculos. Más  avanzados lucen 5 grandes silos -sólo falta instalar uno- con capacidad para  almacenar 10.000 toneladas cada uno. Una situación adicional se añade en la  memoria ministerial: “Falta acondicionar el laboratorio del complejo  agroindustrial, para aplicar pruebas químicas y biológicas a las muestras de  cosecha, previa recepción y descartar contaminación por microorganismos de  riesgo”.

Son pocos en  la zona quienes discuten que la activación del complejo y su funcionamiento  adecuado constituirían un salto para la economía regional: “La infraestructura  que se está instalando es muy importante. Sería una lástima que el proyecto  fracasara. El hogar de la soya está aquí”, dice José Luis Ferrera, un productor  con 40 años de experiencia. Los anuncios ya no persuaden con la misma fuerza que  antes en la mesa de Guanipa. Ni los voceros del Inder, ni los del complejo atendieron los requerimientos para este  trabajo.