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Edificación con valor patrimonial

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Todos querían estudiar en el Experimental. En el Instituto Experimental de Formación Docente y en otros similares: el Urbaneja Achelpohl, La Gran Colombia, la Miguel Antonio Caro, la escuela experimental Venezuela, la República del Ecuador, el Liceo Andrés Bello, el Gustavo Herrera, el Fermín Toro. Todos querían estudiar allí en los sesenta, en los setenta, aún en los ochenta.  Eran las grandes instituciones públicas de Caracas, de enormes edificaciones, amplios salones y profesores de renombre, los liceos que no tenían nada que envidiar a los privados.

En la Experimental había espacios para el arte, la ciencia y el deporte.

Pero a partir del 2002 las paredes fueron apropiadas por los graffiti. Las áreas verdes dejaron de serlo. Desde las rejas de la avenida, la escuela parecía una edificación sin dueño.

Sin embargo, por su valor y a pesar de su descuido, el Instituto de Patrimonio Cultural la incluyó como bien cultural del municipio Sucre del

Estado Miranda en el I Censo del Patrimonio Cultural Venezolano.   Sobre ella dice el IPC en el catálogo publicado en 2008:    "Tiene una planta irregular que se desarrolla a partir de un eje perpendicular a la avenida Rómulo Gallegos, presenta una planta baja más dos pisos, su fachada es asimétrica. Tiene el acceso ubicado al centro de la fachada principal norte a través de un largo corredor cubierto y un núcleo de circulación vertical interno. Entre sus singularidades arquitectónicas está la presencia de bóvedas de cañón hechas en concreto. De grandes ventanales basculantes en las aulas mirando al norte y de amplios aleros planos, la Unidad Educativa Luis Beltrán Prieto Figueroa es un testimonio de la arquitectura moderna de la década de 1950". Pero reconoce que se conserva "en regular estado de conservación debido a que ha sido alterada". Señala que  "la institución responsable de este bien (es decir, el Ministerio de Educación) está en la obligación legal de tomar las medidas necesarias para conservarlo y salvaguardarlo, notificando al Instituto del Patrimonio Cultural sobre estas actuaciones". Eso significa que las obras que se realicen deben tener la supervisión del órgano encargado de los bienes patrimoniales, que garantice que no se afecte su estructura original.