• Caracas (Venezuela)

Siete Días

Al instante

CNE y Defensoría podrían ser sancionados por negarse a casar a pareja transexual

Foto 3

Fernando Machado y Diane Marie Rodríguez

La Ley Orgánica de Registro Civil establece multas de entre 20 y 70 unidades tributarias para los funcionarios que, sin justificación, se nieguen a casar a un hombre y una mujer

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

La burocracia se erigió como un muro infranqueable para Fernando Machado y Diane Marie Rodríguez en su intento de casarse en Venezuela.

Los registros civiles del país están adscritos al Consejo Nacional Electoral, pero, según explicaron fuentes del Poder Electoral, los registradores son designados por los alcaldes y puede ocurrir que no acaten o que, incluso, violen los procedimientos legales correspondientes a los matrimonios civiles. Lo grave es que el desorden afecta los derechos humanos y compromete la responsabilidad estatal.

En este caso el alcalde de Naguanagua, Alejandro Feo La Cruz, no habría intervenido oportunamente para impedir el maltrato a Fernando y Diane: “Sin éxito, tratamos de contactarlo por varias vías”, asegura Fernando. En vista de las dificultades en Naguanagua, la pareja intentó casarse en la Alcaldía de Guacara. “Aunque allá encontramos un poco más de apertura, la incertidumbre se mantuvo hasta el final, pues ningún registrador quería proceder sin el aval de las autoridades del CNE en Caracas. Perdimos mucho tiempo”, lamentó Diane.

Por la búsqueda de explicaciones que realizó El Nacional, el asunto habría llegado a oídos del director de la Oficina Nacional de Registros Civiles, Alejandro Herrera, antes de que se formalizara una consulta desde el Registro Civil de Naguanagua. Desde el CNE se informó que, incluso la rectora Sandra Oblitas, la máxima autoridad del país en la materia, lamentó los daños causados a la pareja y recomendó casarla, previa verificación de que eran dos personas de distinto sexo. En ese sentido, el 2 de marzo se les requirió que presentaran los documentos de Diane debidamente apostillados. Inmediatamente, así lo hizo ella, pero les advirtió que apenas quedaban dos días para llevar a cabo el matrimonio, pues regresarían a Ecuador el sábado 5 de marzo.

Pasadas las 6:00 pm del 3 de marzo les informaron que la Oficina Nacional de Registros Civiles había emitido un dictamen definitivo: el matrimonio se podría efectuar, pero solo si cubrían el requisito que se exige a los extranjeros, de acuerdo con el artículo 108 del Código Civil. “Presentar pruebas fehacientes de que es soltero, viudo o divorciado y hábil para contraer matrimonio”, dice la norma.

Diane respondió que desde el principio había consignado el documento, emitido por las autoridades correspondientes de Ecuador, que la acredita como “soltero”. Desde Caracas le señalaron que ello no bastaba, pues la certificación debía indicar en forma expresa que era “hábil para contraer matrimonio”.

Fue entonces cuando concluyó que estaba siendo víctima de una estrategia de desgaste y optó por formalizar una queja ante el Consulado de Ecuador, a la cual incorporó una certificación médica de la afectación del embarazo de Fernando por la angustia que padecieron.


Daños causados

Tamara Adrián, experta en sexodiversidad y diputada suplente de Asamblea Nacional es tajante: “Independientemente de que, al final, estos dos jóvenes trans hayan logrado o no casarse en Venezuela, la transfobia se ejerció y causó daños”.

Explica que la transfobia es un odio social, de similar naturaleza que el racismo o la xenofobia, pero fundamentado en la cisnormatividad, según la cual no se tolera la incongruencia entre el sexo y la identidad y expresión de género. “Cosa que no tiene sentido, pues sexo y género no es lo mismo. El primero está determinado por la genitalidad biológica y el segundo por la autopercepción. Además, y lo más relevante en este caso, es que a efectos de un matrimonio civil la ley no exige que haya tal congruencia”, agrega.

Adrián advirtió que la registradora Dayana Rodulfo y el funcionario de la Defensoría del Pueblo Willman Ramírez pueden ser objeto de sanciones por violación de derechos humanos, en el entendido que prevalecen los estándares internacionales de protección. Y no solo en cuanto a los derechos de las personas trans involucradas, sino respecto del interés superior del niño que, en este caso, habría sido violentado. Destacó que cuando la transfobia se ejerce desde las instituciones del Estado es peor, pues el ciudadano queda aplastado por el peso de la burocracia. La propia Adrián esperó 12 años a que el Tribunal Supremo de Justicia admitiera una demanda que introdujo para exigir el reconocimiento de su identidad trans, de cuya revisión es escéptica. “Todo está en veremos”.

Manuel Espinoza Melet, profesor de Derecho de Familia de la Universidad Central de Venezuela, explica que no había impedimento constitucional o legal alguno para que Fernando y Diane se casaran. El artículo 77 de la carta magna y el artículo 44 del Código Civil establecen y protegen el matrimonio entre un hombre y una mujer. “Y está claro que estos dos jóvenes son, legalmente hablando, un hombre y una mujer, independientemente de su identidad y expresión de género”.

Como Adrián, Espinoza Melet considera que la registradora Rodulfo debe rendir cuentas. Estaría incursa en varias de las causales de sanción (multa de 20 a 70 unidades tributarias) establecidas en el artículo 157 de la Ley Orgánica de Registro Civil, siendo la primera de ellas “la negativa, sin justificación alguna, a inscribir actos o hechos del estado civil susceptibles de registro”.

Por lo pronto, Adrián tiene una noticia más alentadora. El próximo miércoles consignará ante la Comisión de Política Interior un proyecto de acuerdo para institucionalizar en Venezuela el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. “Aunque parezca un avance menor, se exhorta a todas las instancias del poder público a impedir la transfobia institucional, como la aplicada contra Fernando y Diane”, afirmó Adrián.