• Caracas (Venezuela)

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La madre de Bassil reta la impunidad del 12-F

Jeneth del Carmen Frías González es una peluquera de 46 años de edad a quien le cambió la vida el asesinato de su hijo, Bassil Da Costa, el primer manifestante muerto en la marcha opositora del 12 de febrero de 2014. En su luto activo, la mujer asiste a todas las audiencias del caso de Leopoldo López. El Nacional logró acceder al expediente del caso del joven carpintero cuyo juicio, a un año del homicidio, todavía no ha comenzado

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No se conocían personalmente, pero necesitaban hacerlo. Y así ocurrió el 13 de agosto de 2014 en la sala de audiencias del Palacio de Justicia, donde se juzga al dirigente opositor Leopoldo López por los hechos violentos con los que concluyó la marcha opositora del 12 de febrero del año pasado.

Él tomó la iniciativa: se le acercó, la abrazó y le dio el pésame. Luego, se puso de cuclillas frente a ella y la tomó de las manos por largo rato. Ambos tanteaban un mismo rosario de diez cuentas.

“Debes tener mucha fuerza y mucha fe. Dios no nos desamparará; ni a ti, ni a mí, ni a los muchachos que todavía están presos, ni a todos los venezolanos que queremos un cambio”, le dijo la mujer. Le regaló una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y un marcador de libros con la fotografía de Bassil Alejandro Da Costa Frías acompañada de una oración. Era Jeneth del Carmen Frías González, la madre del joven carpintero de 23 años de edad, el primer manifestante fallecido el 12 de febrero de 2014. Tiene 46 años de edad y fortaleza para luchar contra la impunidad que priva sobre la mayoría de las 43 muertes ocurridas durante el ciclo de protestas contra el gobierno que se inició hace un año.

En los últimos doce meses le resta horas a su trabajo como peluquera para invertirlas en la exigencia de justicia, con el apoyo de los abogados de la Fundación de Derechos Civiles, Elenis Rodríguez, Joel García y Carlos Aponte. Con una paciencia que ella misma llena de misticismo, espera el inicio del juicio contra los acusados por el homicidio de su hijo. Desde el 17 de  junio de 2014 está pendiente el comienzo del debate oral y público ante la jueza 27 de Juicio, Marisol Figueira, pero el proceso se ha enredado en vericuetos legales que Jeneth Frías no entiende, por más que sus abogados traten de explicarle la perversidad del retardo procesal.

Jeneth Frías no solo está atenta al caso de su hijo: ensaya la solidaridad con su asistencia puntual a todas las sesiones del juicio contra Leopoldo López y los estudiantes Christian Holdack, Marcos Coello, Demian Martínez y Ángel González. “Yo necesitaba decirle a Leopoldo que en ningún momento yo lo responsabilizo de la muerte de mi hijo, que no lo culpo de nada. Yo voy siempre a su juicio para darle fuerzas, la fortaleza que tengo yo, a pesar de mi dolor, a pesar de la falta que me hace mi Bassil; que él también se sienta con esa fuerza de seguir luchando por Venezuela, por nuestros hijos. Porque él también es padre y uno como padre hace hasta lo imposible por un futuro mejor para sus hijos”, insiste.

López le retribuye el gesto y no deja de recordar durante el proceso penal en su contra: “Allí está la mamá de Bassil, esperando que comience el juicio contra los homicidas de su hijo. Y no arranca por las maniobras procesales que ha usado la Fiscalía para proteger a los militares, policías y grupos de civiles armados por el gobierno. No es casualidad que en las pocas investigaciones que han avanzado, la misma Fiscalía haya determinado que los asesinos son funcionarios de los cuerpos de seguridad, lo cual confirma la brutalidad de la represión que se profundizó hace un año. Jeneth Frías es un ejemplo de dignidad que justifica los sacrificios que debemos seguir haciendo por el país, antes de que la violencia nos envilezca como seres humanos”. 

Los vicios del sistema. En un par de oportunidades, López le ha advertido a la jueza 28 de Juicio, Susana Barreiros, que no bajará el tono en su esfuerzo de poner en evidencia el talante autoritario del gobierno de Nicolás Maduro y los vicios del sistema de administración de justicia. La única vez que se le ha quebrado la voz fue el 18 de noviembre de 2014, cuando relató que su hija Manuela, de 6 años de edad, le preguntó: “Papi, ¿tú te vas a morir en la cárcel?”.

Ese día López cumplía 9 meses recluido en la prisión militar de Ramo Verde y le reclamó a Barreiros haber clausurado el Tribunal 28 de Juicio durante un mes para demorar la respuesta (finalmente negativa) que debía dar al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura. Las tres instancias de la ONU habían pedido su liberación.  “Usted, que es una jueza provisoria y no tiene autonomía, como todos los que han intervenido en este caso y más de 70% de los jueces venezolanos, usted no me va a quebrar”, le ha dicho a Susana Barreiros.

Siempre desde el mismo lugar de la sala de audiencias, en el extremo este del primer piso del Palacio de Justicia, la madre de Bassil Da Costa ha sido testigo de las pasiones y razones que se expresan en el juicio contra López. Se ubica detrás de Christian Holdack, el estudiante que permanece detenido desde el 12 de febrero y que infructuosamente ha implorado una medida humanitaria, pues sufre de dolores de cabeza permanentes y muchas veces se muestra perturbado. Cada vez que Holdack lo necesita, Jeneth Frías lo abraza y le pide que confíe en Dios.

Para ella, el amplísimo apoyo internacional que ha recibido Leopoldo López resulta lógico, pero le es ajeno. En los mismos bancos de madera destinados al público que asiste al debate oral y público donde se sienta, han estado al menos una docena de delegados de organismos y países extranjeros, ninguno de los cuales ha demostrado mayor interés por la muerte de Bassil Da Costa.

Frías nunca ha viajado al exterior: “Nooooo, mijo, apenas ahora es que yo estoy saliendo de mi casa. Y apenas para Caracas, para los tribunales. Ni mi Bassil ni yo habíamos participado en protestas ni en nada político, pero en los últimos años él sí me decía: ‘Mamá, hay que hacer algo por este país’. Estaba muy contento porque había sacado su pasaporte. Su sueño era ir al Mundial de Brasil. Era un fanático del fútbol: lo jugaba y era de la barra del Deportivo Táchira, y por eso conoció algunas ciudades de Venezuela”.

Guatire y Ramo Verde. La habitación de Bassil Da Costa, en esa vivienda sin número del barrio Valle Verde de Guatire, es como un santuario para sus deudos. Entra mucha luz y las paredes están pintadas en dos tonos de azul. Sobre la cama hay un balón y cinco cuadros, cuyos marcos de madera había hecho el joven para la venta. Su foto sobre un estante, al lado de una Virgen de Betania, un televisor y un equipo de Playstation. “Parecía un muchachito, pasaba horas y horas en eso de los videojuegos”, cuenta la madre. En una pared, el uniforme de fútbol y su tabla de surf; en la otra, una colección de gorras. En los estantes del armario, simétricamente dispuestos, hay tres perfumes, cuatro relojes, sus lentes, un desodorante, un mazo de barajas y el primer teléfono celular que tuvo. La cartera negra de cuero tiene intacto lo que cargaba el 12 de febrero, entre otras cosas, unos pocos billeticos enrollados con una liga y un par de condones. “Porque eso sí, yo me esforcé mucho porque mi muchacho fuera responsable y respetuoso, consigo mismo y con todo el mundo. Nada de estar regando hijos por el mundo, porque él sabía que yo me tuve que embraguetar muy duro para ser mamá y papá a la vez, para hacer de él un hombre bueno y honesto”, se apresura a explicar la mujer.

Lejos de allí, en el frío de los Altos Mirandinos, hay otra habitación en la que no entra tanta luz. De la celda de Leopoldo López se sabe lo que cuentan él, sus padres, hermanas y esposa, así como sus abogados defensores, los únicos que han podido visitarlo durante casi un año de reclusión.  Está en un edificio anexo de Ramo Verde destinado al castigo de los reos militares que fue remodelado para los presos políticos. Lo recluyeron  en el tercer piso (el último), en  un espacio de aproximadamente 18 metros cuadrados que incluye un pequeño baño. Allí cabe una cama individual, un gabinete que funciona como alacena, una cocina de una hornilla y un horno eléctrico. El resto está ocupado por montones de libros, la mitad de ellos regalados por familiares y amigos, que lee en un sillón que perteneció a su bisabuela. Las paredes fueron convertidas en murales y collages por López y sus hijos: en una pintaron un samán y luego le pegaron pájaros venezolanos  de varias especies que recortaron de una revista; en otra, la pequeña Manuela dibujó a la familia y ella se representó como una niña contenta, que levanta una bandera nacional. No faltan las fotos de sus mayores afectos: hijos, esposa, padres, hermanas. En otra aparece él en una jornada de toros coleados. La parte interna de la puerta es una especie de galería de famosos: Simón Bolívar, Gandhi, Nelson Mandela, la madre Teresa de Calcuta, el papa Francisco, Rómulo Betancourt y Muhammad Alí. El mapa de Venezuela ocupa un lugar privilegiado y el dirigente opositor también lo lleva tatuado en la pantorrilla izquierda. Bassil, de igual forma, tenía su afición en la piel: en la espalda se tatuó una manopla con los símbolos del Deportivo Táchira.

A través de cuatro cámaras conectadas a un circuito cerrado de televisión vigilan todos sus movimientos. No hay intimidad posible, ni siquiera a las 4:45 am de todos los días, cuando López inicia sus ejercicios espirituales basados en las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. En la octava requisa a su celda, de madrugada, militares encapuchados lo despojaron del manuscrito de un libro que había comenzado sobre política petrolera y no ha podido reiniciarlo.

El promotor del movimiento La Salida y luego de la Asamblea Nacional Constituyente dice haber conocido un recluso en Ramo Verde que le dijo que allí había dos opciones: crecer como preso o como ser humano. “Opté por lo segundo. No me van a dañar el corazón ni la mente”, repite y repite. 

Desde su peluquería, instalada en su propia casa, con la imagen del Corazón de Jesús detrás de sí, Jeneth Frías también reafirma: “Yo no tengo miedo. Dios es mi guardaespalda y mi abogado, junto a esos ángeles de Fundeci (la Fundación de Derechos Civiles, presidida por Elenis Rodríguez). Yo nunca pensé que mi vida iba a dar un vuelco tan grande. Ahora la lucha por mis hijos es distinta, porque me mataron a uno. Pero seguiré luchando por las muertes y prisiones injustas. Sé que puede ser muy duro y que recibiré golpes, como el del nuevo defensor del pueblo, Tarek William Saab, que se negó a atenderme. Pero mi Bassil, muy allá donde está, me dice: ‘Mamá, por su corazón noble que usted siempre ha tenido, siga luchando; no solo por mí, sino por los que quedan vivos. Y yo le contesto: ‘Bueno, papi, así será’”.

–¿Si pudiera tener a Bassil de vuelta con usted, aunque sea solo un día, que le diría, qué haría con él?
–¡Ay! (suspira). Lo besara, lo abrazara, lo apurruñara, le diría que lo amo. Que le doy gracias por ser Bassil y por la lucha que dio por su país. Y que yo, su mamá, voy a seguir esa lucha. Que es la mejor manera de honrar su sacrificio.

Melvin Collazos y un tal Miguelito
La Fiscalía recabó pruebas sobre la participación de los funcionarios del Sebin José Miguel Domínguez, Giovanni Valladares y Melvin Collazos en el homicidio de Bassil Da Costa; sin embargo, no fueron acusados

La madre de Bassil Da Costa Frías se enteró de que la Fiscalía había acusado al comisario del Sebin José Ramón Perdomo Camacho como el autor material del homicidio de su hijo a través de la prensa. Nunca tuvo participación en la etapa de investigación fiscal, a pesar de que, como víctima, tenía el derecho de solicitar todas las diligencias que considerara pertinentes para lograr la plena identificación, enjuiciamiento y sanción de todos los responsables.

“Todos los días reviso la página de Facebook Bassil Da Costa Luchador Venezolano, a ver qué hay de nuevo. Allí se han publicado muchos videos y fotografías que demuestran la participación de muchas otras personas además de Perdomo, entre ellos Melvin Collazos y un tal Miguelito”, dice Jeneth Frías.

Ante la profusión de imágenes difundidas por Internet que revelaron los excesos cometidos por los funcionarios de los cuerpos de seguridad al finalizar la marcha, y después de que el presidente Nicolás Maduro reconociera públicamente que miembros del Sebin habían desobedecido las órdenes de acuartelamiento, la Fiscalía inició las investigaciones.

El Nacional logró acceder al expediente 18.978-14 (nomenclatura del Tribunal 48 de Control) en el que se describe la actuación de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, el Ejército y el Sebin, así como de integrantes del Secretariado Revolucionario de Venezuela el 12 de febrero de 2014: “…Todos portando armas de fuego cortas y largas (…) comenzaron a disparar en contra de las personas que manifestaban específicamente en la esquina donde se encuentra el restaurante La Cocina de Francy”, en la esquina de Tracabordo en Candelaria donde cayó muerto Bassil Da Costa.

Seis días después de los sucesos, el Ministerio Público solicitó ante el juez 48 de Control, Nelson Moncada Gómez, la aprehensión de 10 funcionarios: el comisario José Ramón Perdomo Camacho, el agente de la Policía Nacional Bolivariana Andry Jaspe, el sargento segundo del Ejército Jonathan Rodríguez Duarte, y los funcionarios del Sebin Manuel Pérez, Edgar Lara, Héctor Rodríguez Pérez, Jimmy Sáez y Jonfer Márquez.  También debían ser apresados los integrantes de la policía política Giovanni Valladares y José Miguel Domínguez. Este último es el “tal Miguelito” que refiere la madre de Bassil.

Solo ocho se pusieron a derecho: faltaron Giovanni Valladares y José Miguel Domínguez Ramírez.  La audiencia preliminar comenzó el 14 de mayo y se suspendió por más de un mes. En ese lapso la Fiscalía, que había requerido su captura, borró sus nombres de la lista de acusados. Todo ello a pesar de que en el expediente hay múltiples pruebas de su participación en los sucesos en los que, además de Bassil Da Costa, también fue asesinado Juan Montoya, coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela que agrupa a colectivos de Caracas.

La acusación presentada el 10 de abril de 2014 fue suscrita por los fiscales Johanna Carolina Peña de Ferro, Carla Cristina Chirinos Silva y Miguel Ángel Hernández. En el documento, elaborado por el propio Ministerio Público, constan decenas de pruebas promovidas por este organismo que comprometen a los dos funcionarios en el homicidio de Bassil Da Costa. Muchas de las pruebas que recabó la Fiscalía en contra de José Miguel Domínguez Ramírez y Giovanni José Valladares López fueron admitidas por el juez Moncada Gómez para ser analizadas en debate oral y público, cuyo inicio se espera desde el 17 de junio de 2014.

En la página 42 de la acusación se identifica a Domínguez Rodríguez como “alias Miguelito” y líder de una banda delictiva responsable de al menos 4 asesinatos, entre ellos el del detective del Cicpc Edison José Flores Padrón. El funcionario del Cicpc Adrián Escobar, que analizó las imágenes del asesinato de Bassil que circularon por Internet, certifica la participación de “funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en compañía de sujetos integrantes del Colectivo Revolucionario Continente”. Y, más específicamente, al describir una segunda diapositiva, se indica: “Observamos a los ciudadanos identificados como Domínguez Ramírez José Miguel y Valladares López, quienes hacen parte del Colectivo Revolucionario Continente”. En otras imágenes aparecen con pistolas marca Glock, justo en los momentos en que las accionaron contra los manifestantes que se encontraban en la esquina de Tracabordo.

En otra acta de investigación policial fechada el 17 de febrero de 2014 se precisa que el director de la Policía del Municipio Libertador, Rafael León, certificó personalmente que Domínguez Ramírez está adscrito a ese organismo con el rango de comisario, mientras que Valladares López es oficial. El 20 de febrero de 2014, los fiscales entrevistaron al comisario general Cruz Ramón Quintana Caraballo, director de Acciones Inmediatas del Sebin. Al ser interrogado sobre Domínguez Ramírez, el director del Sebin informó que está adscrito a la dirección de inteligencia de la policía política.

El 17 de junio, cuando concluyó la audiencia preliminar, el abogado Nilken Guerrero, defensor de Andry Jaspe López, se quejó del trato preferencial que había recibido Domínguez Ramírez, quien inicialmente había sido imputado como determinador del delito de homicidio en perjuicio de Bassil Da Costa. Destacó que Domínguez Ramírez se  mantuvo prófugo hasta el 13 de mayo, un día antes del inicio de la audiencia preliminar, con la seguridad de que sería exonerado de toda responsabilidad.

Moto y pistola. Hay otras omisiones. En el análisis de la 3°, 24°, 25° y 26° diapositivas se identifica al comisario del Sebin Melvin Collazos Rangel, en una moto marca Kawasaki, modelo KLR 650, color negro. Se le describe “apuntando con su arma de fuego a los manifestantes”. El director de Acciones Inmediatas también verificó que Collazos Rangel es comisario adscrito a la Dirección de Inteligencia. Así como sucedió con “Miguelito” y Valladares, la actuación de Collazos Rangel queda evidenciada en el expediente, pero la Fiscalía nunca lo acusó.

En definitiva, por la muerte de Da Costa hay ocho imputados y solo está preso José Ramón Perdomo Camacho, pues el resto de los funcionarios afrontará el juicio en libertad y solo tienen  la obligación  de presentarse semanalmente ante el tribunal de la causa.

La jueza Marisol Figueira convocó al acto de apertura del juicio en el caso de Bassil Da Costa para el 6 de febrero, casi un año después del asesinato. Jeneth Frías tendría que acumular otro golpe, el del diferimiento de la audiencia para el 20 de marzo. Pero no se amilana y asegura, como Leopoldo López, que no la van a cansar.

“Me pregunta cómo está la cosa en las calles y yo le dije que estaba difícil”
El 47° elemento de convicción incluido en la acusación fiscal del caso de Bassil Da Costa es la entrevista al director de Acciones Inmediatas del Sebin, comisario general Cruz Ramón Quintana Caraballo, quien reconoce que envió a la policía política a la calle 

“El día 12 de febrero de 2014, por instrucciones del director general, Manuel Gregorio Bernal Martínez, y del director de Secretaría, Cristian Medina, del Sebin, envié un equipo de comando motorizado para monitorear a distancia las dos marchas que se realizaban en el centro de Caracas, con el fin de verificar los puntos vulnerables que existieran en las respectivas barricadas de la Policía Nacional”, precisó  el director de Acciones Inmediatas del Sebin, Cruz Ramón Quintana. De esa forma, aclaraba que la directiva del Sebin autorizó la salida de los funcionarios a la calle. Ello a propósito de que  el  presidente Nicolás Maduro se hizo eco de una orden de acuartelamiento.

El funcionario señaló que el comando estaba coordinado por el comisario jefe Manuel Pérez y que él se trasladó a la avenida Universidad cuando se le informó  que le informó que los agentes de la policía política estaban siendo atacados:  “Es cuando procedo  a hacerle un llamado a la Comisión de Comandos contra Terroristas para que acudan al apoyo con la unidad URO (camión negro especial), con perdigones y lacrimógenas para el rescate de los compañeros motorizados que habían sido emboscados.

“Una vez que llego a la esquina de Tracabordo, observo que la manifestación está más distante y se encuentra en la avenida México, por lo que ordené a todas las unidades y los funcionarios que se agruparan en la esquina de Tracabordo, para mantener el control de todos ellos, y le notifico  a la central de operaciones que ya la situación estaba controlada. Luego recibo llamada nuevamente del director general del momento, Manuel Gregorio Bernal Martínez, quien me indica que haga un despliegue para mantener el monitoreo a distancia, y lo mantenga informado. Y ordené a todas las unidades que se desplegaran en grupos de dos unidades vehiculares juntas…”. En la esquina Tracabordo cayó Bassil Da Costa.

Quintana Caraballo también informó que se comunicó telefónicamente con el ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres: “Me pregunta cómo está la cosa en las calles y yo le dije que estaba difícil. El ministro me indica que nos retiremos de las calles y di la orden (…) aproximadamente a las 7:30 de la noche ya no había unidades en la calle…”

Quintana Caraballo fue requerido en la sede del Sebin de Plaza Venezuela. El director Bernal Martínez le pidó explicaciones sobre tres funcionarios de la policía política que aparecían en un video que se había viralizado en Internet. “Me dice: ‘Explícame  esto’. Y yo me asombré y le expliqué que esos eran los funcionarios del comando motorizado que fueron atacados  durante el día en la esquina de Tracabordo. No me deja  que continúe mi relato y empieza a negar la existencia de la comisión en la calle, haciendo ver que habíamos salido sin autorización, por lo que me quedé callado. No quise caer en controversia, respondiéndole siempre con la palabra ‘entendido’”.

El funcionario aseguró que la prohibición de salir “con armas visibles y unidades identificadas”, se emitió, tardíamente, el 13 de febrero.