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La guerra por la base chavista

Gran Misión Vivienda Venezuela

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La propuesta de ley para dar titularidad a los beneficiarios de la Misión Vivienda encendió una nueva batalla entre oposición y gobierno. La MUD busca seguir creciendo de cara a los futuros procesos electorales y para ello debe morder con más fuerza en los segmentos poblacionales “D” y “E” justo el público del programa social, donde se concentra el apoyo más duro al oficialismo. El chavismo desplegó las UBCH para hacer frente a lo que Maduro tildó de amenaza y a la par empezó a entregar títulos de “propiedad familiar”. Los vecinos de los urbanismos están en medio: “Queremos nuestro título, pero creo que ambos han tergiversado el tema. Con el título la gente vería que hace, si alquila, vende o se queda”, dice Edgar Pérez, adjudicado en uno de los edificios construidos en Bellas Artes 

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El pasado 29 de enero, el PSUV desplegó a sus militantes para una guerra que inició con la llegada de 2016 y la nueva Asamblea Nacional. La confrontación nunca fue anunciada directamente y no implica armas ni enfrentamientos violentos. Es una lucha estratégica disputada en tableros políticos y no militares y en la que cada bando tiene objetivos claros: la MUD busca socavar la base de apoyo del chavismo para poner en jaque su supremacía, mientras que el oficialismo la protege a fin de preservar su dominio del poder.

Julio Borges, el jefe de bancada de la MUD en la Asamblea Nacional, fue el encargado de dar el grito de guerra. Ocurrió el 5 de enero, cuando el parlamentario planteó la agenda legislativa de su equipo. Ocultas entre la ley de amnistía y otras propuestas que sirvieron de bandera para movilizar al electorado más opositor en las elecciones, se mencionaron dos iniciativas dirigidas a un público distinto y que tiende a engrosar las filas del chavismo: la ley que otorga títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda y el proyecto de bono alimenticio para jubilados y pensionados.

Esos fueron los dardos con los que comenzó la batalla. El planteamiento de ambas propuestas fue hecho rápidamente en las semanas siguientes y la primera ley fue aprobada en primera discusión el 28 de enero con el voto salvado del oficialismo.

Al día siguiente reaccionó el presidente Nicolás Maduro durante una plenaria del III Congreso Socialista del PSUV: “Debemos enfrentar y derrotar el proyecto de ley presentado por la contrarrevolución en la Asamblea Nacional, que pretende quitarle al pueblo el derecho a la vivienda y la propiedad de la tierra urbana para pasarlo a las mafias de la burguesía inmobiliaria. Hay que defender la Gran Misión Vivienda Venezuela como un logro del pueblo en revolución”. Luego ha calificado el proyecto de ley como una amenaza.

Los jefes de Círculos de Lucha Popular (CLP) del PSUV, así como las cabezas de las Unidades de Batalla (UBCH) y de las Patrullas, los dirigentes más cercanos a la base popular del partido, recibieron órdenes claras ese día: salir a hablar con la gente sobre la propuesta opositora y los peligros que supuestamente oculta.

“Ya hemos hecho varias reuniones con las UBCH de los distintos sectores y en casas de la misión. Buscamos hacer hincapié en que la gente ya tiene títulos de propiedad de las viviendas y que lo que quieren ellos realmente es ligar los hogares a hipotecas. Nuestra misión es informar mejor a la gente, hemos sido débiles en eso”, afirma Isidro Figueroa, jefe de un CLP en la parroquia Alto de Los Godos, de Maturín, Monagas.

La MUD no se ha quedado de brazos cruzados. Luego de la aprobación en primera discusión, la propuesta fue sacada a la calle para la consulta pública. “Ya hemos hecho 15 reuniones para explicar nuestro planteamiento. 4 fueron en sectores de Petare como Barrio Unión y Maca. Hemos tenido una discusión frontal sobre la verdad de esta ley”, advierte Miguel Pizarro, diputado de Primero Justicia y presidente de la comisión de Desarrollo Social.

La guerra está en pleno desarrollo y bien podría definir si es posible que el apoyo a la MUD siga creciendo de cara a las próximas elecciones. El 6 de diciembre la oposición tuvo un salto importante que le permitió vencer en lugares donde nunca había ganado. Ahora tiene que morder la base del chavismo para seguir en ascenso.


¿Es posible? El reto es complejo en un país en el que el chavismo se ha encargado de tejer redes ideológicas, emocionales y clientelares durante los últimos 17 años. Sin embargo, los resultados del 6 de diciembre demuestran que es posible que sectores típicamente oficialistas den la oportunidad a la MUD frente a las máquinas de votación.

A esa conclusión se llega tras analizar los resultados de los centros de electorales ubicados en edificios de Misión Vivienda, donde se concentra parte de la base dura del PSUV.

En los últimos comicios parlamentarios había 20 centros cuyos nombres los identificaban como edificios construidos por el programa social. En ellos la MUD consiguió en promedio 12,2% de los votos, porcentaje pequeño pero que significó un incremento de 9,9 puntos porcentuales respecto a lo obtenido en centros con las mismas características durante las presidenciales del 7 de octubre de 2012, la última vez que Hugo Chávez participó en unas elecciones.

El aumento es aún más destacable si se considera que el incremento de la MUD entre esos dos comicios a escala nacional fue un poco menor: 9,2 puntos porcentuales solamente. Además, en una muestra de centros de votación ubicados en consejos comunales o salas de batalla, donde también tiende a dominar el chavismo, se registró exactamente la misma tendencia.

“La guerra económica ha funcionado como un alicate. La gente no está acostumbrada a que le peguen por el estómago y a las mujeres les afecta que sus productos de higiene personal sean tan difíciles de conseguir”, considera Isidro Figueroa al estudiar las razones por las que un sector de la población votó por la MUD por primera vez.

Sea guerra económica o las consecuencias de un modelo fracasado, lo cierto es que la situación que se empezó a vivir desde 2014 ha tenido un impacto sobre parte de la base dura del chavismo.

En los centros estudiados de Misión Vivienda, el apoyo al partido de gobierno promedió más de 95% en los comicios presidenciales de 2012 y 2013 y los municipales de 2013. En las estructuras ubicadas en consejos comunales, el respaldo se ubicó en más de 73% como media.

Eso cambió de manera importante en la última votación, ocurrida luego de que la crisis empezó a afectar directamente a los ciudadanos y los problemas económicos pasaron a ser identificados como los principales del país en distintas encuestas. En esta ocasión el apoyo al PSUV en los centros de Misión Vivienda promedió 85,5%, 10 puntos menos, y en consejos comunales 65,2%, 8 puntos menos.


Las armas. La ley que otorga títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda y el proyecto de bono alimenticio para jubilados y pensionados son las propuestas más populares que ha presentado la bancada de la MUD que domina la Asamblea, según números de Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.

“El 30% no apoya la ley de Misión Vivienda, el mismo porcentaje que se mantiene respaldando al PSUV; alrededor del 15% está todavía indeciso y el resto (por el orden de 55%) la aprueba. Con la ley del ticket de alimentación para pensionados los números son aún más claros y el respaldo aumenta en más de 5 puntos porcentuales”, asegura el experto.

Seijas agrega que con leyes como la de amnistía el respaldo no supera el 45%, lo que demuestra que solo causa agrado entre los sectores que tradicionalmente apoyan a la MUD.

“Con estas dos propuestas apuntan claramente al segmento “D” y “E”, donde siempre se ha concentrado el mayor apoyo del PSUV. Además lo hacen tratando de tomar una de las banderas tradicionales del chavismo como lo son las viviendas”, añade el encuestador.

Para entender mejor la situación es clave evaluar con mayor detalle la base de apoyo chavista. El 6 de diciembre 5.610.148 electores votaron por los candidatos lista del oficialismo. Alrededor de 25% de ellos son miembros de la burocracia del PSUV porque son parte de los 985 delegados del Congreso, 3.988 jefes de CLP, 13.682 jefes de UBCH, 136.820 jefes de patrulla o de los más de 1,3 millones de patrulleros que la organización tiene en teoría. Estos son los simpatizantes más leales del oficialismo.

El 75% restante son ciudadanos que podrían estar inscritos en el partido, pero que no necesariamente tienen militancia activa. Los mueven vínculos por motivos “utilitarios-clientelistas”, por elementos “emocionales o carisma” o por ideología, según estudios de segmentación política hechos en el pasado por Datanálisis sobre la filiación al chavismo. El primer factor es el más importante e identifica hasta a 70% de la base oficialista, indican las investigaciones de la firma.

Los números de Delphos arrojan otros datos sobre los seguidores del oficialismo: la mayoría de ellos son mayores de 35 años.“Entre los jóvenes el apoyo al PSUV está en alrededor de 20%, mientras que en los adultos rebasa el 30% y se acerca a 35%. La disminución del chavismo entre los jóvenes de los segmentos “D” y “E” ha sido bastante significativa en el último año”, explica Seijas.

El grupo de edad más interesado en el tema de las pensiones es el de mayores de 35 años de edad, por lo que la MUD está buscando hablarle directamente al segmento que le ha sido reacio.

En el último año, dirigentes de base del PSUV admiten que se han registrado deserciones entre los inscritos no militantes y algunos patrulleros. “Los jefes de CLP, UBCH y Patrullas nos hemos mantenido intactos porque pasamos pruebas ideológicas y somos la vanguardia de la organización. Las cosas solo han cambiado entre aquellos que no son seleccionados para tareas específicas”, comenta Figueroa. Ese grupo menos leal es el más numeroso de la base chavista.


Los argumentos. Ante el riesgo que puede significar el avance opositor, el PSUV ha recurrido a la siembra de temor y desconfianza entre sus seguidores.

“Hemos tenido más de seis reuniones en distintos sectores y en todas remarcamos la necesidad de evitar la nueva ley de Misión Vivienda porque lo que busca es que la gente tenga que pagar créditos por las casas que les dio el gobierno”, afirma Haydee Toro, coordinadora de la UBCH Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en Filas de Mariche, Miranda.

Elías Jaua, diputado del PSUV y miembro de la Dirección Nacional del partido, agrega que la oposición busca quitarle el carácter de “inembargable” a las casas entregadas a través del programa social. “La ley tiene tres objetivos claros: 1) Hacer demagogia política con algo que no construyeron; 2) Pagar la deuda que tienen con los latifundistas urbanos al devolverles el monopolio de la fijación de precios especulativos; y 3) Crear las condiciones para un avance de la banca inmobiliaria hacia las más de un millón viviendas construidas. Ningún banco va a dar un crédito sobre algo que no puede embargar”, aseguró el legislador en una breve entrevista que concedió el pasado 11 de febrero antes de entrar al hemiciclo para la sesión del día.

Borges y Pizarro defienden su propuesta y remarcan que no tienen intenciones ocultas.

“No llegaría un crédito junto con la ley. La propuesta es muy simple: busca que los beneficiarios pasados y futuros de Misión Vivienda o cualquier desarrollo urbanístico de Conavi o Banavih sean dueños plenos con su título gratuito, registrado y sin ningún tipo de burocracia. Vamos a mantener las condiciones ya establecidas”, afirma el jefe de bancada de la MUD.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, la cual se encargó de redactar la propuesta aprobada en primera discusión, añade que la ley solo hace mención a créditos a los que podrían acceder los beneficiarios por su nueva condición de propietarios plenos. El título, asegura, les daría una garantía para el futuro.

“Nosotros no vamos a llenarle los bolsillos a los banqueros con un mercado secundario o hipotecario ni vamos a llenar el hueco fiscal del gobierno poniendo a pagar a la gente. Los créditos serán para quienes quieran hacer mejoras a su vivienda, pero no para acceder a ella. Así podrán planificar teniendo estabilidad”, aclara Pizarro.

Para evitar que las casas con los títulos de propiedad recién entregados sean vendidas, la ley incluirá una disposición transitoria que prohibirá la venta por un período de una década o más, advierte el legislador.

Pizarro añade un elemento que funcionaría para romper la base dura chavista: “Queremos que se acabe el chantaje y la amenaza a la gente de que le van a quitar las viviendas si no votan por el gobierno. Buscamos que eso no ocurra más nunca”.

Los dirigentes de base del PSUV aseguran que no utilizan esa práctica para buscar votos, aunque admiten que sí hacen recorridos casa por casa en los edificios del programa social en busca de apoyo valiéndose de otras estrategias. Por ejemplo, las UBCH monitorean las necesidades de los vecinos y tratan de saciarlas a través de sus contactos con el Estado.


Lo que viene. Pizarro calcula que en un mes la Asamblea debería aprobar la ley de títulos de propiedad de Misión Vivienda en segunda discusión para que entre en vigencia lo más pronto posible. Con la ley de cestaticket para jubilados, que fue sancionada tanto por la MUD como por el PSUV en primera discusión el 11 de febrero, calcula el mismo lapso para su aprobación.

Sin embargo, el chavismo no se ha dado por vencido y busca dificultar la puesta en práctica de las nuevas ordenanzas o restarles importancia.

Con el tema de los bonos de alimentación y medicinas, la bancada chavista propuso que se cree una cuota financiera especial a las empresas privadas para poder pagar las 10 unidades tributarias que se daría a cada pensionado, a la vez el Presidente aseguró que el gobierno no tiene recursos para ese gasto. Esto complica la discusión porque la grave crisis económica ha afectado la productividad del capital privado, el cual ya está sometido a nuevos impuestos.

Con respecto a la Misión Vivienda, Maduro informó que se empezarán a entregar títulos de protocolización que serán inscritos en registros especiales del programa social. La formalización ocurre cinco años después de que la misión fue lanzada por Hugo Chávez.

“El presidente dio un plazo de seis meses para que entreguemos sus documentos a todos los beneficiados. No habíamos podido hacerlo antes porque son un millón de viviendas y eso requiere de un gran esfuerzo. Las leyes vigentes ya dejan claramente establecida la plena posesión”, asegura Jaua.

Sin embargo, la bancada opositora remarca que esos documentos no son lo mismo que un título de propiedad plena y están abiertos a la discrecionalidad del gobierno. La falta de consenso hace evidente que la guerra por convencer a los segmentos “D” y “E” continuará.

“Una vez sean aprobadas estas propuestas traeremos a discusión la Ley de Barrios para dar títulos de propiedad a más de 2 millones de familias que viven en zonas populares. Buscamos democratizar la propiedad y que tengamos un país de propietarios”, informa Borges.

La guerra por la base de apoyo chavista pica y se extiende. De su resultado final podría depender el futuro político del país.