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Ritos y mitos del juicio educativo

La Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece que el principal objetivo del sistema penal de responsabilidad del adolescente es la reeducación del infractor. Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello demuestra que tal objetivo no se ha logrado

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Los adolescentes infractores

Por lo general provienen de espacios y realidades cargadas de pobreza, exclusión social y violencia. No comprenden el significado del proceso y apenas 25% asume su responsabilidad por la comisión del delito, requisito imprescindible para que cambie su conducta.


Los policías

Las quejas con respecto a los agentes de seguridad y su actuación con los adolescentes son una constante. Los malos tratos de los cuerpos armados durante las detenciones se han instituido como una forma de control social informal.


Los defensores

La Defensa Pública de Adolescentes carece de parámetros claros. Los contactos del defensor público con el adolescente se llevan a cabo apresuradamente, a veces en un pasillo antes de la celebración de una audiencia. Si la defensa es privada la relación es pragmática y se reduce a una oferta de libertad.

 

Los fiscales

Deben realizar gestiones que le corresponden a los cuerpos de investigación; de lo contrario excederían el lapso promedio de siete meses para concluir sus investigaciones.

 

Los jueces

En muchos casos su formación es autodidacta, en detrimento de los requerimientos del juicio educativo. Algunos confunden la empatía con la justificación de los sentimientos de los adolescentes, lo cual compromete su objetividad y desdibuja su autoridad. Un sector importante sostiene que los adolescentes en conflicto con la ley penal son víctimas de sus circunstancias y que es casi un acto desconsiderado exigirles responsabilidad por lo que hicieron. No cuentan con un equipo multidisciplinario de profesionales que le facilite la evaluación de cada adolescente.

 

El régimen de presentaciones

Obtener una medida de presentación periódica, como alternativa a la reclusión, es percibida por la mayoría de los adolescentes como "una primera batalla ganada". No hay controles rigurosos, al extremo de que los defensores y jueces no saben con exactitud cuántos adolescentes están cumpliendo efectivamente con el régimen.

Cuando los defensores requieren comunicarse con sus representados dejan mensajes escritos en el libro de presentaciones. En la mayoría de los casos, los adolescentes no demuestran interés en conocer el desarrollo del proceso judicial.

 

El juicio

El incumplimiento de los lapsos y los constantes diferimientos de las audiencias son consideradas estrategias dilatorias "para que el proceso se caiga". Los adolescentes infractores con cierta experiencia admiten los hechos con desparpajo para estar el menor tiempo posible privados de libertad. La interpretación más común de "asumir responsabilidad" se relaciona con las actividades para disminuir el ocio, pero no basta con que el adolescente presente constancias de trabajo y estudio. No se tiene claro que cometer otros delitos y trabajar o estudiar no son excluyentes.

 

Las medidas sancionatorias

Corresponden a la etapa de ejecución. Se solicitan y se dictan en función de los programas que estén disponibles y no de los que necesite el adolescente en particular. Las autoridades, en vez de exigir mejoras, aplican medidas que son insuficientes para el logro de los fines reeducativos.

 

La ley obliga al diseño de un plan individual que incluye las planificaciones necesarias para la rehabilitación de cada individuo, que deben estar listas a un mes del ingreso del adolescente en un sitio de reclusión, pero generalmente ese lapso no se cumple.

 

Déficit de programas

No hay mayores opciones para la desintoxicación y tratamiento integral de las adicciones. La posibilidad de que los adolescentes presten servicios a la comunidad requiere alianzas que no se han hecho. La formación educativa y laboral en los centros de privación no son suficientes.

La metodología de las misiones gubernamentales en estos lugares no es viable para todos los adolescentes. Las medidas socioeducativas que se pueden aplicar tienden a cesar antes de que se cumplan las metas del plan individual.

 

Ausencias de estadísticas

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura no retroalimenta la Sección de Adolescentes con estadísticas que permitan evaluar la gestión y aplicar los correctivos necesarios.

 

Tal situación conduce a un círculo vicioso, en el que "todos" perciben la gravedad de la reincidencia, de la rebeldía, del aumento del índice delictivo juvenil y de la gravedad de los delitos, pero tales datos no se precisan. Frases como: "Los adolescentes salen por una puerta y entran por la otra", son elocuentes. Sin datos específicos es casi imposible diseñar políticas públicas eficientes.

 

 

 

 

Fuente: Carla Serrano, Erna Perfetti y John Martínez. Reflexiones en torno al Juicio Educativo previsto en la Lopnna