• Caracas (Venezuela)

Rubén M. Perina

Al instante

La activación de la Carta Democrática en Venezuela

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La próxima reunión (23 de junio) sobre la situación de Venezuela, solicitada por el secretario general de la OEA (SG/OEA), Luis Almagro, en el marco de la Carta Democrática Interamericana (CDIA) de la OEA, revela, uno, la creciente pérdida de poder del chavismo y sus aliados (los que le quedan), que han buscado desesperadamente bloquear la activación de la Carta y cualquier debate institucional sobre la situación venezolana; y dos, la indudable vigencia, cuestionada hasta hace poco, de dicho instrumento. Almagro ha logrado así instalar la discusión formal sobre la crisis humanitaria y política/democrática por la que atraviesa el país (que el régimen chavista niega), así como demostrar la vigencia de la OEA y su CDIA como un instrumento válido y útil para ello. 

La Carta es el resultado de un proceso histórico que comienza a principios de los ochenta con el retorno  de la democracia en la gran mayoría de los Estados del continente. El proceso incluye, entre otros, la aprobación de la Resolución 1080, “Democracia Representativa”, en la Asamblea General de 1991, con la que los Estados miembros se comprometen a actuar inmediatamente ante una “interrupción abrupta o irregular” del orden democrático en uno de ellos. La resolución se aplicó en cuatro casos, y en todos ellos se  consiguió restaurar la institucionalidad democrática: en Haití, en 1991; en Perú en 1992; en Guatemala en 1993; y Paraguay en 1996 para prevenir un golpe de Estado. En 1992, los países miembros establecen la posibilidad de suspender de la OEA a un gobierno que surja de un golpe de Estado.

La CDIA, aprobada en 2001, avanza sobre esos compromisos interamericanos en la defensa colectiva de la democracia. En ella los Estados miembros acuerdan (Art.1) por primera vez que la democracia “es un derecho de los pueblos” y que los gobiernos tienen “la obligación de promoverla y defenderla”. También fortalece el papel de la OEA en la prevención de la ruptura institucional, permitiendo (Art. 17) que el gobierno de un Estado miembro pida asistencia al SG/OEA o al Consejo Permanente para preservar el orden democrático cuando considere que este o el legítimo ejercicio del poder está en peligro. Así, a solicitud de los gobiernos de Nicaragua (2005), Ecuador (2005) y Bolivia (2005 y 2008), el organismo actuó con diligencia y efectividad, enviando una Misión de Buenos Oficios que logró que las crisis políticas no llegasen a quebrar la institucionalidad democrática.

Para convocar al CP/OEA, Almagro invocó el Art. 20 de la Carta que estipula que en caso que en un “Estado miembro se produzca una alteración al orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, y autoriza al SG/OEA a “solicitar la convocatoria inmediata del CP/OEA para realizar una apreciación colectiva de la situación”. Su informe sobre la crisis venezolana sustenta su petición y se apega al mandato de la Asamblea General (2014) de presentar “un informe al Consejo Permanente en todos los casos en que su actuación sea prevista por la Carta…”. Este no deja dudas de que en Venezuela se ha alterado el orden democrático, pero esto es lo que los Estados miembros tendrán que determinar en la reunión del 23 de junio.

El mandato de la carta es particularmente relevante y útil en el caso venezolano, donde el propio gobierno altera veladamente (golpe en cámara lenta) el orden democrático. El régimen chavista concentra y abusa del poder, creyendo que por haber ganado elecciones presidenciales (fraudulentas) puede flagrantemente irrespetar la separación e independencia de poderes, restringir las libertades fundamentales, violentar el Estado de Derecho, manipular las elecciones y descalificar y apresar a la oposición, que ahora es mayoría y controla el Poder Legislativo.

El análisis colectivo de la crisis venezolana puede servir de base para generar diálogo, negociación y la construcción de consensos entre los contrincantes políticos/institucionales, que podría contener la violencia y evitar una implosión o ruptura violenta del orden democrático. Honduras,  antes del golpe de 2009, se podría haber beneficiado de este tipo de acción. El debate, sin embargo, para ser justo y constructivo, debe incluir la voz del Poder Legislativo, en manos hoy de la oposición, con abrumadora mayoría. Ello enriquecería el conocimiento de los Estados miembros sobre la situación y fundamentaría una decisión colectiva en defensa de la democracia. No sirve una sesión donde solo se escucha al régimen chavista.

La reunión seguramente concluirá con un llamado al diálogo (tantas veces prometido y no cumplido por el chavismo) pero deberá ser un diálogo con el propósito concreto y perentorio de facilitar la realización del referéndum revocatorio este año, con la observación del proceso por un grupo reducido y neutral de cancilleres. Es la manera cívica y constitucional de resolver la crisis y evitar la implosión. El soberano pueblo es el que debe decidir la dirección del país.



*Ph.D. Ex funcionario de OEA y profesor de la Universidad de George Washington