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El Gobierno tiene el secretismo como política de Estado

Los perjuicios de la opacidad pueden aumentar en tiempos de dificultades económicas y sociales | Foto Archivo El Nacional

Los perjuicios de la opacidad pueden aumentar en tiempos de dificultades económicas y sociales | Foto Archivo El Nacional

Mañana es el Día Internacional del Acceso a la Información Pública, un derecho que en el país se niega sistemáticamente. Desde hace más de un año el Banco Central de Venezuela esconde las estadísticas oficiales y el Ministerio de Salud no publica boletines epidemiológicos, apenas dos ejemplos que revelan cómo el gobierno intenta ocultar los problemas del país para evitar el escrutinio de su gestión. Sin embargo, los efectos de la escasez generalizada, los altos precios de bienes y servicios esenciales y la profundización de la inseguridad ciudadana se padecen cotidianamente, son muy graves, así como difíciles de revertir a solo dos meses de los comicios parlamentarios 

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Jonathan Leyva sabe cómo se bate el cobre en los barrios de La Vega. Es un líder comunitario que se ha ganado el respeto de todos en el sector donde vive y aun así cuenta que una vez lo iban a matar solo por cargar una gorra del Magallanes.

Con el apoyo de Caracas Mi Convive, una asociación civil que desde hace dos años promueve la participación comunitaria, Leyva se ha propuesto construir un mapa de la violencia para prevenir el delito en su comunidad. A través de su participación en el taller El Pueblo Pregunta, que imparte la organización no gubernamental Espacio Público, adquirió mayor conciencia de algo que intuía: la gente necesita información para resolver sus problemas.

El taller, que se realizó el 17 de septiembre, es conducido por el abogado Oswaldo Cali y comienza con la proyección de un video en el que se pregunta qué son los derechos humanos. Rápidamente, los participantes comprenden que no se trata de un asunto alejado de la realidad o reservado a expertos; por el contrario, que forma parte de su vida cotidiana. Y, lo más importante, que los ciudadanos tienen el derecho y el deber de exigir respeto a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales. Cali invita al debate con una pregunta: ¿Cuál es el problema asociado a los derechos humanos que más les importa? Víctor Navarro, un joven de San Agustín, no demora en responder: “La inseguridad”. Todos los demás asienten.

Alcibel Flores, otro dirigente vecinal de La Vega, interpela al resto: “Ajá, ¿y qué estamos haciendo nosotros frente al auge de la criminalidad?”. La dinámica de grupo prosigue con la identificación de los componentes del problema: proliferación de armas y drogas, falta de prevención, desconfianza en la policía… Y Cali comienza a facilitar los hallazgos sobre la importancia del derecho de acceso a la información pública: “¿Ustedes consideran útil saber cuántos de los policías asignados a nuestras comunidades tienen antecedentes penales?”. “¡Claro!”, lo ve Leyva. “Para hacer el mapa de la violencia, para tener el diagnóstico preciso y poder exigir la asistencia del gobierno que necesitamos, es imprescindible este tipo de información”.

El taller El Pueblo Pregunta es una de las iniciativas de la Coalición ProAcceso para combatir la naturalización de la pérdida del derecho de saber lo que interesa a todos los venezolanos y fortalecer el músculo de la sociedad civil a fin de incidir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

A propósito del Día Internacional del Acceso a la Información Pública, los activistas invitan a los venezolanos a preguntarse cómo les afecta la incertidumbre que supone un país sin cifras.

En tiempos de crisis. “La opacidad, en la práctica, se ha convertido en una política sistemática del Estado que contrasta con la retórica oficialista en torno al principio constitucional de democracia participativa y protagónica.

Sin embargo, cada vez resulta más difícil ocultar los problemas y la ineficiencia estatal para resolverlos”. Así lo resume Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela.

Carlos Correa, de Espacio Público, va más allá: “Al violar el derecho de los ciudadanos de conocer cuál es el desempeño del Estado, en términos cuantitativos y cualitativos, se persigue un doble propósito: impedir la contraloría social autónoma, la que no está tutelada por el mismo Estado y no admite alcahueterías; y, en segundo lugar, anular las estrategias de lucha de la sociedad civil”.

Ricardo Vírgüez, dirigente comunitario de Los Frailes de Catia, establece similares relaciones: “Por ejemplo, está el asunto de los indicadores de inflación y de escasez, así como las estadísticas de criminalidad. Si el gobierno no está dando información es porque las cosas andan muy mal y no quiere que la gente proteste. Pero eso lo vemos todos los días, cada vez que tenemos que comprar comida y no hay, cada vez que vamos a un hospital y no hay medicinas, ni insumos, ni médicos ni nada. En Los Frailes, en una semana hubo 20 muertos, y eso solo lo sabemos los que vivimos ahí. En cada comunidad tendrán una historia parecida. Pero ¿qué pasaría si con cifras oficiales todos podemos verificar que en Venezuela nos estamos muriendo de hambre, de enfermedades y a manos del hampa desbordada?”.

Los perjuicios de la opacidad pueden aumentar en tiempos de dificultades económicas y sociales. Si los venezolanos no saben que en 2015 se ha registrado el mayor número de casos de malaria desde 1937, porque los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud se dejaron de publicar en noviembre del año pasado, y que 79,56% corresponde al estado Bolívar, difícilmente podrán tomar suficientes previsiones para no contraer la enfermedad. La difusión oportuna de información epidemiológica oficial puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Lo grave es que las autoridades del Ministerio de Salud han recabado los datos precisos correspondientes a la malaria (82.707 casos notificados hasta el 22 de agosto, lo que representa un aumento de 55,7%), pero no divulga los respectivos documentos. La información de interés público trasciende a los medios de comunicación independientes (porque los oficiales se suman al secretismo) a través de expresiones organizadas de la sociedad civil, en este caso la Red Defendamos la Epidemiología de la Sociedad Venezolana de Salud Pública. Hay otros caminos verdes para obtener y difundir información oficial sobre emergencias sanitarias, como los reportes de la Organización Mundial de la Salud sobre los repuntes de dengue y chikungunya en el país.

Algo similar sucede con las estadísticas de criminalidad, sobre las cuales destacan los aportes de los investigadores de siete universidades nacionales agrupados en el Observatorio Venezolano de Violencia. Año a año informan al país sus cálculos sobre la criminalidad en el país. Para 2014 indicaron que hubo 24.980 homicidios y una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

En otros casos las consultoras privadas nacionales y extranjeras se encargan de llenar el vacío de información. Por ejemplo, las 24 consultoras y bancos que integran el Latin Focus Consensus pronostican que al cierre de 2015 la inflación será superior a 185%.

Correa advierte que todos estos esfuerzos por disipar las dudas no eximen al Estado de su responsabilidad por violar el derecho de acceso a la información pública.

“En algunos casos los daños son irreparables, porque la calidad del dato está asociada a la regularidad en su difusión. Durante todo el año de oscuridad en materia de indicadores macroeconómicos, los trabajadores venezolanos no han podido saber con claridad cuál es el impacto de la inflación sobre sus ingresos. Y estamos hablando desde el buhonero hasta el empresario”, insiste el director de Espacio Público.

“Queda claro que las razones de la opacidad no son técnicas, porque las instituciones del Estado tienen la infraestructura, la tecnología y el recurso humano suficientes para procesar la información de interés público.

Las motivaciones son fundamentalmente políticas. Ser transparente es rentable políticamente, a menos que los gobernantes sean conscientes de que están haciendo una mala gestión”, opina De Freitas. Y Correa contribuye a la suspicacia al señalar que “en vez de dar el dato oficial, en apego al principio de transparencia activa ­que significa que el Estado no debe esperar que el ciudadano le pida información de interés público, sino que debe ofrecerla por iniciativa propia­, el gobierno se dedica a tratar de desvirtuar el dato extraoficial”.

La Coalición Pro Acceso formalizó 13 solicitudes de información pública, con estricto apego a las pautas establecidas en la ley y por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para la evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela que realizó Naciones Unidas en junio pasado. En todos los casos la respuesta fue la misma: el silencio.

Los organismos del Estado encargados de cada área se negaron a precisar: cantidad de territorio indígena demarcado, número de jueces titulares y provisorios, memoria y cuenta de los ministerios, atención a las víctimas de delitos, índices de criminalidad y homicidios, cantidad y procedencia de los alimentos importados, número de fundos zamoranos, estadísticas de adjudicación de tierras, matrícula universitaria, muertos y heridos en las cárceles, resultados de los planes penitenciarios cayapa, chamba y cambote, número de viviendas construidas entre 2001 y 2014 y de títulos de propiedad entregados, así como la cantidad de derrames petroleros y de vertederos de desechos sólidos a cielo abierto.

Sobre el particular, en las Observaciones Finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, publicadas el 19 de junio, se manifiesta la preocupación del organismo por “el limitado acceso a la información de interés público y la inexistencia de una ley que lo regule”.

Entre las recomendaciones de la ONU destaca la necesidad de establecer “mecanismos eficaces de difusión de la información que sea de interés para los titulares de derechos (…), tales como criterios de elegibilidad para programas sociales, resultados de indicadores, así como informes de rendición de cuentas”.