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Sin agravios ni inexactitudes

El documento recibido a propósito del caso Venenceres atribuye al reportaje "La promoción militar de los dólares Cadivi" publicado en este diario afirmaciones que no están contenidas en el trabajo y omite datos sobre cómo fue el abordaje periodístico que se hizo a las partes involucradas

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El miércoles 6 de agosto la abogada Mary Herrera, que se identifica como representante de los anteriores y actuales accionistas de Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, envió por correo electrónico a la redacción de El Nacional un escrito que calificó de "derecho a réplica y/o rectificación", con la solicitud de que se publicara hoy 10 de agosto en las páginas de Siete Días. Al día siguiente se le envió un acuse de recibo desde la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales.


Sin embargo, la abogada no esperó a que se cumpliera la fecha por ella solicitada: el jueves hizo circular el documento por las redes sociales y el viernes lo publicó en forma de remitido en periódicos de circulación nacional y regional. Aun cuando El Nacional considera que el escrito no demuestra existencia de alguna información que el diario deba rectificar, decidió publicarlo atendiendo la transparencia periodística que le caracteriza y al compromiso de mantener informado a sus lectores.

A continuación las respuestas:

Primera: Herrera se comunicó telefónicamente con el equipo de la Unidad de Investigación el miércoles 23 de julio, luego de las gestiones que hizo el diario para contactar a las partes involucradas en el reportaje. Su llamada es una prueba de que esas diligencias se realizaron. Ese día la abogada ofreció la posibilidad de una entrevista presencial inmediata, pero luego se retractó. El jueves 24 de julio se le llamó en varias ocasiones para solicitarle de nuevo la entrevista. Al mediodía aceptó hacerla, pero pidió una nueva conversación para establecer los términos. Al final de la tarde accedió a contestar un cuestionario que pidió se le remitiera a una dirección de correo que prometió enviar por mensaje de texto, lo que no hizo ese día. El viernes 25 de julio en la mañana se le propuso de nuevo una entrevista telefónica, pero ella insistió en que se le enviara el cuestionario. A las 11:30 am remitió el mensaje de texto con su correo, al cual se le enviaron las preguntas. Luego hubo, como ella lo expresa, comunicaciones a través de otros mensajes de texto. En uno se le indicó: "Dra Herrera, ya le envié las preguntas". Su respuesta fue: "Cuando pueda te las envío, todavía estoy en audiencia, caso largo y delicado". La abogada mandó más tarde un nuevo mensaje, pero incompleto e ininteligible. "Osicion, feliz noche, nvestigada, el registro es el Registro Segundo Mercantil, si desea revisar e igualmente. Cuando desee visitar las sedes de mi representado estamos a su disp". Se le respondió: "Hola doctora disculpe, pero no me llegó bien el mensaje" y luego se le señaló: "Necesitamos saber si va a contestar, ¿me puede decir?². No hubo más comunicación.

En el punto uno del escrito la abogada también asegura que envió un mensaje de texto en el que informó a la Unidad de Investigación que en octubre de 2013 la empresa Alimentos Venenceres fue vendida y que esa transacción fue registrada ese mes. Ninguna comunicación bajo esos términos se recibió por esa vía. Hay que añadir que el expediente de la empresa ha sido consultado dos veces entre julio y agosto. En el documento no se observa acta alguna que refiera la venta señalada ni un cambio de domicilio. La nueva sede adoptada por Fármacos Venenceres desde finales de 2013, en el Centro Comercial Mediterranean Plaza, sí fue visitada: la oficina estaba cerrada y, como se publicó en una fotografía en el trabajo, tenía un cartel que decía: "Alimentos Venenceres, cerrado por remodelación".

Segunda: El escrito señala que el reportaje "trata de implicar" que el uso del Sucre ­Sistema Único de Compensación Regional adoptado por países de la Alba­ como modalidad de pago constituyó "un privilegio" a favor de Alimentos Venenceres. En el trabajo solo se menciona que el Sucre pudo ser una de las vías que utilizó la empresa para completar las transacciones con atún ecuatoriano. La abogada no hace una cita directa del reportaje para demostrar la existencia de alguna inexactitud, error en la información o trato agraviante.

Tercera: El escrito refiere que el trabajo periodístico contiene "insinuaciones" sobre Alimentos Venenceres que "podría dejar entre ver (sic)
que se trata de una empresa fantasma" y que "es tendencioso asumir que la empresa no estaba en capacidad de ofertar productos a la red Mercal". La abogada no cita ninguna frase textual del reportaje que demuestre que se le haya dado el trato de empresa fantasma ni que se haya tachado a la compañía de incapaz de contratar con Mercal. Tampoco refiere en este punto ningún párrafo concreto con elementos inexactos, erróneos o agraviantes. El reportaje sí presentó datos precisos de la trayectoria de Alimentos Venenceres como los siguientes: fue constituida en junio de 2010 en Valencia, Carabobo, y Cadivi le aprobó aproximadamente 17,6 millones de dólares en 2012. Entre sus clientes ­de acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Contratistas­ han estado el Hotel Tasca Restaurant Don Gabriel, Abastos Mi Estación, Servicios y Suministros Aragua y Mercal, red pública que le dio 16 contratos para la venta de atún ecuatoriano. Sobre Fármacos Venenceres se dieron datos como estos: fue fundada en diciembre de 2010 y Cadivi le entregó 5,9 millones de dólares en 2012.

Cuarta: El escrito señala que "es tendencioso afirmar que la liquidación de las divisas es debido al hecho de que existen o existían vínculos con el coronel Manuel Barroso". Otra vez, no se cita párrafo o línea alguna del reportaje en el que se presente tal afirmación o que demuestre alguna inexactitud, error o trato agraviante. El trabajo sí repasa, en  favor del interés público, los nexos entre Barroso, quien presidió Cadivi; el coronel Félix Osorio, que simultáneamente formó parte de la junta directiva de Cadivi y era presidente de Mercal para la época de las ventas de atún, y dos militares retirados relacionados con Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres que fueron compañeros de promoción de los anteriores: Carlos Arias Delgado y Eduardo Escalante Pérez, quien también fue vicepresidente de la eliminada comisión gubernamental. Con respecto a la efectividad de los mecanismos de Cadivi y de los sistemas de control cambiario han fijado posición pública funcionarios activos o retirados del gobierno como Jorge Giordani, ex ministro de Planificación; Edmée Betancourt, ex presidente del Banco Central de Venezuela; Miguel Rodríguez Torres, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo; José Khan, ex presidente de Cadivi; y el jefe del Estado, Nicolás Maduro. Las averiguaciones que efectúan la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Comercio Exterior ­que sustituyó a Cadivi­ y la creación de una comisión presidencial para investigar las entregas de divisas constituyen pruebas del reconocimiento al más alto nivel de las fallas que llevaron a generar pérdidas que han sido calculadas entre 25 millardos y 30 millardos de dólares por el gobierno. Igualmente hay que señalar que en el reportaje se afirma que las empresas hubieran tenido limitaciones para acceder a los dólares si se aplicaran las normas hoy vigentes, que exigen una antigüedad de dos años a las solicitantes.

Quinta: En el escrito presentado por la abogada se señala lo siguiente: "Desmentimos categóricamente que Alimentos y Fármacos Venenceres sean empresas de maletín". La abogada no aporta cita textual alguna al respecto porque en ningún momento se les calificó de tales. En el reportaje se presentan datos concretos sobre la trayectoria de las empresas e incluso se señala que hicieron importaciones. Herrera no cita párrafo alguno del artículo para demostrar la existencia de información inexacta, errónea o agraviante.

Sexta: El escrito señala lo siguiente: "Es falso el señalamiento de que esta empresa no haya sido fiscalizada por las instituciones que le compete (sic)". En el trabajo periodístico no se hace esa afirmación. En el contacto inicial que se tuvo con la abogada, ella explicó que autoridades gubernamentales hicieron inspecciones de contenedores cuyos resultados serían apelados por los representantes de Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres. Así se reflejó en el trabajo.

Séptima: El escrito afirma lo siguiente: "Es falso de toda falsedad que las empresas citadas en el artículo, Interpromotions Ltd y Solutions B & C Ltd tengan relación alguna con Alimentos o Fármacos Venenceres, dichas empresas no existían al momento de la conformación de las empresas importadoras". Esa afirmación no se hace en el reportaje. Lo que se señala es que Paúl Miguel Ortega González ­quien según Herrera ya no es accionista de Alimentos Venenceres­ inscribió las empresas Interpromotions Ltd y Solutions B & C Ltd en Islas Vírgenes.

Octava: La abogada repite que el trabajo publicado contiene insinuaciones sobre los oficiales retirados Eduardo Escalante Pérez y Carlos Arias Delgado. No cita párrafo alguno para demostrarlo.  El reportaje publicado sí mostró los nexos que vinculan a esos militares retirados con transacciones comerciales concretas, con empresas específicas y con ex compañeros de promoción en cargos gubernamentales.

Sobre la conclusión: En el escrito se atribuye a El Nacional "un claro y evidente intento de desprestigiar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela". En el reportaje no hay línea o párrafo que aluda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como institución, la cual está constituida por miles de hombres y mujeres que están al servicio del Estado y sus ciudadanos. Se documentaron los casos de cuatro oficiales y sus vinculaciones: dos retirados dedicados al mundo de los negocios y otros dos en funciones específicas de gobierno, asociados a las entregas de divisas y a la compra y distribución de alimentos.

Invitamos a los lectores a revisar de nuevo el trabajo titulado: "La promoción militar de los dólares Cadivi"