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Funcionarios se desmarcan de la tortura mediáticamente

Desde gobernadores hasta el Presidente han tratado de deslindarse de los casos de violaciones contra los derechos humanos con declaraciones publicadas en los medios de comunicación. Especialistas aseguran que eso no es suficiente, pues deben garantizar investigaciones que arrojen resultados

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Las frases llegaron en distintos momentos y de diferentes formas. Los emisores fueron representantes de varios organismos del Estado y aprovecharon oportunidades disímiles para emitir su opinión. Todos tenían el mismo objetivo: desmarcarse de los 153 casos de violaciones contra los derechos humanos ocurridos durante las protestas que comenzaron en febrero y que investiga la Fiscalía a través de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales.

Las declaraciones públicas de funcionarios como el presidente Nicolás Maduro; el general Vladimir Padrino López, jefe del Ceofanb; y José Gregorio Vielma Mora, gobernador de Táchira, sin embargo, no bastan para eximir su responsabilidad en esas acciones, opinan juristas expertos en el tema. “Todo representante del Estado debe cuidarse también de no ser encubridor y cómplice en este tipo de casos, lo cual es penado en Venezuela con entre 13 y 25 años de prisión”, advierte Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano.

El primero en alzar su voz fue Vielma Mora. Lo hizo el 24 de febrero durante una entrevista en el Circuito Onda. Llegó a ofrecer disculpas porque unos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana golpearon a un ciudadano de 47 años. Aseguró que había pedido el cambio del jefe la Región de Defensa Integral Andina, que había sido relevado días antes, y se declaró en contra de mantener preso al comisario Iván Simonovis.

"Estoy en contra de tratar una manifestación pacífica a través de las armas y del atropello (…) Estoy en contra, y me molesté mucho. Es innecesario haber pasado unos aviones militares sobre San Cristóbal. Un grave error. ¿Por qué no me preguntaron? El gobernador sabe qué decir y qué hacer", sentenció el mandatario regional. Sin embargo, horas después, durante una reunión del Consejo Federal de Gobierno en la que tuvo en frente al alto gobierno, no dijo ni hizo nada para volver a colocar el tema sobre la mesa.

El turno de Nicolás Maduro llegó el viernes 4 de abril, un día después de que grupos violentos atacaron a estudiantes dentro de la Universidad Central de Venezuela e incluso dejaron desnudo a un alumno. En el incidente una persona fue fotografiada con una pistola.

“He pedido una investigación de alguna gente que haya podido entrar con armas allí. Cero armas. Aquí nadie está autorizado, facultado para sacar un arma y quien lo haga está cometiendo un delito”, subrayó el presidente.

La intervención más reciente fue la del general Padrino López. Llegó el domingo pasado durante una entrevista a Televen. “Nosotros estamos actuando apegados a derecho; ningún soldado nuestro ha recibido instrucciones de torturar, de maltratar a nadie. Ninguna organización, pelotón antidisturbios, antimotín ha recibido la orden de maltratar, de vejar o de acabar con la vida”, afirmó.

Investigación a medias

Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, es tajante al hablar de las obligaciones que tiene el Estado al manejar delitos contra los derechos humanos. “Si no pudieron ser evitados, se debe reparar a la víctima restituyéndole el derecho violado hasta la situación anterior. La reparación obliga a realizar una investigación autónoma, transparente y conclusiva que determine responsabilidades”, afirma.

Datos de la Fiscalía apuntan a que ha investigado 6 casos de homicidio consumado, 2 de homicidio frustrado, 1 de tortura y 144 de tratos crueles. Sin embargo, solo han sido detenidos 22 funcionarios del Estado por estas situaciones. 17 fueron privados de libertad y 5 fueron liberados con medidas cautelares. 5 tienen órdenes de captura pero no han sido aprehendidos.

“De más de 80 casos de tratos crueles y tortura a los que les estamos haciendo seguimiento, solo por 1 se produjo una privativa de libertad. En el caso de violación de Juan Manuel Carrasco en Carabobo, dejaron libres con medidas cautelares a los 3 guardias nacionales implicados”, denuncia Romero.

El Ministerio Público solo ha presentado actos conclusivos de 8 de las 153 investigaciones sobre derechos fundamentales abiertas entre febrero y abril. Una de ellas fue por el asesinato de Bassil Da Costa, ocurrido en la marcha del 12 de febrero. 8 funcionarios públicos fueron acusados: 5 del Sebin, 1 del Ejército y 1 de la Policía Nacional.

“Siendo autoridad, la verdadera manera de desmarcarse de estos actos es denunciando y apresando a los culpables. En la reunión de diálogo con la MUD, Maduro no quiso admitir que hay casos de violación de derechos humanos, lo que lo convierte en encubridor. Tampoco puedes desmarcarte si aplaudes el comportamiento de toda la GNB en general, sin distinguir entre torturadores y funcionarios que han trabajado bien”, lamenta Romero.

Ortega agrega que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, por lo que la impunidad termina representando otra violación de derechos humanos. “Los delitos de inseguridad ciudadana cobran esa nueva dimensión que responsabiliza al Estado si este no es capaz de investigar adecuadamente”, sentencia.


Proteger los derechos humanos es un deber

Los derechos humanos son un conjunto libertades inherentes a toda persona y que el Estado tiene el deber de reconocer y proteger, explica Liliana Ortega, de Cofavic. Entre ellos están el derecho a la vida, al asilo y al refugio, a la integridad personal, a la justicia, a la libertad de expresión, a la manifestación, a la participación ciudadana, a la seguridad ciudadana y a la integridad de personas privadas de libertad.

La abogada aclara que esos derechos se detentan solo por el hecho de ser humano, por lo que no puede hacerse distingo de raza, credo o ideología. La legislación internacional vigente alrededor de ese tema fue formulada por la ONU en 1948 y tiene el objetivo de proteger a los ciudadanos contra los abusos y los excesos del Estado, por lo que son derechos universales, inviolables, intransferibles e irrenunciables.

Defensa internacional

Existen varias instancias internacionales encargadas de resguardar los derechos humanos, tales como el Comité de Tortura de la ONU, el Tribunal Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En septiembre del año pasado Venezuela se retiró de este último espacio, pero sigue perteneciendo a los otros dos. Alfredo Romero, del Foro Penal Venezolano, informó que su organización acudirá a estos lugares en caso de que las investigaciones realizadas en el país no arrojen resultados.

“Desde 2004 introducimos ante el Tribunal Penal Internacional un caso por la acción de grupos armados que actúan con la aquiescencia del gobierno, lo que se vio por primera vez en abril de 2002. Eso se ha hecho ahora más evidente con los acontecimientos que ha habido tras las últimas protestas”, señala Romero.

¿Quién comete esos crímenes?

Los crímenes contra los derechos humanos son cometidos por los Estados mediante la acción de cualquier funcionario que pertenezca a este sin importar su rango. Los delitos cometidos por particulares, aclara Liliana Ortega, son comunes y entran en materia del Derecho Penal o Civil, aunque hayan sido cometidos durante una manifestación pública.

La actividad de grupos paramilitares solo puede catalogarse como una violación de derechos humanos cuando los autores actúan con la aquiescencia del Estado o cuando ocurren en un territorio donde el derecho internacional comunitario fue decretado en vigencia, cosa que no ha sucedido en Venezuela, explica la especialista.

Desde las protestas del 12 de febrero ha habido innumerables denuncias, muchas sustentadas con material videográfico, sobre presuntos colectivos armados actuando junto a funcionarios militares. De comprobarse el nexo entre esas dos fuerzas, estos casos tendrían que ser abordados como un delito contra los derechos humanos.