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En América Latina las mujeres también esperan que se haga justicia por implantes PIP

El gel fraudulento costaba diez veces menos que el gel autorizado, con lo que la empresa reducía sus costos un millón de euros al año

El gel fraudulento costaba diez veces menos que el gel autorizado, con lo que la empresa reducía sus costos un millón de euros al año

La demanda trata de lograr compensaciones financieras de las mujeres que usaron estos implantes que presentan altas tasas de ruptura, lo que provoca la dispersión por el cuerpo de un gel de silicona sospechoso de propiciar la aparición de cáncer

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En América Latina, donde el recurso a la cirugía estética alcanza récords, decenas de miles de mujeres recibieron implantes mamarios defectuosos de la marca francesa PIP y centenares de ellas han comenzado procesos judiciales, especialmente contra las empresas importadoras o las aseguradoras.

En Argentina, “casi 400 mujeres participarán en una acción colectiva” ante la justicia civil local contra el fabricante francés Poly Implant Prothèse (PIP) y sus aseguradoras, indicó a la AFP la abogada Virginia Luna, quien también porta prótesis de la marca.

La demanda trata de lograr compensaciones financieras de las mujeres que usaron estos implantes que presentan altas tasas de ruptura, lo que provoca la dispersión por el cuerpo de un gel de silicona sospechoso de propiciar la aparición de cáncer.

Además, un centenar de argentinas serán representadas en un proceso penal que debe comenzar el 17 de abril en Marsella (sur de Francia) contra cinco dirigentes de la empresa por engaño agravado y fraude.

Se estima que entre 13.000 y 15.000 argentinas portan estos implantes mamarios. “Muchas mujeres pagaron los costos del retiro y la puesta de nuevas prótesis. El precio total podría oscilar entre 4.000 y 5.000 dólares”, explicó Luna.

Cecilia Bustos, de 38 años, casada y madre de dos hijos, se hizo poner implantes PIP en 2008. Tres años más tarde le fue diagnosticado un cáncer.

“En 2010, cuando el escándalo explotó, llamé (a mi cirujano) y me dijo que una parte (de los implantes) importados eran defectuosos, pero afirmó que él no era responsable”, cuenta a la AFP.

“A comienzos de 2011, descubrí ganglios enormes bajo mis axilas”, prosigue. “Las dos prótesis se había roto y la silicona se había expandido a los ganglios y los senos. Tenía un cáncer”.

“Otro médico me cambió las prótesis y limpió todo lo que pudo, pero no fue posible extraer los ganglios”, lo que la incapacitó a nivel del brazo, añadió Bustos.

En Brasil, la Meca de la cirugía plástica, se estiman en 12.500 el número de usuarias de implantes PIP y en 7.000 el número de personas que portan esas prótesis bajo la marca de la holandesa Rofil.

Jany Simon Ferraz es una pionera en el combate contra estos implantes. Ella encadena las intervenciones quirúrgicas desde que sufriera una “tempestad de silicona” tras la ruptura de un implante hace cuatro años.

“Fui operada cuatro veces (…) y debo continuar permanentemente bajo vigilancia médica”, explica. Esta brasileña de 56 años recurrió a la justicia en 2009 contra la empresa importadora EMI. Acaba de obtener una indemnización de cerca de 35.000 dólares.

En Venezuela, verdadera fábrica de Miss Universo donde los aumentos de pecho son rutinarios -con 40.000 intervenciones por año para un país de menos de 29 millones de habitantes- 33.000 mujeres portan implantes PIP, según el Ministerio de Salud.

Iris Simancas se puso prótesis PIP en 2007 tras haber sufrido una doble mastectomía como consecuencia de un cáncer.

A finales de 2011, comenzó a hablarse del escándalo en Francia, y, al enterarse, habló con su médico para hacérselas retirar. Pero el cirujano se lo desaconsejó para “evitar complicaciones debido a las difíciles operaciones de reconstrucción mamaria” que sufrió.

“Es muy difícil. Antes el cáncer, luego el miedo de tener dentro prótesis PIP, pero me he resignado a vivir con estos implantes y solamente pido a Dios que no se rompan”, afirma esta madre de dos niños.

En 2012 se unió a una asociación de víctimas, Asomuvenapip, cuyo abogado, Guilberto Andrea, trata de representar a sus 800 clientes en el proceso penal en Marsella para “enviar a prisión” a Jean-Claude Mas, fundador de la empresa.

“Enseguida vendrán acciones para reparar el perjuicio moral y las demandas de indemnización”, prosigue.

En la vecina Colombia, cerca de 15.000 mujeres recibieron prótesis PIP. Un gabinete de abogados locales ha unido los casos de 1.500 mujeres para tratar de incluirlas en el juicio francés.

Pero en ninguno de estos países parece haber disminuido, tras el escándalo, el recurso a la cirugía estética.

El doctor Ramón Zapata, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, interrogado por la AFP, revela simplemente que ahora las pacientes “están más informadas y exigen calidad”.