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20.000 personas viven de la minería en Bolívar

En el río Yuruari van a sacar oro habitantes de Tumeremo y pueblos vecinos/ Foto: Omar Véliz

En el río Yuruari van a sacar oro habitantes de Tumeremo y pueblos vecinos/ Foto: Omar Véliz

Desde 2003 el gobierno ha implementado cinco planes de control minero acabar con la extracción ilegal de recursos. Pese a ello, la actividad se ha incrementado

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La tragedia no detiene la minería ilegal en el sur del estado Bolívar. Tampoco los cinco planes de control minero que ha implementado el Estado desde 2003 para acabar con la extracción ilegal de recursos. Ni la militarización de Tumeremo después de terminar con la tranca en la Troncal 10.

Los habitantes del pueblo ya no van a meterse en los barrancos de Miamo, lugar que quedó abandonado después de la masacre. Ahora van al río Yuruari, que bordea el municipio El Callao, a una hora de Tumeremo. Allí se practica la minería de aluvión. Hombres y mujeres sumergen la mitad del cuerpo en el río y revisan el material que sacan en sus bateas hasta que el oro brilla en el fondo de la madera. Eso lo apartan y al final de la jornada extraen el metal utilizando mercurio.

A los yacimientos van hombres y mujeres de Tumeremo, El Callao, Upata, Guasipati, San Félix, El Dorado, El 88, Las Claritas y de otras poblaciones no solo de Bolívar sino también de otras partes de Venezuela, que suman alrededor de 20.000 personas que viven de la extracción ilegal de oro.

“El precio del oro es muy atractivo. La gente acude a la mina buscando soluciones al desempleo, el alto costo de la vida y la crisis nacional. Hemos tenido una explosión demográfica que a su vez causó el colapso de los servicios”, afirmó el alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor.

Un kilo de oro puede cotizarse hasta en 38 millones de bolívares. Alrededor de minería se generan una serie de trabajos conexos, cuyo valor no se mide en bolívares sino en gramas de oro.

La prostitución en las minas es frecuente y se paga en oro. Las mujeres que se dedican a la cocina también cobran en metálico y el costo de la gasolina aumenta mientras más cerca se está del yacimiento. Una pimpina del combustible puede costar hasta 8.000 bolívares. Alrededor de la mina surge el trabajo esclavo, el sicariato, enfermedades relacionadas con la quema del mercurio y malaria.

Chancellor considera necesario que el Estado implemente una política coherente para organizar la actividad minera, que permita fortalecer las reservas auríferas del Banco Central y regularizar una práctica extendida en Bolívar.

A partir de la nacionalización de la industria del oro en 2011, a través del Decreto 8413, Minerven dejó de ser sinónimo de una fuente de empleo estable. Chancellor asegura que la empresa estatal está en números rojos por falta de inversión. “No hay ninguna estrategia minera, a excepción del Arco del Orinoco, y es importante que el gobierno elabore un plan estratégico que incorpore a quienes practican la pequeña minería”.

El Plan Piar en 2003 –que se transformó en la Misión Piar en 2005–, el Plan de Reconversión Minera en 2006, el Plan Caura de 2010 y la Comisión Presidencial para la Protección del Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera en la Región Guayana, creada en 2014, no han podido controlar la extracción de recursos.

Aunque se han dado todos esos planes, Antonio Benavides Torres, jefe de la REDI Guayana, dijo en la rueda de prensa ofrecida en Tumeremo el 8 de marzo que todavía hay que hacer estudios científicos que permitan certificar los yacimientos de oro, coltán, cobre y diamante,  así como un censo de mineros que por los momentos se encuentra paralizado.

Provea afirma que el Arco Minero del Orinoco “contraviene los pactos internacionales de derechos humanos suscritos por la República”, al entregar en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados, 12,2% del territorio nacional.