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El lago de los olvidados

Niños enfermos de sarna, ancianos afectados por infecciones respiratorias, familias desplazadas por la acumulación de aguas negras y basura. Las brisas que surcan la cuenca del Lago de Valencia agitan la pestilencia y la desesperanza. Sin embargo, expertos de varias disciplinas proponen alternativas para convertir al lago en una oportunidad de desarrollo y exigen concertar un plan nacional para salvarlo. Por primera vez, el Estado se enfrenta a una demanda ciudadana por la calidad del agua

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Durante 61 años, Saverio Césare ha avistado las aguas del Lago de Valencia desde las ventanas de su casa. Su padre invirtió la pensión de guerra que le pagaba cada mes el Estado italiano para construir una finca de 24 hectáreas en la calle Lara de la urbanización Brisas del Lago, ubicada en el municipio Girardot, una de las 11 entidades aragüenas afectadas por el aumento de cerca de 5 metros que ha registrado la cota del lago en los últimos 8 años.

En 2008, las aguas silentes pero irrefrenables del lago coparon un enorme patio que fungió como cancha deportiva entre 1992 y 2006, cuando la familia Césare regentó la Unidad Educativa Ciudad Jardín, que ofrecía clases para alumnos de preescolar y primaria en las mañanas y para estudiantes de bachillerato en las tardes. Progresivamente, aquella capa de agua hedionda y verdosa se apoderó de un cobertizo donde se arruman máquinas y trastos, luego de un jardín interno que separaba las instalaciones traseras de la casa principal, y después de una sala que entre 2000 y 2010 sirvió como refugio a los médicos cubanos que instalaron allí la primera sede de Barrio Adentro en la zona. Hasta el momento, el lago inunda 12 hectáreas de la propiedad.

Envuelto en el reflujo de las cloacas, Césare se ve obligado por un golpe de brisa a interrumpir el relato de aquellas épocas para explicar cómo ha cambiado su vida por la contaminación y el desborde del Lago de Valencia: “Hace 5 meses enterré a mi esposa por una infección respiratoria. El año pasado, mis padres murieron de lo mismo. Ahora mi nieto Salvatore, de 2 años de edad, respira con dificultad. Ese lago que tanto quisimos, ahora nos está matando”. Su yerno Jeferson Arenas es otro miembro de las 6 familias que habitan esta finca y que se rehúsan a desalojarla para mudarse a un refugio. “Tenemos derecho a que el Gobierno nos pague una indemnización que nos permita comprar otra vivienda”, asegura Arenas mientras intenta aliviar la tos de su hijo Salvatore con palmadas en la espalda.

Desde la calle Terepaima en Brisas del Lago se avista el techo y tres arcos de la iglesia evangélica pentecostal La Voz del Cielo. Los montículos de desperdicios que se acumulan en las márgenes del lago sirven para apreciar el aumento de la cota de agua en este sector: kilómetros de calles ocupadas por viviendas quedaron sepultadas bajo el agua y hoy apenas se divisan las cabezas de los postes y las garzas que descansan sobre ellos.

Esperanzados con la posibilidad de que sus testimonios aparezcan en la “prensa de Caracas”, los vecinos de la calle Terepaima se aglomeran cargados con carpetas que resguardan decenas de recaudos que han presentado ante la Gobernación de Aragua para solicitar entre 350.000 a 500.000 bolívares fijados por las autoridades para financiar la compra de casas en el mercado secundario. Aprovechan la oportunidad para mostrar una copia de una carta que le enviaron al presidente Nicolás Maduro para recordarle que la sentencia número 1.632, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia el 11 de agosto de 2006, obliga a la Autoridad Única de Área para la Cuenca del Lago de Valencia a coordinar el desalojo de los habitantes de los sectores La Punta y Mata Redonda, así como el pago de indemnizaciones para que adquieran nuevas viviendas.

“Conseguí una casa en Turmero que costaba 600.000 bolívares y aunque estaba dispuesta a pagar la diferencia, la Gobernación de Aragua no me dio la indemnización que me tocaba. Pasé toda mi vida construyendo esta casa y no estoy dispuesta a quedarme en la calle”, advierte Tereza Hernández, quien tiene 65 años de edad y arrancó los trámites para mudarse en noviembre de 2011.

En la calle Paraíso del barrio Aguacatal II, Pedro Ramírez prestó el patio inundado de su casa para sostener una reunión el 20 de julio con el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, quien definió a los vecinos de la comunidad como “refugiados a cielo abierto” y prometió reubicarlos a través de la Misión Vivienda. “Hasta el momento el gobernador no ha entregado ni uno solo de los apartamentos que ofreció”, aseguró.

Desde la puerta de su vivienda, Ramírez apunta la casa de un vecino cuyos hijos han padecido sarna por la contaminación del agua y la de otro donde se han capturado serpientes y babas emergidas del lago. “Cada vez que llueve, las casas se nos inundan y sentimos que tenemos que salir corriendo. Ya el Gobierno sabe lo que está pasando así que lo único que nos queda es la denuncia”, comenta flanqueado por la pinta en un muro que dice: “Yo sí quiero mi apartamento”.

Indefensión ciudadana. El 24 de febrero de 2005, el presidente Hugo Chávez declaró por primera vez el estado de emergencia en la cuenca del lago por el riesgo de inundaciones en las áreas aledañas, y creó la Autoridad Única de Área para la Cuenca del Lago de Valencia como la máxima instancia encargada de asegurar la protección ambiental de ese reservorio natural. Este despacho es encabezado por la ingeniera Luigina Cercio, quien asumió también la dirección de Hidrocentro a mediados de agosto.

En 2007, el Gobierno inauguró el trasvase de 5.600 litros por segundo de aguas contaminadas con residuos industriales y domésticos desde el lago hasta el embalse Pao Cachinche, una medida que llevó el problema a los grifos de más de 3 millones de habitantes en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.  

Lay Melina Alcina se mudó de Caracas a Valencia en el año 2005 y asegura que desde 2009 el deterioro en la calidad del agua es una preocupación cotidiana. “En Carabobo no podemos lavar la ropa blanca con el agua marrón que sale de los grifos porque se pone beige. Compramos agua potable para cocinar y lavarnos la cara y los dientes. Sin embargo, tenemos que bañarnos con esa agua que causa erupciones y ardor en los ojos. Y además, hay que pagar la factura a tiempo aunque nadie se hace responsable por lo que está pasando”, explica desde la capital carabobeña.

Los habitantes de la región central del país repiten una y otra vez la misma pregunta: ¿a qué instancia pueden acudir para lograr que el agua vuelva a ser incolora, inodora y confiable? Un grupo de ciudadanos creó el Movimiento por la Calidad del Agua en Carabobo e introdujo una demanda contra el Estado, en las figuras de Hidroven e Hidrocentro, como una acción de protección al derecho a la salud y al ambiente sano de los habitantes de Carabobo, Aragua y Cojedes, según explicó Lucio Herrera, representante legal de la organización.

El Tribunal Supremo de Justicia se declaró incompetente para conocer el caso y lo derivó al Juzgado Tercero de Valencia, San Diego, Los Guayos y Libertador, que admitió la demanda. Por primera vez, el Estado venezolano afronta un litigio por su responsabilidad como prestador del servicio de agua potable.