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“¡Por eso insurgimos!”

Hugo Chávez y Francisco Arias Cárdenas en presión después de la intentona golpista de 1994, tomada por el fotógrafo José Grillo, quien falleció este 23 de mayo / Archivo El Nacional

Hugo Chávez y Francisco Arias Cárdenas en presión después de la intentona golpista / Archivo El Nacional

Mañana se cumplen 21 años desde que Hugo Chávez y los oficiales del MBR-200 explicaron a políticos e intelectuales, a través de un documento enviado desde Yare y el Cuartel San Carlos, por qué se alzaron contra Carlos Andrés Pérez. Rescatar la independencia de poderes, reivindicar el derecho a la vida frente a la delincuencia y acabar con la corrupción inspiraron el alzamiento

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Camufladas en la correspondencia que iba y venía entre el Cuartel San Carlos y la cárcel de Yare, tras la captura de los insurrectos del 4 de febrero de 1992, se colaron 10 páginas redactadas por los tenientes coroneles Hugo Chávez y Francisco Arias Cárdenas, con fecha 24 de junio de aquel año, en las que explicaban a líderes políticos e intelectuales de Venezuela por qué se sublevaron contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Encarnados en la piel de “soldados bolivarianos”, los oficiales superiores, subalternos, suboficiales profesionales de carrera, tropas profesionales y soldados que integraban el MBR-200 justificaron la insurrección militar en la consecución de cinco objetivos: recuperar la independencia de poderes, defender la integridad y la soberanía nacional frente a  la dominación extranjera, velar por el derecho a la vida, reivindicar la libertad de expresión y desmantelar la corrupción en los poderes públicos.

El capitán retirado del Ejército Carlos Guyón Celis, firmante del documento y voz activa en las discusiones, asegura que invirtieron alrededor de 3 meses en tachar párrafos, cambiar comas y debatir las razones que se argumentarían en la proclama “¡Por eso insurgimos!”. La presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, y el ex constituyente y parlamentario Alberto Jordán Hernández figuraban en el equipo de abogados que sirvieron como mensajeros para que aquellos folios fueran discutidos por cerca de 60 miembros del MBR-200.

Fracasada la vía armada, los comandantes del movimiento propusieron otra estrategia: exigir un referéndum revocatorio contra el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial; la renuncia del entonces llamado Consejo Supremo Electoral; y la instalación de un “gobierno de emergencia” que gestionara la transición. “Aunque aquel planteamiento parecía apelar a una salida institucional, en realidad entrampaba al Gobierno en un callejón porque el mecanismo revocatorio no existía en la Constitución de 1961”, expresa Guyón.

Convencidos de que la Fuerza Armada no podía ser “cómplice y sostén de usurpadores de la soberanía política, (…) de los saqueadores de la hacienda pública, de los hambreadores del pueblo en provecho propio”, los sublevados citan el pensamiento de John Locke y el barón de Montesquieu para exigir la restitución de la independencia de poderes como condición ineludible para blindar las garantías democráticas.

“En Venezuela no existe separación alguna entre las ramas del poder público, pues los partidos políticos (…) conspiraron entre sí para usurpar la soberanía popular y lograr que el Ejecutivo se arrogase la totalidad de los poderes del Estado”, indican en el documento los oficiales del MBR-200. También denuncian que el voto se convirtió en “una farsa procesal” y definen al Presidente de la República como “dueño y señor del Poder Legislativo, y a través de éste del Poder Judicial”.

En segundo lugar, acusan al gobierno de Pérez de convertir a Venezuela en un “protectorado” de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos al respaldar la aprobación de la resolución 1080 del sistema interamericano, que convoca a los Estados miembros de la OEA a intervenir cuando se produzcan “interrupciones abruptas” de los regímenes democráticos de la región. Además, condenan que se pidieran créditos a organismos financieros internacionales, pues la deuda externa “menoscaba la independencia y soberanía del país”.

La proclama define como “alarmante” el incremento en el número de delitos de sangre registrados en la época. “El gobierno imperante es una tiranía que se siente libre de disponer arbitrariamente de la vida de los ciudadanos y de permitir que las policías y el hampa asuman el papel de verdugos”, señalan en el comunicado.

Los oficiales del MBR-200 aseguran que el derecho de manifestar está anclado en la libertad de expresión, potestad insoslayable del pueblo para hacer escuchar sus reclamos. En último término, cuestionan “el saqueo del tesoro público y el peso de una deuda contraída para enriquecer a gobernantes corruptos y sus cómplices”. Concluyen que, en ese contexto, la Fuerza Armada estaba llamada a restituir el imperio de la ley.

A 21 años de haber sido escrita, el historiador Elías Pino Iturrieta lee esta circular como una crítica sistémica y revolucionaria a la crisis sociopolítica que atravesaba Venezuela a principios de los noventa, pero en ningún caso divisa una aproximación socialista en esta interpretación de la realidad nacional.

“El cuestionamiento que hace Chávez en este documento era habitual en círculos políticos y en los medios de comunicación. La diferencia es que su planteamiento no deja títere con cabeza y propone una reforma amplia y profunda de todos los poderes, que sólo puede ser inducida por una Fuerza Armada redentora, que funge de vengadora de la sociedad”.

Guyón recuerda que él y otros miembros del alzamiento se opusieron a que el término “revolución” figurara en el comunicado. “Muchos no estábamos dispuestos a asociarnos con ningún bando ideológico, menos aún con movimientos de izquierda armada como la guerrilla colombiana, que eran el emblema de lo que se interpretaba como ‘revolucionario’ en aquel momento”.

Pino advierte que las contradicciones entre aquellos postulados y el desempeño de Chávez en el Gobierno tendrán siempre la misma justificación dentro de la retórica oficialista: librar a Venezuela de la influencia de Estados Unidos. Se aventura a suponer que las élites políticas de la época no prestaron mayor atención al documento dado que su difusión, más allá de los círculos que apoyaban al MBR-200, fue escasa. “El país de entonces estaba desencantado con la democracia y todos éramos conscientes de eso. Al elegir a Chávez en 1999, la sociedad legitimó el golpe del 4 de febrero de 1992 y lo convirtió en el salvador político del país”.