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El hambre azota en Caño Sawa

Fotos: Gustavo Bauer

Fotos: Gustavo Bauer

Cientos de niños en La Guajira comienzan a desertar de las escuelas por falta de alimentos. Caño Sawa es uno de los pueblos con mayor deserción escolar. El cierre de la frontera que se mantiene desde septiembre dejó a la etnia wayúu sin posibilidad de movilizarse para buscar alimentos. Las familias deben hacer un viaje de hora y media hasta Maracaibo para abastecerse

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Caño Sawa es un pueblo de pescadores a la orilla de una de las playas más bellas y extensas del país. Un paraíso para el turismo de la subregión fronteriza del estado Zulia, a escasos 10 minutos del hito número 1 en Castillete, donde comienza Venezuela, a una hora y media de Maracaibo.

Desde sus orillas se vislumbran las montañas de Colombia, al igual que un cementerio de embarcaciones y piezas de motores para lanchas completamente destartalados. Las lanchas se van quedando sin repuestos y se convierten en piezas inútiles para su propósito.

En Caño Sawa la diversión de una centena de niños es corretear todo el día detrás de un balón, del que solo va quedando la tripa. Poco a poco se suman otros niños de la playa, algunos pelean de vez en cuando para darle patadas a la pelota; otros simplemente observan, sin energía.

“El balón fue un regalo del mar para entretenerlos”, dice Magalys Rosa López, mujer de rasgos indígenas de aproximadamente 55 años de edad, para referirse a la bola deforme y naranja que fue encontrada hace días flotando en el mar y que pasó de inmediato a convertirse en el principal pasatiempo de los jóvenes que no tienen nada más que hacer, pese a que están inscritos en las escuelas Fe y Alegría y Bolivariana de Paraguaipoa.

En el pueblo han ido abandonando sus tareas de a poco durante los últimos meses,  ante el auge del hambre y la miseria que se intensifica en sus casas a orillas del Caribe y a escasos metros de la frontera con Colombia. Sus padres sacrificaron el estudio de los niños porque cada vez disponen de menos recursos y tiempo para llevarlos. Abandonaron la pesca porque dejó de ser rentable y no puede competir con el contrabando y el bachaqueo.

La necesidad, el hambre y la miseria han obligado a buena parte de los habitantes a migrar a los supermercados de Maracaibo porque los establecimientos de las redes Mercal y Pdval en La Guajira han ido cerrando.

El informe Zulia Bajo Excepción, elaborado por la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), afirma que se han recrudecido las precariedades que padecen los wayúu debido a que son escasas las opciones de establecimientos comerciales dedicados a la venta de alimentos y, por otro lado, porque desde que se decretó el estado de excepción en septiembre pasado el precio de los productos de primera necesidad aumentó drásticamente en los mercados de revendedores, la principal opción para los habitantes de La Guajira.

La última vez que el Instituto Nacional de Estadística reportó cifras oficiales fue en 2011. Ese año se reportaron cinco defunciones de niños asociadas con problemas de nutrición en el Zulia, sin especificar en qué región del estado ocurrieron los decesos.

Las alarmas se encendieron nuevamente desde que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó en febrero que hay 898 niños desnutridos en La Guajira y 91 madres gestantes con bajo peso.

La Guajira es un territorio ancestral que pertenece a las comunidades indígenas que lo integran, por lo que se reconoce como una zona sin división político-territorial establecida, y por eso –hasta que se decretó el estado de excepción– era de libre tránsito entre Colombia y Venezuela.

Transparencia Venezuela ha denunciado la situación. Jesús Urbina, coordinador regional de la ONG, señala que si la desnutrición golpea fuertemente al Departamento de La Guajira en Colombia, con más razón debe estar haciendo estragos en los caseríos alejados del lado venezolano, donde además de la sequía aqueja la escasez de alimentos y medicinas.

Sin embargo, Saylin Fernández, miembro del Comité de Derechos Humanos de la Guajira y reportera de Fe y Alegría, aclara que en Venezuela no se reproduce el problema con la misma intensidad, gracias a que existe, aun con limitaciones, el Programa de Alimentación Escolar: “Están dando comida a los niños, no como debe ser, pero sí lo hacen. Los niños no comen en la casa, pero sí en la escuela. El problema es que no mandan comida. A veces mandan a las escuelas ocho pollos para un mes, y se comen seis en un día, por la cantidad de niños, ¿y el resto del mes qué comen?”.

Sin embargo, el comité identificó en Caracolito, comunidad que está en la Troncal del Caribe del municipio Guajira, a familias que reportaban casos de desnutrición, así como en la parroquia Elías Sánchez Rubio a una familia completa en esa situación.

“Caracolito es una comunidad de 180 familias, la mayoría en situación de pobreza extrema. En La Guajira hay familias que comen nada más una vez al día y si son asalariados comen dos veces al día”, afirma Fernández.

En la región fronteriza también se quedaron sin posibilidades de autosustento. Debido a la sequía que azota la zona, que va a cumplir 2 años, se acabó la siembra de yuca, maíz y auyama. La pesca, otra de las actividades de subsistencia, tampoco puede practicarse porque hace 2 años también dejó de funcionar la gasolinera pesquera que se encontraba en Caño Sawa. 20 litros de gasolina pueden costar 3.500 bolívares, y el gasoil que utilizan las lanchas puede ser más costoso.

Sin casa por casa

Pocas embarcaciones quedan en pie y solo algunos adolescentes se dedican a acompañar a los mayores a traer el sustento diario tanto en la mañana como en la noche. La necesidad ha obligado a buena parte de los habitantes a dejar la pesca y dedicarse al contrabando con sus motos, en las que se trasladan por las trochas hasta Colombia, incluso a otros asentamientos y comunidades más cercanas para movilizar gasolina o alimentos.

“Aquí lo que hay es hambre”, asegura López. En su casa hacen una ración de medio kilo de arroz que acompañan con algún pescado que desmenuzan en fibras para que alcance para todos. Toman los bocados con las manos y es lo único con lo que la familia integrada por 10 personas pasa el día y la noche. Los habitantes de Caño Sawa dicen que la crisis exacerbó su pobreza. Carecen de infraestructura, no tienen ambulatorios o cloacas, pero reclaman que antes tenían al menos que comer. La inflación, el encarecimiento de la comida y el contrabando les quitó el pan de la boca.

La alternativa gubernamental es el Mercal Casa por Casa, plan de distribución de alimentos que, en función de los resultados de un censo, despacha bolsas de alimentos a las comunidades con el apoyo de los consejos comunales y que ahora se está llevando a todo el país a través de la llamada “bolsa solidaria”. En 2013 el sistema contó a 1.142 familias en 37 comunidades. En total sumaban 4.942 personas. En 2015 se realizó un censo que registró a 15.000 familias, de acuerdo con el Ministerio de Alimentación. No obstante, el informe de Codhez revela una disparidad en las cifras oficiales, pues el Ministerio de los Pueblos Indígenas, junto con el Ministerio de Alimentación, la Alcaldía de la Guajira y el Sistema de Misiones, realizó un censo en septiembre que incluyó a 6.945 familias integradas por 23.646 personas.

“Además de que hay familias que no están inscritas, al principio esas bolsas incluían cuatro kilos de azúcar, cuatro de arroz, cuatro de harina, dos litros de aceite, margarina, granos, leche cuando se podía, carne y pollo. Ahora las cantidades han bajado y no traen la proteína”.

La Dirección Regional de Epidemiología no entrega cifras desde hace 3 años. Lisbeth Villarroel, pediatra de la Dirección Municipal de Salud de Maracaibo, adelantó que según un estudio realizado en barrios con población de indígenas en la zona oeste de Maracaibo, 4 de cada 10 niños sufren de malnutrición.

 Daniela Guerra, directora general de Codhez, subraya que con el incremento de los controles para trasladar alimentos desde Maracaibo y otras regiones del país hacia La Guajira, así como la confiscación de víveres y bienes particulares, la situación se agrava. Allí, además, no existen sistemas de agua potable, los cortes eléctricos son frecuentes y están aislados del resto del país. “El control militar  recrudeció desde la declaratoria del estado de excepción. Les quitan lo que compran y los precios de los productos revendidos son inalcanzables para cualquiera”.


Tradiciones en peligro

La escasez de alimentos también pone en peligro la continuidad de las tradiciones wayúu. Lexys Rendón, del Laboratorio de Paz, destaca el carácter binacional de la etnia, situación que no entienden los militares que se encargan de la custodia de la zona. “Los wayúu son quienes más sufren discriminación por el tema del contrabando. El término bachaqueo comenzó en el Zulia, refiriéndose a los wayúu que cargados de alimentos pasaban de una frontera a la otra. Esto es así porque los ancestros, los sitios sagrados y los ritos fundamentales se practican en La Guajira del lado colombiano”. Indica que por la distorsión económica los wayúu fueron señalados de contrabandistas, sin entender que en muchos casos la comida que transportaban de un lado a otro de la frontera se utilizaba para realizar estos rituales. “El rito es la comida y ellos sufren vejaciones por el simple hecho de ser wayúu”, subraya Rendón.

La activista señala que los wayúu son los dueños ancestrales de ese territorio, por lo que la cultura debería prevalecer: “El ejercicio del control desde la lógica militar hace que haya poco respeto por sus derechos”.

Guerra agrega que cuando se decretó el estado de excepción el 7 de septiembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial 40740, se omitió dejar por escrito el acuerdo según el cual se instalaría un corredor humanitario para estas poblaciones. Sin embargo, “la resolución fue una copia de la del Táchira”.