• Caracas (Venezuela)

Sergio Dahbar

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Cosecha roja

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En Brasil, el ministerio público del gigante del continente suramericano reporta el ingreso de 1 millón de documentos que certifican una corrupción sin orden ni control: involucra a funcionarios de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Y a grandes empresarios que pagaron comisiones millonarios por obtener jugosos contratos.

Las autoridades han logrado la colaboración del gobierno suizo, que ha abierto la información de las cuentas secretas para seguirle la pista al dinero robado que en algunos casos atravesó una ruta de veinte bancos en un intento desesperado por disfrazar sus oscuros orígenes.

Así lo registró Marcelo Beraba, quien desde la mesa de redacción de Río de Janeiro del O Estado de Sao Pablo, coordina a periodistas en varias ciudades brasileñas. Una de las pistas son los créditos otorgados por Bndes, Banco de Desarrollo de Brasil, para obras en diferentes países aliados del gobierno de Lula y Dilma. Esta semana investigan al hijo del presidente, Luis Claudio da Silva, por supuestamente eximir del pago de impuestos a empresas.

En Nicaragua Carlos Fernando Chamorro, de Confidencial, denunció la creación de la empresa privada Albanisa, con aportes de Pdvsa y Petronit. Así, un acuerdo de colaboración del presidente Hugo Chávez se transformó en una empresa privada y en un capital paralelo que la familia del presidente Daniel Ortega utiliza a discreción.

Hablamos de más 3.000 millones de dólares en un país sin Estado de Derecho, con un vacío de institucionalidad que abre las puertas al pillaje y la ausencia de transparencia en el uso de los dineros públicos.

En Ecuador Juan Carlos Calderón publicó la quinta edición del libro Gran Hermano, sobre negocios ilícitos de Fabricio Correa, el hermano del presidente Rafael Correa. Cabe anotar que uno de los principales grupos económicos de ese país compró la principal cadena de librerías para impedir que circularan libros críticos con el gobierno. Ahora Juan Carlos Calderón, de Plan V, investiga al primo y a la hermana de Correa, también señalados de operar ilegalmente.

Bolivia y Venezuela poseen lazos comunes: empresas relacionadas con el Estado compraron medios para silenciarlos en ambos países. Así lo reporta Raúl Peñaranda, en su libro Control remoto. Otro periodista boliviano, Boris Miranda, desde BBC ha señalado “el veloz enriquecimiento del ex embajador de Venezuela en Bolivia, Julio Montes, en la empresa ferroviaria andina”.

En Venezuela, el periodista Alfredo Meza reporta el clima de descomposición y ausencia de autoridad a partir del relato del poder que exhiben los pranes en los centros carcelarios. Su investigación apareció en el libro Los malos, editado por Leila Guerriero, y publicado por la Universidad de Chile Diego Portales.

América Latina es un continente atravesado por conexiones corruptas. Maletas que viajan a financiar elecciones; sobornos para ganar contratos o para comprar chatarra; empresas creadas para dilapidar el dinero de acuerdos petroleros; negociados familiares que exhiben el cardiograma del nepotismo más desenfadado; medios de comunicación sin dueños conocidos que fueron adquiridos para silenciarlos y legitimar capitales; bancos que fueron comprados con dinero sucio; seguros de empresas petroleras que se saltan los reaseguros; empresas de maletín apalancadas en diferenciales cambiarios…

Todas estas historias tejen una vasta telaraña de corrupción en América Latina y fueron reportadas en una reciente iniciativa del CCDA, Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas, en Washington. Merecen ser atendidas con cuidado porque muestran la existencia de una economía paralela y criminal que le roba la esperanza al continente latinoamericano.