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El costo de la protesta popular

Gran grupo de motorizados en Los Ruices para crear caos | AP / EFE

Gran grupo de motorizados en Los Ruices para crear caos | AP / EFE

La conflictividad por demandas sociales atraviesa toda la ciudad. Pero el descontento político tiene fronteras: evidenciarlo en zonas populares implica enfrentar coacción, amedrentamiento y agresiones de los grupos armados que logran contener las manifestaciones

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" Si protestan, los mata-mos". Esa fue la advertencia que le hicieron los colectivos de la urbanización Simón Rodríguez a un vecino, luego de que él y un grupo montaran por tercera vez una barricada de protesta entre los bloques 9 y 10 de la conocida zona popular de la parroquia El Recreo (municipio Libertador). Lo hicieron poco después del 12 de febrero, cuando comenzaron en Caracas las manifestaciones, en las cuales se han registrado 22 fallecidos, 1.200 detenidos y más de 30 denuncias de tortura.

"Lo hacemos a las ocho de la noche, después de que los colectivos se empiezan a recoger. Montamos la guarimba y nos escondemos en la planta baja de un edificio. Dos se ponen en cada esquina para cantar la zona. Si pasan los motorizados y las quitan, esperamos que se vayan y con linternas nos hacemos señales para salir y volverlas a montar", cuenta Wendy Liendo, una de las promotoras de la idea.

En la urbanización operan cinco colectivos integrados por entre 12 y 15 motorizados. La amenaza a uno de los vecinos de Liendo llegó la semana pasada, un día después de montar una barricada. Se acercaron a él en la calle y le dieron el mensaje.

La protesta política tiene un costo alto en los sectores populares. Si bien la protesta social atraviesa todos los sectores con el reclamo de abastecimiento, salud, trabajo y seguridad ­el informe de Conflictividad Social de 2013 revela que 40% de estas estuvieron relacionadas con derechos laborales-,
cuando la consigna se decanta en mensajes de rechazo hacia el gobierno la respuesta de los órganos de seguridad y de los movimientos sociales ­colectivos, UBCH (Unidades de Batalla Chávez)­ es rotunda y está dirigida: coacción, amedrentamiento, agresión. Los líderes más visibles del gobierno, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, les han pedido que salgan a defender la patria.

En Catia, el miércoles amanecieron pintadas las paredes de por lo menos dos casas de la urbanización Urdaneta. "Aquí viven los enemigos del gobierno", "Guarimberos", señalaban las pintas hechas en viviendas de familias opositoras. Quedaron marcados.

Cuando se da una protesta en esa parroquia, Saverio Vivas ­vecino de allí y coordinador general adjunto de Primero Justicia en el lugar­ advierte que se repite un proceso: "Te interrogan cuando los colectivos llegan al sitio. Preguntan qué estás haciendo y luego intimidan con amenazas. Si sigues en el lugar, te insultan y después llegan a la agresión física. Si te defiendes, pueden venir con pistolas a agredirte más".

La situación no es nueva. En la campaña electoral del 14 de abril, un grupo de seis mujeres fue amedrentado al reunirse para apoyar al opositor Henrique Capriles. "Estaban esperando al candidato en el punto acordado. Como los colectivos bloquearon toda la zona y él no pudo llegar, las señoras quedaron solas en el sector los Frailes. Las atacaron con palos y la Policía Nacional tuvo que intervenir para resguardarlas", relata el dirigente de Primero Justicia.

En Catia los colectivos se dividen en cuatro grandes grupos, explica un dirigente local que mantuvo su nombre en reserva. Uno está constituido por miembros del sindicato de la construcción; otro trabaja con el partido Redes; otro lo relacionan con el ex alcalde de Libertador y diputado Freddy Bernal, y el último es muy cercano al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Éste opera más que todo en el área de Boquerón, donde vive la familia de la primera dama y ­asegura la fuente- cuenta con miembros del Frente Francisco de Miranda.

Vivas advierte que algunos de esos grupos tienen entre sus integrantes a dos o tres delincuentes armados. "Se acercan a concejales o diputados del PSUV para que les consigan carnets de instituciones del Estado y con eso empiezan a operar como colectivos", explica.

Ante esta situación, Ángel Cacique, dirigente copeyano de Catia, declara que "ya no se tiene claro cuántos son tarifados, cuántos son delincuentes y cuántos son líderes políticos o sociales".


"Los colectivos están formados para contener la protesta en los barrios. La gente está inconforme y si no fuera por los colectivos, ya se hubieran sumado a las protestas y la situación sería incontrolable", subraya Vivas.

No se ha determinado el número exacto de colectivos afectos al Gobierno que operan en Caracas y otras grandes ciudades. Dirigentes sociales argumentan que han crecido de una forma "incontrolable" y es imposible llevar un registro preciso de su cantidad y mucho menos de sus miembros. Lo cierto es que existen en cada comunidad, generalmente más de uno, y muchos se activan para generar miedo entre los vecinos, a través de amenazas, insultos o acciones violentas.

Crear temor

Hace dos días Ernesto Villegas, ministro para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, hizo una encuesta a sus seguidores en Twitter: "Buen día, Venezuela. ¿Hay guarimba en todas partes? ¿O sólo en ciertos lugares? Ahí donde estás ahorita, ¿hay guarimba o rastros de ella?", preguntó. Muchos de sus seguidores le hicieron un panorama nacional: el consenso era que en las zonas populares todo estaba en paz. Más tarde el alcalde metropolitano Antonio Ledezma ­que le ganó a Villegas las elecciones­ hizo una invitación por esa red social: "Al régimen le interesa dividir a Caracas en dos. Caracas es una sola. ¡La democracia no pide permiso!". Pedía acudir a la marcha de ayer desde Las Palmas hasta el Ministerio de Alimentación, que fue impedida por la GNB que cercó a los manifestantes.

Pero las fronteras existen y hay emigrantes políticos.

"Muchos vecinos prefieren irse a protestar hacia el este de Caracas, donde se sienten más seguros", señala Héctor Vizcaya, dirigente catiense. Eso no quita que hayan realizado pequeñas manifestaciones en su zona. Por ejemplo, en Carnaval organizaron una en la calle Panamericana y contaron con resguardo de la policía.

Desde el lunes 24 de febrero, a los colectivos y miembros de las Redes de Movilización Inmediata (REMI) les dieron la orden de cuidar el municipio Libertador de Caracas "como sea", por lo que no se puede permitir la instalación de ningún foco de disturbios.

"Pueden estar alzados 13 estados o más, pero el Gobierno está tranquilo mientras Caracas se mantenga tranquila", comentó un miembro de la REMI, que declaró de forma anónima. Detalló que las protestas serían repelidas con balas. No gratuitamente Cabello llamó al municipio Libertador "la joya de la corona" la noche del 8-D.

El pasado 5 de marzo, la orden pareció hacerse pública y se extendió al resto del país, cuando el presidente Maduro pidió a los colectivos y a las Unidades de Batalla del PSUV que actuaran. "Candelita que se prende, candelita que se apaga", dijo en cadena nacional.

Dirigentes populares de oposición coinciden en que una de las principales estrategias de los colectivos es "generar miedo". Vivas apunta que contratan a mototaxistas para que los acompañen y así crear la idea de que son más. "Les dan pañuelos y camisas. Al final, sólo 3 o 4 están armados, pero eso no lo sabe la gente. Buscan aterrorizar", denuncia.

Esa declaración coincide con la de un dirigente que era muy cercano a Lina Ron y que habló en condición de anonimato. "Hay mucho mito sobre esos grupos. En sus parroquias muestran fuerza con amenazas y pistolas en el cinto, pero fuera no tienen ese poder". En Las Minas y en Petare su presencia logró disolver dos asambleas populares el jueves en la noche.

"Les dan pañuelos y camisas"

Al final, sólo 3 o 4 están armados, pero eso no lo sabe la gente. Buscan aterrorizar², denuncia.
Esa declaración coincide con la de un dirigente que era muy cercano a Lina Ron y que habló en condición de anonimato. ³Hay mucho mito sobre esos grupos. En sus parroquias muestran fuerza con amenazas y pistolas en el cinto, pero fuera no tienen ese poder². En Las Minas y en Petare su presencia logró disolver dos asambleas populares el jueves en la noche.

Agenda

Todos los líderes comunitarios entrevistados para este trabajo aseguran que han sido agredidos o amenazados por la actividad política que desarrollan en sus comunidades.

El miércoles en la tarde, 24 de ellos se reunieron en un pequeño salón de clase de la parroquia Sucre de Catia. El objetivo fue programar una agenda de manifestaciones para que el descontento con el Gobierno se empiece a sentir en el lugar.

"Hay preocupación porque los sectores populares no están saliendo a protestar. De eso se valen para decir que no está pasando nada", señaló uno de los asistentes. La mayoría intervino para dar ideas sobre cómo hacer la protesta.

Entre las conclusiones destacó que la organización es clave para tener éxito. Se propuso realizar acciones temprano en la mañana, cuando "los colectivos duermen", y cumplir con rigidez los horarios pautados, con el fin de poder realizar las actividades antes de que puedan actuar en su contra.

Un dirigente propuso desempolvar la maquinaria electoral de la oposición y los comandos familiares. "Por centro de votación tenemos 4 o 5 compañeros. Cada partido tiene una lista de simpatizantes, a través de las cuales se puede bajar una línea a 8.000 o 9.000 compañeros", señaló. La meta es incorporar a la protesta a los 91.504 electores que apoyaron a Henrique Capriles el 14 de abril en Catia.

En zonas como El Valle, una organización similar ha servido para convocar cacerolazos.

Este tipo de protesta ­la más segura porque ocurre dentro de las casas­ es el que más se repite en los sectores populares, de acuerdo con un estudio publicado el 6 de marzo por Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el que se muestra que el conflicto creció en febrero 400% en relación con el mes anterior.

Sin embargo, para lograr eso se necesita también un mensaje más claro, con propuestas específicas que animen lo suficiente como para vencer el miedo. En la reunión se habló de la necesidad de interactuar con los vecinos y hacer campañas informativas, con volanteo y pintas en la calle, sobre las principales causas de la inseguridad y la escasez.

"Se debe hablar de los problemas sociales y que eso lleve a la protesta política. Catia es una bomba de tiempo, la gente está molesta, pero no sabe cómo reaccionar. No salen porque no hay conducción o seguridad sobre algo", aseguró uno de los presentes. Otro habló de la necesidad de que haya líderes catienses para que la comunidad se sienta identificada.

El objetivo es también empezar a atraer al chavismo inconforme que no se siente representado por los ideales que tiene la protesta actual.

Por ejemplo, Carlos Castillo, quien fue excluido del PSUV por lanzarse a concejal por fuera de ese partido en las municipales, advierte que los sectores populares tienen el recuerdo de 2002, cuando la meta de sacar a Chávez generó problemas en todo el país. "La gente está pendiente de otras ideas políticas, pero no está dispuesta a salir a matarse unos a otros.

Muchos prefieren aguantarse, por ahora", advierte.

En el interior delatan y golpean

Dos madres con sus hijas tenían todo listo para salir a manifestar. Su aporte al grupo serían unos muebles viejos para hacer una barricada. Eran las 4:30 de la madrugada del lunes 17 de febrero en el sector La Fuente del municipio Antolín del Campo en la vía hacia Playa el Agua, estado Nueva Esparta.

Las mujeres no habían terminado de salir de la casa cuando la policía las interceptó y se las llevó detenidas a El Tirano. Alguien las había delatado.
El expediente del caso dice que cuando las cinco mujeres llegaron al lugar donde las presentarían ya había cuatro testigos declarando en su contra.
Eran sus propios vecinos.

En las zonas pesqueras y menos pobladas de la isla de Margarita no ha habido manifestaciones masivas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Solo tímidos cacerolazos. Una mujer proveniente de la zona de Altagracia se va a Pampatar a protestar porque en el lugar donde vive siente coacción. No solo Pampatar y Porlamar ­las zonas clase media- son más seguras, también son las pocas a las que llegan los diarios. De resto, en la isla se sabe lo poco que se dice en los medios radioeléctricos.

La avenida Cedeño de Valencia es la frontera entre el norte y el centro.

Allí mataron a Génesis Carmona durante una marcha. Después de que grupos de motorizados sitiaran el lugar y dispararan, no han vuelto a llegar grandes concentraciones a ese lugar. El límite quedó definido.

En la zona industrial de Carabobo, sin embargo, los vecinos están confundidos. Allí ­en La Isabelica- una militar de la Guardia del Pueblo golpeó a Marvinia Jiménez en un acto de represión que fue documentado gráficamente y llamó la atención del país. La Isabelica queda en el municipio Miguel Peña, uno de los más poblados del país y de votación tradicionalmente chavista aunque en las últimas elecciones la oposición ha crecido. Algunos habitantes cuentan que la GNB dispara a los edificios cuando hay protestas. También dicen que los grupos que montan las barricadas se han subido a las azoteas y eso enciende el descontrol.

Por primera vez el fin de semana pasado el sur de Maracay se sumó tímidamente. En la avenida Aragua se concentraron personas de los sectores populares de Campo Alegre, Barrio Bolívar y 23 de enero. En casi un mes de protesta solo ha habido dos manifestaciones en estos lugares.