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Las 247 sancionadas de los dólares Cadivi

Las 247 sancionadas  de los dólares Cadivi

Las 247 sancionadas de los dólares Cadivi

Cencoex adelantó entre julio y octubre del año pasado una auditoría masiva a empresas que realizaron importaciones en los últimos tres años. El organismo sancionó a un conjunto de firmas que no atendieron la convocatoria y solo informó sobre sus nombres y números de RIF. Con el cruce de la escasa información pública disponible, El Nacional hizo un perfil general de las compañías castigadas. El gobierno aún mantiene deudas de transparencia sobre las averiguaciones del millonario escándalo de Cadivi

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247. Ese fue el número de empresas sancionadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex, en una auditoría masiva que realizó entre julio y octubre pasado para verificar el uso de las divisas liquidadas para las importaciones correspondientes al período 2011-2014. El proceso ha sido el más visible que ha adelantado el organismo gubernamental –cuya directiva encabezada por Alejandro Fleming fue reemplazada hace una semana entre críticas oficiales por su desempeño– para investigar la actuación de su antecesora, la Comisión Nacional de Administración de Divisas, Cadivi, que durante una década fue la principal responsable del control cambiario impuesto en Venezuela desde 2003. El sistema del que la institución formó parte se convirtió en el centro de uno de los mayores casos de corrupción de la historia nacional: el desvío en 3 años de más de 25 millardos dólares a “empresas de maletín” relacionadas con ilícitos, como lo han reconocido voceros del gobierno entre los que destacó Jorge Giordani, que fue ministro de Planificación y Finanzas del fallecido presidente Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.

 

Cencoex sustituyó a Cadivi –cuya eliminación anunció el presidente el 15 de enero de 2014– con la misión de dar un giro de pulcritud en la gestión de las divisas, pero hasta la fecha ha sido mucho más lo que ha mantenido en secreto que lo que ha informado sobre las averiguaciones relativas al desempeño de la eliminada institución, lo que ha levantado escepticismo sobre si el proceso involucró a todas las empresas vinculadas con mal uso de los fondos o si permitirá  la identificación de responsabilidades en el gobierno. Las compañías que fueron penalizadas –casi la quinta parte de las 1.062 convocadas– recibieron castigos por evadir el llamado a informar sobre sus actividades, según información oficial publicada de manera fragmentada en listas parciales que se difundieron por 14 semanas. En ellas solo se informó sobre los nombres y números de RIF (Registros de Información Fiscal) de las firmas.  Nada se ha explicado, por ejemplo, sobre los fines para los que les liquidaron los recursos; dónde están domiciliadas, cuánto dinero recibieron o por qué fueron llamadas esas sociedades y no otras.

 

 El Nacional elaboró un perfil general de las empresas sancionadas con la información pública que pudo reunir con respecto a los negocios a los que se dedican, a la ubicación geográfica que tienen, a la trayectoria cambiaria que acumularon y a las actividades que desempeñaron como contratistas del Estado. La evaluación reveló datos básicos acerca de las pesquisas sobre los que aún pesa silencio oficial en el caso del multimillonario desvío que hoy adquiere nueva relevancia por el desabastecimiento de productos básicos –desde leche hasta vitaminas para mujeres embarazadas– con la caída de más de 40% de los precios del petróleo, cuya venta genera 9,6  de cada 10 dólares que ingresan a la economía. El contexto ha obligado a Maduro a buscar fondos dentro y fuera del país para prevenir un naufragio socialista en un oleaje de anaqueles vacíos.

 

Áreas sensibles. La información contenida en el portal del Seniat, en el Registro Nacional de Contratistas que puede consultarse en línea, en directorios abiertos en Internet y en bases de datos sobre comercio internacional como Import Genius permitió establecer que aproximadamente 40% de las empresas sancionadas trabajan o han hecho como mínimo una importación de bienes relacionados con áreas prioritarias de la economía como la producción agropecuaria –lo que incluye maquinarias e insumos–; el procesamiento y venta de alimentos, la distribución de equipos y materiales médicos y la comercialización de aparatos para el parque industrial. A 10% de las firmas se les pudo relacionar con adquisiciones de productos químicos orgánicos e inorgánicos que tienen utilidades diversas, aunque con frecuencia se usan para el sector agrícola, el alimenticio y el de la salud. “Áreas como esas fueron priorizadas con las tasas de cambio preferenciales”, dice el economista Francisco Faraco cuando se le consulta sobre el hallazgo. “No tengo información sobre responsabilidades de empresas, pero uno no deja de preguntarse por qué faltan tantos productos esenciales”.

 

Una de las sancionadas, por ejemplo, ya era conocida: Tecnoavícola. La compañía fue acusada de importar chatarra en lugar de maquinaria agropecuaria. El señalamiento lo hizo en febrero de 2013 Néstor Reverol, entonces ministro de Relaciones Interiores. La firma recibió aprobaciones de 1,7 millones de dólares en 2012, según datos oficiales. Un detalle salta a la vista: la convocatoria a la rendición de cuentas ocurrió casi año y medio después de las declaraciones de Reverol, lo que genera dudas acerca de cómo el gobierno adelanta las investigaciones. “Se sabe muy poco sobre los resultados y sobre quiénes han sido castigados. Debería hacerse una averiguación que no abarque solo unos pocos años, sino que tenga más alcance. Ha ocurrido un saqueo en el país”, afirma Faraco.

 

Otro grupo de empresas con actividad en los campos automotriz, textil, del calzado, de la construcción, del  transporte, de la comercialización de enseres y aparatos domésticos y de la prestación de otros servicios representó, en conjunto, aproximadamente 25% de las penalizadas. No fue posible establecer para este trabajo el tipo de actividades de las demás sancionadas. Una pista sí puede señalarse sobre ellas: un ciudadano común con una computadora y conexión a Internet seguramente no será capaz de hallar más referencias locales sobre esas compañías que las que circularon a partir de julio pasado cuando Cencoex difundió las listas con las razones sociales y registros fiscales de las convocadas al operativo. “No podemos dar sino hipótesis sobre las empresas que fueron llamadas y las que fueron castigadas. Es posible que haya firmas creadas para defraudar al sistema y también las que cumplieron sus obligaciones legales. Incluso puede haber firmas pequeñas que fueron creadas por otras más grandes para acceder a las divisas”, señala el economista Juan Socías del Grupo Soluciones. “No estoy seguro de si el Cencoex tiene capacidad para procesar toda la información que recibió en esa rendición de cuentas”.

 

A las firmas cuyos representantes no atendieron el llamado se les prohibió hacer nuevas solicitudes de divisas y sus expedientes fueron remitidos al Ministerio Público ante la presunción de que la no comparecencia estuvo asociada con la comisión de hechos punibles. Hasta el presente no se ha informado si las empresas apelaron el castigo, justificaron sus ausencias o si el Cencoex encontró elementos para enviar a la Fiscalía los casos de compañías que sí respondieron a la convocatoria. El despacho de Luisa Ortega Díaz tampoco ha dado explicaciones sobre los progresos en la investigación de las firmas que no se presentaron a la auditoría masiva. Hay 14 empresas sancionadas en el operativo que ya eran objeto de averiguaciones penales por parte del Ministerio Público, según información difundida por la institución en agosto pasado.

 

Desempeño desconocido. Solo hay información pública disponible sobre la trayectoria cambiaria de 76 de las firmas sancionadas: 30%. Nada más ellas  aparecen en la última lista que publicó Cadivi con las compañías a las que se les aprobaron divisas entre 2004 y 2012. Esas empresas recibieron asignaciones de más de 500 millones de dólares en el período: aproximadamente 57,7 millones de dólares fueron autorizados en el último año, el cual fue sometido a averiguación por parte del Cencoex. No es posible establecer los montos que el gobierno liquidó a las otras 171 firmas castigadas. Tampoco se sabe cuándo exactamente les entregó la moneda extranjera. La eliminada comisión cambiaria no difundió los nombres de las empresas beneficiadas con autorizaciones de divisas en 2013 y el gobierno no ha subsanado ese vacío hasta el presente, como tampoco ha publicado listas históricas de firmas usuarias de mecanismos como el Sucre (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos usado entre los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América).  Ninguna de las 247 sancionadas aparece entre las personas jurídicas que han hecho importaciones en 2014: la tabla ha sido periódicamente actualizada por el Cencoex con datos cuya secuencia se inicia en enero pasado.

 

La Importadora Mi Gran Sacrificio 2050, por ejemplo, es una de las empresas penalizadas que no está entre los receptores de divisas del período 2004-2012 por lo que se desconoce qué monto le fue liquidado. También forma parte de las que son investigadas por el Ministerio Público. Fue fundada en junio de 2011 con un inventario de 2 sillas, 2 escritorios y 1 computadora equivalentes a un capital de 10.000 bolívares –o 2.325 dólares al  tipo de cambio de la época– que hasta el presente no ha sido incrementado. La crearon Manuel Graterol y Mervin Portillo, quienes luego la vendieron en noviembre de 2012 a Yosef Gómez, entonces de 29 años de edad. La sede que se declara en el expediente está localizada en el Centro Comercial Santa Bárbara, un pequeño edificio de dos pisos de Cúa, Miranda, que alberga principalmente peluquerías y cibercafés. El Nacional visitó la oficina, que está en la segunda planta, en diciembre: tenía las puertas cerradas y a través de las ventanas no se observó siquiera mobiliario. Estaba desocupada. Las actas confirman que en 2013 la importadora tenía  un empleado. En el lugar se dejó una comunicación con una solicitud de entrevista para este trabajo. Nada en el documento mercantil hace ver que el domicilio fue cambiado. “No es usted el primero que viene, ya han venido funcionarios a preguntar por la empresa”, afirmó un inquilino.

 

Los analistas no descartan la posibilidad de que entre las penalizadas por no rendir cuentas en 2014 existan empresas que recibieron liquidaciones por primera vez en 2013. “Es posible que eso haya ocurrido, pero la opacidad sobre los datos no permite concluirlo” refiere Socías. Ese año Cadivi tuvo tres presidentes: Manuel Barroso –coronel del Ejército que durante siete años estuvo al frente del organismo y después fue reemplazado en marzo antes de la elección de Maduro–; Eudomar Tovar –para el momento había encabezado el Banco de Venezuela y era el representante nacional ante el Sucre–; y José Khan –ex diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y ex presidente de la Corporación Venezolana de Guayana–. Fleming presidía el Cencoex –constituido en noviembre  de 2013– cuando fue designado también al frente de Cadivi en enero de 2014. Cuatro meses más tarde le encomendaron la junta que liquidó la comisión. Ninguno de los cuatro funcionarios ha sido mencionado entre los investigados por el caso.

 

 Localización concentrada. La mayoría de las compañías sancionadas –154 equivalentes a 62%– se encuentran domiciliadas o registradas en 5 áreas: el Distrito Capital y los estados Táchira, Nueva Esparta, Lara y Yaracuy. Las 2 últimas entidades, vecinas del occidente venezolano, concentran, si se consideran como bloque, la mayor cantidad: 35 se identificaron en territorio larense y 21 en el yaracuyano. Casi 70% de esas pudieron ser relacionadas con actividades en los rubros agropecuario, alimenticio y químico, pero un dato no puede obviarse: 35% del total fueron bautizadas con la palabra “importadora” en su razón social. Es decir: los nombres comerciales sugieren que no se dedicaban a actividades productivas sino a la “economía de puertos” favorecida por el tipo de cambio del régimen de control de divisas. Un grupo de 4 firmas larenses –Quimifeds, Quimipol, Alimentos Los Girasoles y Agroimport 88– tiene como representantes a Carlos, Valdemar, Enrique y Martha Burlando, según el Registro Nacional de Contratistas. Un hombre llamado Diego Burlando fue detenido el año pasado por la Guardia Nacional por investigaciones sobre la supuesta creación de empresas de maletín. Se llamó a las compañías por los teléfonos presentados en la información oficial para verificar si están relacionados entre sí. En tres de ellos nadie contestó y en el cuarto afirmaron que se trataba de un número equivocado, a pesar de que en la llamada previa un interlocutor había confirmado que era correcto y que el solicitado no estaba.

 

La capital de la República (46) y los territorios tachirense (30) y neoespartano (22) reúnen la mayor cantidad de empresas fuera del eje Lara-Yaracuy. Más de un tercio de las compañías en esos estados también están vinculadas con alimentos, producción agropecuaria y salud. Sin embargo, las localizadas en Nueva Esparta tienen una singularidad: la quinta parte se relaciona con los negocios de ventas al por mayor de textiles, piezas de vestir y calzados. La ubicación geográfica de un grupo de 12 castigadas no se identificó.

 

Negocios públicos. Hay 46 empresas que están inscritas en el Registro Nacional de Contratistas. La ficha de la mayoría de ellas aparece con una nota en la que se informa sobre su suspensión del sistema en virtud de las sanciones impuestas por el Cencoex a raíz del operativo de verificación. Del grupo, solo 14 compañías establecieron negocios con entes estatales. La mayoría de los clientes fueron empresas o dependencias adscritas al gobierno nacional. El más importante contratista fue Petróleos de Venezuela, seguido del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de ministerios como el de Turismo, Energía y Petróleo, Agricultura y Tierras, Comunicación, Educación y Economía Popular (hoy Comunas). El Nacional documentó un total de 60 contrataciones de las cuales 70% estuvieron relacionadas con las  áreas de construcción y suministro de repuestos automotores y vehículos. Las empresas Ingeoconsulta de Venezuela, Distribuidora Reifen 2010, Representaciones y Proyectos MB 15 y Nedlelab estuvieron entre los principales proveedores. La mayoría de los contratos se desarrollaron entre 2005 y 2010, aunque sobre 8 de ellos no hay información acerca de cuándo tuvieron lugar.

 

Las 32 empresas restantes –en cuyos registros no se informa sobre contrataciones con organismos estatales– tienen semejanzas y diferencias con las anteriores. Si no se describen a sí mismas como proveedores de servicios de obras civiles y mantenimiento, lo hacen principalmente como compañías agropecuarias, de alimentación y de equipos de salud. El caso Cadivi sigue abierto.

 

Petición sin respuesta

 

El Nacional entregó una comunicación escrita en la sede de Cencoex el 17 de diciembre. En ella se presentó una solicitud de información dirigida a Alejandro Fleming, entonces presidente de la institución, con preguntas sobre el proceso de auditoría de divisas que desarrolló el organismo entre julio y octubre de 2014.

En ella se consultaba, entre otros puntos, cuáles habían sido los criterios de selección de las empresas convocadas, si las compañías  sancionadas habían presentado apelaciones de los castigos, cuánto dinero se entregó a las penalizadas y qué tipo de bienes importaron con los fondos aprobados por el gobierno.

 Los interrogantes no fueron contestados para el cierre de esta edición y son asunto pendiente para la opinión pública, que más allá de los nombres y números de RIF de las empresas sancionadas no ha recibido información oficial consolidada sobre las implicaciones de la rendición de cuentas como parte de las investigaciones sobre los ilícitos cambiarios cometidos durante la existencia de la eliminada Cadivi y aun en los tiempos de Cencoex.

El Nacional para elaborar el presente trabajo se sirvió principalmente de información oficial disponible en línea además de la contenida en directorios y portales de consulta general. La búsqueda en registros mercantiles fue útil para establecer la ubicación geográfica de las sedes  de las empresas sancionadas.