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Venezuela: La prensa en cuenta regresiva

Los ataques a la libertad de prensa en América Latina son variados: la escasez de papel en Venezuela; el asedio del crimen organizado y los vericuetos legales que buscan -veladamente- restringirla. El Grupo de Diarios América ofrece un vistazo de esta situación.

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Desde septiembre de 2013, siete diarios regionales venezolanos dejaron de circular por la imposibilidad de obtener divisas para la importación del papel prensa que requieren, y a la fecha cinco de ellos se mantienen fuera de circulación, de acuerdo con los registros del Instituto Prensa y Sociedad.

La organización no gubernamental precisó que los medios que han desaparecido son El Sol de Maturín (estado Monagas) y Antorcha (estado Anzoátegui), mientras que El Oriental y La Verdad (estado Monagas) no están circulando los fines de semana. El Nacional pudo verificar esta semana que también han dejado de circular El Guayanés, El Expreso y El Venezolano (estado Bolívar).

Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, advierte que otros 15 de los 80 rotativos del país pueden correr la misma suerte a corto plazo, si el gobierno nacional no libera de inmediato los dólares para la compra de papel.

Ante la asfixia, 17 medios impresos se han visto obligados a disminuir su paginación y el tiraje de sus ediciones. Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, señala que el diario tiene disponibilidad de papel hasta mayo. El Impulso, otro periódico de larga tradición en el país, tiene insumos para aproximadamente dos semanas.

VEA, tabloide afecto al gobierno, ha publicado en su primera página que por falta de divisas no pueden publicar la revista que acompaña la edición dominical. Sin embargo, hay otros medios vinculados al oficialismo, como El Correo del Orinoco y Ciudad Caracas, que por estar adscritos a organismos del Estado no tienen que cumplir los engorrosos trámites de importación que se les exige a las empresas privadas y por lo tanto disponen de insumos para operar.

Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, señala que no solo están amenazados los periódicos y más de 30.000 puestos de trabajo que generan, sino que la crisis que atraviesa la prensa venezolana afecta la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos.

Voceros de varios gremios, expertos en comunicación y trabajadores de la prensa han señalado que el gobierno presidido por Nicolás Maduro concede o niega divisas para la importación de papel con la lógica del premio y

castigo: se les facilita a los medios afectos al oficialismo y se les dificulta a los que abren espacios para la crítica a la gestión gubernamental.

Pero no sólo la prensa escrita ha sido castigada. El sociólogo  Tulio Hernández está convencido de que, por primera vez en la historia venezolana, un gobierno logra controlar plenamente la televisión a través de la creación de un aparato televisivo estatal, constituido por 9 emisoras nacionales y 120 comunitarias, y la neutralización de las más grandes televisoras.

Para Hernández, el control gubernamental de la televisión puede extenderse a la prensa escrita. ³A través de la compra directa de medios, el manejo arbitrario de la publicidad oficial y los obstáculos para la adquisición de papel, los diarios venezolanos están amenazados², advierte.

Perú: Ahorita no, ¿mañana sí?

Una operación comercial entre dos empresas periodísticas sirvió de pretexto al presidente Ollanta Humala para amenazar a la libertad de expresión en el Perú El Comercio Perú El 29 de diciembre del 2013, a menos de un mes de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile y cuando los representantes de diversos sectores políticos invocaban a la unidad nacional,  el presidente Ollanta Humala sorprendió al colocar en el debate público un tema que, hasta esos momentos, era solo un diferendo entre privados: la asociación entre las empresas periodísticas El Comercio y Epensa.

Dicha asociación se produjo algunos meses antes, en agosto, cuando el Grupo El Comercio, el principal conglomerado periodístico del país, compró 54% de las acciones de la Empresa Periodística Nacional (Epensa).

Antes de que esta operación se concretara, el Grupo La República, el tercer conglomerado de diarios del país, había intentado sin éxito adquirir ese paquete de acciones, lo que en la práctica le hubiera dado el control de 68% de los diarios de provincia y el manejo de la línea editorial de los diarios de Epensa.

Ni bien se hizo pública esta operación, los diarios del Grupo La República lanzaron una feroz campaña en contra de esta asociación comercial. Para descalificarla, utilizaron un término inexistente en la Constitución política y en la legislación peruana: la concentración de medios.

Ese 29 diciembre, en una entrevista televisiva, el presidente Humala  hizo eco de unas declaraciones del escritor Mario Vargas Llosa ­quien había expresado su preocupación por la asociación entre Epensa y El Comercio­ y

dijo: ³Es una vergüenza que en el Perú estemos teniendo un grupo que prácticamente sea el dueño de los medios de comunicación. Eso es peligroso².

A continuación, lanzó una amenaza contra la libertad de expresión. Cuando se le recordó que la asociación no era ilegal, Humala respondió: ³No es ilegal.

Ahorita no es ilegal².

Las declaraciones de Humala provocaron reacciones. La ex candidata presidencial Keiko Fujimori recordó los antecedentes prochavistas de Humala:

³Ataca a los medios pero no a la corrupción. Comandante, no queremos parecernos a Venezuela².

Diez años de ataques a los argentinos

Durante los gobiernos de los Kirchner se creó un entramado normativo que asfixia a los medios económica y legalmente Adrián Ventura La Nación / Argentina El 10 de diciembre se cumplieron treinta años del regreso de la democracia a Argentina. Sin embargo, la libertad de expresión no tiene motivo alguno para

celebrar: si se acepta que esta libertad es uno de los pilares del Estado de Derecho y del pluralismo, se podría decir que nuestro sistema tambalea.

En efecto, desde hace diez años, el clima de la libertad de expresión se vino enrareciendo hasta volverse bastante asfixiante. Medios y periodistas pasaron a soportar, como algo cotidiano, persecuciones, presiones, agresiones físicas, presión oficial para que las grandes cadenas de supermercados no pauten en los diarios críticos; falsas denuncias penales; fuerte hostigamiento público por parte de la presidenta Cristina Kirchner o de sus ministros; y, por la aplicación de la ley de medios, la directa posibilidad del desguace del Grupo Clarín o su fractura en unidades más débiles.

En fin, una robusta hidra de cien cabezas parece haberse deslizado desde las páginas mitológicas de Jorge Luis Borges para multiplicarse en múltiples estrategias de censura indirecta.

³La ley de medios es uno de los temas pendientes. La Corte la declaró constitucional, pero en  el futuro habría que reformarla  para que una nueva ley asegure la sustentabilidad de los medios críticos frente al Gobierno.

Sin embargo, para mejorar el clima de opresión, hay que corregir otros temas centrales, como suprimir el cepo publicitario que asfixia financieramente a los diarios críticos, establecer reglas equitativas para distribuir publicidad y facilitar el acceso a la información oficial², dice Martin Etchevers, gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín.

Continuando con la práctica que se inició en 2003, en lo que va de 2013 el diario Tiempo Argentino recibió el equivalente a 595 páginas de publicidad oficial; Crónica, 341 y Página 12, 225 páginas, mientras que los diarios más vendidos del país, entre los dos, sumaron apenas 2 páginas: Clarín 1,6 páginas y La Nación se quedó con 0,4 páginas. Y algo similar ocurre con la

televisión: mientras que la TV pública (Canal 7) se quedó con 270 millones de pesos y los oficialistas Canal 9, con 143 y América recibió 126 millones, Canal Trece del Grupo Clarín se queda tan sólo con 1,5 millones.

Libertad de expresión sufre décadas de retroceso en Panamá

En Panamá los reporteros son espiados y descalificados públicamente Fernán Molinos D.

Diario La Prensa / Panamá

A lo largo de la administración del presidente Ricardo Martinelli, los medios independientes han asumido un rol de contrapeso del quehacer gubernamental que ha expuesto ante la opinión pública numerosos casos de corrupción en los que aparece comprometido el círculo más cercano del poder ejecutivo.

Pese a invocar de forma constante, incluso mediante presentación de habeas data, el derecho de acceso de la información pública, este es desconocido de manera sistemática por el Gobierno. Al punto de que el mismo jefe de Estado de Panamá aceptó en una entrevista de televisión haber instruido a sus ministros para que no suministren información, convoquen a conferencias de prensa o den entrevistas a medios ³opositores².

La actual administración utiliza la descalificación para desprestigiar y estigmatizar públicamente a periodistas y medios independientes. Con frecuencia, esto se da a través de Internet con la utilización de un call center gestionado por simpatizantes del gobierno, conocidos como los ³Gladiadores².

En una conferencia de prensa en la que se ventilaban denuncias de corrupción en el gobierno, incómodo por la pregunta sobre el tema de un comunicador, el presidente arremetió contra este haciendo público un problema personal del periodista. Los gremios del sector reaccionaron en solidaridad con el agraviado. Tres días después, el gobernante se disculpó, eso sí, diciendo que se él había sentido atacado, y que ³el que lleva, trae² Contra el diario La Prensa han sido presentadas demandas que superan los 40 millones de dólares, entre los que hay personas del entorno gubernamental, que en algún momento han sido objeto de investigaciones periodísticas por supuestas acciones de corrupción. Un resumen de La Prensa, con base en registros del Ministerio Público y el Órgano Judicial, da cuenta que en los últimos años fueron iniciados al menos 24 procesos contra 33 periodistas y medios de comunicación por supuestos delitos de contra el honor.

Más leyes, más controles en Ecuador

Carlos Rojas Araujo

El Comercio

Ecuador

El gobierno de Rafael Correa aprobó en menos de un año un cuerpo legal que asfixia a la prensa En los últimos siete meses, el gobierno del presidente Rafael Correa cerró el círculo legal con el cual el poder político en Ecuador puede controlar y sancionar a la prensa independiente.

Entre junio de 2013 y enero de este año, el oficialismo logró poner en vigencia dos leyes orgánicas (Comunicación y Código Integral Penal), dos reglamentos (el de aplicación de la Ley de Comunicación y otro que regula el papel de las ONG), y se designó a autoridades para monitorear y sancionar a medios.

Si entre agosto del 2009 y mayo del 2013 al oficialismo se le hizo imposible aprobar la Ley Orgánica de Comunicación, a la Asamblea que se posesionó en mayo del 2013 le tomó un mes conseguirlo.

La razón: en las elecciones presidenciales y legislativas de ese año, Alianza País obtuvo mayoría absoluta en la Asamblea, con lo cual el bloqueo de cuatro años de la oposición fue neutralizado. De esta manera, se dejó de lado toda la preocupación internacional por el contenido de esa ley. Así, la nueva Ley de Comunicación abrió espacios discrecionales para que el poder político controle y sancione a los medios al crear figuras como la Superintendencia de la Información y Comunicación, presidida por Carlos Ochoa, quien es cercano al oficialismo.

Mientras se completa la normativa para aplicar esta norma, Ochoa puede vigilar y amonestar a los medios. La primera sanción económica que impuso contra un medio fue, precisamente, el viernes 31 de enero cuando multó a diario El Universo con el 2% de su facturación promediada en los últimos tres meses (más de 90.000 dólares), por haber permitido la publicación de una caricatura, en el espacio de opinión, con información que, a criterio de Ochoa, no fue verificada y que afecta el principio de presunción de inocencia. Es decir que la primera sanción económica fue por una pieza de humor. Las críticas nacionales e internacionales no se hicieron esperar.