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PERFIL: La obediencia indebida de Franklin Nieves

Ilustración Beatriz Díaz

Ilustración Beatriz Díaz

El artículo 25 de la Constitución establece en forma expresa que todo acto  que viole o menoscabe derechos es nulo y que los funcionarios que lo ordenen o ejecuten son responsables, “sin que le sirvan de excusas órdenes superiores”. Sin embargo el ex fiscal 41° insiste en que no tenía otra opción sino acatar las instrucciones que le habrían dado para condenar a Leopoldo López a como diera lugar, para aniquilarlo políticamente. Quien fue reconocido como un abogado al servicio de causas justas optó por la sumisión frente al poder y, en definitiva, se convirtió en un confeso violador de derechos humanos. Ahora está en Miami a la espera de un asilo, dispuesto a dar testimonio del profundo deterioro del sistema de administración de justicia venezolano y su uso artificioso para criminalizar a la oposición, así como a asumir las consecuencias de sus delitos

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Hace 10 años Franklin Nieves abogó por Leopoldo López. Se conocieron en octubre de 2005, cuando Eduardo Semtei era secretario de gobierno de la Alcaldía Metropolitana, dirigida por Juan Barreto, e intentó allanar la sede de Polichacao. Nieves le tomó declaración al entonces alcalde López y ordenó las diligencias que permitieron demostrar excesos en el procedimiento. “Se comprobó la responsabilidad penal de Semtei, pero cuando correspondía formular la imputación me di cuenta de que no era un caso de derechos fundamentales sino de corrupción, como lo es el abuso de autoridad. Tanta era mi objetividad, que como no era mi competencia remití el caso a la Dirección de Delitos contra el Patrimonio Público”, recuerda el ex fiscal, que no deja de subrayar su apego por la formalidad jurídica.

Las formas –que aseguró cuidar– se perdieron después. El fiscal se convirtió en verdugo del preso político más emblemático de Venezuela. Así se reconoce, como violador de derechos humanos. Por lo pronto es un confeso que, al parecer, está dispuesto a pagar sus culpas como un convicto.

La imagen de un fiscal del Ministerio Público se construye a partir de la notoriedad de los casos de los cuales se ha hecho cargo. Franklin Nieves era conocido como el fiscal adscrito a la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público que promovió la condena de los funcionarios policiales que el 27 de junio de 2005 asesinaron a tres estudiantes de la Universidad Santa María, el llamado caso Kennedy,  y luego falsificaron pruebas para simular un enfrentamiento. Construyó su hoja de vida acusando y condenando policías.

A partir del 12 de febrero de 2014, cuando no tardó ni ocho horas en atribuirle al líder de Voluntad Popular todos los hechos de violencia ocurridos ese día, durante el desenlace de la marcha opositora que se realizó desde Plaza Venezuela hasta Parque Carabobo, Nieves pasó a ser el símbolo del operador judicial al servicio del gobierno y de la criminalización de la oposición en el país. Por 18 meses, en el piso 1 del Palacio de Justicia, con su toga negra y sus argumentos, bregó con inclemencia para condenar a López a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. Su papel en un juicio que se hizo a puerta cerrada ahora adquiere relieve con las revelaciones que ha hecho sobre el inmenso fraude procesal supuestamente cometido.

El hijo del boticario. Franklin Eduardo Nieves Capace parece ser un hombre obediente, de los que llega temprano a la oficina. Pero para llegar a la Fiscalía dio varias vueltas desde que salió de San José de Río Chico, donde pasó la mayor parte de su infancia y toda su adolescencia como el hijo del boticario, el médico del pueblo, el que preparaba las fórmulas. “Nos la pasábamos bañándonos en los ríos y cazando pajaritos con chinas”, recuerda.

Nació el 5 de marzo de 1964 en Los Teques. Sus padres –que aún viven– y sus tres hermanos pasaron una temporada en Curiepe antes de establecerse en Río Chico. A los 17 años de edad se trasladó a Caracas con un solo pantalón y una camisa que dice que lavaba todos los días. De un curso en el Centro Contable pasó a la Universidad Central de Venezuela a estudiar Contaduría, aunque quería entrar en Derecho. “Pero había muchos paros y yo no quería esperar”. En 2001 finalmente se graduó de abogado en la Universidad Santa María. Tiene seis hijos de tres relaciones. Las dos más pequeñas y su esposa están ahora con él en Miami.

En 1996 entró al Ministerio Público, durante la gestión de Iván Darío Badell como fiscal general de la República, y vio llegar a la rectoría de la institución a Rafael Pérez Perdomo, Javier Elechiguerra, Isaías Rodríguez y Luisa Ortega Díaz. Es uno de los más antiguos en un organismo integrado por más de 4.000 fiscales provisorios y solo 4 titulares. “Nunca me dieron la oportunidad de ser titular”, lamenta. La jubilación, con 20 años de servicio y 51 años de edad, también quedó en suspenso. Tenía previsto pedirla en diciembre.

Además de actuar contra decenas de policías incursos en abuso de autoridad, como los dos funcionarios de la PM acusados de quemar a tres niños de la calle en El Valle, Nieves intervino en otros casos noticiosos: el cautiverio y torturas a que fue sometida Linda Loayza López, el asesinato del sacerdote de origen estadounidense Esteban Woods y la crisis de las cárceles de El Rodeo.

En comentarios en blogs le dedican líneas de insultos y acusaciones de bajo y alto tenor por su actuación contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Todas las referencias son de 2009. En algunos mensajes usuarios identificados como supuestos miembros del colectivo La Piedrita sugerían que era sospechoso que el ex fiscal “siempre llevara casos contra personas que trabajan por la revolución”.  En una de las entradas lo amenazaron: “Ya te llegó tu hora, así te pongan mil escoltas”.

Nieves asegura que nunca antes recibió presión, pero ante todo, el ex fiscal sabe seguir instrucciones de forma obediente. Otro de los casos relevantes de su carrera fue la agresión al canal Globovisión por Lina Ron y un grupo de sus seguidores. “Yo la imputé por nueve delitos, todos demostrables, la dejamos detenida y cuando voy a presentar la acusación me llama Alejandro Castillo para la Dirección de Actuaciones Procesales y me pregunta: ‘¿Cuántos delitos vas a meter ahí?” Después del reporte le ordenaron quitar cinco de los nueve delitos. “Yo dije: ‘Beeerro’, pero cumplí sus instrucciones y la acusé por los cuatro delitos que le que dejaron”.

Un caso distinto ocurrió cuando comenzó a tratar a Luisa Ortega Díaz. Nieves cuenta que tuvo un primer contacto con la fiscal cuando ambos tenían similar jerarquía. Él era fiscal 125° de Derechos Fundamentales y ella era fiscal 6ª, y apenas se saludaban en los pasillos. Fortuitamente a él le correspondió imputar a un grupo de funcionarios de Policaracas involucrados en la presunta ejecución extrajudicial de un joven en Catia, tres de los cuales eran escoltas de Ortega. “Nos reunimos, yo le mostré el expediente a la doctora para que viera cómo masacraron a ese muchacho, pero ella no se atrevió a sugerirme que los exculpara. De hecho yo los acusé”, aseguró.

Habla de la autonomía de los fiscales en pasado y responsabiliza a Isaías Rodríguez por el aceleramiento del deterioro de la institución. “Antes podíamos realizar objetivamente la investigación hasta el final. Ningún director giraba instrucciones para que acusaras a una persona. Cuando comenzaban a pedirme alguna información de un caso yo levantaba un informe y dejaba constancia en el expediente. Con Isaías Rodríguez se perdió todo y desde entonces el miedo es la ley. Acuérdate que todos somos provisorios”.

Sus señalamientos son respaldados por varios fiscales consultados que conocen a Nieves y pidieron mantener bajo reserva sus identidades. “Si te niegas a cumplir las órdenes que te dan, por ejemplo a acusar a alguien aunque no haya pruebas suficientes en su contra, corres el riesgo de que te destituyan y hasta de que te metan preso. Con los casos políticos las presiones y el terror aumentan. Sé que hay como 20 renuncias de fiscales en espera y que en enero vienen muchas más”, comenta uno.

Otro es más preciso: “El Sebin te allana, te siembra, te buscan la más mínima caída para destruirte. Todos estamos asustados”. Con 15 años de antigüedad en la Fiscalía, una fiscal recuerda tiempos mejores: “Ya ni siquiera tenemos incentivos económicos. Antes teníamos sueldos competitivos y recibíamos hasta 12 bonos al año. Con eso podíamos comprar carros y hasta casas en la playa”.

Aun con el deterioro, los tres fiscales consultados se niegan a atender el llamado que Nieves hace desde Miami a denunciar las irregularidades en la institución.

Nieves precisa que ganaba 52.000 bolívares como fiscal, con la suma de su sueldo básico y varios bonos de profesionalización y por estar al frente de una oficina nacional. Asegura que no tiene casa de playa, apenas un apartamento en La Pastora, donde vivía desde hace 15 años. Nieves presume que su vivienda ya fue allanada, pues trascendió que la única investigación emprendida por la Fiscalía después de sus señalamientos sobre el caso López no se orienta a verificar el supuesto forjamiento de pruebas, sino la suposición de que recibió dinero. En eso estaría ocupado el Sebin. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ya adelantó una supuesta cifra de 850.000 dólares. Al respecto Nieves señala: “Hace como 8 años abrí una cuenta en el Bank of América con 7.000 dólares que nunca toqué. Los compré a 9 bolívares. A ese mismo precio compré otros 4.400 que tenía en efectivo. Ese es todo mi dinero”.

El fiscal de confianza. Fuentes del Ministerio Público señalan que Nieves se ganó la Fiscalía 41° con competencia nacional y la confianza de sus superiores, específicamente del director de Delitos Comunes, Nelson Mejías, y el director de Actuación Procesal y luego vicefiscal Joel Espinoza, por su constancia en el trabajo honesto. La genuflexión, a efectos de realizar otro tipo de trabajos, vino luego.

El primer caso con características políticas que le asignaron fue la investigación por presuntos ilícitos fiscales contra Óscar López, mano derecha del gobernador de Miranda Henrique Capriles Radonski, en agosto de 2013, justamente cuando se comienza a denunciar el uso de la Fiscalía como principal ejecutor de una política sistemática de criminalización de cualquier expresión opositora al gobierno de Maduro. “Ahí no recibí presión, solo me mandaron a investigar”.

La incondicionalidad que se requería para anular por la vía judicial a la oposición también se puso a prueba cuando le pidieron encargarse de algunas de las muertes ocurridas durante las protestas contra los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. Por la muerte de Hender Bastardo, de 21 años de edad, en el sector La Morita de Cumanacoa, estado Sucre, Nieves acusó a los hermanos José y Rodrigo Hernández. El caso es presentado por el gobierno como parte de las víctimas de la “violencia opositora”, pero Nieves señala que fue delincuencia común. Eso fue lo que arrojó su investigación.

La confianza tiene matices. Además del caso López, a Nieves le asignaron la investigación para solicitar la incautación de los bienes de José Tovar Colina, alias “Picure”, el delincuente más buscado del país. “No sé con qué intención me comisionaron en ese caso, quizás para que me mataran”. Dice que las diligencias en Guárico, centro de operaciones de la agrupación delictiva, las hizo sin escoltas. Asegura que nunca en su carrera contó con personal de seguridad, a diferencia de su compañera Narda Sanabria, protegida por seis hombres.

Pero cuando comenzó el proceso contra el dirigente de Voluntad Popular los ojos sobre él se multiplicaron. “Estaba vigilado en todo lugar y momento, pero sobre todo en el juicio, para que cumpliera con las órdenes de condenar a López a como diera lugar. Alejandra Yaneth Rodríguez Cuevas, subdirectora del despacho de Luisa Ortega Díaz; Gabriela Soler, subdirectora de la Dirección contra la Corrupción; Marisela Lucena, fiscal superior del Área Metropolitana, y Marja Castro, coordinadora del Circuito Penal de Caracas, entraban a las audiencias para cerciorarse de que Narda (Sanabria), Juan Canelón y yo estuviéramos actuando como unos verdugos”.

Los que presenciaron las audiencias recuerdan que,  apoyado en apuntes, y a veces con discurso poco fluido, como de exposición escolar, actuó siempre con la inclemencia que asegura que se le pedía. Se atrevió a señalar a Leopoldo López de homicida, de perfecto criminal y a comentar más allá, abundar en adjetivos ligeros y recrear detalles en sus argumentaciones, como cuando pintó la escena de que si se hubiera propagado el incendio –que  ahora dice que no existió y por el que fue condenado López- todavía estuvieran recogiendo cadáveres.

“Es increíble ver al hombre que insultó y humilló tanto a mi familia pedirle perdón a toda Venezuela”, dijo Lilian Tintori, esposa del dirigente político, luego de escuchar las declaraciones que el ex fiscal ha repetido una y otra vez en las varias entrevistas dadas esta semana desde Miami.

Durante los 20 meses que ejerció el rol de acusador de López su vida se limitaba a estar en la oficina o en el tribunal. “Llevaba las niñas al colegio en la mañana. Cuando no tenía ningún tipo de labores o actos en el tribunal me encerraba en mi oficina todo el día. No salía de la Fiscalía porque sabía que me estaban vigilando, tenía el teléfono pinchado. Uno se sentía incómodo”.  

Nieves, su esposa y sus dos hijas salieron del país el 19 de octubre sin mayores inconvenientes, en el vuelo 2982 de Laser rumbo a Aruba con fecha de retorno 29 de octubre. El costo de los 4 boletos aéreos fue 121.000 bolívares, que Nieves habría pagado con una tarjeta de débito en la oficina de la aerolínea en Chacaíto. En la isla hizo contacto con las autoridades de Estados Unidos y al día siguiente estaba en Miami.

El 4 de septiembre, en un pasillo del Palacio de Justicia, fuera del alcance de los cuerpos de seguridad que constantemente lo estarían vigilando, Nieves se refirió con desdén a la huída de Marco Coello, uno de los cuatro estudiantes acusados junto con López, que trastocó la agenda del proceso: “Ese chamo se voló ayer para Miami, pero ya solicitamos a Interpol su captura”. En poco más de un mes, Nieves escogió el mismo destino y utilizó los mismos recursos: pidió asilo y fue a CNN a contar su versión de los hechos. Coello asiste a foros de derechos humanos y en la calle lo saludan como héroe. Desde que llegó Nieves a Miami tiene limitadas las salidas del sitio donde está alojado por miedo a que lo agredan. De alguna manera el ex fiscal ya está preso.

Nieves se llevó pruebas del “invento” del magnicidio contra Maduro

El ex fiscal llevó documentos sobre un caso que investigó el Sebin. Allanaron cuatro fincas en Barinas y Portuguesa en las que supuestamente había paramilitares colombianos con el propósito de asesinar al Presidente. Nieves asegura que funcionarios se apropiaron indebidamente de reses y maquinaria durante el procedimiento

EDGAR LÓPEZ
elopez@el-nacional.com

Franklin Nieves negó que se hubiera llevado a Estados Unidos documentación del proceso penal contra Leopoldo López, aunque admitió que dejó “algo” a buen resguardo en Venezuela e información en un pendrive. En su maleta también metió el oficio en el que consta que fue relevado de llevar la investigación contra María Corina Machado, después de solicitar su  prohibición de salida del país. Luego de una llamada telefónica de su jefe Nelson Mejías, director de Delitos Comunes de la Fiscalía, fue descargado del caso que luego asignaron a Katherine Harrington.

También llevó consigo pruebas de la supuesta actuación fraudulenta de los cuerpos de seguridad y de los operadores judiciales sobre la presunta presencia de paramilitares colombianos en Venezuela con el propósito de asesinar al presidente Nicolás Maduro.

Nieves dirigió la investigación que realizó el Sebin, la cual incluyó allanamientos y detenciones en cuatro fincas: La Pantaleta, Fundo San Benito y La Leonera, en el municipio Sosa de Barinas, así como La Bonanza, en Portuguesa.

El 10 de junio de 2013, el entonces ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, aseguró que el líder de los presuntos paramilitares era José María Barrera Ortiz, alias “Chepe Barrera”, un ex integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia que se acogió a los planes de desmovilización y posteriormente formó parte del liderazgo de Los Rastrojos, una de las bandas criminales más extendidas en la frontera colombo-venezolana.

“Todo eso de los paramilitares contratados para asesinar al presidente Maduro fue un invento. La intención de los funcionarios –del Sebin– era que solicitáramos la incautación de las fincas, para poder apoderarse del ganado y de la maquinaria. A una de las fincas llegaron con una persona vestida de civil y dijeron que era yo, el fiscal Franklin Nieves. Se llevaron las reses para un matadero y se apoderaron de todo el dinero que produjo  la venta de esa carne y de ese cuero. Las maquinarias se las llevaron para las fincas de ellos, porque ellos tienen fincas allá. 1.247 cabezas de ganado se llevaron en esa oportunidad”, dijo el ex fiscal 41 del Ministerio Público.

Nieves responsabilizó directamente de tal apropiación indebida a los comisarios del Sebin-Barinas Otto Padrón y José Superlano y al inspector Leonardo Silva, también adscrito al Sebin-Barinas.

“El primero de julio de este año yo denuncié los hechos ante Joel Espinoza, director de Actuación Procesal de la Fiscalía. Él me dijo: ‘Bueno, ahí no se puede hacer nada”. En cuanto a la finca La Bonanza, en Guanare, Nieves aseguró que el que se benefició de la incautación fraudulenta fue el vicealmirante José Aguilera Contreras, presidente de Agrofanb, una empresa agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: “Él también se llevó un poco de ganado y, luego de las presiones que ejerció con la fiscal general, Luisa Ortega, le entregaron la finca y toda la maquinaria”.

Los colombianos José María Barreras, Néstor Durán Gómez e Iván José Rivero Díaz, quienes figuraban como propietarios de las fincas, fueron imputados de los delitos de legitimación de capitales, asociación y actividades sospechosas. Nieves asegura que son inocentes y supone que las autoridades estadounidenses pudieran estar interesadas en el supuesto fraude que describe, a propósito de las reiteradas denuncias de magnicidio que hace el gobierno.

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