• Caracas (Venezuela)

Rogelio Altez

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Trabajadores somos todos

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A comienzos de 2015 nuestros sueldos universitarios eran los segundos peores del mundo. Los peores son de China. El ingreso más alto de un profesor (titular, dedicación exclusiva) representaba entonces, al cambio Simadi, unos 87 dólares. Con el incremento que recibimos hace poco más de un mes el sueldo ascendió a unos 185 dólares. Conviene aclarar que en América Latina ese mismo profesor del más alto nivel gana en promedio unos 5.000 dólares. La diferencia es llamativa. Países con menor PIB que Venezuela, como Ecuador, o con una renta petrolera muy inferior, como Colombia, favorecen el ingreso de los universitarios hasta 28 veces más que aquí.

Las comparaciones también pueden extenderse a lo interno de nuestro país. El deterioro del salario de los docentes venezolanos ha reducido unas 10 veces su valor desde 2001 al presente. En aquel año alcanzábamos hasta 12.93 salarios mínimos como sueldo mayor, y hoy apenas sumamos 2.73 salarios mínimos en ese mismo rango. Hacia finales de 2014 fue aumentado el salario de los militares en 40%; en mayo de este año se les volvió a aumentar 30%, lo que supone 70% en unos 6 meses. En tanto, los universitarios hemos perdido el derecho a la homologación anual de nuestros sueldos con relación a la inflación, derecho adquirido por nuestras luchas gremiales contra el Estado y los gobiernos anteriores, por considerarnos privilegiados con relación al resto de los venezolanos.

Este argumento, sin duda, es discutible. Mientras la inflación cerró el año pasado en una cifra superior a 60%, nuestros ingresos abrieron 2015 apenas 3.000 bolívares por encima del costo de la canasta básica (12.690 bolívares, según el INE) en el caso de un profesor titular a dedicación exclusiva, el ejemplo que presentamos, es decir, el mejor de los sueldos entre los profesores universitarios. Con todo, el asunto no solo es de cifras. Hemos sido tildados de elitistas, oligarcas, burgueses o derechistas por hacer lo que hacen todos los universitarios del mundo: oponerse críticamente a los gobiernos, tal como siempre lo hicimos en la historia de nuestras universidades. Es por eso que nuestros colegas del pasado fueron perseguidos, detenidos, torturados o asesinados cuando Gómez, Pérez Jiménez, o en gobiernos de adecos y copeyanos. Por eso también es que la universidad fue cerrada bajo el mandato de Caldera. Y buena parte de aquellas luchas nos llevaron, por ejemplo, a ese contrato de homologación que hoy hemos perdido. Una sociedad reconoce su crecimiento en la historia por la progresividad de sus derechos, pero cuando los pierde, ya no puede reconocerse a sí misma.

Los universitarios de la UCV, profesores, estudiantes y empleados, fuimos a un paro que duró cuatro meses en 1988 reclamando un presupuesto justo. Nuestra peor amenaza de entonces, la Disip y la Policía Metropolitana, allanaron el campus un par de veces y a las carreras, disparando e intimidando, mientras perseguían y maltrataban compañeros hasta en sus propias casas. Hoy tenemos policías apostados en las entradas de la universidad, y aun así no contamos con las garantías elementales para asistir a nuestro sitio de trabajo. Atracos a mano armada, robos de equipos y materiales, y otros delitos comunes nos ahogan y han dejado heridos graves en varias oportunidades. La UCV, símbolo de la vida universitaria y de la formación profesional de esta sociedad, es vejada, violada, e irrespetada por criminales comunes ante la indolencia de quienes nos tildan de delincuentes.

Cuando nuestro gremio fue acusado hace pocos días de “intentar desestabilizar el país” por organizar medios de protesta para la justa reivindicación de sus derechos, hemos sido aproximados a la misma razón por la cual se ha juzgado y se sigue juzgando a quienes el gobierno llama traidores a la patria: “asociación para delinquir”, el mismo argumento por el cual, por ejemplo, los milicos uruguayos de los setenta enjuiciaron a los tupamaros y a todos los que se les opusieron. Enjuiciar, en ese caso, fue sinónimo de ajusticiar, torturar, encarcelar, asesinar. Llama la atención que el recurso jurídico sea el mismo.

Falta muy poco para que se declare un paro universitario que pocos quieren, pero que nadie discute. La huelga es un derecho inalienable de todos los trabajadores, el mismo recurso de aquellas luchas que, originalmente, llevaron a cabo los socialistas de todo el mundo desde el siglo XIX, justamente cuando fueron perseguidos por los gobiernos a los que se oponían. Invocando al socialismo nos quieren llamar ahora “trabajadores de la educación”, igualando a todos los profesores con un mismo rasero y eliminando las categorías que identifican las carreras académicas. Ya no valdrían ascensos ni títulos, todos seríamos “iguales”.

Sería interesante proponer esto para el estamento militar y llamar “trabajadores de las armas” a todos los que portan uniformes en esa carrera, borrando de un solo plumazo las jerarquías. Pero también a los civiles administrativos y obreros del área, que no son pocos, y llevar a consulta común los asensos y las comandancias con la fórmula uno por uno que proponen para la vida universitaria. ¿Habría huelgas en ese caso? ¿Sería justo? Trabajadores somos todos, qué duda cabe, pero está claro que no somos iguales ante el gobierno. Frente a esa desigualdad proclamamos, ahora y siempre, que mientras un militar continúe ganando más que un maestro en América Latina, la revolución es una utopía, una alucinación borrosa que coloca la educación y todos sus derechos muy por debajo del peso de las armas.