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Uribana, justicia bajo reserva

Han trancurriod seis meses después de la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario de Centro Occidente el 25 de enero | Foto: Francesca Commissari/ El Nacional

Han trancurrido seis meses después de la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario de Centro Occidente el 25 de enero | Foto: Francesca Commissari/ El Nacional

Seis meses después de la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario de Centro Occidente el 25 de enero, los familiares de las víctimas no han tenido acceso a la investigación que emprendió la Fiscalía

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Marbella Gutiérrez se confeccionó un uniforme de batalla para exigir justicia por la muerte de su hijo Carlos Galfido en la masacre de la cárcel de Uribana. Cada vez que acude al Edificio Nacional de Barquisimeto, sede del Ministerio Público en el estado Lara, viste una franela blanca que lleva estampado el retrato de Carlos sobre un fondo azul cielo; se cuelga un llavero redondo que protege su foto bajo un cristal rayado a tropezones; y porta un sobre marrón que resguarda el expediente judicial de su hijo y el acta que le explica de qué murió, aunque no cómo ni a manos de quién.

“Shock hipovolémico, hemorragia abdominal, herida por arma de fuego, según certificado de defunción 2225824”, lee Gutiérrez izada en el centro de la plaza de la Justicia, que sirve como antesala a la entrada de los tribunales en la capital larense. Aunque el viento insiste en doblar los extremos de aquella página, Gutiérrez se la sabe de memoria: “Aquí lo único que no me dicen es quién me mató a mi muchacho”.

Sentenciada por la pérdida de su hijo sin cabida a apelaciones, Gutiérrez arranca a las 9:00 de la mañana una nueva jornada de gestiones ante el Ministerio Público para que le devuelvan el vehículo que le confiscaron a Carlos cuando fue detenido 2 años antes, y le expliquen qué ocurrió en el Centro Penitenciario de Centro Occidente la mañana del viernes 25 de enero, cuando fallecieron 63 personas y 129 resultaron heridas en medio de una violenta requisa que fue ejecutada por la Guardia Nacional Bolivariana bajo las órdenes de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, previo acuerdo con los reclusos.

El principal obstáculo que enfrentan los familiares de las víctimas es la reserva que dictó la Fiscalía Décima larense sobre el expediente del caso el 10 de mayo, una medida que permite a los tribunales limitar el acceso a los detalles de la investigación por un máximo de 30 días continuos, según estipula el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal. Este lapso caducó el 9 de junio y ha transcurrido medio año desde que ocurrió la matanza.

Génessis Fernández, abogada defensora de un grupo de parientes de los reos fallecidos y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Lara, precisó que ni siquiera les han entregado un acta motivada que explique por qué el Ministerio Público impuso la reserva, tal como lo prevé el COPP. “Hemos acudido a las fiscalías novena, décima y veintiuno, con competencia en el caso, y siempre nos responden que deben llamar a Caracas para preguntar si pueden mostrarnos el expediente”, detalló Fernández. Las dilaciones se han amparado en ausencias de los fiscales titulares, falta de unificación de las pesquisas y requisitos por escrito que varían de una fiscalía a otra.

Humberto Prado, presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones y miembro del equipo defensor de las víctimas, advirtió que la reserva viola el derecho a la defensa asentado en el artículo 49 de la Constitución y el 122 del COPP, que prevén el acceso a las pruebas del caso. “Esta reserva se ha convertido en un mecanismo que promueve la impunidad frente a lo que ocurrió en Uribana”, alertó.   

Mientras los familiares esperan respuesta desde los tribunales, la Asamblea Nacional se prepara para presentar el informe final de una investigación desarrollada por la Comisión de Asuntos Penitenciarios para identificar quiénes son los responsables civiles y militares de la masacre. El diputado del PSUV Andrés Eloy Méndez, presidente de esta instancia, afirmó que el Parlamento ha interpelado a varios funcionarios asociados con el control de la requisa, como el entonces director del penal de Uribana Nelson Bracca y el capitán Roa, quien comandó el regimiento de seguridad de la GNB dentro del penal el día de la inspección. Méndez se negó a adelantar mayores datos sobre las conclusiones del reporte que está preparando la comisión.

Fuentes parlamentarias que prefirieron el anonimato indicaron que la comisión recibió esta semana pruebas de balística forense practicadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que son determinantes para concluir el informe. Aún no está claro cuándo se discutirá el reporte en la plenaria del Parlamento, pero se sumará como una prueba más al expediente que prepara el Ministerio Público.

Las madres, esposas e hijos de los reclusos que estuvieron a las puertas de Uribana el día de la requisa cuentan conmovidas cómo escuchaban ráfagas de disparos y explosiones dentro del penal sin saber qué estaba ocurriendo. Han denunciado a la GNB por hacer un uso excesivo de la fuerza y arremeter con armas de fuego, granadas y tanquetas contra filas de reclusos que estaban de pie, casi desnudos y desarmados frente a los custodios, a pesar de que Uribana es una de las nueve cárceles venezolanas que cuenta con medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La agonía de los traslados

Apenas aterriza en los predios de los tribunales, Marbella Gutiérrez es abordada por un enjambre de señoras apertrechadas con carpetas manila y escudos de paciencia para soportar las horas de sol que les aguardan hasta que la Fiscalía 13 de Barquisimeto, con competencia en derechos fundamentales, les informe cuándo serán transferidos sus hijos de vuelta al penal de Centro Occidente.

“Ellas tienen suerte. Aunque muchas no pueden visitar a sus hijos porque las cárceles quedan muy lejos de Barquisimeto, al menos los tienen vivos”, comenta Gutiérrez mientras avista a un costado del Edificio Nacional a los familiares que hacen fila para dar la bienvenida a los autobuses que transportan a los reos desde las cárceles hasta los tribunales larenses para que asistan a sus respectivas audiencias.

La requisa del 25 de enero, en la que se recolectaron 109 armas de fuego y 8.568 municiones, permitió el desalojo y el traslado de 2.003 hombres y 132 mujeres a 21 penales en otros estados del país. Frente a las críticas por la violencia con la que se ejecutó la inspección, Varela respondió: “La requisa no es delito; el delito es que le impidan al ministerio hacer su trabajo. Allí estaban armados hasta los dientes”.

Tras la masacre, el penal fue desalojado y se remozaron sus instalaciones, cuyos muros exhiben pintas como “Chávez vive, la lucha sigue” o “Independencia y patria socialista”. El área donde ocurrió la masacre permanece cerrada y las poblaciones aledañas que se beneficiaban de vender bebidas y chucherías a los familiares que hacían cola para visitar a los reclusos, acusan el impacto de que la comunidad penitenciaria haya sido transferida. “Después de la matanza, esto se quedó sin gente”, comentó un vecino que vive en uno de los caceríos sembrados en las estepas calientes y polvorientas que rodean la prisión.

A principios de abril comenzó el retorno de los reclusos con la reubicación de 200 presos que llegaron a Uribana vestidos con uniformes amarillos, y la promesa de impedir la fabricación y el ingreso de armas y celulares con los que pueden ejecutarse nuevos delitos. Varela fue designada por el ex presidente Hugo Chávez a finales de julio de 2011 con el propósito de “convertir a la cárcel en un centro de formación del hombre nuevo”, por sugerencia de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Este diario solicitó una entrevista con Varela para este reportaje pero no obtuvo respuesta.

Peregrinaje judicial

Nayibe López es una de esas madres que cuenta a su hijo entre los sobrevivientes de la masacre. Fundadora del Comité de Familiares de la Cárcel de Uribana, es la responsable de reclutar a los parientes de 40 reclusos que exigen al Estado que identifique y juzgue a los responsables de la matanza. El 26 de febrero, López encabezó la comitiva de familiares que se reunió con la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, en una sesión especial que celebró el Consejo Legislativo de Lara para conmemorar los 24 años del golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992 contra Carlos Andrés Pérez.

Un mes después de la masacre, las madres de Cofacauri le entregaron un documento a Ramírez que suscribió con su firma, y que enumera ocho exigencias que consideran fundamentales para reivindicar la memoria de los que murieron y preservar la integridad de los que quedaron vivos: trasladar a los reos de vuelta al penal larense; acelerar el nombramiento de los jueces del circuito del estado Lara; promover la publicación del informe sobre los hechos de Uribana; solicitar medidas humanitarias para los enfermos y heridos privados de libertad; abrir una investigación para determinar “la responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios del Centro Penitenciario de Uribana”; revisar los expedientes con retraso procesal; verificar que las boletas de excarcelación lleguen a las prisiones y se hagan efectivas; y hacer cumplir el artículo 272 de la Constitución, que compromete al Estado a garantizar “un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”.

“Lo que debe dirimirse en este momento son los responsables de esa situación de violencia para que sean sancionados”, declaró Ramírez apenas se conoció la noticia de la masacre. En la reunión con los familiares de las víctimas dijo que se habían recabado “bastantes evidencias para hacer una investigación exhaustiva y muy rigurosa”, al tiempo que afirmó haberse comunicado con Varela para ahondar en los detalles de la requisa. “En los próximos días habrá resultados. Ni la Defensoría ni el estado de derecho que tenemos hoy va a permitir que estos hechos queden impunes. Se va a administrar justicia”, prometió Ramírez hace seis meses sin que su despacho haya emitido aún informe o declaración alguna sobre el caso.

Escritas a veces a puño y letra y otras a computadora, siempre respaldadas con listas que contienen los nombres, apellidos, números de cédula y estatus judicial de cada recluso, las exigencias de Cofacauri han circulado en formato de cartas por el Consejo Legislativo y los tribunales larenses, e incluso la Vicepresidencia de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, en comunicaciones enviadas directamente a Jorge Arreaza y Gladys Gutiérrez.

Los parientes de los reos de Uribana pidieron a la defensora del pueblo y al vicepresidente que intercedieran ante la ministra de Asuntos Penitenciarios para que destituyera a Bracca de la dirección de Uribana por carecer de preparación en materia de gestión penitenciaria y presentar “una conducta un tanto volátil y fuera de control” en el trato con los presidiarios, según precisan en las cartas entregadas. Antes de la masacre, la prensa larense refería denuncias contra Bracca por promover el abuso de los custodios contra los presos, a lo cual llegó a responder: “Si está siendo maltratado algún privado de libertad, los organismos competentes investigarán la situación. Si algún reo ha sido golpeado, que se abra una investigación”. Bracca fue removido del cargo a mediados de mayo.

En la misiva enviada a la presidenta del TSJ, Cofacauri denuncia al presidente del circuito judicial penal del estado Lara, César Reyes, por obstaculizar el procesamiento de los casos y asegura que la Fiscalía 26 “se ha dado a la tarea de amedrentar a los privados de libertad” al proponerles que reconozcan su culpabilidad a cambio de reducirles la condena.

Leonardo Torres, diputado por Copei ante el Consejo Legislativo de Lara e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad y Servicios Penitenciarios de esa instancia, atribuyó el retardo procesal a la necesidad de que se incorporen al menos 12 jueces más al circuito penal del estado.

Heridas de bala

Convencida de que la “justicia divina” se encargará de los responsables de la matanza de Uribana, Beliz Yasmira Pérez lamenta haber faltado a la visita al penal el miércoles 23 de enero por quedarse en la oficina para atender obligaciones laborales. Perdió a su hijo Oswaldo Ortíz, de 21 años de edad, aquel viernes 25 de enero.

“Quedamos en vernos el sábado después de la requisa. El viernes en la mañana me llamó una amiga que vive en uno de los caceríos cercanos a Uribana y me dijo que se escuchaba mucho plomo y hasta explosiones. A las 2:00 de la tarde ya me temía que Oswaldo estuviese muerto porque no me había llamado para decirme que estaba bien”, recuerda Pérez. Sentada en la entrada del Hospital Central de Barquisimeto, la madre de otro interno le mostró una foto de varios cuerpos que recibió a través de su celular. Pérez identificó el perfil de Oswaldo a pesar de que una bala le perforó el rostro al entrar por una mejilla y salir por un costado de la nuca.

Aida del Carmen Yajure se ve retratada en la historia de Pérez. Aunque Varela insistió el día de la masacre en que los cuerpos presentaban heridas por armas blancas provocadas por los propios reos, su hijo Noga Romero Yajure, de 34 años de edad, falleció luego de recibir un disparo en el pecho y dos en las piernas. Yajure se saca del bolsillo del pantalón una foto tipo carnet de la época en la que Noga era adolescente, y se encomienda a Dios en la lucha por obtener justicia. “A mi muchacho lo lloro todos los días como si me lo hubiesen matado ayer. Este dolor no se supera nunca”, insistió.

Al igual que en los últimos seis meses, las madres de las víctimas de Uribana se reunirán el próximo 25 de agosto para orar por la memoria de sus hijos. Muchas alimentan la esperanza de discutir los avances de la investigación ordenada por el Ministerio Público, y comprobar que efectivamente el Estado cumple con su responsabilidad de proteger la integridad de los privados de libertad en Venezuela.