¿Qué es la República del Trabajo? Un país con empleo total, máxima productividad y hecho todo en Venezuela".

Esta es la sencilla visión de país que ofrece Pablo Medina en cada espacio informativo que ha podido obtener en los medios de comunicación.

Parlamentario experimentado y referente de la izquierda tradicional en los años noventa, su perfil se instala en un liderazgo clasista, con un discurso reivindicativo que pone a los trabajadores en el centro de la política. Con estos ingredientes apunta a un espacio que ha estado vacío desde hace años en el universo opositor: un liderazgo sindical de alto perfil político.

Su oferta, sin embargo, es más amplia y ofrece un período de transición que, al igual que Diego Arria, incluye la urgente convocatoria a una Asamblea Constituyente, para ejecutar algunos cambios puntuales en la Constitución (como volver al Congreso bicameral, eliminar la reelección, fijar un período presidencial de 4 años y sustituir a todos los titulares de los poderes públicos).

Su campaña de escasos recursos sólo cuenta con los espacios informativos en los medios, la exposición en los debates televisados y las redes sociales. Con su eslogan "Unidad y coraje" responde a quienes lo señalaban como un factor divisionista en la MUD, después del recurso judicial que llevó hasta el TSJ para garantizar su participación en las primarias por encima del pago de la cuota obligatoria para sufragar los gastos.

Su estrategia, no obstante, cae en una contradicción estructural: su mensaje está dirigido a un público antichavista que desea un cambio de rumbo profundo (el mismo al que apunta Diego Arria y, parcialmente, María Corina Machado), pero su relato se construye alrededor de un liderazgo obrero que, además, comparte su origen con el chavismo primigenio.

Propone la creación de una alianza social para fortalecer la economía y generar empleo. Una de las primeras medidas que tomaría de asumir la primera magistratura sería la de convocar una Asamblea Constituyente para modificar los poderes públicos.

Medina mantendría el control de cambio pero sin la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), por considerarla una “fuente de corrupción”.

Es partidario de que se reduzca la nómina de los empleados públicos. También, considera que se deben democratizar las empresas con la participación de los trabajadores y el sector privado.