• Caracas (Venezuela)

Roberto Enríquez

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Estado sin Derecho

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Venezuela es un Estado sin Derecho; he allí la almendra de la tragedia venezolana. La doctrina alemana que originalmente define al Estado de Derecho como aquel en donde la sociedad se rige por normas jurídicas que tienen como base la Constitución no aplica en nuestro país. En Venezuela el Estado de Derecho está roto. Sufrimos un Estado sin Derecho donde todos los venezolanos nos encontramos a la intemperie, desprotegidos legalmente, desasistidos de nuestras garantías constitucionales.

El Estado sin Derecho venezolano no es otra cosa que la lamentable encarnación del pacto social roto. El acuerdo fundamental que debe garantizar la convivencia pacífica de los venezolanos se reventó y de allí en adelante el deterioro en la calidad de vida de los venezolanos se acelera dramática y vertiginosamente cada día.

El cálculo subalterno en esta hora menguada solo puede medrar en espíritus obscuros. La ambición desbocada de los mediocres no puede estar por encima del interés superior de un pueblo. Reparar el tejido constitucional que da a los ciudadanos garantías sociales, políticas y económicas es el reto de los luchadores de este tiempo. Afortunadamente a esos luchadores el pueblo los conoce muy bien, puede haber matices, diferencias e incluso algunas contradicciones, pero en lo fundamental, todos hemos estado remando en la misma dirección, jugándole limpio a Venezuela.

Los presos políticos y los desterrados de las entrañas del país son una incontestable realidad que retrata el espantoso cuadro de irrespeto a derechos humanos. Sobre ello no se puede guardar silencio ni mirar de soslayo. Debemos denunciarlo con todas nuestras fuerzas así se nos desgañite la garganta.

El derecho político a disentir, cuestionar y oponerse al Gobierno es en Venezuela un delito sancionado con inhabilitaciones, desafueros parlamentarios o intervención de partidos políticos. Esa es una verdad que pone en zozobra la norma fundamental del juego democrático. Eso no puede ni debe ser. Nuestro compromiso con Venezuela debe garantizar que eso no ocurra más nunca, y cuando el chavismo pase  (más temprano que tarde) a la oposición tendremos la oportunidad de hacer honor a la palabra empeñada. En Venezuela se tiene que  acabar la persecución institucional al adversario político.

 La Asamblea Nacional, máxima expresión plural de la soberanía popular, sometida a una operación de acoso que nos retrotrae a la infamia del 24 de enero de 1848. Afortunadamente, no tengo duda de que tenemos diputados con la dignidad y talante de Fermin Toro.

El derecho a la propiedad, a la libre iniciativa económica, a producir bienes y servicios es una pantomima venezolana. Más de cinco millones de tierras expropiadas desvalijaron la ilusión nacional de soberanía alimentaria. Torrefactoras, centrales azucareros, empresas lácteas, han sido expropiadas o confiscadas diezmándolas a su mínima expresión. Los derechos económicos han sido pulverizados por la codicia depredadora.

Las garantías sociales se estrellan en el muro de lamentos de las colas, el bachaqueo, la angustia de un pueblo que cada día come menos y paga más. La desesperación social va sonando un tic tac terrorífico que va taladrando de escalofriante pavor el cuerpo social venezolano.

No dejaré de insistir en que el referendo revocatorio no es un fin en sí mismo; muy por el contrario, es la oportunidad constitucional de lograr cambios fundamentales que rescaten nuestro derecho a vivir en un Estado de Derecho.

Venezuela solo podrá reencontrarse y los venezolanos reconciliarnos si lo derechos de cada quien comienzan a ser respetados. Para ello, quienes hoy gobiernan deben pasar a la oposición y desde allí reorganizarse y reinventarse democráticamente. Y quienes hoy estamos en la oposición debemos construir un Gobierno de Cambio y Unidad Nacional mirándonos en el espejo de quienes tanto abusaron de su poder. ¡Nunca más!