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“Estás despedido”

El miedo a opinar domina a los que siguen adentro

El miedo a opinar domina a los que siguen adentro

Entre el lunes 15 y el miércoles 17 de abril, directores de departamentos en alcaldías, gobernaciones, ministerios, institutos, empresas y bancos públicos convocaron a trabajadores y funcionarios para anunciarles que su lealtad al Gobierno sería puesta a prueba. Más de 4.000 denuncias de despidos, acoso y desmejoras laborales recogidas por la MUD revelan que fotos publicadas en Facebook, comentarios en Twitter y ausencias en marchas oficialistas han servido como excusas para burlar la inamovilidad y expulsar de la burocracia estatal al que haya criticado a Nicolás Maduro o reconozca que votó por Henrique Capriles. El miedo a opinar domina a los que siguen adentro

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 I
“Voté por Maduro pero igual me despidieron”.
Francisco Márquez es técnico superior en mantenimiento eléctrico y trabajaba para Petróleos de Venezuela desde hacía 22 años. El 18 de abril le notificaron que la empresa ya no requería sus servicios en el campo Orocual, en el estado Monagas. No le permitieron entrar a su oficina para retirar sus pertenencias y se negaron a explicarle el motivo del despido. Tras mucho discutir, logró una respuesta del jefe de Recursos Humanos: “¿Tú crees que no nos duele la muerte de 7 camaradas caídos?”, replicó en referencia a los fallecidos en las protestas opositoras a favor del recuento de votos exigido por Henrique Capriles, días después de los comicios del 14 de abril. “Nunca fui a una marcha a favor de Hugo Chávez ni de Nicolás Maduro, ni colgué pancartas, ni hice campaña por nadie”, alega Márquez al explicar por qué lo despidieron. Después de ser expulsado de la industria petrolera abrió una cuenta en Twitter para criticar las promesas que Maduro ofrece a los sindicatos y trabajadores. “Lo mejor de que me hayan botado es que ahora sí puedo opinar con libertad”.

Reinaldo Belandria es productor nacional independiente y trabajó como guionista y realizador de la Televisora Venezolana Social desde 2010 hasta el miércoles 24 de abril, a pesar de que su contrato estaba vigente hasta junio. Cargos en su contra: cuestionar en su muro de Facebook la negativa de Maduro a respaldar un recuento de votos y enviar una carta a su superior el 22 de abril en la que se revelaba convencido de que TVES debía convertirse en un canal para todos los venezolanos.

“Voté por Maduro pero igual me despidieron. Ahora me señalan porque dije que estoy de acuerdo con la auditoría para que regrese la tranquilidad al país. Me siento traicionado; soy un revolucionario convencido y me tildan de opositor por asumir una posición crítica y tolerante. El radicalismo sólo revela miedo”, declara sin temor a que sus antiguos compañeros de trabajo lean su denuncia. “Ya no tengo nada que perder”, afirma.

La última semana de marzo, los empleados del Ministerio de Asuntos Penitenciarios recibieron un correo interno en el que les invitaban a donar un día de sueldo a la campaña de Maduro. Como asistente de la Dirección General de Control al Procesado y la  Procesada, a Ronny Mejías le asignaron la tarea de recoger los voucher de los colegas que hicieron el depósito en cuentas del Banco de Venezuela y del Bicentenario, para luego elaborar una relación del monto recaudado por su departamento. Ella no contribuyó. Asegura que la ministra Iris Varela y el resto de sus compañeros sabían que no era afín a la revolución, así que no consideró necesario desembolsar muestras de lealtad ideológica.

Mejías acumula 23 años de servicio en la administración pública y esperaba sumar los que le faltaban para jubilarse en el despacho de Iris Varela. El 10 de abril se retiró de la oficina con un reposo certificado por el Seguro Social, vigente hasta el 29 de abril, pero la semana de las elecciones la destituyeron. Dado que estaba de reposo preoperatorio, le propusieron un trato: reengancharla una quincena más para que pudiera pedir la carta aval y pagar la intervención quirúrgica a través del seguro si presentaba su renuncia con fecha 2 de mayo. “Aunque me ofrecieron borrar esa mancha en mi hoja de servicio, decidí no aceptar porque me causaron un daño moral. No les importa destruir la carrera de un funcionario sólo por pensar diferente”.

Entre el lunes 15 y el miércoles 17 de abril, jefes y directores de departamentos en alcaldías, gobernaciones, ministerios, institutos, empresas y bancos públicos convocaron a contratados, empleados fijos y funcionarios de carrera -a través de correos electrónicos, mensajes de texto y conversaciones de pasillo- para iniciar lo que se convertiría en una cacería contra todo sospechoso de militar en las filas opositoras o de no hacerlo con contundencia en el bando oficialista.

Sentados en torno a sus superiores, los trabajadores escucharon la pregunta de por quién habían votado una y otra vez, recibieron amenazas de despidos y acabaron envueltos en un canje: ganar puntos para aumentos y ascensos a cambio de descubrir y denunciar a los “traidores” y “saboteadores” que no sigan a pie juntillas las directrices del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fotos publicadas en Facebook, comentarios en Twitter, ausencias acumuladas en marchas oficialistas y hasta críticas a las políticas gubernamentales soltadas en un almuerzo se convirtieron en municiones para ejecutar la purga de la burocracia estatal.

En menos de dos semanas, la Mesa de la Unidad Democrática ha recibido 4.266 acusaciones de trabajadores del sector público, a través del correo electrónico denunciaempleadopublico@gmail.com. Un equipo de abogados comandados por Delsa Solórzano, coordinadora de Derechos Humanos de la plataforma de partidos opositores, recoge las evidencias de los abusos y ofrece asesoría legal a los afectados para canalizar sus casos. Según las cifras de la MUD, provenientes de todo el país, al menos 3.077 denuncias se refieren a acoso laboral, 919 a despidos y 270 a desmejoras en las condiciones de trabajo, evidencia de que se aplicó una estrategia sistemática de persecución en todas las instancias del Estado.

Otros testimonios recuerdan que el hostigamiento laboral como arma de control político es una práctica anterior a los últimos comicios presidenciales. Uno de ellos es Rafael Navarro, un periodista que trabajó en la Unidad de Relaciones Institucionales del Ministerio Público durante casi dos años, pero fue despedido un día después de la muerte del presidente Hugo Chávez por negarse a abordar uno de los autobuses que habilitó la Fiscalía General de la República para ver los restos del mandatario en la Academia Militar.

“Aunque traté de mantener una postura institucional, fueron cercándome poco a poco: no me convocaban a ciertas reuniones y cada vez me daban menos espacio en las publicaciones internas del ministerio. Me botaron el 6 de marzo y todavía estoy esperando la carta de despido”, cuenta Navarro. En su celular aún guarda un mensaje de PIN que le envió su jefe en las elecciones del 7 de octubre de 2012: “Quien quiera estar bien con su conciencia, que el lunes presente su renuncia, que gustosamente la recibiremos. Porque sería deshonesto de su parte beneficiarse del Estado, tener seguro gratis, bonos todo el año, ticket de alimentación y acceso a créditos para Cherys, y salir luego a despotricar de quien ha hecho posible todo eso”.

El ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, fue el primer alto funcionario del Gabinete del que quedó registro de haber incitado la persecución a los empleados. “A mí no me importa en lo absoluto lo que dicen las normas laborales. No acepto que nadie venga a hablar mal de la revolución o de mi comandante Chávez. No acepto militantes de partidos fascistas. Si no renuncian, yo mismo los voy a botar”, dijo en un video publicado en Youtube el 20 de abril.
 
II
“No me callaré porque no tengo miedo”.
Freddy Díaz y Evelyn Giambalvo son un matrimonio que ha sufrido despido y acoso al mismo tiempo en el Banco Agrícola de Venezuela. Díaz trabajó en la institución durante 6 años y ocupó el cargo de Especialista I  hasta el 14 de febrero, cuando fue despedido sin justificación. Acumulaba encontronazos por cuestionar las políticas de otorgamiento de créditos, así que la decisión no lo tomó por sorpresa. Giambalvo publicó en Facebook una foto con Capriles el 25 septiembre de 2012, tras llevar un año de reposo a la espera de una operación para eliminar cuatro hernias discales que comprometen su movilidad. Desde ese mismo mes no cobra su sueldo y en febrero le suspendieron también los tickets de alimentación. Aunque la gravedad de su diagnóstico estaba respaldado por un médico del Seguro Social, el martes 30 de abril la citaron por tercera vez en tres meses al Hospital Pérez Carreño para declararle 5% de incapacidad y justificar su reincorporación inmediata al cargo de Promotora, un rango inferior al de Promotora Social que tenía antes de solicitar el reposo. “En el Seguro Social me repitieron los estudios porque no aceptaron los que me hice en una clínica privada y me dieron la resolución en 10 minutos, cuando generalmente tarda 8 días. Una representante del Departamento de Recursos Humanos del banco estuvo allí presionando todo el tiempo. La forma en que desconocen mi enfermedad resulta humillante”, expresa Giambalvo.

Jonathan Makarem es maestro de sexto grado en la Unidad Educativa El Piache, en el municipio Mara del estado Zulia. El 2 de abril en la madrugada salió a colgar pendones de Capriles junto con un grupo de voluntarios del Comando Simón Bolívar. Al día siguiente, a las 7:00 de la mañana, lo esperaban 8 personas del Consejo Comunal Las Parcelas para impedirle la entrada a la escuela. Los padres de sus estudiantes y otros profesores salieron a defenderlo y se armó una trifulca que casi termina en tiros. “Lo que más me dolió en ese momento fue ver a mis alumnos atemorizados por la violencia”, recuerda. Makarem es contratado y, después de lo ocurrido, perdió las esperanzas de que la Gobernación del Zulia lo renueve en su cargo para el próximo año escolar.

Ligia Marín es licenciada en Informática y ocupa el cargo de Analista de Procesamiento de Datos III en la Dirección de Protección Civil y Seguridad Ciudadana del estado Nueva Esparta. Fue movilizadora del comando de Capriles el 14 de abril en la Escuela Básica Juan Bautista Arismendi. Tras 26 años de servicio en la administración pública, no la han despedido ni la han amenazado, pero sufrió una desmejora abrupta de sus condiciones laborales: el 17 de abril fue trasladada a un garaje de la gobernación donde se acumula la chatarra de los vehículos oficiales que se averían, un sitio donde no tiene nada que hacer. “Aunque corro el riesgo de perder mi jubilación, no me callaré porque no tengo miedo. Si debo renunciar para preservar mi salud y luchar desde afuera, lo haré”.

La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, aseguró que su despacho no ha recibido ninguna denuncia por acoso laboral. “Si fuera una práctica reiterada que el Gobierno saque a quienes le son contrarios, no quedaría ninguno”, afirmó el 21 de abril.

El acoso se ha ejecutado en modalidades más sutiles, aunque no por ello menos efectivas. Los empleados del Seniat recibieron un correo electrónico el 17 de abril en el cual el superintendente nacional aduanero y tributario, José David Cabello, les envió su PIN para mantener “una comunicación directa”. Trabajadores de Corpoelec cuentan que los ascensos e ingresos a la empresa están sujetos hoy a la lista Tascón de 2004, mientras que funcionarios de carrera de la Alcaldía de Caracas aseguran que ya no tienen escritorios ni computadoras para hacer su trabajo, y consumen la jornada laboral en las salas de espera dispuestas para el público que acude a hacer gestiones. “Las humillaciones son sistemáticas y hasta nos excluyen de los aumentos. No les importa la ley, lo único que quieren es que tiremos la toalla y nos vayamos de la alcaldía”, afirmó una trabajadora que pidió mantenerse anónima. En Fundayacucho, Cantv y Pdvsa, los almuerzos se han vuelto silenciosos. Cualquier comentario puede convertirse en causal de despido. “La gente ha borrado sus perfiles en Facebook y Twitter para que no puedan relacionarlos con familiares opositores. Es muy difícil trabajar bajo tanta presión”, dice un empleado de Fundayacucho. El mensaje de texto de un trabajador del Ministerio de Relaciones Exteriores ilustra la tensión que se vive en los pasillos de la administración pública: “No vuelvas a escribirme. Si hablo me van a botar”.