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Clasificar para legislar

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El 3 de diciembre de 2009 se aprobó la Ley para la Prohibición de los Videojuegos Bélicos y Juegos Bélicos, que impone entre 3 a 5 años de cárcel y multas de 2.000 a 4.000 unidades tributarias a todo aquel que promueva la fabricación, importación, distribución, compra, venta, alquiler y uso de videojuegos y juegos que inciten a la violencia y al uso de armas de fuego.

Un año después se creó la Fundación Filantropía para defender los derechos de los usuarios de videojuegos en Venezuela. Emgelbert Farfán, presidente de la organización, explicó que desde 2010 se han dedicado a presentar ante la Asamblea Nacional, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y las instancias de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, una Tabla de Clasificación de Software de Entretenimiento para revertir la prohibición y convertirla en un instrumento que regule el acceso de los usuarios a los videojuegos en función de sus edades, tal como ocurre en Estados Unidos, Europa y Asia.

         “Esta ley abre la posibilidad de discutir a nivel institucional la implementación de un instrumento inédito en América Latina, que permita tanto a los padres como al Estado identificar si un programa de entretenimiento es apto o no para un niño”, afirmó Farfán.

Advirtió que la falta de herramientas para clasificar los contenidos a los que tienen acceso los jóvenes, dificulta la aplicación de la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Salas de Uso de Internet, Videojuegos y otros Multimedia, que fue aprobada en septiembre de 2006, ya que no establece criterios para definir cuándo procede la censura sobre un juego o página web en función de la edad y el perfil del usuario. “Si los locales disponen de una tabla que clasifique los contenidos y los softwares de entretenimiento, se elimina el riesgo de recibir multas y penalizaciones que dependen del criterio de un funcionario”, añadió.