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Las cinco decisiones que tomó la AN saliente que socavaron la institucionalidad

Este año Diosdado Cabello propuso eliminar la elección del Parlatino por voto directo | Foto Archivo El Nacional

Este año Diosdado Cabello propuso eliminar la elección del Parlatino por voto directo | Foto Archivo El Nacional

El Parlamento que hoy se renueva tomó una serie de decisiones que constituyeron una violación a las normas constitucionales 

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1. Los viajes de Chávez

El artículo 187 de la Constitución establece que la AN debe autorizar la salida del presidente del territorio nacional cuando el viaje supere los cinco días.
Antes de 2011, cada vez que Chávez solicitaba autorización para salir del país por más de cinco días, indicaba los objetivos del viaje, destinos y fechas de salida y regreso. Pero en la solicitud que envió a la plenaria el 31 de mayo de 2011 solo precisó la fecha de partida (domingo 5 de junio), los países que visitaría (Brasil, Ecuador y Cuba) y el objeto del periplo (fortalecer relaciones y firmar convenios) sin indicar la fecha de retorno.

En total Chávez viajó tres veces en 2011 y seis en 2012 a Cuba por más de cinco días, y otras dos veces por menos de cinco días; sin embargo, en ningún momento la bancada del PSUV admitió la necesidad de declarar la ausencia temporal del presidente. Esa “flexibilidad” para que el mandatario pasara temporadas fuera de Venezuela acarreó una violación de la institucionalidad.

Estando en Cuba, en junio de 2011 Chávez promulgó la Ley Especial de Endeudamiento Complementario. Más tarde, el 16 de enero de 2013, circuló el decreto 9351 en el que nombró a Elías Jaua como ministro de Relaciones Exteriores. El documento oficial señala que fue “dado en Caracas a los 15 días del mes de enero de 2013” y a continuación se ve la firma Chávez que para esa fecha se encontraba convaleciente en La Habana tras su tercera operación. Jaua estaba en Caracas en la presentación de la memoria y cuenta del gobierno.

En un escrito introducido ante el TSJ por Copei en aquella ocasión se indica que el acto estaba viciado porque Cuba no es el asiento del poder nacional y porque el artículo 4 de la Ley de Juramento establece que los ministros jurarán ante el jefe del Estado.


2. Las habilitantes

El proceso de formación de una ley implica el debate público, la consulta a los sectores involucrados y escuchar opiniones favorables y contrarias. Por ello el escenario natural para su redacción, reforma y discusión es la AN. Cuando las leyes emanan como decretos desde el Ejecutivo no existe debate público y la ciudadanía solo se entera del contenido cuando entran en vigencia.

Esta AN ha cedido al Ejecutivo esa vital función en dos ocasiones, además de haberse visto sometida a otra habilitación autorizada por el  Parlamento que cesó funciones en enero de 2011. La primera habilitación presidencial se aprobó en diciembre de 2010 y rigió hasta junio de 2012. La segunda estuvo vigente desde noviembre de 2013 hasta noviembre de 2014. Y la última fue aprobada en marzo de este año y vence el 31 de diciembre.

 

3. El "presidente encargado"

El 8 de diciembre de 2012, antes de viajar a Cuba por última vez para su tratamiento, Chávez ordenó a su partido que en caso de situaciones sobrevenidas cumpliera la Constitución. Pero la AN y el TSJ pasaron por encima de lo establecido en la carta magna. Primero, el TSJ permitió que el presidente reelegido en octubre de 2012 no prestara juramento ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2013 como lo indica el artículo 231 de la Constitución. El argumento  de Diosdado Cabello, ratificado por el máximo tribunal, fue que la voluntad de los electores no podía condicionarse con una fecha. Así el TSJ emitió una interpretación constitucional según la cual, como Chávez era presidente en ejercicio, no tenía que juramentarse para un nuevo período, pues sería una continuación del anterior.

Una vez fallecido Chávez, vino otro golpe a la institucionalidad. En vez de que el presidente de la Asamblea Nacional asumiera la Presidencia de la República mientras se realizaban nuevas elecciones presidenciales (artículo 233), el TSJ creó la figura de “presidente encargado”, inexistente en la Constitución, que recayó en manos del entonces vicepresidente Nicolás Maduro.

Ahí ocurrió el tercer atropello institucional: el artículo 229 de la carta magna dice que el vicepresidente ejecutivo, como lo era Maduro en 2013, puede ser candidato a la Presidencia, pero antes debe renunciar al cargo. Maduro no renunció y fue inconstitucionalmente investido como “presidente encargado” en un acto en la AN.

 

4. Fraude en la renovación de poderes

En 2014, durante los procesos de renovación de 3 de los 5 poderes públicos, la Asamblea Nacional dominada por el PSUV volvió a ser instrumento de la inconstitucionalidad. En esa oportunidad la elección de 13 magistrados del TSJ no se dio como resultado de la revisión de credenciales de los postulados más aptos, sino como una repartición de fichas del PSUV.

Con la renovación de tres rectores electorales la situación no fue diferente. La oposición denunció los intentos del PSUV por imponer la reelección de dos  funcionarias denunciadas públicamente por su parcialización partidista. Ante la imposibilidad de llegar a consensos basados en la revisión de credenciales e independencia política, la decisión quedó en manos del TSJ recién designado. Algo parecido ocurrió con la renovación total del Poder Ciudadano, que en vez de hacerse como lo indica el articulo 279 de la Constitución, con la mayoría calificada (110 votos) o en caso de falta de acuerdo someter la terna a una elección nacional, esta se hizo con el voto de la mayoría simple. Cabello citó una interpretación de la Sala Constitucional del TSJ que señala que el Parlamento debía escoger el Poder Ciudadano con mayoría simple porque el Consejo Moral no hizo la convocatoria del Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano.

 

5. Parlatino escogido a puerta cerrada

El 14 de abril de este año Diosdado Cabello presentó una moción de urgencia en la que propuso –y sus partidos aliados aprobaron– que los diputados venezolanos ante el Parlatino ya no se eligieran por sufragio directo, sino por votaciones de segundo grado. La idea de Cabello viola los artículos constitucionales 19 (progresividad de los derechos) y 186 (elección directa de diputados), el 191 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (elección directa de representantes a organismos internacionales) y el 9 del Estatuto del Grupo Parlamentario Venezolano al Parlatino (mecanismo de elección).

En ello coincidieron el experto en Derecho Parlamentario Juan Miguel Matheus y la diputada al Parlatino Ana Elisa Osorio (PSUV). Aun así, el directorio del CNE aceptó la comunicación de la AN. A partir de este año los 11 diputados de Venezuela ante el Parlatino se elegirán del seno de la AN. Por eso los venezolanos en el exterior no votan hoy.