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Exigen abrir averiguación en el país

Jesús Montilla no descarta que haya otros involucrados / Archivo

Jesús Montilla no descarta que haya otros involucrados / Archivo

Piden establecer responsabilidades por daños al patrimonio público

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No lo hizo ningún diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue Rodolfo Rodríguez, un parlamentario opositor de Acción Democrática, quien presentó en junio ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional una solicitud para que la instancia iniciara una investigación en el país a propósito de los procesos judiciales abiertos en Estados Unidos a los involucrados en una serie de operaciones fraudulentas con bonos de la República manejados por el Bandes, institución que depende del Ministerio de Finanzas.

Los hallazgos de los fiscales estadounidenses no podían ser más elocuentes: María de los Ángeles González, vicepresidenta de Finanzas del banco público, es señalada por cumplir un papel crucial en las transacciones en las que también participaron otras cinco personas. “Se les acusa por ser parte de un esquema de ventas de bonos por debajo del precio y por su recompra por valores inflados. Es lógico que se investigue el caso en Venezuela, porque hubo daños al patrimonio público y hay que establecer responsabilidades. Son necesarias las auditorías a las cuentas del Bandes”, señala Rodríguez.

La propuesta del parlamentario fue aprobada con apoyo de la fracción psuvista, pero poco se ha adelantado desde entonces. La primera acción de la comisión fue remitir un cuestionario a Temir Porras, nuevo presidente de la institución financiera, del que no se ha recibido respuesta. Los diputados oficialistas aseguran que respaldan la petición opositora: “Tenemos que abrir la averiguación de ese caso en Venezuela. A todas luces hubo una irregularidad y muy posiblemente estamos enterados de una sola parte de la historia. No sabemos si hay otros involucrados que deban ser castigados. Existe toda la voluntad política para abordar el caso”, explica Jesús Montilla, diputado (PSUV)  y vicepresidente de la Comisión de Contraloría.

La receptividad ha sido percibida por Rodríguez que, sin embargo, acota: “Me han dicho que no hay ánimo de encubrimiento, pero pasaron varias semanas antes de que se enviara el cuestionario”. Otros casos, que han involucrado a dirigentes y gobernadores adversos al Gobierno, han sido tratados con prioridad: basta recordar que sólo pasaron cinco meses entre las denuncias presentadas contra Richard Mardo, diputado Primero Justicia, y el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.

Las pérdidas sufridas por el Bandes no han generado la misma reacción por parte de las autoridades. El Nacional envió una comunicación a Porras, presidente del banco, para pedirle una entrevista y consultarle, entre otros puntos, si ha solicitado al Ministerio Público que inicie una averiguación. También se presentó una solicitud de información a la Fiscalía General de la República para conocer qué medidas han adoptado con respecto al tema.  Ninguno respondió las solicitudes remitidas.

Sólo la Contraloría General afirmó, a través de un vocero autorizado, que la institución no tiene opinión sobre el caso ya que el proceso judicial ocurre en Estados Unidos y las autoridades nacionales no tienen jurisdicción allí. Se involucrarían, agregaron, si González u otro de los venezolanos acusados son deportados.

Carlos Ramos, diputado de UNT y miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, señala que las cuentas del Bandes se han manejado con poca transparencia: “Sería bueno escuchar en la comisión a funcionarios que han presidido la institución”.

El parlamentario asegura que las instituciones del Estado tienen la obligación de hacer las averiguaciones en Venezuela especialmente si, como han confirmado fuentes diplomáticas estadounidenses, el Estado no se ha hecho parte del proceso judicial en la jurisdicción. No abrir el expediente ni hacerse partícipe del juicio implica, entre otras cosas, que las instituciones no podrán hacer las gestiones legales para recuperar el dinero perdido gracias al esquema fraudulento. “Es posible activar los mecanismos de cooperación con Estados Unidos en delitos como corrupción para recuperar los fondos si éstos efectivamente tienen un origen ilegal y constituyen una desviación del patrimonio público”, afirma Javier Elechiguerra, que fue fiscal general y procurador de la República.