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De lado y lado piden vuelta del financiamiento público

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PPT apoya al gobierno y Copei a la oposición. Los dos partidos, sin embargo, tienen un objetivo en común: el regreso del financiamiento público a las actividades proselitistas que se realizan a través de las organizaciones políticas.

La Constitución de 1999 establece que una ley debe regular lo concerniente al financiamiento de los partidos, pero 14 años después el tema no ha sido discutido en la Asamblea Nacional a pesar de que PPT introdujo un proyecto hace casi 5 años y Copei ofreció otra propuesta hace unas semanas.

Ángel Álvarez, que trabaja en un libro sobre el financiamiento de la política en América Latina y Europa, sostiene que se debe encontrar una forma para que el Estado venezolano vuelva a ayudar económicamente a los partidos por dos razones: para que la política no sea dominada por grupos de poder y para evitar la corrupción, pues es muy difícil controlar la entrada de dinero por vía privada.

El experto agrega que, en la mayor parte de los países europeos y latinoamericanos, el financiamiento de la política es totalmente público o mixto.

El proyecto de PPT planteaba la creación de un fondo público que otorgaría recursos a los partidos para que hagan campaña electoral según el porcentaje de votos que obtuvo cada uno en la última elección parlamentaria.

La propuesta de Copei es más ambiciosa. Basándose en el artículo 62 de la Constitución, que dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en asuntos públicos, proponen que se distribuya 0,5% del presupuesto nacional entre los partidos, con el fin de que la ciudadanía pueda actuar en la política a través de las organizaciones de su agrado.

Roberto Enríquez, secretario general de Copei, propone que así se financien las campañas electorales, procesos de formación y capacitación de la militancia, organización popular, investigación y activismo social.

Ambas propuestas dejan espacio a los ingresos privados, sobre todo para financiar la vida ordinaria de un partido en lo que respecta al pago de servicios. Enríquez dice que esto es lo que la carta magna prohíbe que se haga con dinero del Estado.

Ilenia Medina, secretaria de Organización de PPT, considera extraño que se haya dilatado tanto el debate sobre este tema en la AN.

"Cuando presentamos el proyecto, ni el PSUV ni los partidos de la derecha le prestaron atención.

La indiferencia tiene que ver con algo que a ellos les favorece. Cuando hay un planteamiento, si uno siente que acompaña sus intereses, lo acompaña".

Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, partido que respalda la propuesta copeyana, es más tajante al evaluar el tema: "Dilatan el debate porque la situación les es cómoda.

Si hubiese igualdad de condiciones, el oficialismo estaría liquidado políticamente".

Enríquez, por su parte, ve posible que el asunto entre ahora en discusión luego de que el presidente Nicolás Maduro lo haya abordado.

"Planteó un debate contra la corrupción y la falta de financiamiento también crea todas las condiciones para que el sector político sea penetrado por ella. Si no se resuelve el tema del financiamiento, toda esa lucha es una farsa", asegura.