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“Los jueces honestos no tardarán en aparecer”

Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista | Crédito: Hnery Delgado

Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista | Crédito: Hnery Delgado

Enrique Sánchez Falcón. Abogado constitucionalista, docente de la UCV y la UCAB

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—¿Es ciega o sorda la justicia en Venezuela?

—Tuerta, evidentemente… Mira hacia un solo lado.

—A pesar de estar simbolizada por una dama, ¿por qué la justicia es tan golpeada?

—No será un caso de misoginia, pues quienes la imparten son mayoritariamente mujeres.

—¿Es un golpe de Estado la decisión del TSJ que dicta la vigencia del decreto de emergencia económica pasando por encima de la AN?

—Carece de tal entidad. Más bien parece una pataleta o malcriadez que pronto recibirá su merecido.

—¿Es posible un golpe desde la AN?

—Como dicen los de la hermana República: ¿cómo así, si allí no hay tropas, ni divisiones, ni tanques ni armas?

—¿La traba del recorte del período presidencial?

—El recorte mental de aquellos que “no morirán de inteligencia”.

—¿Por qué el régimen le teme a la ley de amnistía? 

—Porque desnuda su talante autocrático. Cada uno de los casos que serán amnistiados evidenciará cómo se utilizó a la justicia para reprimir a la oposición.

—Pese al artículo 214 de la Constitución, Maduro ha dicho que no va a liberar a los presos políticos…

—También ha dicho que derrotará la inflación, le torcerá el brazo al dólar paralelo, someterá a la delincuencia. Su debilidad es inocultable.

—¿La diferencia entre presos políticos y políticos presos?

—La misma que existe entre sensatez y estulticia.

—¿Será liberado Leopoldo López?

—Sin duda. Hasta los chavistas, en su fuero interno, están convencidos de su inocencia. Conocen bien que los tres muertos del 12 de febrero de 2014, Montoya, Bassil y Redman, fueron por balas del gobierno y que esas muertes detonaron las protestas posteriores, no el discurso ni los tweets de Leopoldo.

—¿Qué puede y qué no puede hacer ante el TSJ la mayoría calificada?

—Puede modificar la ley orgánica que lo rige con el fin de precisar las competencias constitucionalmente atribuidas y así evitar, por ejemplo, que la Sala Constitucional sustituya al poder constituyente o al Poder Legislativo. No puede desconocer las competencias que la Constitución le atribuye.

—La revolución ha dicho sentirse amenazada frente a la mayoría opositora…

—Responderle significaría aceptar que en Venezuela ha habido algo parecido a una revolución y no una descomunal empresa propagandística, con mucho dinero para una exitosa y bien administrada campaña publicitaria, que es lo que está por concluir.

—¿Qué pasa si Maduro no quiere firmar una ley?

—Nada. La firmarían el presidente y los vicepresidentes de la Asamblea Nacional, tal como lo estatuye el artículo 216 de la Constitución.

—¿Podría el gobierno disolver la nueva AN?

—No dentro del actual orden constitucional, pues supondría que la oposición se suicidara censurando y removiendo más de dos veces al vicepresidente propuesto por el presidente, tal como lo establece el artículo 240 de la Constitución.

—¿Puede la mayoría parlamentaria disolver al gobierno de Maduro?

—Tampoco puede, pero el pueblo organizado sí puede pedirle la renuncia, revocarle el mandato o recortarle el período.

—Director de Averiguaciones Administrativas de la Contraloría General de la República en 1985, ¿qué extraña de aquellos años?

Contralores con bríos para investigar a jefes políticos del gobierno de turno.

—¿Por qué los funcionarios hoy se niegan a ser interpelados?

—Por culillo.

—¿Entre el Poder Judicial del puntofijismo y el de la revolución?

—Insisto, ¿cuál  revolución? En todo caso,  los jueces honestos de siempre que, seguramente, no tardarán en aparecer.

¿El derecho más torcido en Venezuela?

—El que emana de la Sala Constitucional del TSJ.

—¿Da pena el Derecho Penal?

—El que se está utilizando para atropellar a los venezolanos, sí. El que practican juristas como Alberto Arteaga, Juan Carlos Gutiérrez, José Vicente Haro y otros como ellos, no.

—¿Y los derechos humanos?

—Están resistiendo la embestida fascista del gobierno, con la ayuda invalorable de ONG como Provea, Cofavic, Foro Penal, Observatorio de Prisiones, Una Ventana a la Libertad y tantas otras.

—¿Vale la pena denunciar en Venezuela? 70% de la población no lo haría…

—Siempre vale la pena, aunque la denuncia nos la reciba el delincuente.

—¿La paradoja de la justicia nacional?

—Que la impartan quienes deberían estar siendo juzgados.

—¿La oposición ha violado la Constitución?

—Es probable, pero seguramente no más que el régimen.

—¿Incentiva la delincuencia el populismo?

—No creo, aunque estimula la irresponsabilidad.

—¿Penaría por igual a un delincuente y al juez que lo libera?

—No. El juez merece doble pena: por el delito que dejó impune y por el que él comete.

—¿Ocuparán sus curules los diputados electos por Amazonas?

—Indudablemente, es su derecho y el del pueblo de la entidad que los eligió.

—¿Garantiza la FANB la paz en el país?

—En este momento no. Sus jefes están muy ocupados malgobernando. Hoy es una organización dirigida por unos sujetos que creen ser el sostén del gobierno.

—¿Lo más inconstitucional contra la Constitución?

—Pintarla primero de rojo rojito y ahora de un verde oliva repugnante.

—Profesor de Derecho Constitucional, ¿cómo hace para motivar a sus alumnos ante esta realidad?

—Nunca antes había enseñado Derecho Constitucional con tanta claridad. El contraste con la realidad venezolana de estos diecisiete años de fascismo torna evidente su función como técnica de la libertad.

—¿La salida constitucional?

La que decida la MUD entre las tres planteadas: enmienda, revocatorio o asamblea constituyente. Pero ¡cuidado!, si es el revocatorio este debe ocurrir antes del 10 de enero de 2017, fecha en que finaliza el cuarto año del período presidencial que está completando Maduro.

—¿Qué pasaría en Venezuela si sucediese un choque de trenes  entre los poderes Legislativo y Ejecutivo?

—El correspondiente equipo de investigación de accidentes determinaría cuál de los trenes incumplió las normas y, entonces, se podría exigir las responsabilidades a que haya lugar.