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Proceso judicial de las PIP no responderá a todas las preguntas

El gel fraudulento costaba diez veces menos que el gel autorizado, con lo que la empresa reducía sus costos un millón de euros al año

El gel fraudulento costaba diez veces menos que el gel autorizado, con lo que la empresa reducía sus costos un millón de euros al año

Cinco directivos de la firma francesa Poly Implant Prothèse (PIP) comparecerán por engaño agravado y estafa por haber fabricado implantes mamarios con un gel de silicona impropio para uso médico

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Un fraude de diez años, innumerables víctimas en todo el mundo y a menudo vidas rotas: el proceso que se abre el 17 de abril en Marsella (sur de Francia) por el escándalo de las prótesis mamarias fraudulentas de la firma PIP se anuncia excepcional.

Del 17 de abril al 17 de mayo, cinco directivos de la firma francesa Poly Implant Prothèse (PIP) comparecerán por engaño agravado y estafa por haber fabricado implantes mamarios con un gel de silicona impropio para uso médico en reemplazo del gel médico homologado.

Un escándalo de repercusiones internacionales que cuestiona las reglas de control del material médico y un proceso que de antemano deja insatisfechas a ciertas víctimas.

Unas 30.000 mujeres están concernidas en Francia (cerca de 80.000 prótesis vendidas entre 1999 y 2010) y decenas de miles de víctimas en el extranjero.

Antes de ser declarada en liquidación judicial, a principios de 2010, la firma PIP exportaba el 80% de su producción, sobre todo a América Latina y a Europa occidental, según el tribunal de comercio de Tolón (sur).

Personaje central de la causa, el fundador de la empresa, Jean-Claude Mas, de 73 años de edad, logró a principios de los años 2000 transformar su PME en el tercer productor mundial de prótesis de silicona.

El escándalo se desató en Francia en marzo de 2010, tras una inspección de la agencia francesa de control de medicamentos, alertada por unos cirujanos a raíz de tasas de ruptura anormalmente altas. En la fábrica situada en la ciudad de La Seyne-sur-Mer, los empleados evocaron inmediatamente el gel fabricado en la planta. Los implantes fueron retirados del mercado y se recurrió a la justicia.

PIP se encontraba entonces, desde mayo de 2009, en procedimiento de salvaguarda a raíz de dificultades financieras provocadas por los procedimientos legales en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Las autoridades estadounidenses habían dado la alarma ya en el año 2000 después de una inspección.

Diez años más tarde, policías franceses descubrieron en el patio de la fábrica un camión de aceite de silicona no conforme. La investigación reveló que PIP falsificaba cuentas y material cada vez que tenía un control de la firma certificadora, la alemana TÜV, encargada de marcar los implantes con el sello de conformidad europea CE. Según los gendarmes, era "una verdadera organización de simulación" que "permitió guardar el secreto durante diez años".

El gel fraudulento costaba diez veces menos que el gel autorizado Nusil, con lo que la empresa reducía sus costos un millón de euros al año.

Detenido, Jean-Claude Mas confesó inmediatamente: el 75% de los implantes eran llenados con un producto no homologado fabricado por la propia firma. "Lo hice expresamente porque el gel de PIP era más barato", reconoció, aunque negando que el mismo fuera nocivo. "Las víctimas sólo presentan demanda para recibir dinero", dijo. Los análisis demostraron, por el contrario, que el gel utilizado "modifica la duración de las prótesis" y "ocasiona dolores inflamatorios" a causa de reacciones a la silicona de origen industrial.

En Francia, la mitad de las mujeres concernidas se hicieron retirar los implantes, 10.000 de ellas como medida preventiva.

En 2001, se abrió una información judicial por heridas involuntarias. Mas y cuatro de sus colaboradores fueron inculpados, pero la investigación se anuncia larga.

Entre tanto, en el proceso por engaño agravado y estafa, las víctimas "esperan ser reconocidas como tales", afirma Alexandra Blachère, que preside una asociación de portadoras de esas prótesis y que considera que este proceso "es sólo una primera etapa".

Otras expresan su frustración, lamentando que la instrucción financiera sobre los eventuales haberes de Mas en el extranjero no haya sido unida a ésta. Se trata de una decisión de la fiscalía, que disoció las causas judiciales para que un proceso tuviera lugar rápidamente.

Otras lamentan que el banquillo de los acusados no estén también la firma certificadora o la agencia de control de medicamentos. Está en juego la indemnización de las víctimas, dado que los acusados son insolventes.

Para la abogada Arie Alimi, defensora de víctimas venezolanas, "el tema es lo que ocurrirá después: corresponde a la Unión Europea crear un fondo de indemnización". La UE está "en el origen de esta catástrofe", al permitir un control "laxista" de los implantes, argumenta la abogada, recalcando que "cuando se quiere un sistema liberal, hay que tener detrás un mecanismo de garantía para reparar los daños".