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Vientre prestado

Mujer embarazada / Jesús Castillo

Mujer embarazada / Jesús Castillo

En Venezuela no existe una legislación que prohíba la maternidad sustituta, pero tampoco ninguna la protege. El vacío legal deja indefensos a quienes, por diversas razones, optan por esta vía para tener descendencia. Sin embargo, hace un año dos casos sentaron jurisprudencia: dos tribunales de Caracas admitieron que los padres biológicos tenían la patria potestad del bebé sobre la mujer que lo tuvo en el útero. Se abre una ventana jurídica. La Asamblea Nacional tiene una deuda con algunos derechos individuales, que este año podría comenzar a saldar si comienza a discutir leyes relativas a la mujer, la pareja y la familia

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“No es fácil que tu hijo esté en la barriga de otra mujer. Aunque esa persona sea de tu total confianza y la quieras. Aunque sea tu cuñada”. Amanda (se llamará así en esta historia) sabía, desde un principio, que tendría que superar barreras emotivas, íntimas. Sabía, también, que sería un vía crucis legal. Ella es abogada, trabaja en el sistema de justicia venezolano, estaba clara sobre la falta de legislación acerca del tema. Pero su deseo de tener descendencia superó el obstáculo judicial, decidió dar la cara y exponer de frente, ante las autoridades públicas y los tribunales, que iba a ser madre pero que su hijo estaba en otro vientre. Un procedimiento que muchos ocultan para evadir las trabas jurídicas, ella decidió enfrentarlo, salió victoriosa y sentó jurisprudencia. 

Amanda fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino cuando tenía 4 meses de embarazo y perdió el bebé. Le extrajeron el útero, pero dejaron intactos sus ovarios. Apenas se enteró de la noticia, su cuñada le ofreció voluntariamente su vientre para que, cuando se recuperara de su enfermedad, lograra su mayor sueño: ser madre. “Era la única posibilidad de tener un hijo que fuera biológicamente mío y se lo agradecí”, cuenta Amanda. 

En 2012, ella y su pareja se sometieron a un tratamiento de fertilización in vitro y el embrión fue implantado en el vientre de la cuñada. “Casi me mudé con ella, la acompañaba al médico, iba a buscarla al trabajo, no la dejaba hacer nada”. 

No firmaron un convenio, pero había confianza. “Creo que quien ofrece el vientre debe hacerlo como un acto de amor y solidaridad”. A la cuñada le hicieron cesárea. En cuanto nació la niña, Amanda se encargó de ella y la asumió como suya. Decidió quedarse un mes en casa de su mamá, junto con su pariente. “No me parecía que podía desprenderla de la bebé, no quería que se sintiera desplazada y utilizada”, relata.

El tema afectivo estaba claro: Amanda era la mamá de la niña, su cuñada fue nombrada su madrina. Pero legalmente el asunto no estaba tan diáfano: La niña salió de la clínica con la tarjeta de maternidad que indicaba el nombre de la parturienta como la madre, aunque el médico tomó la previsión de dejar constancia de que Amanda y su pareja eran los padres biológicos del bebé. Luego se sometieron a una prueba de ADN que confirmó el vínculo.  Con ello fueron a un tribunal de niños, niñas y adolescentes para pedir una inquisición de maternidad que permitiría que en la partida de nacimiento la pequeña llevara el apellido de ellos. El tribunal lo declaró con lugar. Amanda, además, consiguió que en su trabajo le dieran el permiso prenatal y posnatal. “Todo lo logré hablando con la verdad, pero fue difícil, por eso creo que es necesaria una legislación, hay mucha gente en situaciones así”, expresa en su condición de abogada.     

Amanda es una de las dos personas que ha llevado a tribunales un caso de “vientre en alquiler”, como se le conoce popularmente, pero que a nivel médico y legal se llama vientre subrogado.

 

Obstáculos legales

¿Quién es la madre?: ¿La que aporta el óvulo? ¿la que pare? ¿la que desea fervientemente tener descendencia? La fertilización asistida, con todas sus posibilidades, es una técnica de reproducción que cada vez es más utilizada por personas que, por diversas razones, acuden a ella como el único medio que les permite concebir. Este método abre un abanico de preguntas que la legislación venezolana aún no termina de responder. En Venezuela la maternidad subrogada (la opción de que una mujer “preste” su útero a una persona o pareja para que tenga un bebé) no está prohibida, pero tampoco expresamente permitida y regulada. Entonces, una persona que elija esta vía para tener un hijo puede ir a un laboratorio de fertilización asistida y manifestar que desea esa opción, sin embargo, solo podrá hacerlo si ella misma lleva a la madre que prestará su vientre.  

Pero después se topará con un obstáculo importante, el mismo que vivió la abogada: según el Código Civil (que data de 1982, cuando la posibilidad de la maternidad sustituta no existía), es madre ante la ley quien pare el hijo, y tanto en el certificado de nacimiento del centro de salud donde es atendida como en la posterior partida de nacimiento, el bebé tendrá –por ley– los apellidos de la parturienta. Le tocará entonces librar una batalla legal para tener la patria potestad. Esa batalla que ya adelantó Amanda.

El magistrado Octavio Sisco, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, está consciente de esta realidad. Considera “imperativo iniciar una discusión seria sobre el tema en el país”. A su juicio “se hace necesaria una regulación adecuada, desprejuiciada pero ética de la materia, que se ajuste a la dignidad de la persona humana, valor supremo de nuestra Constitución política”. 

Considera que no se puede dar la espalda a la realidad ni simplemente prohibirla, pues “no resolverá el problema de fondo, ni tampoco los dramas humanos involucrados”.

Sostiene que el tema es complejo a la hora de legislar, por la contraposición de numerosos intereses jurídicos y éticos involucrados. Por una parte, se busca proteger a las personas que aspiran ser padres mediante esta vía; por otra parte, es menester resguardar la seguridad de la criatura que no ha nacido y por último, mediante una regulación, se impediría la comercialización de la maternidad sustituta. 

 

Una definición

Para Sisco “la maternidad subrogada presupone que una pareja o una persona, ante la imposibilidad de gestar o por no querer hacerlo simplemente, conviene con una tercera persona (llamada gestante), para que esta última consienta la implantación de embriones en su útero, y permita que ocurra la gestación hasta su término, de modo que, una vez producido el nacimiento, entregue el niño a la pareja o persona comitente y renuncie a todo posible vínculo jurídico o legal sobre el niño”.

La definición agrupa a numerosos tipos de casos que pueden optar por el procedimiento: parejas que no pueden tener hijos, mujeres solas, hombres solos, parejas homosexuales, entre otros. En algunos casos, el material genético es el de la persona que desea el hijo, pero también puede ser mediante donación de óvulos o espermatozoides, lo que hace aún más difícil la legislación.

Alexis Trías, médico especialista en Reproducción Asistida del Laboratorio de Fertilización del Centro Médico Docente La Trinidad, deja claro que en la clínica no hay un banco de mujeres que ofrecen su vientre. “Solo hacemos la fecundación cuando el paciente trae a la mujer que le prestará el útero, que es generalmente miembro de su familia o una amiga”. Resalta que el procedimiento es exactamente el mismo de la fertilización in vitro: se extrae el óvulo de la paciente, se fertiliza con el semen de su pareja (o de un donante) y se implanta en el útero de la madre sustituta. Trías indica que en Venezuela se desconocen cifras, pero el procedimiento es poco usual, con relación al enorme número de personas que recurre a la fertilización artificial para ser padres. “En toda mi carrera apenas he tenido 4 casos”, destaca.  

 

Primer paso

En enero de 2013, dos tribunales del área metropolitana de Caracas, con apenas 20 días de diferencia, tomaron una decisión que marca un hito ante la ausencia de legislación en la materia: fueron los primeros en pronunciarse sobre el caso de personas que recurrieron al vientre de una madre sustituta para tener a sus hijos. Uno de los casos fue el de Amanda, el otro ocurrió días antes.

El 9 de enero de 2013, un tribunal se pronunció a favor de una pareja que recurrió al procedimiento del vientre sustituto. Legalmente la niña fue registrada con los apellidos de la parturienta y no de ellos, sus padres biológicos. Tuvieron que demandar y la decisión  judicial dejó claro que la pequeña debía tener una nueva partida de nacimiento, con los apellidos de los padres biológicos y que la parturienta no tenía derecho sobre la criatura. En la decisión, la jueza que llevó la causa, Betilde Araque, ratificó la resolución de otorgar “la paternidad y maternidad a quienes hayan manifestado y realmente tenido la voluntad procreacional, es decir, la voluntad y el afecto para tener su descendencia, y no a quienes han prestado un servicio para que esa reproducción asistida tenga éxito”. Señala el expediente que la maternidad subrogada es válida “en la medida que su objetivo sea ayudar al ser humano a cumplir sus expectativas, pues les brinda la posibilidad de concebir y criar un hijo genéticamente suyo, aunque haya sido gestado en otro vientre”. Pero deja claro que los “problemas surgen cuando se mira esta posibilidad con carácter comercial y económico”. Saca una conclusión similar a la de Sisco: “Se hace necesario que el Estado legisle y controle la maternidad subrogada para evitar que se convierta en un negocio lucrativo, y se eviten también problemas médico-legales que surjan en el proceso”.

 

Mientras tanto

Es un delito cambiar en la clínica el nombre de la parturienta por el de la madre biológica. Por lo tanto, el procedimiento correcto es el que llevó a cabo Amanda: elevar el caso a un tribunal para que este decida la filiación.

Para facilitar este trámite, a raíz del caso de la abogada, en los centros de fertilidad las personas que optan por este procedimiento firman una carta de consentimiento, esto permite tener garantía de la transparencia de las intenciones. “Después, en la hoja de nacimiento aparecerá el nombre de la mujer que parió al bebé, pero también colocamos, en el renglón de observaciones, que el niño es producto de subrogación y los nombres de los padres biológicos. Asimismo, anexamos el informe completo del caso”, cuenta el médico Alexis Trías. Explica que eso se hace para dejar sentado el procedimiento cuando los padres acudan a las instancias legales para obtener la patria potestad del niño y la partida de nacimiento con sus apellidos. 

Sin embargo, el magistrado Sisco cree que mientras no se dicte una ley en la materia, es necesaria una regulación que permita más seguridad tanto a los padres como a la madre que presta el vientre a la hora de llevar a cabo este procedimiento. Propone que los involucrados soliciten autorización judicial y dejen claros los términos de sus intenciones. En este documento legal, por ejemplo, la madre sustituta expresaría abiertamente que el niño sería entregado a sus padres biológicos después del parto. Eso garantizaría mayor seguridad a los que toman esta decisión, ya de por sí difícil, delicada, compleja. Solo basta recordar las palabras de Amanda: “No es fácil que tu hijo esté en la barriga de otra mujer… Aunque sea tu cuñada”

 

RECUADRO 1

130.000 bolívares por un útero

“Estoy ofreciendo mi vientre en alquiler para fecundación in vitro y así colaborar en el nacimiento de un hijo para aquellas parejas o personas que no puedan tener un bebé, parejas homosexuales o personas sin pareja pero que anhelen realizarse como padres”. El clasificado luce aislado en una página de avisos de Internet. En pocos días, la usuaria que lo escribió ha recibido varias llamadas, pero aún no se ha concretado nada. La mujer, de 25 años de edad, vive en un estado del sur de Venezuela y explica, vía telefónica, que tomó esta decisión porque quería “ayudar a otras personas que lo necesitan”, pero también pide contraprestación económica: 130 mil bolívares. “Estoy dispuesta a negociar”, comenta con prurito. Cuenta que la idea se le ocurrió porque vivió muy de cerca la angustia de una prima que no podía tener bebés. “Yo le ofrecí mi barriga, pero logró embarazarse y no fue necesario. Pero pensé que podía hacer eso mismo con personas extrañas”. 

En Venezuela la renta del útero no está expresamente prohibida. Sin embargo, el magistrado Octavio Sisco indica que en el país un contrato comercial que incluya la maternidad “se considera nulo por ilicitud del objeto, contrariedad con el orden público y las buenas costumbres”. 

El riesgo que corre el país con el vacío legal puede verse en Argentina. Ante la falta de normas que regulen la comercialización, en la nación sureña empiezan a aparecer agencias (con páginas web) que ofrecen contratar madres de alquiler para ayudar a personas interesadas de toda América del Sur. 

A nivel internacional el procedimiento para alquilar un vientre genera controversia, aunque actrices famosas como Sharon Stone, Sarah Jessica Parker, Nicole Kidman y Sofía Vergara o cantantes como Miguel Bosé, Elton John y Ricky Martin han acudido a este procedimiento para tener hijos.

Ya en algunas partes es un negocio. En Estados Unidos los servicios de una madre sustituta pueden costar entre 30.000 y 70.000 dólares, más los gastos médicos; en India el costo se reduce a 10%, las mujeres rentan su vientre por 5.000 o 7.000 dólares, una suma alta para un ciudadano de esa nación, que puede ser equivalente a 10 años de salario básico. Se calcula que se mueven en ese país unos 450 millones de dólares al año por ese comercio.

Ucrania se ha convertido en otro país en el que los vientres son un negocio. 15.000 dólares puede costar el proceso para una persona que opte por una de las muchas agencias que existen en esa nación del oriente europeo, aunque el año pasado el gobierno puso una restricción: solo pueden alquilar un vientre los ucranianos o los habitantes de países que no prohíban el procedimiento. 

 

RECUADRO 2

Una deuda con los derechos sociales

La diputada Dinorah Figueras, miembro de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, reconoce que el tema de la maternidad subrogada no ha sido objeto de estudio por parte del órgano legislativo, pero tampoco han recibido ninguna propuesta de la sociedad civil. “La Asamblea y el país deberían abrir el debate, no podemos estar de espaldas a una situación que es una realidad”, asegura.

Añade que el tema se suma a la deuda que tiene el órgano legislativo con diversas materias que tienen relación con los derechos individuales y de las familia; como son los casos de la Ley de Adopción, la Ley de Equidad de Género, la Ley de Indemnización a las Familias Víctimas de la Violencia y la Ley de Amas de Casa, todas legislaciones engavetadas o detenidas. 

Asevera que otros países de la región ya han planteado leyes más progresistas en materias sociales y de familia. Reconoce que es necesario, para ello, abrir la discusión en la que participe la comunidad, los expertos, las universidades, las distintas iglesias.

La asociación civil Venezuela Igualitaria, una organización que tiene como objetivo lograr las reivindicaciones en materia de derechos humanos de la comunidad sexodiversa, llevará ante la Asamblea este 31 de enero el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario, con el objetivo de que las parejas no heterosexuales logren igualdad jurídica. “Queremos el reconocimiento del Estado de nuestra ciudadanía plena, de nuestra dignidad y el respeto a todas las formas de amar y conformar familia”, expresa Giovanni Piermattei, vocero de esta asociación. Pero no es la única propuesta que este colectivo llevará: también están en proyecto la Ley de Identidad de Género y la Ley Antidiscriminación. En la fila se encuentran la Ley de Adopción y la de Fertilización Asistida, “que permita legalizar tanto los embarazos homomaternales como el vientre subrogado”. Sin embargo, en esta legislación no han trabajado aún.