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Periodismo bajo asedio

El 17 de junio la sede de «El Nacional» fue atacada. Hombres armados ensuciaron su fachada con graffitis y excrementos | Foto El Nacional

El 17 de junio la sede de «El Nacional» fue atacada. Hombres armados ensuciaron su fachada con graffitis y excrementos | Foto El Nacional

Las alertas que contabiliza el Instituto de Prensa y Sociedad van en aumento. A la par que se incrementa la conflictividad en el país, también crecen las agresiones a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. En Venezuela, informar se ha vuelto un desafío para valientes. A los ataques violentos se suman otras formas de censura que engrosan la lista de violaciones a la libertad de expresión e información. Desde que se creó el Complejo Editorial Alfredo Maneiro para centralizar la compra de papel prensa, 41 periódicos han tenido fallas de papel. Este año 6 impresos han dejado de circular

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El cerco sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo se hace cada día más alto y más espinoso. En lo que va de año los ataques se han incrementado y demuestran las condiciones a las que deben enfrentarse los comunicadores del país, que mañana celebran su día. El acoso ha ido creciendo y tiene distintas formas de operar. 19 periodistas fueron agredidos el 2 de junio en la avenida Fuerzas Armadas durante la cobertura de una protesta por falta de comida. Fueron golpeados y despojados de sus equipos de trabajo. Las sedes de cuatro medios fueron atacadas por colectivos con grafitis y excremento en menos de un mes. Al edificio del diario El Aragüeño le lanzaron una granada el 20 de junio en la noche, que afortunadamente no explotó. El Carabobeño dejó de circular en marzo, y la semana pasada se sumó a la lista de periódicos sin papel El Siglo de Aragua. El director del Correo del Caroní, David Natera Febres, fue condenado a prisión por publicar una investigación sobre corrupción. Todo esto ocurrió en los primeros seis meses de 2016.

“En general, el panorama es realmente oscuro. El gobierno va en contra de todos los medios que son críticos y no anuentes con las políticas económicas, de salud o educacionales que han implementado. Por demandas, muchos impresos han tenido que pasar de diario a semanario. En los medios que han cambiado de dueños, se evidencia un periodismo de mala calidad porque les quitan prominencia a las noticias que ocuparían titulares de primera página. A más de 200 emisoras no se les ha renovado el permiso de transmisión. La situación del periodismo se hace cada día más difícil”, engloba Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas.

Desde que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro se creó en 2013 para centralizar la venta del papel prensa, al menos 41 empresas de medios de información han presentado fallas para imprimir. Muchas de las que llevan una línea editorial independiente u opuesta al gobierno han cerrado sus rotativas o han disminuido sus páginas por falta de papel. Entre ellas El Nacional, que en 2014 tuvo que reducir su edición a dos cuerpos y que no ha tenido acceso al papel que se vende a través de la empresa estatal. La adquisición del papel pasó a ser exclusiva del gobierno.

En 2015, el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela registró 33 denuncias de medios impresos que presentaron problemas al momento de adquirir el papel y otros insumos para la impresión, como planchas fotográficas digitales y analógicas. Guía agrega que la falta de papel corresponde a una línea política del oficialismo en contra de los diarios que no alaban al gobierno: “El monopolio que ejerce la corporación Alfredo Maneiro limita la entrega de bobinas. Se sabe que en los próximos meses no habrá más papel para los medios que son críticos hasta que no sean obedientes al régimen”.

En lo que va de año, la organización Espacio Público ha contabilizado siete medios que han sido afectados: cinco salieron de circulación de forma indefinida, (Diario La Costa y Diario La Mañana, de Falcón; Periódico de Occidente, de Portuguesa; El Carabobeño, de Carabobo y El Mío, de Lara), uno salió y retornó (Nueva Prensa de Guayana) y otro se redujo por escasez (El Informador, de Lara). El reporte no incluye a El Siglo que apagó sus rotativas hace una semana luego de que la corporación Maneiro los excluyera de la lista de periódicos a los cuales suministraban papel, según un comunicado de la empresa.

Una de las mayores pérdidas que resiente el periodismo y los lectores es la de El Carabobeño, un diario regional con 82 años de trayectoria. El 17 de marzo circuló su último ejemplar. “No se pierden solo puestos de trabajo, sino el derecho de tener un tipo de información y la posibilidad de informarse desde todos los puntos de vista. Entregarse no es una opción porque es mucho lo que se pierde. La única alternativa que tenemos es reinventarnos y nuestros periodistas están muy comprometidos en seguir haciendo su trabajo”, asegura Carolina González, jefa de redacción de El Carabobeño.

Hugo Cabezas, presidente de la corporación Maneiro, les asignó 72 bobinas en marzo de 2015. Fue la última vez que tuvieron acceso a la compra de papel periódico. Ahora, se adaptan a la inmediatez que exigen la emisora de radio que crearon en septiembre de 2015 y la plataforma digital que mantienen desde hace 10 años.

“El hecho de que haya menos medios de comunicación achica la posibilidad de que llegue la información a toda la población. Aunque hay un auge de medios digitales el acceso a Internet no tiene una cobertura nacional, sobre todo en el interior del país donde muchos lugares dependen de un medio tradicional escrito. Esto significa que hay cada vez menos posibilidades de conocer lo que pasa en la comunidad. En un momento de crisis como el que estamos viviendo en el país, tener menos información implica un riesgo para otros derechos humanos e implica que haya menos debate y deliberación sobre estos temas de interés”, señala Gloria Salazar, socióloga y coordinadora de Desarrollo Institucional de la organización Espacio Público.

Hegemonía comunicacional. Mientras medios privados cierran o reducen su actividad por falta de recursos y materia prima, el sistema de medios públicos del Estado se ha multiplicado gracias a una inyección de recursos que ha crecido en los últimos tres años. En 2015 el presupuesto del Ministerio para la Comunicación e Información fue de 8,55 millardos de bolívares. Monto al que debe sumarse el mantenimiento que requieren los centenares de medios comunitarios que se han creado en todo el territorio nacional. La cifra supera lo que reciben por recursos ordinarios los estados más poblados del país, como Zulia (2,07 millardos de bolívares), Miranda (1,65 millardos de bolívares) y el Distrito Capital (1,59 millardos de bolívares).

Para 2015, el Estado mantenía 41 medios de comunicación, 4 más que en 2014. De estos, 13 son diarios impresos, entre ellos las versiones de Ciudad CCS en Maracay, Barquisimeto, Petare, Cojedes y otras entidades, algunos lanzados como parte de la campaña electoral para las parlamentarias, que aún reciben suministro de papel del Estado.

Entre los medios audiovisuales, Venezolana de Televisión es el que más dinero recibe. Este año se le asignaron 846 millones de bolívares, 35% más que lo otorgado en 2015, con los cuales se pudo optimizar la capacidad operacional de la plataforma tecnológica del canal. “Evidentemente hay un aumento exponencial en la asignación del presupuesto público para los medios del Estado y no está mal que eso ocurra, sino para los fines que se utiliza. Son medios político-partidistas que dejan de ser un servicio público”, asevera Mariaengracia Chirinos, directora de libertades informativas de IPYS.

Tinedo Guía calcula que el gobierno maneja más de 600 medios de comunicación, si se incluye a los comunitarios, cuya principal función es “halagar” al régimen, pese a que sumando toda su audiencia no llegan a 8% de espectadores, según el Informe Anual de Audiencias de 2014 del Ministerio de Comunicación e Información. “Los programas que transmiten no son periodismo, sino propaganda política. Lo peor es que no tienen mucha audiencia”.

Ejercer bajo presión. El viernes 17 de junio la sede de El Nacional amaneció violentada. Cuatro sujetos con armas cortas esparcieron excremento en la entrada principal del edificio y rayaron la caseta de vigilancia con el nombre del colectivo al cual pertenecen: “ChaMa, pueblo rebelde”. En el sitio, dejaron una nota que culpaba al diario de intentar desestabilizar al país y de, supuestamente, haber sido un vínculo para generar el golpe de Estado de 2002. “Continúan en la cochina labor de desinformar, generar caos y favorecer con esto la macabra intervención extranjera imperial”, decía el texto. El 24 de mayo sucedió lo mismo en las sedes de la Televisora Regional del Táchira (TRT) y del diario La Nación, y el 15 de junio en el diario Correo del Caroní.

El Colegio Nacional de Periodistas rechazó los actos vandálicos y aseguró que la intención de estos colectivos es intimidar y amedrentar a la prensa. “Solo una mente enferma y desquiciada pudo planear la arremetida. Los periodistas seguiremos defendiendo la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo”, señaló Guía.

IPYS contabilizó este año un aumento en las violaciones a la libertad de prensa en Venezuela que comprenden limitaciones por opacidad, ataques a medios de comunicación, abusos de poder, censura, aplicación de normativas restrictivas, limitaciones en Internet y agresiones a periodistas. Una serie de condiciones que, junto con los impedimentos para importar materia prima o comprar papel prensa, dificultan la tarea de los medios y comunicadores.

En mayo se presentaron 41 casos, para sumar desde enero 167 violaciones a la libertad de expresión, 9 más que en los primeros 5 meses de 2015, lo que representa un incremento de 6%. Chirinos asegura que la mayoría de estas violaciones han ocurrido en la cobertura de calle, en protestas o en las colas para comprar productos de primera necesidad.

“Consideramos que el aumento de los casos en el mes de mayo corresponden a la situación de conflictividad política, económica y social que hay en el país. Coincide con el aumento de las protestas y la cobertura de asuntos comunitarios. Hay una relación muy estrecha entre los niveles de conflictividad de la calle y la violación de libertad de expresión. También nos preocupa que funcionarios del Estado y actores al margen de la ley estén actuando en contra de periodistas. En esos momentos es cuando el Estado debería actuar para que los periodistas puedan ejercer su labor”, indica Chirinos.

Adolfo Acosta fue uno de los reporteros gráficos agredidos el 2 de junio mientras cubría las protestas en la avenida Fuerzas Armadas, en Caracas. Estaba grabando desde el elevado, a diez metros de un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana, cuando un hombre se le abalanzó encima y lo tumbó al piso. Enseguida llegaron más personas para atacarlo. Uno le cortó la tira de la cámara con un cuchillo y se la robó. Una mujer se llevó su casco y la máscara antigás. “Soy consciente de que esto es parte del riesgo de nuestro trabajo, pero me parece absurdo que no se pueda confiar en los órganos de seguridad porque los delincuentes actúan mientras ellos observan”, declaró el fotógrafo del diario El Universal. El reportero denunció en la Fiscalía lo sucedido y espera que los videos y fotografías de él que han publicado en las redes sociales puedan servir de prueba para que se haga justicia.

El 9 de junio Miguel Blanco, periodista del portal web Contrapunto, “pagó la novatada” de cubrir una marcha. Así lo califica él mismo. A la 1:30 pm, luego de que los estudiantes llevaban varias horas intentando salir de Bello Monte y Plaza Venezuela para acudir a la sede del Consejo Nacional Electoral, una piedra que venía del piquete de la GNB lo golpeó en la cabeza. Se agachó para evitar otros objetos que lanzaban y en ese preciso momento arrojaron bombas lacrimógenas. No tenía máscara ni casco y si no hubiera sido por tres fotógrafos que lo ayudaron, seguramente se hubiera desmayado. Cuando pasó el tercer cordón de policías, con la cabeza sangrando, uno de ellos intentó revisarle el bolso sin percatarse de que estaba herido. Así terminó el recuerdo de su primera agresión en el ejercicio del periodismo.

Las medidas judiciales en contra de los medios de comunicación y periodistas son otra forma de limitar la libertad de expresión. El caso del Correo del Caroní es el más reciente. El director del diario, David Natera Febres, fue condenado en marzo a cuatro años de prisión, con prohibición de salida del país, luego de un proceso judicial por la cobertura informativa que hizo el diario en 2013 sobre las denuncias de corrupción en la estatal Ferrominera del Orinoco. Aunque aún no hay una sentencia firme, a las organizaciones que defienden la libertad de expresión les preocupa que estén en marcha otros procedimientos legales por razones similares y que se siente un oscuro precedente para el periodismo.

Chirinos sostiene que el mayor riesgo de estas acciones “es tener una sociedad desinformada donde domina el miedo y el silencio. Se debe entender que el periodismo es un oficio público donde no hay intereses partidistas y que sirve para escrutar las distintas fuerzas del poder. Defender este derecho es necesario para construir una sociedad democrática”.