• Caracas (Venezuela)

Siete Días

Al instante

Alertan sobre falta de preparación policial para contener “microestallidos”

saqueos

Ha sido una constante en el país el saqueo a camiones/ Foto: Archivo

El sociólogo Tulio Hernández señala que no volverá a ocurrir un Caracazo. “Los pueblos aprenden. Está en la memoria lo dañino que fue el poco resultado político que tuvo”. Sin embargo, especialistas advierten de que la situación actual puede llevar a más represión

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El sociólogo Tulio Hernández afirma que todos los días ocurren pequeños “microcaracazos”, pero asegura que una explosión social similar al Caracazo de 1989 no volverá a ocurrir: “Los pueblos aprenden. Está en la memoria de la gente lo dañino que fue y el poco resultado político que tuvo. Por otro lado, los ciudadanos temen a la represión ejercida por los colectivos armados”.

Marco Ponce, coordinador general del OVCS, también coincide en que es aventurado comparar la situación de 1989 con la actual, pero alerta que los eventos atomizados se pueden salir de control. “Nos preocupa que una reacción en cadena pudiese generar una situación incontrolable y, por lo que hemos visto, el mecanismo del gobierno para controlar estas situaciones es la represión, ejercida por la acción coordinada de la PNB, las Fuerzas Armadas y colectivos paramilitares”.

Institucionalmente el país no está preparado para actuar en un escenario de conflictividad como el actual. A eso se suma que 92% de los ciudadanos no cree en las leyes, ni en las instituciones, según las últimas investigaciones de la psicóloga social Yorelis Acosta.


Un ejemplo reciente ocurrió esta semana en el Bicentenario de Palo Verde, donde un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana al ver que la gente intentaba entrar en masa al comercio disparó al aire, se presume que perdigones. La gente siguió ahí a la espera de lo que despacharan los camiones.

En medio de la turba en San Félix, fue asesinado Gustavo Patinez Gómez, de 21 años de edad. Durante la revuelta, quienes estaban cerca del lugar donde cayó el joven gritaban que los responsables habían sido los guardias en su intento por contener a la gente. El presidente Nicolás Maduro ha responsabilizado por los saqueos de Ciudad Guayana a la “derecha maltrecha”. El gobierno afirma que se trató de actos planificados para promover la violencia en el país.

El 3 de agosto, Maduro reiteró que esos sucesos “forman parte de un plan para desestabilizar y crear violencia en el país” y que el autor intelectual en “cuestión de horas” sería presentado ante el Ministerio Público.

Acosta advierte que como en el Caracazo, la policía no está preparada para contener este tipo de comportamientos masivos, pues duda de la capacidad de coordinación entre los cuerpos de seguridad.

Un guardia desde el punto de control de Tazón explica que en el caso de los saqueos en las vías, la decisión de detener a quienes toman los productos depende del funcionario que comande la operación. Dice que en esos casos tanto la GNB como la PNB tienen la obligación de presentarse en el lugar de los hechos.


Derechos vulnerados. En Barrancas del Orinoco, estado Monagas, actuó la ley, aunque no lo hizo sobre todos los involucrados. El 30 de julio los habitantes del pueblo cargaron con toda la mercancía que se encontraba depositada en un galpón de Pdval. Saquearon más de 200 personas, pero solo hubo 15 detenidos. 12 de ellos –9 hombres y 3 mujeres, una de ellas amamantando– fueron enviados al Internado Judicial de Monagas, conocido como cárcel de La Pica, 2 menores de edad lograron libertad condicional y un hombre de la tercera edad obtuvo casa por cárcel.

Juan Pablo García, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, dijo que se les acusa de robo y hurto agravado. “Hablé con los detenidos y aseguran que fueron a saquear porque están pasando hambre. La gente pasaba por el galpón y veía que había comida. En Barrancas hay quien pasa días sin comer. Lo que están haciendo es un crimen contra esas personas”. Recordó que en una de sus alocuciones, al principio de su gobierno, el presidente Hugo Chávez aseguró que “robar por hambre no es delito”.

El diputado denunció que una vez que la GNB logró controlar la situación entraron a las casas de los habitantes del pueblo, sin orden de allanamiento, buscando los productos que se habían llevado del depósito. “No detuvieron a más gente porque no pueden apresar a todo un pueblo”, afirmó García.


En el caso de los detenidos en San Félix, los defensores denuncian vulneración de sus derechos humanos. “Muchos de los apresados, en su mayoría gente humilde, fueron torturados por la Guardia Nacional al momento de la detención y después de la misma. Varios de ellos presentan golpes”, afirmó María Angélica Lezama, abogada del Foro Penal. En Bolívar detuvieron a 86 adultos y 7 adolescentes, según cifras extraoficiales.

El 5 de agosto se realizó la audiencia de presentación, repartieron las audiencias en 4 tribunales, por la cantidad de detenidos. En la que participó Lezama, la Fiscalía imputó los delitos de saqueo, hurto calificado, instigación a delinquir, agavillamiento y en algunos casos usos de adolescentes para delinquir. Los 42 presentados en esa audiencia quedaron privados de libertad.

Preocupación internacional

El pasado 30 de julio la ONG International Crisis Group presentó un informe sobre Venezuela, que alerta de una eventual crisis humanitaria si no se aborda rápida y contundentemente el descenso de los ingresos reales, la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, y se atiende el colapso de los servicios sanitarios.

La organización internacional se dedica a la prevención y resolución de conflictos en el mundo, basados en una metodología de pronósticos de conflictos políticos. Miguel Ángel Martínez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar asegura que “esta crisis podría darse porque hay situaciones concretas que afectan las condiciones de vida. Los ciudadanos sienten vulnerados sus derechos a la alimentación, salud y seguridad”.

A fin de prevenir las consecuencias de una crisis humanitaria la ONG recomienda:

1 Que el gobierno admita el problema y deje de ocultar las estadísticas y de acosar a quienes proporcionan información.

2 Priorizar acciones concertadas para garantizar el suministro de medicamentos, suministros médicos y alimentos. Además de desarrollar un sistema de bienestar social libre de manipulación partidista.

3 Desmantelar y reemplazar el sistema de control de precios y de cambio, “que fomenta la corrupción, el contrabando y el mercado negro, al tiempo que alimenta la inflación y la escasez”.

4 El gobierno debe buscar un apoyo en la implementación de un programa de emergencia que restaure el equilibrio económico y proteja a los más vulnerables.

5 La oposición debe presentar una clara agenda de reformas económicas y sociales.

6 La comunidad internacional debe presionar explícitamente para que se restauren los contrapesos y equilibrios institucionales. La organización asegura que hay que empezar por la estricta supervisión de las elecciones parlamentarias.

7  La comunidad internacional debe ayudar a aliviar los gastos sociales de la actual crisis ofreciendo alimento y ayuda médica, y presionando para que se reconozcan y se controlen las epidemias.