• Caracas (Venezuela)

Rubén Osorio Canales

Al instante

La irracional intolerancia

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Cuando este régimen hace más de tres lustros se planteó el objetivo de atosigarnos de propaganda, reducir la presencia de los partidos políticos,   dejar sin voz a la oposición, apoderarse del espectro radioeléctrico e imponernos un régimen de censura cada vez mayor, nos dio señales inequívocas de querer controlar hasta nuestra manera de caminar.

Todo comenzó cuando el régimen procedió a una meticulosa y perversa modificación de las leyes que rigen los medios. Lo primero que hizo fue entrarle de lleno a los contenidos, limitar los temas críticos de los programas  y, como es clásico en los gobiernos con alta influencia militar, prohibir el tema político en los programas de humor. En nuestro caso, con esa prohibición lograron convertir programas emblemáticos, como fue Radio Rochela, en un verdadero fastidio. Es cuestión de imaginar a esos soberbios comediantes nuestros imitando a los principales protagonistas del proceso, o una sección como “Asocerro” reflejando con humor las realidades de los sectores más deprimidos, o aquellos indigentes Esmeralda y Perolito interpretados  magistralmente por Nora Suárez y Emilio Lovera, en plena acción crítica (cuestión, por cierto, que ninguno de los gobernantes de la llamada cuarta república jamás impidió), para imaginar también el efecto que hubiesen tenido sobre la “popularidad” del  régimen y sus protagonistas que, con toda seguridad, habría sido fatal. Creo que allí obtuvimos las primeras manifestaciones de una obsesión fascista por eso que llaman la hegemonía comunicacional, para que nada los toque ni los salpique, con el añadido de procurar, en todas sus formas, silenciar la expresión de la disidencia.

Con la manipulación de la ley y la concentración de todos los poderes al servicio de una autocracia, comenzó el entorpecimiento de la libertad de información y de expresión. Desde el mismo momento en que el régimen se apoderó de los medios, primero con las cadenas presidenciales, luego con la aparición de colectivos impidiendo el trabajo de los medios, hechos que fueron repetitivos contra los reporteros que cubrían la calle, llegando incluso a la agresión a los trabajadores de RCTV, Globovisión, prensa y medios radioeléctricos del interior y hasta de Últimas Noticias, hechos todos que quedaron en la caja negra de la impunidad, para posteriormente profundizar la acción con multas, expropiaciones, confiscaciones, sanciones millonarias basadas en falsos expedientes, como las de Globovisión y Tal Cual, las amenazas a El Nacional y El Universal, periódico este último que finalmente tiró la toalla y fue vendido no se sabe a quién, todos hechos repetidos una y mil veces con violaciones de la ley y abusos de poder. Paralelo a todo esto echaron a andar un anárquico y sesgado desarrollo radioeléctrico comunitario, como parte de un plan concebido para agrandar el radio de acción de la propaganda política oficial y agredir sistemáticamente a los medios tradicionales hasta aniquilar la libertad de información y con ello impedir la tarea de mostrar realidades que, como a toda autocracia, al régimen  fastidian.

Pero sucede que las repetidas agresiones a la prensa escrita, entre las cuales hay que destacar la cancelación de dólares preferenciales para la compra de papel a los medios impresos, un sistema de coacción que activa la censura y estimula la autocensura, una distribución excluyente del papel y de la propaganda oficial, hay que añadir la persecución en caliente a directivos de la prensa libre como es el caso que ocupa la atención nacional e internacional de las demandas penales introducidas, por ahora, nada más y nada menos que por el presidente de la AN contra los directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla, personas a las cuales una justicia servil, como primera medida y de manera expedita y absolutamente irregular y violatoria del proceso justo que exige la Constitución, les ha prohibido la salida del país, hecho que además de vislumbrarse como un ejercicio de amedrentamiento más, muy al estilo de los gorilas suramericanos, podría estar induciendo al tribunal a una sentencia condenatoria con el castigo correspondiente.

A estas alturas, las preguntas que deja sin respuesta un demandante cuestionado por su mala educación, por sus abusos de poder, por sus insultos a sus adversarios, por su comportamiento de caporal en un cuerpo creado para legislar, por el cinismo en cada una de sus actuaciones, por el tono de su agresividad, por su silencio ante acusaciones de su propia gente, por sus faltas como parlamentario y jefe del Parlamento al no permitir ninguna investigación sobre los múltiples casos que afectan al gobierno, son muchas y con todos esos desplantes no podrá evitar que el ojo crítico de la gente caiga sobre semejante conducta. Pero lo más grave de este asunto es que la prepotencia que exhiben los amos del poder, y en modo particular el demandante, es que  no entiende que sus arbitrariedades en este caso cometidas contra personajes emblemáticos a nivel internacional de la libertad de expresión, como son Teodoro Petkoff, quien acaba de ser impedido de recibir el Premio Ortega y Gasset que le fuera otorgado como reconocimiento a su lucha por la libertad; Miguel Henrique Otero, uno de los grandes líderes de la prensa escrita a nivel nacional e internacional, y Alberto Federico Ravell, otro que ha marcado el paso de la disidencia en Venezuela, no solo definitivamente consolidan el respaldo hacia ellos de toda la ciudadanía democrática de Venezuela y el mundo, sino que deja muy mal parados al régimen y a sus máximos exponentes ante el mundo que los señala, para su desgracia, como ejemplo de un autoritarismo de  irracional intolerancia.

Lo cierto de este mal teatro montado por esa irracionalidad del autoritarismo, es que la imagen del demandante se retuerce cada vez más, mientras que la de los demandados avanza en admiración y respaldo.