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Carmen Meléndez, ministra del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno

Carmen Meléndez, ministra del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno

El Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno dependía directamente de las directrices de Hugo Chávez. Fue el último creado por el mandatario con la finalidad de lograr mayor eficacia en las instituciones del Estado. Sin embargo, el organismo no tiene rango constitucional y sus decisiones no son vinculantes ni generan consecuencias administrativas o penales. Ahora, en campaña presidencial, Nicolás Maduro apela a este valor en sus discursos

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“Tengo una bebé de 5 meses, he luchado tanto y no voy a protocolizar este año. Qué tristeza es recibir el año sin hogar @gestionperfecta”. Este fue uno de los 100 tweets que envió la odontóloga Betsy Colmenares a la cuenta de la almirante Carmen Meléndez, ministra del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno, creado en octubre para fiscalizar la gestión pública. Ella es la propietaria del apartamento 7-G del edificio Uruyen Sur, una de las torres del Conjunto Residencial Auyantepui que fue intervenido por el Gobierno.

El organismo, que funciona en el Palacio de Miraflores, está compuesto por 4 despachos, 13 direcciones y una oficina de auditoría interna. Es una ampliación del Ministerio del Despacho Presidencial, que con los años fue absorbiendo asuntos de tanta envergadura como las misiones sociales. La nueva dependencia gubernamental no figura en la Constitución y no tiene la facultad de sancionar administrativamente, pero sí recibe fondos millonarios y contaba con el apoyo de su vecino de oficina, Hugo Chávez.

Es diferente la suerte de la Contraloría General de la República, supervisor de los ingresos, gastos y bienes del Estado, cuyas atribuciones están expuestas en los artículos 287 y 289 de la Constitución y tiene el poder de sancionar administrativamente. Basta con ver el reparto de recursos para sus funciones de la Ley de Presupuesto Nacional 2013. La Contraloría recibió 403 millones de bolívares, lo que representa una disminución de 29,8% con respecto al monto de 575,7 millones de bolívares que le fue asignado el año pasado.

Y todo mientras engorda la burocracia gubernamental. Según cifras de Transparencia Venezuela, el año pasado había 1.353.823 empleados públicos y en 2013 la nómina ya se incrementó a 1.418.264 funcionarios, aunque otras mediciones calculan que superan los 2 millones.

En cambio, al Despacho de la Presidencia se le asignaron para este año 5,5 millardos de bolívares. En la Ley del Ejercicio Fiscal de 2013 de la Oficina Nacional de Presupuesto no se especifica cuánto dinero será destinado a las nuevas funciones del organismo. Aunque sólo para inspecciones se aprobó una partida de 12 millones de bolívares, según fuentes del ministerio que pidieron no ser identificadas.

El Ministerio del Despacho de la Presidencia y de Seguimiento de la Gestión de Gobierno fue apadrinado por Chávez. El 9 de octubre, dos días después de ser reelegido como Presidente de la República, manifestó que tenía mucha fe en que ese nuevo organismo, junto con un sistema de seguimiento y control, permitiría elevar la eficiencia en todos los frentes y en todos los niveles.

Frustrado, Chávez manifestaba públicamente su descontento con la actuación de muchos de sus ministros, algunos de los cuales buscan hoy ganar unas elecciones para estar al frente del Gobierno. Sus seguidores se quejaban constantemente de su entorno político y la rotación de funcionarios en el Poder Ejecutivo fue alta en 14 años.

El último organismo del Ejecutivo que creó buscaba, precisamente, mejorar esta pesada cadena burocrática de la que el jefe del Estado, en su faceta de candidato, se zafaba mientras basaba sus discursos en los postulados del socialismo del siglo XXI y el Estado Comunal.

En el decreto número 9229 de la Presidencia de la República, de fecha 13 de noviembre de 2012, quedó registrada la nueva denominación del Ministerio del Despacho de la Presidencia: ahora se llama Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. Pero el nombre no fue lo único que cambió. También se designó como su titular a Carmen Teresa Meléndez Rivas en sustitución de Érika Farías, dirigente del PSUV que aspiraba a la Gobernación de Cojedes y ganó poco más de un mes después.

La ministra que atesora logros de importancia en la nomenclatura castrense –se convirtió el año pasado en la primera mujer almirante de la Fuerza Armada Nacional­– asegura manejar directamente la cuenta @gestionperfecta en la que, en su mayoría, publica mensajes de proselitismo político.

La utilidad del ministerio da para un debate. Algunos de los involucrados en los casos a los que se les hace seguimiento consideran que no es suficiente y otros creen que es la mejor forma que tenía Chávez de enterarse de lo que no funcionaba en su gobierno. En todo caso, tiene una falla de origen: su misión es, únicamente, conocer los casos, redactar informes e intentar poner de acuerdo a las personas.

Uno de los principales proyectos lleva el nombre de una de las consignas finales del jefe del Estado: Plan Eficiencia o Nada. El 26 de diciembre, ya encargado del país y con la misión de ser heredero político de Chávez, Nicolás Maduro dijo: “Es una gran ventaja tener un líder, un programa, un plan y un solo gobierno trabajando en una sola dirección para lograr lo que el Presidente nos ha pedido: eficiencia o nada”.

Después de la muerte de Chávez, Maduro ha evitado los temas gruesos del Plan de la Nación y ha preferido cerrar el foco en temas como la inseguridad, la corrupción y la eficacia. Junto con el recién creado ministerio ha hecho fiscalizaciones, como la del hospital de Coche.

El proyecto Eficiencia o Nada de la institución consiste en inspecciones sorpresa realizadas por 234 funcionarios (provenientes de la Vicepresidencia Ejecutiva, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, del Ministerio de Finanzas y de otros organismos) a las obras que están a cargo de la administración pública y que han sido denunciadas por presentar alguna irregularidad.

El 6 de febrero la almirante Meléndez publicó en su cuenta de Twitter que entre el 15 de octubre y el 1° de febrero el ministerio realizó 446 inspecciones en 17 estados y hasta el 16 de febrero habían efectuado 500 operativos.

 

Efectos especiales. Durante tres meses seguidos, Betsy Colmenares twitteó insistentemente a @gestionperfecta. Recuerda que Meléndez pidió a dos inspectores que chequearan si eran ciertas las denuncias sobre el Conjunto Residencial Auyantepuy, intervenido por el Estado. Uno de ellos, Luis Granados, tenía impresos todos los tweets de Colmenares y cotejaba cada denuncia virtual con la realidad del complejo que está ubicado en Macaracuay: el servicio de agua, los avances de la construcción, los ascensores, entre otras.

Desde 2011 los propietarios de las dos etapas del conjunto esperan por la protocolización de los documentos para la entrega de los 800 apartamentos, pero hasta la fecha la junta presidida ahora por el Ministerio de Vivienda y Hábitat sólo ha tramitado 70. Por eso vieron una solución en el despacho de seguimiento. Pero no están contentos. “Nos sentimos mal. Ese ministerio nos indicó que no hay compromiso, que sólo supervisarán el trabajo ejecutado. Es tan así, que ya pasaron meses de esa inspección y seguimos igual, sin protocolizar. Es más de lo mismo. A nosotros no nos sirve que vengan a ver si están haciendo bien o mal el trabajo, sino que tomen medidas correctivas”, lamenta Deyanira Delgado, miembro del consejo comunal del Conjunto Residencial Auyantepui.

Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, considera que este ministerio nació como una medida efectista y no para la verificación de las políticas públicas. “Es un acto de propaganda. No existe un reglamento que deba cumplir la oficina, se creó de un día para otro.  No hay manera de saber cuál es su papel y peso dentro del Estado. Mientras la información se maneje de manera secreta, no haya una normativa y no sepamos cuáles son las funciones, atribuciones y límites de un ministerio, es poco confiable que cumpla con una real función de calidad”.

 

Gobierno inauditable. El diputado Carlos Berrizbeitia (Prove), miembro de la Subcomisión de Deuda y Crédito de Público de la Asamblea Nacional, asegura que existe la figura de la Contraloría, pero no ejerce el control ni es autónoma. “Ha entrado mucho dinero, hay mucha corrupción, mal manejo de fondos. La Contraloría es una guachafita, perdió la institucionalidad, al punto de que la contralora Adelina González no ha hablado en 6 o 7 meses. La Contraloría está muda”.

El parlamentario asegura que la estrategia usual del jefe del Estado cuando había un problema sin solución era crear otra cartera ministerial para desligarse del fracaso administrativo. “El Presidente Chávez entendió en su momento que la administración pública se le escapó de las manos, que era inauditable”, señala Berrizbeitia y añade que por eso creó el despacho que preside Meléndez para que le entregara cuentas directamente a él sobre la gestión de los dineros públicos.

Amarilis Andrade, habitante del sector El Cuño y vocera del Consejo Comunal Panteón Nacional, está convencida de la utilidad de este ministerio gracias al vínculo directo que tenía con Chávez, que debería ser traspasado a Nicolás Maduro. “Sí hace falta. No hay que tener cinco dedos de frente ni cinco diplomas de posdoctorado para saber que existen fallas. ¿Pero cómo lo sabe el Presidente? Si tiene una oficina que le diga: ‘Mire, Presidente: usted mandó hacer seguimiento a esto y esto, pero resulta que pasa esto’. Lo mejor que pudo inventarse fue este ministerio”.

 

Más es mejor. Desde su creación el organismo ha inspeccionado centrales azucareros, centros de salud, fábricas y proyectos de viviendas. Meléndez ha dicho que si un funcionario cumple con su trabajo, no debe temer a una inspección.

Los miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Erick Mago y Nancy Ascencio, ambos del PSUV, no consideran que este organismo esté de más. “Es sano que un ministerio se dedique a la fiscalización exhaustiva. Más es mejor”, indica Mago.

Ascencio deja claro que cada institución tiene su tarea. Asegura que los actos de corrupción son canalizados a través de la Contraloría y la Fiscalía, mientras que el despacho de Meléndez sólo se dedica a verificar la ejecución de las obras a través de las inspecciones. “El ministerio, como no está capacitado por la Constitución para imponer alguna pena, lo que va a hacer es fortalecer a la Contraloría”, dice.

Deyalitza Aray, diputada de la Comisión de Contraloría de la Asamblea por Prove, indica que “se quiere dar una sensación de control y de que se está garantizando la acción del Gobierno; pero, por otro lado, el presidente Chávez no confió en los organismos fiscalizadores y creó un órgano por encima, tutelado y muy cercano a él”.

Juan Carlos Hidalgo, analista de Políticas Públicas del Cato Institute, con sede en Washington, coincide con Aray. “La solución para vigilar los recursos públicos parte de entregarle poder e independencia a las instituciones que ya existen para esa finalidad, no en crear una nueva dependencia que depende 100% del Ejecutivo”.

 

Monitorear obras. Hay varias formas de conseguir una inspección. Una es a través del envío de tweets con denuncias a la cuenta @gestionperfecta; otra manera es escribir a gestionperfecta@presidencia.gob.ve o entregando el material en la oficina de correspondencia del Palacio de Miraflores. También los jefes de patrulla del PSUV (1.194.456 en todo el país) pueden recibir las denuncias y registrar datos de la obra en una planilla en la web del partido político.

La otra vía es que el Presidente la ordene. Este es el caso de Amarilis Andrade y de 115 personas que habitan en los edificios Urigaín, Delta y Bel-Air, que están ubicados en la avenida Baralt. Ellas lograron que sus lugares de residencia fueran restaurados por el Gobierno cuando manifestaron frente a la caravana presidencial que asistió a un acto en el Tribunal Supremo de Justicia. Estuvieron en el lugar correcto, es decir, a la vista del comandante.

“Este es un trabajo para detectar fallas y puede terminar con una felicitación o con un llamado de atención. Entro donde el Presidente me dé instrucciones de entrar. El comandante de las inspecciones es el comandante en jefe, el Presidente. Él fija las prioridades. Le presentamos una lista y él decide dónde se inspecciona”, declaró Meléndez con disciplina marcial en una entrevista al diario Ciudad Caracas, el 19 de noviembre pasado. Pocos días después, todo en el país cambiaría.

El proyecto habitacional fue encargado por el propio Presidente a la jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, que en enero entregó con Meléndez 116 títulos de adjudicación y llaves a los vecinos. Era Chávez, al mando.

 

RECUADRO

 

Institucionalista en el 4-F

La teniente de navío Carmen Meléndez fue la oficial en jefe que se encontraba de guardia en la Comandancia General de la Armada cuando un pelotón de paracaidistas del Batallón Leonardo Chirinos intentó tomar la sede militar el 4 febrero de 1992 en la madrugada.

La actual ministra del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno lideró a 100 hombres en el resguardo de la comandancia y logró que los rebeldes huyeran. En ese ataque varios paracaidistas resultaron heridos de gravedad. Por su defensa a la democracia durante el golpe de Estado que lideró Hugo Chávez  recibió la condecoración Almirante Luis Brión. “Usó una Uzi (subfusil), se fajó a tiros con los golpistas. Fue una Rambo, una heroína”, señala el teniente de navío retirado y analista político Pedro Pedroza.

“Ella repelió el ataque, tuvo una actuación destacada en esa noche angustiosa. En pleno proceso de un golpe de Estado ella protegió la democracia”, enfatiza el vicealmirante retirado Rafael Huizi Clavier, presidente del Frente Institucional Militar, quien trabajó con Meléndez en la Escuela Naval.

Pero, en más de 20 años, muchas cosas cambian. En su cuenta de Twitter (@gestionperfecta) Meléndez escribió el 4 de febrero: “Un día como hoy Venezuela dio un paso gigante para ser grande al lado de un hombre que supo despertar el alma de millones”.

Huizi Clavier la recuerda como una oficial estricta, introvertida y con una formación militar incuestionable, que logró estar entre los 15 primeros de su promoción en la Escuela Naval de Venezuela al graduarse de alférez de navío el 5 de julio de 1984. Meléndez fue la primera mujer almirante de Venezuela y América Latina. La directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, lamenta que Meléndez –­con una hoja de vida ejemplar e integrante de una de las promociones a las que considera les corresponde el liderazgo natural de la Fuerza Armada Nacional en este momento­– participe de la militancia política. “Ella cumple con dos condiciones esenciales para estos tiempos: una trayectoria inobjetable para su designación como ministra y su partidización evidente por el proyecto político de Hugo Chávez”.

“Ella quebró la institucionalidad, no sirve al Estado sino a un partido político”, indica Pedroza. Para Huizi Clavier, a medida que fue ascendiendo se fue acercando más a Chávez y “cambió su uniforme militar por una camisa roja”.

Meléndez y Chávez tenían una amistad de vieja data. Ambos nacieron en Barinas y sus familias se conocen muy bien. La quinta de los 11 hijos del matrimonio formado por Martín Meléndez y Sofía Rivas estudió con Adelis Chávez, hermano menor del Presidente de la República. Esta afinidad permitió que fuera una de las encargadas del velorio del presidente fallecido.

 Meléndez es la ex esposa del también militar Orlando Maniglia, ex ministro de la Defensa y hermano de Teresa Maniglia, jefa de prensa del Palacio de Miraflores.

 

RECUADRO

 

La pesada herencia de Hugo Chávez

 

A diferencia de Nicolás Maduro, Chávez no hacía énfasis en el tema de la ineficacia de su gobierno durante sus campañas electorales. Analistas opinan que el vicepresidente ya habla como jefe del Estado y que evita que la oposición lo ataque por ese flanco

 

En caso de ganar las elecciones, Maduro recibirá a un Estado mastodonte. Lo recibirá como legado del mismo hombre que lo llevó al poder: Hugo Chávez.

Antes de morir, el Presidente dejó el lema de “eficiencia o nada” y, también, muchas denuncias de corrupción a sus funcionarios y obras inconclusas. Un patrimonio que pesará sobre la espalda del corpulento vicepresidente que todavía lucha por ganarse un liderazgo propio.

El 28 de septiembre, a pocos días de las elecciones, Chávez dijo en un mitin que, más que mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, importaba su proyecto político: “Lo que está en juego no es si me han dado la casa o no, no se trata de si hemos asfaltado la calle, si se fue la luz, si llegó el agua. Nos estamos jugando el futuro de la patria”.

Sin embargo, Maduro tiene otros recuerdos sobre las inquietudes del Presidente, que era muy crítico con su gestión pero no solía hacerlo en campaña. “Él quería que hiciéramos todo perfecto. Él me decía: ‘¿Por qué no podemos, si tenemos los recursos?’ Nos lo exigía mucho: eficiencia, eficiencia”, dijo a José Vicente Rangel en una de sus primeras entrevistas como presidente encargado, después de la muerte de Chávez. En la biografía de su recién abierta cuenta de Twitter (@NicolasMaduro) se señala que está “comprometido en construir la patria con eficiencia revolucionaria”.

Maduro ya habla de los “inspectores socialistas” para garantizar el funcionamiento de las obras de gobierno, en referencia a los funcionarios adscritos al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno, liderado por la almirante Carmen Meléndez. Según las últimas órdenes presidenciales, la labor de la militar activa debe ser apoyada por el resto del Ejecutivo.

Para el consultor político Edgard Gutiérrez no es recomendable incorporar el tema de la ineficiencia en la carrera electoral de Maduro. “Él actúa para que el legado de Chávez perdure. Debe hablar de logros concretos, todo debe brillar en la campaña electoral. Ese tema de la ineficacia debe dejarlo para después”.

El politólogo John Magdaleno, director de la consultora Polity, cree que el PSUV se ha apoderado del tema para adelantarse a una arremetida de los competidores. “El Gobierno siente la necesidad de ser eficiente, Chávez era crítico de su propia gestión y eso era una estrategia de comunicación. Maduro recogió esas referencias y debilidades del Gobierno para evitar que la oposición las explote en la campaña electoral”.

Pedro Benítez, coordinador de la Comisión de Políticas Públicas de la Mesa de la Unidad Democrática, considera que esa táctica es el reconocimiento de la  crisis del funcionamiento de la administración pública, que es una pesada herencia que dejó Chávez a Maduro. “Esta crisis sucede por el intento de construir una economía socialista, que sólo trae ineficiencia, inflación, desabastecimiento y pocas libertades. Los hechos son tercos. Chávez habló de socialismo y a Maduro le toca ofrecer eficiencia y seguridad a la gente”, agrega.