• Caracas (Venezuela)

Siete Días

Al instante

El costo del asilo político

El costo del asilo político

El costo del asilo político

La revisión de cuatro solicitudes de asilo formuladas a Venezuela demuestra que estos casos pueden comprometer los intereses de política exterior e interna de la nación que otorga la protección. Al aceptar la petición de refugio del agente de la CIA Edward Snowden, el presidente Nicolás Maduro retoma una práctica de los gobiernos anteriores a Hugo Chávez de acoger a víctimas de persecución

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

14 de diciembre de 1977. La prensa internacional informa que Venezuela concedió asilo a cinco miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile. Alberto Federico Herrera, Luis Pérez Santiago, Luis Felipe Cornejo, Graciela Gallardo y María Cristina Herrera se colaron en una fiesta oficial de la Embajada de Venezuela en Santiago con invitaciones falsas, y solicitaron refugio ante la persecución de los cuerpos de seguridad de Augusto Pinochet.

Por aquellos días, el entonces canciller Simón Alberto Consalvi no sólo gestionaba ante el Gobierno chileno cinco salvoconductos para lograr que aquellos activistas llegaran a Caracas y luego se mudaran a Suecia. Además, recibía peticiones de refugio por parte de seis cubanos que lograron ingresar en la Embajada venezolana en La Habana tras escapar del asedio a tiros de la policía; al tiempo que cuatro militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua aterrizaban en territorio venezolano, trasladados en un avión militar nacional. Semanas antes, los medios divulgaban la noticia de que un funcionario soviético se refugió en la Embajada de Washington en Caracas, y de allí partió hacia Estados Unidos.

Casi cuatro décadas después, al aceptar la solicitud de asilo formulada por el extécnico de la CIA Edward Snowden, envuelto en una persecución internacional por revelar un programa estadounidense de espionaje masivo de las comunicaciones de gobiernos y ciudadanos, el presidente Nicolás Maduro suma una línea más al amplio expediente de otorgamiento de refugio que ha acumulado Venezuela durante la democracia.

Mariano de Alba Uribe, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Monteávila, explica que el asilo es un derecho reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que busca proteger a un ciudadano que corra el riesgo de sufrir persecución política. El artículo 38 de la Ley Orgánica sobre Refugiados y Refugiadas y Asilados o Asiladas, aprobada en Venezuela en 2001, otorga facultades al Estado para reconocer como refugiado a cualquier extranjero que sea perseguido por delitos políticos, tal como ocurre con Snowden.

Adalberto Urbina, profesor de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, recuerda que los gobiernos venezolanos se volvieron reticentes a conceder este tipo de protección en el siglo XIX, después de que José Tadeo Monagas se refugiara en la legación diplomática de Francia en Caracas, tras renunciar a la presidencia en 1858. “A principios del siglo XX se rescata la práctica de conceder asilo en Venezuela, una vez que la Guerra Civil española empuja a cientos de perseguidos políticos a buscar refugio en las embajadas latinoamericanas en Madrid, entre ellas la venezolana”.

La revisión de cuatro peticiones de asilo provenientes de políticos y militantes de Haití, Chile, República Dominicana y España demuestra que estos casos han comprometido tanto la relación de Venezuela con los países involucrados, como el equilibrio de fuerzas en la política interna. En este caso, las gestiones que emprendió Venezuela para acoger a Snowden ponen en riesgo el diálogo que Maduro comenzó recientemente con Washington, un socio comercial fundamental para la economía nacional; y desplaza la discusión sobre la impugnación de los comicios del 14 de abril. 

El capítulo venezolano de Leslie Manigat

El viernes 22 de julio de 1988, el derrocado presidente de Haití Leslie Manigat y su esposa Mirlande aterrizaron en territorio venezolano tras ser expulsados por un golpe militar que encabezó el general Henri Namphy. El gobierno de Jaime Lusinchi le otorgó asilo político a la pareja Manigat, quienes habían vivido una larga temporada en Venezuela a finales de los setenta y principios de los ochenta en medio de los 23 años que permanecieron en el exilio perseguidos por la dictadura de François “Papa Doc” Duvalier.

Al llegar a Venezuela los Manigat fueron recibidos en Maiquetía por altos dirigentes de Copei como el ex mandatario Luis Herrera Campíns y el entonces presidente de la Cámara de Diputados, José Rodríguez Iturbe.

Manigat fue el primer mandatario haitiano electo en 30 años, y apenas se mantuvo 4 meses en el poder porque crecieron las sospechas de que el resultado comicial que lo favoreció había sido amañado.

En 1986 había exigido a la junta militar que gestionó la transición de la dictadura duvalista que purgara de sus filas a funcionarios del antiguo régimen. Como ejemplo a seguir, reivindicó a la junta de gobierno que se instaló en Venezuela en 1958, después de la caída de Marcos Pérez Jiménez. “El modelo político venezolano debe ser un precedente para asegurar la apertura democrática en Haití. Es imprescindible que todas las facciones políticas del país se unan para diseñar una política democrática de transición”, declaró entonces Manigat. 

El asilo a Orlando Letelier

En 1975 Orlando Letelier, excanciller y ministro de la Defensa de Salvador Allende, para los días del golpe de Estado de Augusto Pinochet, acumulaba año y medio de prisión en la isla Dawson, una base naval ubicada al sur del país donde fueron recluidos los altos mandos del gobierno de izquierda.

Su amigo personal Diego Arria, entonces gobernador del Distrito Federal, se acercó al presidente Carlos Andrés Pérez para expresarle su intención de emprender gestiones con Pinochet para liberar a Letelier y traerlo a Venezuela. “Pérez me aclaró que no quería que su gobierno se viera involucrado en esas conversaciones, así que desechó la posibilidad de gestionar los contactos por medio de la Embajada de Venezuela en Santiago”, confesó Arria.

A través de la delegación diplomática chilena en Caracas, concretó un encuentro con Pinochet y logró que autorizara su salida de territorio chileno. “Letelier no tenía pasaporte y ninguna aerolínea quería montarlo en un avión. Tuve que firmar cartas en las que me comprometía a que volviera en caso de que Venezuela no lo aceptara. El Gobierno de Pérez admitió su ingreso y Letelier vivió en Caracas durante seis meses”, recordó Arria, quien promovió el asilo de varios funcionarios del gobierno de Allende, una protección que se ofreció también a otros ciudadanos chilenos, argentinos y uruguayos que huyeron de las dictaduras en el Cono Sur.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de la maestra uruguaya Elena Quinteros, quien alcanzó a pisar el jardín de la Embajada venezolana en Montevideo el 5 de julio de 1976. Policías y militares la arrastraron de vuelta tras enfrentarse con el personal diplomático venezolano. Miraflores rompió relaciones con Uruguay por este episodio. Los restos de Quinteros nunca fueron encontrados.

La encrucijada de Salvador Jorge Blanco

El 30 de abril de 1987, el saliente presidente de República Dominicana Salvador Jorge Blanco se refugió en la casa de Abel Clavijo Ostos, embajador venezolano en la capital de ese país. El ex gobernante era requerido por la justicia de su nación por 2 casos de corrupción: crear 3 compañías falsas para vender pertrechos con sobreprecio a las Fuerzas Armadas, y desembolsar 95 mil dólares del Banco de Reservas dominicano para su bolsillo.  

Jorge Blanco llegó a la jefatura del Estado dominicano en 1982 con el lema “Manos limpias al poder”, y cinco años después se convirtió en el primer presidente de su país en ser encarcelado por delitos de malversación de fondos. La petición de asilo político de Jorge Blanco a Venezuela ensartó al gobierno de Jaime Lusinchi en cinco meses de deliberaciones internas y tensiones no declaradas con el gobierno de Joaquín Balaguer.

Los 10 abogados que integraban el Consejo Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores recomendaron rechazar la petición de asilo formulada por Jorge Blanco, al considerar que no se trataba de un perseguido político. Ruben Carpio Castillo, presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado venezolano, recordó a Miraflores que Jorge Blanco era solicitado para afrontar un juicio civil por prevaricación, mientras que el Comité Nacional de Copei exigió a Lusinchi que rechazara abiertamente la solicitud de refugio. Negada toda presión diplomática desde República Dominicana, el 15 de agosto de 1987 el canciller Simón Alberto Consalvi anunció que Jorge Blanco no recibiría el asilo.  

Aquejado por una afección coronaria, el ex mandatario fue trasladado a Estados Unidos para operarse tras conocer la decisión de Venezuela y meses después fue condenado a 20 años de prisión y a pagar una multa de 4,5 millones de dólares al Estado dominicano.

Concesión a ETA

El 30 de junio de 1989, el presidente Carlos Andrés Pérez concedió refugio político a 11 etarras deportados desde Argelia, como consecuencia del fracaso de las conversaciones entre el grupo separatista y el gobierno de Felipe González en Argel. El entonces ministro del Interior, Alejandro Izaguirre, reivindicaba el acuerdo como producto de la “tradición de hospitalidad” de la diplomacia venezolana, al tiempo que hacía una advertencia: “Si transgreden la condición de no inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, tendrán que abandonar el país”.

En aquel grupo llegó Arturo Cubillas Fontán, quien luego fue nombrado funcionario del Ministerio de Agricultura y Tierras bajo la dirección del actual canciller Elías Jaua, durante la gestión de Hugo Chávez. Cubillas se transformó en fuente de un importante roce diplomático entre Caracas y Madrid el 29 de octubre de 2010, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero solicitó su extradición a España después de que la Audiencia Nacional lo acusara de gestionar conexiones entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, e incluso le atribuyera la coordinación de sesiones de entrenamiento con explosivos facilitadas por la guerrilla colombiana a miembros de la organización terrorista vasca.  

El propio Cubillas pidió al Ministerio Público venezolano que abriera una investigación para aclarar las imputaciones de la Audiencia Nacional. La fiscal Luisa Ortega Díaz alegó que Cubillas no podía ser extraditado a otro país porque goza de la nacionalidad venezolana.