• Caracas (Venezuela)

Siete Días

Al instante

Cuatro ejemplos en América Latina

El Plan Nacional de Derechos Humanos hace referencia a las experiencias en Brasil, Bolivia, Guatemala y México

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El diseño y ejecución de planes nacionales de derechos humanos fue uno de los compromisos adquiridos por los representantes de los países, entre ellos Venezuela, asistentes a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada el 25 de junio de 1993. El Plan Nacional de Derechos Humanos que está en consulta desde julio hace referencia a los de Brasil, Bolivia, Guatemala y México.

Del tercer plan Brasil, elaborado en 2010, destaca que el primer eje se denomina “interacción democrática entre el Estado y la sociedad civil” que, en términos más específicos, refiere a cómo lograr garantías de participación y control social de las políticas públicas en derechos humanos, en un diálogo plural entre los diversos actores sociales, así como la ampliación de los controles externos sobre la gestión de los órganos públicos. Para cada una de las acciones programáticas se identifican los responsables de su ejecución. El nivel de detalle aumenta en las directrices; por ejemplo, cuando se pone de relieve la necesidad de combatir la violencia institucional con énfasis en la erradicación de la tortura y la reducción de la letalidad policial y carcelaria.

El cuarto de los seis ejes programáticos está dedicado a la seguridad pública, el acceso a la justicia y el combate a la violencia. Sin embargo, como sucede con el Plan Nacional de Derechos Humanos que se discute en Venezuela, en Brasil el respectivo documento no incluye un diagnóstico pormenorizado del aumento de la delincuencia y su impacto en el ejercicio de los derechos humanos.

En el Plan Nacional de Derechos Humanos de Bolivia cada uno de los derechos establecidos en la Constitución se asocia a la normativa internacional y nacional que lo protege, así como a las recomendaciones de organismos internacionales. Se elaboraron gráficos que identifican el problema que se quiere atender, las acciones que se deben tomar, los resultados que se quieren alcanzar, la instancia estatal responsable, el plazo y el presupuesto aproximado para cada acción.

Hay una justificación en cada caso. En cuanto al derecho a la salud se indica: “La salud es, en la realidad boliviana, un beneficio para pocos, pues no toda la población puede acceder a todos los servicios. Existen varias limitaciones para el derecho a la salud, como la mala atención, la discriminación por motivos económicos o raciales, la inestabilidad de los médicos, la negligencia, la burocracia y la falta de medicamentos. El Estado no cubre los costos para enfermedades crónicas degenerativas dejando a un sector importante de la población desprotegido”. El debate del plan boliviano duró casi un año.

El Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos de Guatemala es más generoso en el reconocimiento de los problemas estructurales del país centroamericano. “Los problemas actuales en la garantía, respeto, defensa y protección de los derechos humanos presentan efectos y causas múltiples que han afectado y afectan individual y colectivamente a sus habitantes, lo cual se refleja en los altos índices de violencia en sus diferentes expresiones: crimen organizado, delincuencia común, pandillas juveniles, narcotráfico, linchamientos, vendettas, violencia comunitaria o local, violencia de género y violencia intrafamiliar, que afectan los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales”, se señala en el documento que también tiene la virtud de no estar sujeto a un mandato presidencial, sino a un período de diez años, entre 2007 y 2017.

El diagnóstico también es fundamental en el Plan Nacional de Derechos Humanos de México y apunta hacia la autocrítica: “La persistencia de violaciones de derechos humanos pese a la existencia de una infraestructura institucional, de un marco normativo y de políticas públicas en la materia (…) es un problema que demanda la existencia de otros programas específicos dentro de la Administración Pública Federal”.

La evaluación previa de la situación de los derechos humanos en México no escatima en datos oficiales: 59,5% de los hombres y 58,1% de las mujeres desconfían de la policía ministerial o judicial, o que 61,9% de la población tiene poca o nula confianza en sus policías.

Uno de los aportes más importantes de la propuesta mexicana consiste en el diseño y aplicación e indicadores para hacer seguimiento y control a cada una de las acciones definidas en el plan. Se construyeron fórmulas matemáticas, se precisó la evolución anual de las metas, en porcentajes, y se identificaron las instancias estatales responsables de la ejecución.